- Calderón hace 6 años
- Obsesión por privatizar
- ¿Para quién será el jugoso negocio?
Dice el inquilino de Los Pinos y jilgueros que lo rodean que el decretazo en contra de Luz y Fuerza del Centro no tiene relación alguna con la privatización del sector eléctrico. Qué bueno que lo aclaren, porque es lo mismo que dijeron sus cuatro antecesores en la residencia oficial y a estas alturas el balance de tan rotunda negativa se traduce en que alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos del capital privado, fundamentalmente trasnacional.
Que Felipe Calderón no busca la privatización del sector eléctrico es una verdad tan grande y contundente como aquella del presidente del empleo o su diagnóstico de la crisis (simple gripa o catarrito, como diría Carstens). ¿Será que en sólo seis años cambió de ideas, por mucho que los hechos demuestren lo contrario, y no quiere privatizar? Lo anterior, porque es increíble que el ahora inquilino de Los Pinos maneje otro concepto que el abiertamente planteado ante los senadores de la República el 17 de noviembre de 2003, como secretario de Energía en el gabinetazo de otro de los accidentes históricos que registra la política mexicana (léase Vicente Fox).
Como recordar es vivir, va lo que seis años atrás Calderón delineó como la política energética perfecta, misma que ahora, con el acelerador a fondo, intenta concretar a golpe de extinciones. ¿Qué dijo en aquel noviembre de 2003 ante los senadores?: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico, sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación, nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas, vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere, representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena.... Entonces, sí, su obsesión es privatizar.
Y sobre la extinción de esta empresa pararestatal, un experto en la materia envía el siguiente apunte: “El gobierno federal argumenta que decidió desaparecer a Luz y Fuerza del Centro porque tuvo un déficit de 40 mil millones de pesos en 2008. Cabe preguntarse: ¿de dónde surgió ese déficit? La CFE le vendió a 1.20 pesos por kilovatio-hora un bloque de 40 teravatios-hora, cuando aquella paraestatal la compró a las productoras extranjeras en 80 centavos por KWH. Esta especulación significó para LFC un sobreprecio de 16 mil millones.
“En la ciudad de México existen varios miles de empresas en media tensión que se roban la energía, contratando personas para que alteren los medidores de electricidad. Con esta acción ilícita LFC dejó de percibir el año pasado 11 mil millones de pesos.
“A los más de 20 mil trabajadores jubilados que tiene LFC se les pagaron en 2008 cerca de 10 mil millones. El gobierno federal nunca quiso asimilar estos pasivos, sino hasta ahora que decretó la desaparición de esta empresa. La suma de estos tres conceptos resulta en 37 mil millones de pesos, que es similar al déficit de Luz y Fuerza del Centro: ¿será legal el argumento del gobierno federal para extinguir a LFC?
En 2008 la nómina de los más de 40 mil trabajadores activos de Luz y Fuerza del Centro fue de casi 15 mil millones de pesos. ¿Cómo es que el gobierno federal pretende indemnizarlos con 20 mil millones? De la plantilla laboral de LFC, casi 15 mil trabajadores se dedican a construir redes de distribución, líneas y subestaciones; los nuevos desarrollos urbanos cubren sus nóminas. ¿A quién le transferirá el gobierno federal este jugoso negocio? En la CFE las subestaciones y líneas son obras Pidiregas que ejecutan las trasnacionales, y las redes de distribución construidas por empresas particulares contratadas por los propios fraccionadores.
“El gobierno federal ha puesto a la CFE como el modelo a seguir para sustituir a LFC, y en muchos aspectos es válido. Sin embargo, por ejemplo en Acapulco los robos de energía en la zona hotelera son proporcionalmente más altos que en LFC. ¿Decretará el gobierno federal la extinción de esa zona de CFE? ¿Aceptará el Suterm esta decisión? Y en otras áreas energéticas, ¿qué hará con los robos en ductos de Pemex, y al consumidor en las estaciones de gasolina? (más de 40 mil millones de pesos anuales).
Es muy difícil defender al sindicato de LFC, que con su paternalismo ha propiciado la ineficiencia extrema, exceso de personal y corrupción; pero ese paternalismo ha sido tolerado por muchos años por la administración de la empresa y el gobierno federal. En particular, la crisis de sus áreas de atención al público, en las que se han negado a aceptar nuevas opciones para mejorar la calidad de servicio. Sin embargo, ¿ejercerá la misma acción correctiva el gobierno federal con los sindicatos de Pemex y de la SEP? (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@prodigy.net.mx).
Las rebanadas del pastel
En el gobierno de la creatividad, sorpresa tras sorpresa: ¿a quién adjudicó el paquete carretero del Pacífico Norte? ¡Milagro!: a Carlos Slim y su empresa Ideal, candidata a recibir los dineros de las Afore para infraestructura.
Que Felipe Calderón no busca la privatización del sector eléctrico es una verdad tan grande y contundente como aquella del presidente del empleo o su diagnóstico de la crisis (simple gripa o catarrito, como diría Carstens). ¿Será que en sólo seis años cambió de ideas, por mucho que los hechos demuestren lo contrario, y no quiere privatizar? Lo anterior, porque es increíble que el ahora inquilino de Los Pinos maneje otro concepto que el abiertamente planteado ante los senadores de la República el 17 de noviembre de 2003, como secretario de Energía en el gabinetazo de otro de los accidentes históricos que registra la política mexicana (léase Vicente Fox).
Como recordar es vivir, va lo que seis años atrás Calderón delineó como la política energética perfecta, misma que ahora, con el acelerador a fondo, intenta concretar a golpe de extinciones. ¿Qué dijo en aquel noviembre de 2003 ante los senadores?: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico, sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación, nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas, vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere, representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena.... Entonces, sí, su obsesión es privatizar.
Y sobre la extinción de esta empresa pararestatal, un experto en la materia envía el siguiente apunte: “El gobierno federal argumenta que decidió desaparecer a Luz y Fuerza del Centro porque tuvo un déficit de 40 mil millones de pesos en 2008. Cabe preguntarse: ¿de dónde surgió ese déficit? La CFE le vendió a 1.20 pesos por kilovatio-hora un bloque de 40 teravatios-hora, cuando aquella paraestatal la compró a las productoras extranjeras en 80 centavos por KWH. Esta especulación significó para LFC un sobreprecio de 16 mil millones.
“En la ciudad de México existen varios miles de empresas en media tensión que se roban la energía, contratando personas para que alteren los medidores de electricidad. Con esta acción ilícita LFC dejó de percibir el año pasado 11 mil millones de pesos.
“A los más de 20 mil trabajadores jubilados que tiene LFC se les pagaron en 2008 cerca de 10 mil millones. El gobierno federal nunca quiso asimilar estos pasivos, sino hasta ahora que decretó la desaparición de esta empresa. La suma de estos tres conceptos resulta en 37 mil millones de pesos, que es similar al déficit de Luz y Fuerza del Centro: ¿será legal el argumento del gobierno federal para extinguir a LFC?
En 2008 la nómina de los más de 40 mil trabajadores activos de Luz y Fuerza del Centro fue de casi 15 mil millones de pesos. ¿Cómo es que el gobierno federal pretende indemnizarlos con 20 mil millones? De la plantilla laboral de LFC, casi 15 mil trabajadores se dedican a construir redes de distribución, líneas y subestaciones; los nuevos desarrollos urbanos cubren sus nóminas. ¿A quién le transferirá el gobierno federal este jugoso negocio? En la CFE las subestaciones y líneas son obras Pidiregas que ejecutan las trasnacionales, y las redes de distribución construidas por empresas particulares contratadas por los propios fraccionadores.
“El gobierno federal ha puesto a la CFE como el modelo a seguir para sustituir a LFC, y en muchos aspectos es válido. Sin embargo, por ejemplo en Acapulco los robos de energía en la zona hotelera son proporcionalmente más altos que en LFC. ¿Decretará el gobierno federal la extinción de esa zona de CFE? ¿Aceptará el Suterm esta decisión? Y en otras áreas energéticas, ¿qué hará con los robos en ductos de Pemex, y al consumidor en las estaciones de gasolina? (más de 40 mil millones de pesos anuales).
Es muy difícil defender al sindicato de LFC, que con su paternalismo ha propiciado la ineficiencia extrema, exceso de personal y corrupción; pero ese paternalismo ha sido tolerado por muchos años por la administración de la empresa y el gobierno federal. En particular, la crisis de sus áreas de atención al público, en las que se han negado a aceptar nuevas opciones para mejorar la calidad de servicio. Sin embargo, ¿ejercerá la misma acción correctiva el gobierno federal con los sindicatos de Pemex y de la SEP? (José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@prodigy.net.mx).
Las rebanadas del pastel
En el gobierno de la creatividad, sorpresa tras sorpresa: ¿a quién adjudicó el paquete carretero del Pacífico Norte? ¡Milagro!: a Carlos Slim y su empresa Ideal, candidata a recibir los dineros de las Afore para infraestructura.
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