violencia a mujeres
El DF ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional.
Foto: Ilustración: Esteban Saldaña
A casi 2 años de su entrada en vigor, aún no se ha integrado la red de seguimiento a denuncias por maltrato contemplada en la ley y su reglamento
Yáscara López REFORMA.COM
Ciudad de México (25 noviembre 2009).- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF está desaprovechada.
A pesar de que la Ley permite la posibilidad de que las mujeres soliciten protección en caso de violencia familiar, en 1 año 8 meses los jueces locales sólo han emitido 62 medidas, lo que equivale a poco más de 3 peticiones mensuales.
Cifras del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) indican que, a través de la Dirección de Consignaciones Penales, del 19 de mayo del 2008 a octubre del 2009 se recibieron las 62 peticiones de mujeres en demanda de medidas de protección.
Siete de ellas se turnaron a juzgados familiares y 44 fueron canalizadas a juzgados penales.
Las 11 restantes no se canalizaron porque la peticionaria radicaba fuera del DF o porque sólo solicitaba información.
Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF, informó que la mayoría de las medidas se han otorgado para evitar que los esposos ingresen a viviendas de su familia, para que no saquen muebles o se presenten ante el Ministerio Público.
A pesar de que la Ley entró en vigor desde el 8 de marzo del 2008, y de que su reglamento establece vigilancia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina o de la Policía Judicial en donde se encuentren las víctimas directas o indirectas, Susana Martínez no pudo entrar a su casa porque uniformados capitalinos consideraron que era riesgoso sacar a su marido.
"Los llamé, llegaron, platicaron conmigo y fueron muy amables, pero ya no se quedaron a esperar a que mi marido saliera del cuarto donde se encerró cuando vio que llegó la Policía, los uniformados simplemente dijeron que mejor arregláramos las cosas y que con gusto nos llevaban al Ministerio Público, pero que no podían pasar adentro para llevárselo.
"Así ya no sabemos si realmente la ley sirve, porque aunque me escucharon, no pudieron ayudarme", narró Susana, quien habita en la Delegación Gustavo A. Madero.
Además, todavía no se crea la red de información que serviría para dar seguimiento a cada denuncia, y que está contemplada en la Ley y en su reglamento.
El instrumento, que se prevé sea operado por el Instituto de las Mujeres capitalino (Inmujeres) y las autoridades de seguridad, ministeriales y judiciales, concentraría datos estadísticos, así como los relacionados con los juicios y la situación legal de los agresores.
La red de información deberá permitir intercambiar datos a la Procuraduría y el TSJDF con otros organismos, y permitirá incluso seguir los juicios.
En abril, la entonces diputada local Carla Armas, del Partido Social Demócrata, señaló que el DF ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, según datos difundidos por la Comisión Especial para Conocer las Políticas y Procuración de Justicia Vinculados con los Feminicidios.
El estudio contabilizó 2 mil 232 homicidios de mujeres en todo el País, el 11 por ciento cometidos en el DF.
A pesar de que la Ley permite la posibilidad de que las mujeres soliciten protección en caso de violencia familiar, en 1 año 8 meses los jueces locales sólo han emitido 62 medidas, lo que equivale a poco más de 3 peticiones mensuales.
Cifras del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) indican que, a través de la Dirección de Consignaciones Penales, del 19 de mayo del 2008 a octubre del 2009 se recibieron las 62 peticiones de mujeres en demanda de medidas de protección.
Siete de ellas se turnaron a juzgados familiares y 44 fueron canalizadas a juzgados penales.
Las 11 restantes no se canalizaron porque la peticionaria radicaba fuera del DF o porque sólo solicitaba información.
Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF, informó que la mayoría de las medidas se han otorgado para evitar que los esposos ingresen a viviendas de su familia, para que no saquen muebles o se presenten ante el Ministerio Público.
A pesar de que la Ley entró en vigor desde el 8 de marzo del 2008, y de que su reglamento establece vigilancia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina o de la Policía Judicial en donde se encuentren las víctimas directas o indirectas, Susana Martínez no pudo entrar a su casa porque uniformados capitalinos consideraron que era riesgoso sacar a su marido.
"Los llamé, llegaron, platicaron conmigo y fueron muy amables, pero ya no se quedaron a esperar a que mi marido saliera del cuarto donde se encerró cuando vio que llegó la Policía, los uniformados simplemente dijeron que mejor arregláramos las cosas y que con gusto nos llevaban al Ministerio Público, pero que no podían pasar adentro para llevárselo.
"Así ya no sabemos si realmente la ley sirve, porque aunque me escucharon, no pudieron ayudarme", narró Susana, quien habita en la Delegación Gustavo A. Madero.
Además, todavía no se crea la red de información que serviría para dar seguimiento a cada denuncia, y que está contemplada en la Ley y en su reglamento.
El instrumento, que se prevé sea operado por el Instituto de las Mujeres capitalino (Inmujeres) y las autoridades de seguridad, ministeriales y judiciales, concentraría datos estadísticos, así como los relacionados con los juicios y la situación legal de los agresores.
La red de información deberá permitir intercambiar datos a la Procuraduría y el TSJDF con otros organismos, y permitirá incluso seguir los juicios.
En abril, la entonces diputada local Carla Armas, del Partido Social Demócrata, señaló que el DF ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, según datos difundidos por la Comisión Especial para Conocer las Políticas y Procuración de Justicia Vinculados con los Feminicidios.
El estudio contabilizó 2 mil 232 homicidios de mujeres en todo el País, el 11 por ciento cometidos en el DF.
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