lajornada
El senador demócrata estadunidense Patrick Leahy –actual presidente del subcomité de adjudicaciones del Senado sobre asuntos extranjeros–, se opuso ayer a la presentación de un informe elaborado por el Departamento de Estado, en el que se expresa una opinión favorable sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. De tal forma, el senador por Vermont congeló la entrega de unos 100 millones de dólares –de un total de mil 400 millones, que se desembolsarán en tres años– al gobierno mexicano, presupuestados en el marco de la Iniciativa Mérida.
Con esta decisión, el político atendió peticiones de distintos organismos humanitarios internacionales que recientemente han protestado por los atropellos cometidos en nuestro país por efectivos castrenses, en el contexto de la campaña calderonista en contra de los cárteles de la droga; ayer mismo, Amnistía Internacional solicitó al Congreso de Estados Unidos retener 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpla con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales; debe recordarse también que la organización Human Rights Watch solicitó, desde el pasado 13 de julio, que el gobierno de Barack Obama no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la mencionada iniciativa, mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles, y señaló que nuestro país no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses, como violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad.
Estos señalamientos, en conjunto, ponen en perspectiva las deficiencias de origen de la política de seguridad en curso y la improcedencia de someter el país a un acuerdo de cooperación que ha significado un trato humillante e injerencista por parte del país vecino: mucho antes de ser formalmente presentada y firmada por Felipe Calderón y el ex presidente George W. Bush, la Iniciativa Mérida fue objeto de duras críticas por sus similitudes con el desastroso Plan Colombia y porque pretendía resolver problemas sociales complejos, como el de la delincuencia organizada y la inseguridad, desde una perspectiva policiaco-militar por demás simplista; posteriormente, salieron a la luz mecanismos previstos en el contexto de ese acuerdo que conllevan claudicaciones inaceptables en materia de soberanía y seguridad nacional, como la que implica permitir que un Estado certifique a otro en ámbitos particulares, como el de los derechos humanos.
Hasta ahora, si algo ha podido lograrse a raíz de la Iniciativa Mérida es que se conozcan a escala internacional los atropellos cometidos por el Ejército en el contexto de la guerra en la que el presente gobierno involucró al país. Para saber eso, sin embargo, no era necesario someter a las instituciones nacionales al escrutinio de un país extranjero: bastaba con escuchar los planteamientos hechos a lo largo de los dos años anteriores por distintos organismos no gubernamentales y sectores políticos de la sociedad sobre la catastrófica situación de los derechos humanos en el país, sobre la improcedencia de involucrar al Ejército en tareas que corresponden a las instancias policiales y sobre el riesgo para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho que prefiguraría la presencia de soldados en las calles .
En suma, la política de seguridad emprendida por el calderonismo y alentada desde Washington no sólo ha significado un enorme costo en términos de vidas humanas, sino que lo ha involucrado en un proyecto de cooperación equívoco, ominoso y gravemente perjudicial para los intereses y la soberanía nacionales, y ha abonado al desgaste innecesario y riesgoso de las instituciones mexicanas.
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Nueva York, 5 de agosto. Al Departamento de Estado le fue negado emitir un informe en el que aprueba el respeto del gobierno mexicano a los derechos humanos en su lucha antinarcóticos –lo cual deseaba hacer antes del encuentro de Barack Obama y Felipe Calderón el próximo fin de semana– por decisión de un influyente senador demócrata, quien señaló la continua impunidad en las violaciones a las garantías individuales por las fuerzas de seguridad en el país vecino.
La acción podría congelar millones de dólares en fondos de la Iniciativa Mérida para México, y complicar la imagen pública que los presidentes de ambos países esperaban proyectar en la cumbre –programada en Guadalajara– de los mandatarios de los tres países de América del Norte.
El senador Patrick Leahy, presidente del subcomité que aprueba fondos para programas en el extranjero del Comité de Apropiaciones, explicó hoy que la ley aparta 15 por ciento de los fondos para la Iniciativa Mérida hasta que la secretaria de Estado reporte al Congreso que el gobierno mexicano está cumpliendo con varios requisitos de derechos humanos, incluyendo la fiscalización de oficiales militares y policiacos que violan esos derechos. Estos requisitos no se han cumplido, por tanto es prematuro enviar el informe al Congreso, afirmó.
Al subrayar que él y un amplio segmento de este país apoyan las metas de la Iniciativa Mérida y se desea su éxito, Leahy advirtió que “la estrategia militar por sí sola no es una solución a largo plazo ni es aún claro qué es lo que puede lograr en el corto plazo. México requiere de fuerzas policiacas efectivas y un sistema judicial que funcione. En tanto perdure a estos niveles la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas a México, será difícil neutralizar a los cárteles”.
El martes por la noche, el Washington Post reportó que Leahy había rechazado el plan del Departamento de Estado de emitir el informe aprobando el desempeño del gobierno de México en torno a los derechos humanos en la lucha antinarcóticos, requerido por la ley sobre la Iniciativa Mérida. Según funcionarios estadunidenses citados por el rotativo, el plan era emitir el informe favorable previo al viaje de Obama a Guadalajara para la cumbre de mandatarios de América del Norte, pero ese plan fue anulado después de que asesores de la oficina de Leahy informaron su desacuerdo sobre las conclusiones de la evaluación, citando en particular violaciones como tortura y desapariciones por militares y policías en la lucha antinarcóticos en México.
Ahora algunos funcionarios informaron al Post que están considerando elaborar una nueva versión del informe antes de presentarlo formalmente al Congreso, pero que eso podría ser postergado hasta principios de septiembre.
Con ello, México podría perder millones de dólares (están en juego un total de 100 millones sujetos al condicionamiento de la ley sobre la Iniciativa Mérida, o sea, 15 por ciento del total aprobado hasta ahora) si es que no se puede entregar esos fondos antes del fin del año fiscal, el 30 de septiembre.
Varias organizaciones de derechos humanos de ambos países habían presionado al gobierno de Obama a no emitir un informe favorable y congelar ese 15 por ciento de los fondos señalando los numerosos incidentes de violaciones de garantías por parte de fuerzas de seguridad pública –sobre todo militares– en la lucha antinarcóticos, ampliamente documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales en México.
Hace tres semanas, Human Rights Watch escribió a la secretaria Clinton solicitando no certificar que México ha cumplido con los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, y sobre todo no hasta que someta a militares a procesos judiciales civiles en estos casos.
Señaló la creciente cantidad de abusos graves de militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, entre ellos violaciones sexuales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, como su preocupación, porque los autores de tales delitos no son debidamente investigados ni juzgados.
Otras organizaciones, como la Washington Office on Latin America y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro también se sumaron a la oposición de una certificación favorable de los esfuerzos del gobierno de Calderón en abordar los abusos de derechos humanos por las fuerzas armadas de México en operaciones antinarcóticos.
Para contrarrestar estas denuncias, y reportajes sobre estas violaciones de derechos humanos en algunos de los principales medios (sobre todo uno en el Washington Post), oficiales de ambos gobiernos intensificaron labores en las semanas recientes para demostrar que México ameritaba una calificación favorable en ese rubro, incluyendo negociaciones entre funcionarios del Departamento de Estado y algunos legisladores claves, entre ellos Leahy, quienes habían expresado su preocupación sobre el asunto.
Pero al parecer no lograron convencer a por lo menos un legislador clave, Leahy, quien junto con otros empiezan no sólo a cuestionar el asunto de los derechos humanos, sino hasta la viabilidad de las premisas estratégicas de la actual lucha antinarcóticos dentro y fuera de este país.
kikka-roja.blogspot.com/
Con esta decisión, el político atendió peticiones de distintos organismos humanitarios internacionales que recientemente han protestado por los atropellos cometidos en nuestro país por efectivos castrenses, en el contexto de la campaña calderonista en contra de los cárteles de la droga; ayer mismo, Amnistía Internacional solicitó al Congreso de Estados Unidos retener 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpla con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales; debe recordarse también que la organización Human Rights Watch solicitó, desde el pasado 13 de julio, que el gobierno de Barack Obama no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la mencionada iniciativa, mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles, y señaló que nuestro país no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses, como violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad.
Estos señalamientos, en conjunto, ponen en perspectiva las deficiencias de origen de la política de seguridad en curso y la improcedencia de someter el país a un acuerdo de cooperación que ha significado un trato humillante e injerencista por parte del país vecino: mucho antes de ser formalmente presentada y firmada por Felipe Calderón y el ex presidente George W. Bush, la Iniciativa Mérida fue objeto de duras críticas por sus similitudes con el desastroso Plan Colombia y porque pretendía resolver problemas sociales complejos, como el de la delincuencia organizada y la inseguridad, desde una perspectiva policiaco-militar por demás simplista; posteriormente, salieron a la luz mecanismos previstos en el contexto de ese acuerdo que conllevan claudicaciones inaceptables en materia de soberanía y seguridad nacional, como la que implica permitir que un Estado certifique a otro en ámbitos particulares, como el de los derechos humanos.
Hasta ahora, si algo ha podido lograrse a raíz de la Iniciativa Mérida es que se conozcan a escala internacional los atropellos cometidos por el Ejército en el contexto de la guerra en la que el presente gobierno involucró al país. Para saber eso, sin embargo, no era necesario someter a las instituciones nacionales al escrutinio de un país extranjero: bastaba con escuchar los planteamientos hechos a lo largo de los dos años anteriores por distintos organismos no gubernamentales y sectores políticos de la sociedad sobre la catastrófica situación de los derechos humanos en el país, sobre la improcedencia de involucrar al Ejército en tareas que corresponden a las instancias policiales y sobre el riesgo para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho que prefiguraría la presencia de soldados en las calles .
En suma, la política de seguridad emprendida por el calderonismo y alentada desde Washington no sólo ha significado un enorme costo en términos de vidas humanas, sino que lo ha involucrado en un proyecto de cooperación equívoco, ominoso y gravemente perjudicial para los intereses y la soberanía nacionales, y ha abonado al desgaste innecesario y riesgoso de las instituciones mexicanas.
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- Crece el debate sobre abusos e impunidad de fuerzas armadas
- Bloquean en EU los fondos para la Iniciativa Mérida
- En el Senado rechazan informe que avalaba la conducta de México
- Amnistía Internacional demanda que se retenga 15% de los recursos
- Demanda no certificar al país en el respeto a los derechos humanos dentro de la lucha antinarco
- Presiona senador estadunidense para frenar entrega de fondos de la Iniciativa Mérida
Nueva York, 5 de agosto. Al Departamento de Estado le fue negado emitir un informe en el que aprueba el respeto del gobierno mexicano a los derechos humanos en su lucha antinarcóticos –lo cual deseaba hacer antes del encuentro de Barack Obama y Felipe Calderón el próximo fin de semana– por decisión de un influyente senador demócrata, quien señaló la continua impunidad en las violaciones a las garantías individuales por las fuerzas de seguridad en el país vecino.
La acción podría congelar millones de dólares en fondos de la Iniciativa Mérida para México, y complicar la imagen pública que los presidentes de ambos países esperaban proyectar en la cumbre –programada en Guadalajara– de los mandatarios de los tres países de América del Norte.
El senador Patrick Leahy, presidente del subcomité que aprueba fondos para programas en el extranjero del Comité de Apropiaciones, explicó hoy que la ley aparta 15 por ciento de los fondos para la Iniciativa Mérida hasta que la secretaria de Estado reporte al Congreso que el gobierno mexicano está cumpliendo con varios requisitos de derechos humanos, incluyendo la fiscalización de oficiales militares y policiacos que violan esos derechos. Estos requisitos no se han cumplido, por tanto es prematuro enviar el informe al Congreso, afirmó.
Al subrayar que él y un amplio segmento de este país apoyan las metas de la Iniciativa Mérida y se desea su éxito, Leahy advirtió que “la estrategia militar por sí sola no es una solución a largo plazo ni es aún claro qué es lo que puede lograr en el corto plazo. México requiere de fuerzas policiacas efectivas y un sistema judicial que funcione. En tanto perdure a estos niveles la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas a México, será difícil neutralizar a los cárteles”.
El martes por la noche, el Washington Post reportó que Leahy había rechazado el plan del Departamento de Estado de emitir el informe aprobando el desempeño del gobierno de México en torno a los derechos humanos en la lucha antinarcóticos, requerido por la ley sobre la Iniciativa Mérida. Según funcionarios estadunidenses citados por el rotativo, el plan era emitir el informe favorable previo al viaje de Obama a Guadalajara para la cumbre de mandatarios de América del Norte, pero ese plan fue anulado después de que asesores de la oficina de Leahy informaron su desacuerdo sobre las conclusiones de la evaluación, citando en particular violaciones como tortura y desapariciones por militares y policías en la lucha antinarcóticos en México.
Ahora algunos funcionarios informaron al Post que están considerando elaborar una nueva versión del informe antes de presentarlo formalmente al Congreso, pero que eso podría ser postergado hasta principios de septiembre.
Con ello, México podría perder millones de dólares (están en juego un total de 100 millones sujetos al condicionamiento de la ley sobre la Iniciativa Mérida, o sea, 15 por ciento del total aprobado hasta ahora) si es que no se puede entregar esos fondos antes del fin del año fiscal, el 30 de septiembre.
Varias organizaciones de derechos humanos de ambos países habían presionado al gobierno de Obama a no emitir un informe favorable y congelar ese 15 por ciento de los fondos señalando los numerosos incidentes de violaciones de garantías por parte de fuerzas de seguridad pública –sobre todo militares– en la lucha antinarcóticos, ampliamente documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales en México.
Hace tres semanas, Human Rights Watch escribió a la secretaria Clinton solicitando no certificar que México ha cumplido con los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida, y sobre todo no hasta que someta a militares a procesos judiciales civiles en estos casos.
Señaló la creciente cantidad de abusos graves de militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, entre ellos violaciones sexuales, asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, como su preocupación, porque los autores de tales delitos no son debidamente investigados ni juzgados.
Otras organizaciones, como la Washington Office on Latin America y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro también se sumaron a la oposición de una certificación favorable de los esfuerzos del gobierno de Calderón en abordar los abusos de derechos humanos por las fuerzas armadas de México en operaciones antinarcóticos.
Para contrarrestar estas denuncias, y reportajes sobre estas violaciones de derechos humanos en algunos de los principales medios (sobre todo uno en el Washington Post), oficiales de ambos gobiernos intensificaron labores en las semanas recientes para demostrar que México ameritaba una calificación favorable en ese rubro, incluyendo negociaciones entre funcionarios del Departamento de Estado y algunos legisladores claves, entre ellos Leahy, quienes habían expresado su preocupación sobre el asunto.
Pero al parecer no lograron convencer a por lo menos un legislador clave, Leahy, quien junto con otros empiezan no sólo a cuestionar el asunto de los derechos humanos, sino hasta la viabilidad de las premisas estratégicas de la actual lucha antinarcóticos dentro y fuera de este país.
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