Manotazo eléctrico
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Oct. 09
La palabra final en la "Plaza pública" del viernes era "manotazo". Me referí así a una de las opciones que consideraba el gobierno para quitarse de encima el conflicto permanente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, escondido tras el deterioro del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Ése fue el camino escogido; el sábado por la noche el gobierno dio un manotazo. Sus tropas asaltaron las instalaciones de LyF horas antes de que entrara en vigor el decreto que extingue a ese organismo, con lo que se acentúa el carácter autoritario de la medida, que genera la causa mayor que a su vez es causal de terminación de las relaciones laborales.
Aunque estrecha e indisolublemente relacionados, hay dos asuntos en la decisión presidencial de acabar con Luz y Fuerza, uno de carácter administrativo y otro de naturaleza laboral. El primero, de ser cierto el curso de que dan cuenta los considerandos del decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial inusualmente publicado en domingo, se realizó en sigilo. A partir de una reflexión de la Auditoría Superior de la Federación en torno de la cuenta pública de 2008, el 28 de septiembre la Secretaría de Energía habría propuesto la desincorporación por extinción de LyF, y el 5 de octubre la Comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación habría emitido un dictamen aprobatorio, que se convirtió en el decreto firmado por Calderón el sábado y puesto en vigor antes de su publicación. No es, por supuesto, un tiquismiquis legaloide el considerar contraria a la ley la ocupación de las instalaciones de LyF. Si el SME como sindicato o sus integrantes a título individual emprenden una lucha jurídica contra esa disposición, podrán alegar en la demanda de amparo correspondiente esa invasión de sus recintos de trabajo por la Policía Federal y por miembros del Ejército. También podrán imputar al firmante del decreto y a los secretarios de Estado que lo refrendaron irresponsabilidad al nombrar liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y encargarlo de una operación para la cual carece de elementos de toda naturaleza. Encargar a la CFE esa operación resulta así de una triangulación de funciones en que la ley no queda bien servida, lo cual debe enrostrarse a quienes se llenan la boca con lemas sobre el Estado de Derecho.
En el ámbito laboral, el SME podrá argumentar en defensa de su contrato colectivo que la fuerza mayor alegada como causal de terminación de la relación de trabajo fue creada por el propio gobierno, y nadie ni el gobierno mismo puede ser beneficiario de acciones ilegales. El SME resistió ya la liquidación decretada en 1975 por el presidente Echeverría y anulada años después por el presidente Salinas, que se comprometió a ello por necesidades electorales. También son razones políticas, por cierto, las que explican ahora la liquidación, más que las de orden financiero alegadas.
Tanto el decreto como las declaraciones de los miembros del gabinete que ayer domingo encararon el asunto, insistieron en el respeto a los derechos de los trabajadores al punto de que no sólo se cumpliría la ley y el contrato colectivo para indemnizar a los despedidos sino que se les añadirían compensaciones de gran prodigalidad. Conforme a lo anunciado, los electricistas recibirían en promedio el equivalente a dos años y medio de sus salarios. Los 22 mil jubilados continuarán recibiendo, vitaliciamente, la paga a que tienen derecho, con cargo al gobierno federal, y con incrementos anuales acordes al movimiento del índice nacional de precios. Los electricistas tendrán que examinar con cuidado esa oferta, porque el modo de exponerla no explicó que pudiera estar condicionada a cláusulas escritas "con letra chiquita" que eventualmente signifiquen algo diferente a lo ofrecido.
De ser verdaderas las cifras aportadas por los funcionarios, quedan evidentes lagunas informativas que será preciso colmar. Se ha achacado buena parte de las dolencias financieras del organismo en liquidación al alto costo de la mano de obra, a su pasivo laboral. Pero ahora que se hacen las cuentas presumiblemente finales, se sabe que la liquidación a los trabajadores tendrá un costo de cuando más 20 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se insiste en que el agujero financiero de LyF es de 42 mil millones de pesos. De esta cifra sólo una breve porción ha de corresponder a los pasivos laborales, puesto que se puede acabar con ellos con sólo la mitad del subsidio que debe entregar cada año la Federación.
El manotazo gubernamental fue cuidadosamente preparado. Se consumó horas después de que el equipo mexicano aseguró su presencia en el campeonato mundial de futbol el año próximo en Sudáfrica, meta que puso en buen punto el ánimo de un extenso segmento de la población. Previamente, la propaganda oficial logró que se creyera urgente acabar con una doble lacra, la operación deficitaria del organismo eléctrico y los abusos de su personal. La prédica del gobierno cayó en la buena tierra de una sociedad harta de la corrupción y de los privilegios, sobre todo cuando los reciben los asalariados, como si no hubiera prebendas mayores para la reducida minoría que concentra la riqueza. La liquidación de LyF será bienvenida en anchas porciones de la sociedad, y hasta algunos de sus componentes, los adictos al autoritarismo reprocharán al gobierno su "generosidad".
El conflicto por la extinción de LyF apenas comienza.
Cajón de Sastre
El decreto que define la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su liquidación, expedidas por la Secretaría de Energía, no se refieren a la red de fibra óptica que posee ese organismo público, y que constituye parte de un patrimonio que mejor administrado por el gobierno hubiera debido impedir el deterioro de la antigua Compañía mexicana de luz y fuerza. Se trata de un tendido de más de mil kilómetros que permite a quien lo opere ofrecer el servicio de triple play, un negocio apetecible que hubiera podido ofrecer directamente la empresa y con su rendimiento subsanar sus deficiencias, en vez de lo cual se otorgó en concesión a la empresa WL Comunicaciones, cuyos principales accionistas fueron secretarios de Energía en el gobierno de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Aunque estrecha e indisolublemente relacionados, hay dos asuntos en la decisión presidencial de acabar con Luz y Fuerza, uno de carácter administrativo y otro de naturaleza laboral. El primero, de ser cierto el curso de que dan cuenta los considerandos del decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial inusualmente publicado en domingo, se realizó en sigilo. A partir de una reflexión de la Auditoría Superior de la Federación en torno de la cuenta pública de 2008, el 28 de septiembre la Secretaría de Energía habría propuesto la desincorporación por extinción de LyF, y el 5 de octubre la Comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación habría emitido un dictamen aprobatorio, que se convirtió en el decreto firmado por Calderón el sábado y puesto en vigor antes de su publicación. No es, por supuesto, un tiquismiquis legaloide el considerar contraria a la ley la ocupación de las instalaciones de LyF. Si el SME como sindicato o sus integrantes a título individual emprenden una lucha jurídica contra esa disposición, podrán alegar en la demanda de amparo correspondiente esa invasión de sus recintos de trabajo por la Policía Federal y por miembros del Ejército. También podrán imputar al firmante del decreto y a los secretarios de Estado que lo refrendaron irresponsabilidad al nombrar liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y encargarlo de una operación para la cual carece de elementos de toda naturaleza. Encargar a la CFE esa operación resulta así de una triangulación de funciones en que la ley no queda bien servida, lo cual debe enrostrarse a quienes se llenan la boca con lemas sobre el Estado de Derecho.
En el ámbito laboral, el SME podrá argumentar en defensa de su contrato colectivo que la fuerza mayor alegada como causal de terminación de la relación de trabajo fue creada por el propio gobierno, y nadie ni el gobierno mismo puede ser beneficiario de acciones ilegales. El SME resistió ya la liquidación decretada en 1975 por el presidente Echeverría y anulada años después por el presidente Salinas, que se comprometió a ello por necesidades electorales. También son razones políticas, por cierto, las que explican ahora la liquidación, más que las de orden financiero alegadas.
Tanto el decreto como las declaraciones de los miembros del gabinete que ayer domingo encararon el asunto, insistieron en el respeto a los derechos de los trabajadores al punto de que no sólo se cumpliría la ley y el contrato colectivo para indemnizar a los despedidos sino que se les añadirían compensaciones de gran prodigalidad. Conforme a lo anunciado, los electricistas recibirían en promedio el equivalente a dos años y medio de sus salarios. Los 22 mil jubilados continuarán recibiendo, vitaliciamente, la paga a que tienen derecho, con cargo al gobierno federal, y con incrementos anuales acordes al movimiento del índice nacional de precios. Los electricistas tendrán que examinar con cuidado esa oferta, porque el modo de exponerla no explicó que pudiera estar condicionada a cláusulas escritas "con letra chiquita" que eventualmente signifiquen algo diferente a lo ofrecido.
De ser verdaderas las cifras aportadas por los funcionarios, quedan evidentes lagunas informativas que será preciso colmar. Se ha achacado buena parte de las dolencias financieras del organismo en liquidación al alto costo de la mano de obra, a su pasivo laboral. Pero ahora que se hacen las cuentas presumiblemente finales, se sabe que la liquidación a los trabajadores tendrá un costo de cuando más 20 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se insiste en que el agujero financiero de LyF es de 42 mil millones de pesos. De esta cifra sólo una breve porción ha de corresponder a los pasivos laborales, puesto que se puede acabar con ellos con sólo la mitad del subsidio que debe entregar cada año la Federación.
El manotazo gubernamental fue cuidadosamente preparado. Se consumó horas después de que el equipo mexicano aseguró su presencia en el campeonato mundial de futbol el año próximo en Sudáfrica, meta que puso en buen punto el ánimo de un extenso segmento de la población. Previamente, la propaganda oficial logró que se creyera urgente acabar con una doble lacra, la operación deficitaria del organismo eléctrico y los abusos de su personal. La prédica del gobierno cayó en la buena tierra de una sociedad harta de la corrupción y de los privilegios, sobre todo cuando los reciben los asalariados, como si no hubiera prebendas mayores para la reducida minoría que concentra la riqueza. La liquidación de LyF será bienvenida en anchas porciones de la sociedad, y hasta algunos de sus componentes, los adictos al autoritarismo reprocharán al gobierno su "generosidad".
El conflicto por la extinción de LyF apenas comienza.
Cajón de Sastre
El decreto que define la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su liquidación, expedidas por la Secretaría de Energía, no se refieren a la red de fibra óptica que posee ese organismo público, y que constituye parte de un patrimonio que mejor administrado por el gobierno hubiera debido impedir el deterioro de la antigua Compañía mexicana de luz y fuerza. Se trata de un tendido de más de mil kilómetros que permite a quien lo opere ofrecer el servicio de triple play, un negocio apetecible que hubiera podido ofrecer directamente la empresa y con su rendimiento subsanar sus deficiencias, en vez de lo cual se otorgó en concesión a la empresa WL Comunicaciones, cuyos principales accionistas fueron secretarios de Energía en el gobierno de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
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