Ricardo Monreal Ávila
2009-10-27•Acentos
El paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados va en sentido inverso a lo que está haciendo la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo para salir de la crisis económica global.
Los programas anticíclicos que se están aplicando en Alemania, Chile, Japón, Indonesia, Irlanda, Estados Unidos, Venezuela y Argentina, para nombrar algunos, giran en su mayor parte sobre una combinación de los siguientes criterios: 1) disminución de cargas fiscales a empresas y contribuyentes; 2) recortes sustanciales al gasto corriente gubernamental; 3) intervenciones o mayores controles sobre el sistema bancario y la intermediación financiera; 4) incrementos moderados del déficit público, no menores a 4 por ciento del PIB, con sus respectivos planes de disminución y compensación en el corto plazo; 5) expansión sustancial de la inversión pública y privada en obras de infraestructura (energía, carreteras, puertos, vivienda, salud, educación, ciencia y tecnología; China es el prototipo en este rubro y los chinos están muy enojados porque este años sólo crecerán ¡8 por ciento del PIB!, en lugar de 11 por ciento); 6) reconfiguración de su mercado interno, especialmente en las áreas industrial y agropecuaria; 7) subsidios económicos directos a los sectores de población más pobres; 8) diversificación del comercio exterior; 9) tipos de cambio competitivos, no especulativos; 10) impulso al llamado “crecimiento verde” o desarrollo sustentable (EU y Alemania, en especial).
¿Alguna de estas directrices y coordenadas para salir de la crisis están en el paquete económico recién aprobado? No, por supuesto. Lo único que tenemos es un parche fiscal para medio tapar un boquete financiero en el gobierno, con cargo a la sociedad y, dentro de ella, con cargo a los mismos de siempre, los contribuyentes cautivos: pequeñas y medianas empresas, ahorros exiguos de la clase media y el grueso de trabajadores asalariados.
El intento de combate a la elusión fiscal que significa el pago retroactivo de los impuestos de las empresas que operan bajo el régimen de consolidación fiscal (al amparo de esta protección 50 “grandes contribuyentes” pagaron en el año 2005 ¡74 pesos! de ISR, según la ASF), positivo en su intención, se instrumentó tan mal que hasta un pasante de derecho sabe que fue transgredida la Constitución de manera flagrante.
De esta manera, el paquete de ingresos es un auténtico fiasco fiscal, porque resuelve el problema de caja del gobierno federal y los problemas de fondeo de los gobiernos locales (especialmente los del PRI) para no suspender inversiones ni programas sociales en un año electoral clave como es 2010 (con elecciones de gobernador en 11 entidades y de ayuntamientos y diputados en 14), pero está lejos de ser una alternativa para superar la crisis económica y volver a crecer.
También es un fiasco en el sentido de la certidumbre y confianza que una política fiscal debe despertar entre la autoridad y el ciudadano. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero una vez aprobados, el ciudadano tiene derecho a recibir como contraprestación un compromiso explícito de la autoridad sobre qué servicios, obras y programas recibirá a cambio. ¿Hay algo de esto en lo aprobado por la Cámara de Diputados? En lo absoluto.
Uno de los mayores reclamos ciudadanos que se han escuchado en los últimos días es, ¿a cambio de qué el gobierno nos pide más impuestos?¿Tendremos mejor seguridad pública? ¿Habrá una educación pública de calidad? ¿Mejorarán los servicios de salud en el IMSS o en el ISSTE? ¿Por qué no existe un sistema de evaluación ciudadana del gasto gubernamental, que permita a cualquier contribuyente calificar el desempeño y la eficiencia del gasto público, más allá de las evaluaciones del Congreso?
La ausencia de una “carta de obligaciones de la autoridad frente a los contribuyentes”, en materia de eficiencia, transparencia y evaluación del gasto gubernamental, refuerza la percepción de que el gobierno es el principal terrorista y depredador de la economía familiar y personal. A ello hay que agregar la convicción arraigada entre los ciudadanos de que, mientras las obligaciones fiscales en México son de primer mundo, las contraprestaciones o servicios públicos recibidos son de tercera calidad.
Mientras las autoridades y los legisladores no demos respuestas a estas interrogantes de los ciudadanos, la brecha entre gobierno y sociedad civil se hará cada vez más amplia, y lo que inició como una crisis de finanzas del gobierno podría devenir pronto en una crisis de representación del Estado. Es decir, en una crisis de legitimidad plena. Y en medio de la crisis sistémica que vive el país (inseguridad, desempleo, riesgos de salud pública, desastres naturales como la sequía, polarización social y crispación política), este fiasco fiscal sí podría ser la mecha de un estallido social.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxLos programas anticíclicos que se están aplicando en Alemania, Chile, Japón, Indonesia, Irlanda, Estados Unidos, Venezuela y Argentina, para nombrar algunos, giran en su mayor parte sobre una combinación de los siguientes criterios: 1) disminución de cargas fiscales a empresas y contribuyentes; 2) recortes sustanciales al gasto corriente gubernamental; 3) intervenciones o mayores controles sobre el sistema bancario y la intermediación financiera; 4) incrementos moderados del déficit público, no menores a 4 por ciento del PIB, con sus respectivos planes de disminución y compensación en el corto plazo; 5) expansión sustancial de la inversión pública y privada en obras de infraestructura (energía, carreteras, puertos, vivienda, salud, educación, ciencia y tecnología; China es el prototipo en este rubro y los chinos están muy enojados porque este años sólo crecerán ¡8 por ciento del PIB!, en lugar de 11 por ciento); 6) reconfiguración de su mercado interno, especialmente en las áreas industrial y agropecuaria; 7) subsidios económicos directos a los sectores de población más pobres; 8) diversificación del comercio exterior; 9) tipos de cambio competitivos, no especulativos; 10) impulso al llamado “crecimiento verde” o desarrollo sustentable (EU y Alemania, en especial).
¿Alguna de estas directrices y coordenadas para salir de la crisis están en el paquete económico recién aprobado? No, por supuesto. Lo único que tenemos es un parche fiscal para medio tapar un boquete financiero en el gobierno, con cargo a la sociedad y, dentro de ella, con cargo a los mismos de siempre, los contribuyentes cautivos: pequeñas y medianas empresas, ahorros exiguos de la clase media y el grueso de trabajadores asalariados.
El intento de combate a la elusión fiscal que significa el pago retroactivo de los impuestos de las empresas que operan bajo el régimen de consolidación fiscal (al amparo de esta protección 50 “grandes contribuyentes” pagaron en el año 2005 ¡74 pesos! de ISR, según la ASF), positivo en su intención, se instrumentó tan mal que hasta un pasante de derecho sabe que fue transgredida la Constitución de manera flagrante.
De esta manera, el paquete de ingresos es un auténtico fiasco fiscal, porque resuelve el problema de caja del gobierno federal y los problemas de fondeo de los gobiernos locales (especialmente los del PRI) para no suspender inversiones ni programas sociales en un año electoral clave como es 2010 (con elecciones de gobernador en 11 entidades y de ayuntamientos y diputados en 14), pero está lejos de ser una alternativa para superar la crisis económica y volver a crecer.
También es un fiasco en el sentido de la certidumbre y confianza que una política fiscal debe despertar entre la autoridad y el ciudadano. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero una vez aprobados, el ciudadano tiene derecho a recibir como contraprestación un compromiso explícito de la autoridad sobre qué servicios, obras y programas recibirá a cambio. ¿Hay algo de esto en lo aprobado por la Cámara de Diputados? En lo absoluto.
Uno de los mayores reclamos ciudadanos que se han escuchado en los últimos días es, ¿a cambio de qué el gobierno nos pide más impuestos?¿Tendremos mejor seguridad pública? ¿Habrá una educación pública de calidad? ¿Mejorarán los servicios de salud en el IMSS o en el ISSTE? ¿Por qué no existe un sistema de evaluación ciudadana del gasto gubernamental, que permita a cualquier contribuyente calificar el desempeño y la eficiencia del gasto público, más allá de las evaluaciones del Congreso?
La ausencia de una “carta de obligaciones de la autoridad frente a los contribuyentes”, en materia de eficiencia, transparencia y evaluación del gasto gubernamental, refuerza la percepción de que el gobierno es el principal terrorista y depredador de la economía familiar y personal. A ello hay que agregar la convicción arraigada entre los ciudadanos de que, mientras las obligaciones fiscales en México son de primer mundo, las contraprestaciones o servicios públicos recibidos son de tercera calidad.
Mientras las autoridades y los legisladores no demos respuestas a estas interrogantes de los ciudadanos, la brecha entre gobierno y sociedad civil se hará cada vez más amplia, y lo que inició como una crisis de finanzas del gobierno podría devenir pronto en una crisis de representación del Estado. Es decir, en una crisis de legitimidad plena. Y en medio de la crisis sistémica que vive el país (inseguridad, desempleo, riesgos de salud pública, desastres naturales como la sequía, polarización social y crispación política), este fiasco fiscal sí podría ser la mecha de un estallido social.
kikka-roja.blogspot.com/
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