Carmen Aristegui F.
20 Nov. 09
Ayer, durante todo el día circuló información sobre una resolución condenatoria en contra del Estado mexicano producto de la acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de ocho mujeres que fueron víctimas del caso conocido como del Campo Algodonero, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001. Lo cierto es que aún no se conoce del todo el alcance de esta determinación que deberá ser notificada a los demandantes y al gobierno mexicano en los próximos días. Se da por un hecho que se condenará a México en esta que será una decisión histórica en la que no cabe recurso de apelación. Se da por un hecho que el Estado resultará responsable por no haber llevado a cabo las investigaciones ni los juicios necesarios para procesar estos hechos de violencia del emblemático caso que forma parte de la siniestra historia de muertes, ultrajes, torturas y desapariciones de centenares de mujeres registradas en esta ciudad fronteriza, por lo menos desde 1993.
El juicio, iniciado a fines de abril de este año en la sede de la Corte Interamericana en Santiago de Chile, partió de un hecho que de por sí ya era irrefutable a los ojos de cualquiera y que ahora, con este fallo, adquirirá carácter legal: que la impunidad, los horrores judiciales, la negligencia, la incapacidad y la falta de actuación frente a estos crímenes por parte de la autoridad son absolutamente demostrables y que el Estado deberá responder por ello.
El caso se refiere a ocho cadáveres encontrados entre el 6 y el 7 de noviembre en el Campo Algodonero, un solar ubicado en las inmediaciones de las maquilas y lugares de trabajo de esa ciudad. Cinco de los cuerpos no lograron ser identificados para incorporarlos a la acusación, de tal manera que el juicio se centró en la situación de tres mujeres asesinadas en ese lugar. Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña formularon la acusación en este proceso y contaron con la asesoría del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, a través del abogado español Emilio Ginés, quien ha sostenido, junto con muchos otros especialistas, que los asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez a lo largo de todos estos años responden a la figura de feminicidio. El patrón repetido por cientos de veces muestra a víctimas jóvenes, trabajadoras de maquila muchas veces, de condición económica vulnerable cuyas familias, en caso de tenerla, no pueden hacer frente a una exigencia de justicia y se han topado con la indolencia, la incapacidad y, seguramente, en más de algún caso, con la complicidad de las propias autoridades. Este expediente logró escalar a la máxima instancia internacional y logrará con esta sentencia, que se presume condenatoria, que debe no sólo cumplirse sino convertirse en punto de referencia para los demás casos marcados por la impunidad.
Los abogados denunciantes pidieron que se declarara la responsabilidad del Estado en los crímenes por "la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales" y exigieron, por supuesto, una respuesta judicial contundente que implique la reparación del daño, la identificación de los responsables de esos hechos aberrantes y la aplicación de las penas correspondientes. En una situación así, es de suponerse que no deberían ser las autoridades locales las que se hagan cargo de la obligación internacional. ¿Quién debería restituir a víctimas, familiares y sociedad los procesos debidos de justicia que fueron atropellados o francamente abandonados? ¿Qué autoridades en México se harán cargo de reponer, de remendar, de reconstruir, de reparar, de resarcir todo lo que ha sido dañado? ¿Quiénes se harán cargo de cumplir ante esta acción condenatoria? Por el alcance, la gravedad y la multiplicidad de las afectaciones seguramente varias instancias, pero una principal: la Procuraduría General de la República, hoy -jodida historia- a cargo de quien fuera procurador, precisamente, de Chihuahua en tiempos en donde el mundo volteó horrorizado frente al fenómeno criminal bautizado como "Las Muertas de Juárez". El mismo funcionario que fue señalado, gravemente, por expertos de la ONU en comisión especial, y de la CNDH en tiempos de Mireille Roccatti, por las mismas cosas, por los mismos casos, por las mismas conductas por las que hoy está a punto de condenarse al Estado nacional.
kikka-roja.blogspot.com/
El juicio, iniciado a fines de abril de este año en la sede de la Corte Interamericana en Santiago de Chile, partió de un hecho que de por sí ya era irrefutable a los ojos de cualquiera y que ahora, con este fallo, adquirirá carácter legal: que la impunidad, los horrores judiciales, la negligencia, la incapacidad y la falta de actuación frente a estos crímenes por parte de la autoridad son absolutamente demostrables y que el Estado deberá responder por ello.
El caso se refiere a ocho cadáveres encontrados entre el 6 y el 7 de noviembre en el Campo Algodonero, un solar ubicado en las inmediaciones de las maquilas y lugares de trabajo de esa ciudad. Cinco de los cuerpos no lograron ser identificados para incorporarlos a la acusación, de tal manera que el juicio se centró en la situación de tres mujeres asesinadas en ese lugar. Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña formularon la acusación en este proceso y contaron con la asesoría del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, a través del abogado español Emilio Ginés, quien ha sostenido, junto con muchos otros especialistas, que los asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez a lo largo de todos estos años responden a la figura de feminicidio. El patrón repetido por cientos de veces muestra a víctimas jóvenes, trabajadoras de maquila muchas veces, de condición económica vulnerable cuyas familias, en caso de tenerla, no pueden hacer frente a una exigencia de justicia y se han topado con la indolencia, la incapacidad y, seguramente, en más de algún caso, con la complicidad de las propias autoridades. Este expediente logró escalar a la máxima instancia internacional y logrará con esta sentencia, que se presume condenatoria, que debe no sólo cumplirse sino convertirse en punto de referencia para los demás casos marcados por la impunidad.
Los abogados denunciantes pidieron que se declarara la responsabilidad del Estado en los crímenes por "la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales" y exigieron, por supuesto, una respuesta judicial contundente que implique la reparación del daño, la identificación de los responsables de esos hechos aberrantes y la aplicación de las penas correspondientes. En una situación así, es de suponerse que no deberían ser las autoridades locales las que se hagan cargo de la obligación internacional. ¿Quién debería restituir a víctimas, familiares y sociedad los procesos debidos de justicia que fueron atropellados o francamente abandonados? ¿Qué autoridades en México se harán cargo de reponer, de remendar, de reconstruir, de reparar, de resarcir todo lo que ha sido dañado? ¿Quiénes se harán cargo de cumplir ante esta acción condenatoria? Por el alcance, la gravedad y la multiplicidad de las afectaciones seguramente varias instancias, pero una principal: la Procuraduría General de la República, hoy -jodida historia- a cargo de quien fuera procurador, precisamente, de Chihuahua en tiempos en donde el mundo volteó horrorizado frente al fenómeno criminal bautizado como "Las Muertas de Juárez". El mismo funcionario que fue señalado, gravemente, por expertos de la ONU en comisión especial, y de la CNDH en tiempos de Mireille Roccatti, por las mismas cosas, por los mismos casos, por las mismas conductas por las que hoy está a punto de condenarse al Estado nacional.
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Mi muy admirable Kikka
ResponderBorrarPero qué importa su muerte, qué importa que jamás se haga justicia. Olvidémonos de semejantes ideas reivindicativas y mejor hagamos eco de ese par de funcionarios, quienes vociferen (sin ningún pudor) que ellas “se la buscaron (la muerte), por andar a deshoras en la calle y vestidas de manera provocativa”
Mejor dediquemos nuestros esfuerzos jurídicos y judiciales, para criminalizar a las mujeres vivas, a las “grandes pecadoras” que deciden interrumpir un embarazo. Llamémoslas putas, asesinas… metámoslas a la cárcel y después las excomulgamos… que Tomás de Torquemada, desde el infierno en donde merece estar achicharrándose, nos lo agradecerá. Amén
Saludos