Veracruz: oportunismo misógino
Miguel Ángel Granados Chapa
19 Nov. 09
El términos religiosos, Fidel Herrera ha salido del clóset y hoy se le puede igualar a fundamentalistas del tipo de Jorge Serrano Limón
A iniciativa de un diputado priista, el Congreso local veracruzano reformó la Constitución del estado para incluir en ella la protección a la vida desde el momento de la concepción. Veracruz se convirtió de ese modo en la entidad número 17 en adicionar su máxima ley local con una cláusula tan semejante en todos los casos que parece redactada por una sola persona, y que constituye un peligroso fenómeno contra los derechos de las mujeres y contra el Estado laico.
Se trata, inequívocamente, de una orquestada respuesta a la despenalización del aborto practicado en las primeras 12 semanas de la gestación, aprobada en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y declarada conforme a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Con el voto conjunto y por ello decisivo de las bancadas del PAN y el PRI en todos los casos, han reformado en tal sentido sus constituciones las legislaturas de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y ahora Veracruz. En casi todas esas entidades la iniciativa partió de legisladores panistas, sometidos al influjo de militantes obispos católicos.
En Veracruz fue un priista el promotor de la reforma, y el propio gobernador Fidel Herrera, en el colmo de la falta de escrúpulos, adobó la participación de su partido en esta oleada neoconservadora, contraria a la vida aunque se disfrace de lo opuesto, con una muestra suprema de oportunismo político. Puesto que las legislaturas locales, pero no los gobernadores, disponen de la prerrogativa de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, Herrera instó a su Congreso a presentar un proyecto de reformas a los artículos primero y cuarto de la Constitución federal para que también se consagre el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Hasta ahora, Herrera ha simulado ser un priista ortodoxo. Como líder juvenil y miembro del comité nacional de su partido, ha hecho carrera enarbolando, explícita e implícitamente, las recetas de la cultura de ese partido, que incluyen la primacía del Estado laico. Ahora ha salido del clóset y se iguala a los fundamentalistas católicos, del tipo de Jorge Serrano Limón. Si se tratara de un catecúmeno, un recién llegado a un credo que le era desconocido, y sobre todo si su conversión ocurriera no siendo gobernante, la modificación de su talante ético sería asunto personalísimo, fuera del alcance del escrutinio público. Pero ocurre que su metamorfosis, si la hubo -y podría no haberla porque siempre hubiera sido un creyente, o porque únicamente la finja-, le conduce a promover una reforma constitucional fincada en una concepción religiosa, respetabilísima en sí misma, pero impropia y aun inadmisible en una sociedad cuya convivencia se funda en el laicismo.
La desmesura de Herrera, que lleva el culto a la personalidad a rango de mandamiento para la clase política veracruzana, al parecer le ha hecho engendrar la peregrina idea de que es un presidenciable. Tiene que alimentar esa posibilidad con una presencia nacional, para ganar la cual ha escogido una bandería que lo bienquiste con los conservadores católicos, que pueden encontrar en él un adalid en su lucha dizque por la vida. Si procediera con honradez política y buscara honestamente una posición al respecto, haría bien al gobernador veracruzano consultar las opiniones de científicos eminentes que han esclarecido rotundamente el momento en que comienza la vida de un ser humano. Cito a título de ejemplo el parecer del doctor Ricardo Tapia, premio nacional de ciencias, quien por doquier sostiene "que no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo", porque en dicho genoma no hay nada que no sea biológico y sea, por lo contrario, "sobrenatural o espiritual".
El oportunismo de Herrera tiene doble propósito. Promover, por una parte, su propia figura hacia la contienda interna del PRI por la candidatura presidencial y, por otro lado, favorecer a su partido en los comicios del año próximo, cuando concluya su sexenio. El promotor de la reforma a la Constitución local aprobada antier es el típico diputado del clásico sistema corporativo priista. Se trata de Leopoldo Torres García, nacido en Puebla pero avecindado en Minatitlán. Es abogado de la Sección 10 del sindicato petrolero, ducho en las artes electorales de antaño, como lo probó en 1988 en que manejó el triunfo de Carlos Salinas desde la comisión distrital electoral de aquel puerto.
Para evitar que el mérito de la reforma veracruzana fuera entero para el PRI, la bancada panista logró la reforma al código penal en la misma materia. La innovación tiene una apariencia filantrópica, pues elimina la pena de prisión a las mujeres que provoquen o consientan su aborto. Pero con una visión misógina se dispone que sean sometidas a un "tratamiento médico integral provisto por el Estado", como si el acto de voluntad de interrumpir el embarazo fuera propio sólo de una mentalidad desquiciada, a la que es preciso someter a tratamiento psiquiátrico.
El PRI ha sido en los hechos un partido conservador que no osa decir su nombre. Ahora no lo oculta: es conservador oportunista.
CAJÓN DE SASTRE
Si nos colocáramos en el triste papel de los ciudadanos meramente quejumbrosos, lamentaríamos la mala suerte de los morelenses que padecen consuetudinariamente malos gobernantes. No son pocos ya, por ejemplo, los procuradores de justicia que desempeñan un deplorable papel en la función que sus jefes los gobernadores les asignan, situación que no ha remediado la intervención del Congreso local en su nombramiento. Aunque no se les ha fincado responsabilidad penal alguna, por lo menos dos han tenido que irse a la calle, cuando quizá tendrían que estar en la cárcel. El actual procurador, por su parte, manifiesta su incapacidad con la expresión de ideas primitivas, si ideas se puede llamar a las ocurrencias misóginas que emite. Malamente puede esperarse de él que persiga eficazmente a los agresores de mujeres, que en el extremo homicida se multiplican en esa entidad, cuando da por sentado que las víctimas provocan los agravios que se les infieren. Que no haya lugar al lamento quejumbroso, sino a la exigencia ciudadana que ponga al procurador Benítez lejos de un cargo para el que notoriamente es inepto.
A iniciativa de un diputado priista, el Congreso local veracruzano reformó la Constitución del estado para incluir en ella la protección a la vida desde el momento de la concepción. Veracruz se convirtió de ese modo en la entidad número 17 en adicionar su máxima ley local con una cláusula tan semejante en todos los casos que parece redactada por una sola persona, y que constituye un peligroso fenómeno contra los derechos de las mujeres y contra el Estado laico.
Se trata, inequívocamente, de una orquestada respuesta a la despenalización del aborto practicado en las primeras 12 semanas de la gestación, aprobada en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y declarada conforme a la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Con el voto conjunto y por ello decisivo de las bancadas del PAN y el PRI en todos los casos, han reformado en tal sentido sus constituciones las legislaturas de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y ahora Veracruz. En casi todas esas entidades la iniciativa partió de legisladores panistas, sometidos al influjo de militantes obispos católicos.
En Veracruz fue un priista el promotor de la reforma, y el propio gobernador Fidel Herrera, en el colmo de la falta de escrúpulos, adobó la participación de su partido en esta oleada neoconservadora, contraria a la vida aunque se disfrace de lo opuesto, con una muestra suprema de oportunismo político. Puesto que las legislaturas locales, pero no los gobernadores, disponen de la prerrogativa de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, Herrera instó a su Congreso a presentar un proyecto de reformas a los artículos primero y cuarto de la Constitución federal para que también se consagre el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Hasta ahora, Herrera ha simulado ser un priista ortodoxo. Como líder juvenil y miembro del comité nacional de su partido, ha hecho carrera enarbolando, explícita e implícitamente, las recetas de la cultura de ese partido, que incluyen la primacía del Estado laico. Ahora ha salido del clóset y se iguala a los fundamentalistas católicos, del tipo de Jorge Serrano Limón. Si se tratara de un catecúmeno, un recién llegado a un credo que le era desconocido, y sobre todo si su conversión ocurriera no siendo gobernante, la modificación de su talante ético sería asunto personalísimo, fuera del alcance del escrutinio público. Pero ocurre que su metamorfosis, si la hubo -y podría no haberla porque siempre hubiera sido un creyente, o porque únicamente la finja-, le conduce a promover una reforma constitucional fincada en una concepción religiosa, respetabilísima en sí misma, pero impropia y aun inadmisible en una sociedad cuya convivencia se funda en el laicismo.
La desmesura de Herrera, que lleva el culto a la personalidad a rango de mandamiento para la clase política veracruzana, al parecer le ha hecho engendrar la peregrina idea de que es un presidenciable. Tiene que alimentar esa posibilidad con una presencia nacional, para ganar la cual ha escogido una bandería que lo bienquiste con los conservadores católicos, que pueden encontrar en él un adalid en su lucha dizque por la vida. Si procediera con honradez política y buscara honestamente una posición al respecto, haría bien al gobernador veracruzano consultar las opiniones de científicos eminentes que han esclarecido rotundamente el momento en que comienza la vida de un ser humano. Cito a título de ejemplo el parecer del doctor Ricardo Tapia, premio nacional de ciencias, quien por doquier sostiene "que no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo", porque en dicho genoma no hay nada que no sea biológico y sea, por lo contrario, "sobrenatural o espiritual".
El oportunismo de Herrera tiene doble propósito. Promover, por una parte, su propia figura hacia la contienda interna del PRI por la candidatura presidencial y, por otro lado, favorecer a su partido en los comicios del año próximo, cuando concluya su sexenio. El promotor de la reforma a la Constitución local aprobada antier es el típico diputado del clásico sistema corporativo priista. Se trata de Leopoldo Torres García, nacido en Puebla pero avecindado en Minatitlán. Es abogado de la Sección 10 del sindicato petrolero, ducho en las artes electorales de antaño, como lo probó en 1988 en que manejó el triunfo de Carlos Salinas desde la comisión distrital electoral de aquel puerto.
Para evitar que el mérito de la reforma veracruzana fuera entero para el PRI, la bancada panista logró la reforma al código penal en la misma materia. La innovación tiene una apariencia filantrópica, pues elimina la pena de prisión a las mujeres que provoquen o consientan su aborto. Pero con una visión misógina se dispone que sean sometidas a un "tratamiento médico integral provisto por el Estado", como si el acto de voluntad de interrumpir el embarazo fuera propio sólo de una mentalidad desquiciada, a la que es preciso someter a tratamiento psiquiátrico.
El PRI ha sido en los hechos un partido conservador que no osa decir su nombre. Ahora no lo oculta: es conservador oportunista.
CAJÓN DE SASTRE
Si nos colocáramos en el triste papel de los ciudadanos meramente quejumbrosos, lamentaríamos la mala suerte de los morelenses que padecen consuetudinariamente malos gobernantes. No son pocos ya, por ejemplo, los procuradores de justicia que desempeñan un deplorable papel en la función que sus jefes los gobernadores les asignan, situación que no ha remediado la intervención del Congreso local en su nombramiento. Aunque no se les ha fincado responsabilidad penal alguna, por lo menos dos han tenido que irse a la calle, cuando quizá tendrían que estar en la cárcel. El actual procurador, por su parte, manifiesta su incapacidad con la expresión de ideas primitivas, si ideas se puede llamar a las ocurrencias misóginas que emite. Malamente puede esperarse de él que persiga eficazmente a los agresores de mujeres, que en el extremo homicida se multiplican en esa entidad, cuando da por sentado que las víctimas provocan los agravios que se les infieren. Que no haya lugar al lamento quejumbroso, sino a la exigencia ciudadana que ponga al procurador Benítez lejos de un cargo para el que notoriamente es inepto.
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