JESúS CANTú
El presidente Felipe Calderón y su gabinete se empeñan en culpar al Sindicato Mexicano de Electricistas por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero omiten que, al menos, cuatro aspectos centrales en la crisis de la paraestatal son responsabilidad principal de la administración y no de los trabajadores: los 25 mil millones de pesos de robo de luz mediante conexiones ilegales; la cartera vencida de 7 mil millones de pesos; los miles de millones de pesos que se fugan por las tarifas especiales y las concesiones a las grandes empresas, y la tarifa de transferencia de la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a mayor costo del que LFC cobra a sus usuarios.
Además, no se toman en cuenta los altos sueldos de los 71 principales mandos; es decir, casi 10% de los 786 trabajadores de confianza de la empresa, que, según difundió el periódico Excélsior, ganaban más de 1 millón 400 mil pesos anuales y gozaban de la misma condonación del pago de 700 kilovatios bimestrales que los trabajadores sindicalizados.
Es incontrovertible que la situación económica de la empresa era deplorable, como lo evidencia la afirmación de que únicamente en el sexenio calderonista los subsidios llegarían a 300 mil millones de pesos, según declaró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. También lo es que el unificar la prestación del servicio eléctrico en una sola empresa permitirá abatir costos administrativos y aprovechar las economías de escala.
Asimismo, es cierto que los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vivían en la opulencia, como lo constata el lienzo charro que se encuentra en la propiedad de su dirigente, y que varias de las condiciones del contrato colectivo más que prestaciones eran verdaderos privilegios que se traducían en crecientes costos para el organismo. Pero para llegar a esos privilegios y excesos, los dirigentes sindicales tuvieron la colaboración o complicidad de gobernantes y administradores, ya sea por debilidad, negligencia o simple comodidad.
El mejor ejemplo de esa apatía es el convenio de productividad firmado junto con el nuevo contrato colectivo de trabajo en marzo de 2008, pues los reportes del convenio muestran un cumplimiento de metas aceptable. Sin embargo, el secretario de Gobernación aseguró en entrevista con Leonardo Curzio, el martes 13, que lo que los llevó a tomar la decisión fue “la imposibilidad de seguir proyectando por la vía de los acuerdos con el sindicato la modernización de la empresa”.
Y resulta que, de acuerdo con las evaluaciones trimestrales del convenio de productividad, en diciembre de 2008 el grado de cumplimiento fue de 93.8%, un porcentaje muy aceptable. Es posible verificar este dato en un documento proporcionado por la misma LFC que puede obtenerse en:
www.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/sesiones_publicas/doctos/2009/&a=3014.pdf
De los 26 indicadores establecidos, 12 mostraban porcentajes de cumplimiento de 100% o más y, contrario a lo que se ha afirmado, algunos eran importantes desde el punto de vista del servicio al usuario o la economía de la empresa. Por ejemplo, el tiempo de restablecimiento del suministro o las reconexiones tras los cortes por falta de pago, en el primer caso; o el precio por poste por línea de distribución o por kilómetro de línea de transmisión e, incluso, el costo de nómina comparado con el de administración.
Otros nueve indicadores se encontraban al menos en 90% de cumplimiento, y entre éstos estaba precisamente el relativo a las pérdidas por robo de electricidad, que mostraba, de acuerdo con la evaluación de la empresa, un cumplimiento de 98%. Cuatro parámetros más estaban entre 85% y 90% y únicamente uno, la revisión del medidor a solicitud del cliente, en un escaso 44%.
La empresa, culpable
Si las metas no eran suficientes para revertir la situación que afrontaba LFC, eso era estricta responsabilidad de la empresa y no del sindicato. La compañía no debió firmar un convenio de productividad con metas inútiles, por más que, como le declaró Gómez Mont a Curzio, el problema “surge del poco espacio de autonomía que ya tenía la administración de Luz y Fuerza del Centro; todo tenía que ser discutido y negociado con el sindicato. Las decisiones se acababan tomando en función de los intereses y las decisiones del sindicato y no de los intereses de los usuarios. Sí llegamos a una situación en la cual la dirección de la empresa estaba acotada por la situación sindical y se tenía que romper con eso”.
Sin embargo, muchas decisiones que no pasaban por el sindicato afectaban gravemente la situación económica de la compañía. Una de ellas es la que tiene que ver con el robo de energía eléctrica, pues, como señaló el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a Excélsior, para corregirlo inclusive se recurriría a la fuerza del Estado, “pues es al fin del día un robo el hecho de que los usuarios engañen a la autoridad al no pagar el costo real del suministro eléctrico”.
Pero además, conforme a una información publicada por el diario tapatío El Informador, el 6 de agosto de este año, en el informe del avance de cumplimiento de las metas del convenio de productividad al primer semestre de 2009, se explicaba que el retraso en dicho indicador se debió a que la empresa “no dispuso de los recursos necesarios para la adquisición de los materiales necesarios para acelerar el programa de reducción de pérdidas y las acciones propuestas, como la integración del Sistema de Supervisión y Control de Facturación y Cobranza, a pesar de que el 31 de julio del año pasado recibió autorización para un incremento presupuestal por 184 millones de pesos, recursos que serían destinados para este propósito”.
Tampoco parece responsabilidad del sindicato la cartera vencida, que de acuerdo con lo declarado por Carstens, asciende a 7 mil millones de pesos. Así, entre robos y morosos, Luz y Fuerza dejó de recibir 32 mil millones de pesos.
El exsubsecretario de Energía durante la primera parte del sexenio de Fox, Nicéforo Guerrero, declaró a La Jornada que el gran problema de LFC es “la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la Ciudad de México. Si la CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a 8 centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza”. Y señaló que la CFE le cobra a LFC precios más altos de los que le aplica a los industriales.
Resulta difícil creer que el sindicato participó en estas decisiones, pues más allá de que están totalmente fuera de su ámbito de competencia, estaría actuando en contra de sus propios intereses, por más que el mismo Calderón haya señalado en su mensaje a la nación, el pasado domingo: “Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran, en muchas ocasiones, a las preocupaciones e intereses del sindicato”.
Este rechazo absoluto a la actuación y falta de colaboración del SME contrasta con el trato y reconocimiento que le dispensan a otros sindicatos, particularmente al SNTE y al de Pemex, como puede leerse en las respuestas de Gómez Mont, al ser cuestionado al respecto por Curzio: “…con todos ellos buscamos espacios de compromiso para modernizar y mejorar los servicios públicos del país; con unos hemos encontrado mejores márgenes para caminar para adelante. Aquí los márgenes se habían estrechado de una manera fundamental, todos estamos convocados a la responsabilidad, todos tenemos que trabajar mejor, todos tenemos que encontrar los espacios para hacerlo. No es lo mismo cuando hemos podido lograr desde espacios políticos para la modernización de Pemex o los acuerdos para la calidad educativa en donde pues son procesos, son procesos en donde se van formando compromisos para avanzar en otros caminos a lugares donde ya prácticamente la administración de la empresa estaba copada por el sindicato”.
El mismo 13 de octubre, Gómez Mont le dijo a Carlos Loret de Mola: “gracias a Dios” no hay otro sindicato como el SME, pues “si no, la situación del país sería mucho más grave, ¿no?”. Lo mismo piensan Calderón y su gabinete.
kikka-roja.blogspot.com/
Además, no se toman en cuenta los altos sueldos de los 71 principales mandos; es decir, casi 10% de los 786 trabajadores de confianza de la empresa, que, según difundió el periódico Excélsior, ganaban más de 1 millón 400 mil pesos anuales y gozaban de la misma condonación del pago de 700 kilovatios bimestrales que los trabajadores sindicalizados.
Es incontrovertible que la situación económica de la empresa era deplorable, como lo evidencia la afirmación de que únicamente en el sexenio calderonista los subsidios llegarían a 300 mil millones de pesos, según declaró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. También lo es que el unificar la prestación del servicio eléctrico en una sola empresa permitirá abatir costos administrativos y aprovechar las economías de escala.
Asimismo, es cierto que los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vivían en la opulencia, como lo constata el lienzo charro que se encuentra en la propiedad de su dirigente, y que varias de las condiciones del contrato colectivo más que prestaciones eran verdaderos privilegios que se traducían en crecientes costos para el organismo. Pero para llegar a esos privilegios y excesos, los dirigentes sindicales tuvieron la colaboración o complicidad de gobernantes y administradores, ya sea por debilidad, negligencia o simple comodidad.
El mejor ejemplo de esa apatía es el convenio de productividad firmado junto con el nuevo contrato colectivo de trabajo en marzo de 2008, pues los reportes del convenio muestran un cumplimiento de metas aceptable. Sin embargo, el secretario de Gobernación aseguró en entrevista con Leonardo Curzio, el martes 13, que lo que los llevó a tomar la decisión fue “la imposibilidad de seguir proyectando por la vía de los acuerdos con el sindicato la modernización de la empresa”.
Y resulta que, de acuerdo con las evaluaciones trimestrales del convenio de productividad, en diciembre de 2008 el grado de cumplimiento fue de 93.8%, un porcentaje muy aceptable. Es posible verificar este dato en un documento proporcionado por la misma LFC que puede obtenerse en:
www.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/sesiones_publicas/doctos/2009/&a=3014.pdf
De los 26 indicadores establecidos, 12 mostraban porcentajes de cumplimiento de 100% o más y, contrario a lo que se ha afirmado, algunos eran importantes desde el punto de vista del servicio al usuario o la economía de la empresa. Por ejemplo, el tiempo de restablecimiento del suministro o las reconexiones tras los cortes por falta de pago, en el primer caso; o el precio por poste por línea de distribución o por kilómetro de línea de transmisión e, incluso, el costo de nómina comparado con el de administración.
Otros nueve indicadores se encontraban al menos en 90% de cumplimiento, y entre éstos estaba precisamente el relativo a las pérdidas por robo de electricidad, que mostraba, de acuerdo con la evaluación de la empresa, un cumplimiento de 98%. Cuatro parámetros más estaban entre 85% y 90% y únicamente uno, la revisión del medidor a solicitud del cliente, en un escaso 44%.
La empresa, culpable
Si las metas no eran suficientes para revertir la situación que afrontaba LFC, eso era estricta responsabilidad de la empresa y no del sindicato. La compañía no debió firmar un convenio de productividad con metas inútiles, por más que, como le declaró Gómez Mont a Curzio, el problema “surge del poco espacio de autonomía que ya tenía la administración de Luz y Fuerza del Centro; todo tenía que ser discutido y negociado con el sindicato. Las decisiones se acababan tomando en función de los intereses y las decisiones del sindicato y no de los intereses de los usuarios. Sí llegamos a una situación en la cual la dirección de la empresa estaba acotada por la situación sindical y se tenía que romper con eso”.
Sin embargo, muchas decisiones que no pasaban por el sindicato afectaban gravemente la situación económica de la compañía. Una de ellas es la que tiene que ver con el robo de energía eléctrica, pues, como señaló el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a Excélsior, para corregirlo inclusive se recurriría a la fuerza del Estado, “pues es al fin del día un robo el hecho de que los usuarios engañen a la autoridad al no pagar el costo real del suministro eléctrico”.
Pero además, conforme a una información publicada por el diario tapatío El Informador, el 6 de agosto de este año, en el informe del avance de cumplimiento de las metas del convenio de productividad al primer semestre de 2009, se explicaba que el retraso en dicho indicador se debió a que la empresa “no dispuso de los recursos necesarios para la adquisición de los materiales necesarios para acelerar el programa de reducción de pérdidas y las acciones propuestas, como la integración del Sistema de Supervisión y Control de Facturación y Cobranza, a pesar de que el 31 de julio del año pasado recibió autorización para un incremento presupuestal por 184 millones de pesos, recursos que serían destinados para este propósito”.
Tampoco parece responsabilidad del sindicato la cartera vencida, que de acuerdo con lo declarado por Carstens, asciende a 7 mil millones de pesos. Así, entre robos y morosos, Luz y Fuerza dejó de recibir 32 mil millones de pesos.
El exsubsecretario de Energía durante la primera parte del sexenio de Fox, Nicéforo Guerrero, declaró a La Jornada que el gran problema de LFC es “la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la Ciudad de México. Si la CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a 8 centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza”. Y señaló que la CFE le cobra a LFC precios más altos de los que le aplica a los industriales.
Resulta difícil creer que el sindicato participó en estas decisiones, pues más allá de que están totalmente fuera de su ámbito de competencia, estaría actuando en contra de sus propios intereses, por más que el mismo Calderón haya señalado en su mensaje a la nación, el pasado domingo: “Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran, en muchas ocasiones, a las preocupaciones e intereses del sindicato”.
Este rechazo absoluto a la actuación y falta de colaboración del SME contrasta con el trato y reconocimiento que le dispensan a otros sindicatos, particularmente al SNTE y al de Pemex, como puede leerse en las respuestas de Gómez Mont, al ser cuestionado al respecto por Curzio: “…con todos ellos buscamos espacios de compromiso para modernizar y mejorar los servicios públicos del país; con unos hemos encontrado mejores márgenes para caminar para adelante. Aquí los márgenes se habían estrechado de una manera fundamental, todos estamos convocados a la responsabilidad, todos tenemos que trabajar mejor, todos tenemos que encontrar los espacios para hacerlo. No es lo mismo cuando hemos podido lograr desde espacios políticos para la modernización de Pemex o los acuerdos para la calidad educativa en donde pues son procesos, son procesos en donde se van formando compromisos para avanzar en otros caminos a lugares donde ya prácticamente la administración de la empresa estaba copada por el sindicato”.
El mismo 13 de octubre, Gómez Mont le dijo a Carlos Loret de Mola: “gracias a Dios” no hay otro sindicato como el SME, pues “si no, la situación del país sería mucho más grave, ¿no?”. Lo mismo piensan Calderón y su gabinete.
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