Aunque la Comisión Federal de Competencia rechazó la fusión entre Televisa y Iusacell, no todo está escrito. Falta conocer el dictamen final y es probable que el duopolio televisivo apele exitosamente la decisión del órgano regulador. En toda esta maraña de leyes, reglamentos y regulaciones se advierte un afán de gatopardismo: que todo cambie para que todo permanezca. Los mismos monopolios, las mismas prácticas que lesionan el interés de los consumidores, los mismos abusos…
La noche del pasado 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC), sólo se tenía claro que dos comisionados votarían contra la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos a favor.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, y Rodrigo Morales Elcoro, integrantes de ese organismo desde el sexenio anterior y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos -como la megamulta contra Telcel por mil millones de dólares-, no querían apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50% de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca.
Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la "megafusión": Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (Proceso 1838).
Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron a la CFC en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron -a favor de la fusión- que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, de Carlos Slim.
Curiosamente ambos también votaron contra la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011.
En junio pasado Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés votaron a favor de que Pérez Motta se recusara en el caso de la multa a Telcel, porque declaraciones suyas en medios electrónicos ponían en duda su imparcialidad.
El voto del quinto comisionado, Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba contra la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no se iba a combatir a un gigante como Telmex-Telcel con la creación de otro, formado por las dos televisoras dominantes.
Al igual que los otros cuatro comisionados, Flores Bernés fue objeto de intensas presiones, tanto de las televisoras implicadas en la fusión como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para "combatir al monstruo" Telcel-Telmex.
Según testimonios recabados por Proceso, el punto medular de la deliberación interna del organismo se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara 100% de Grupo Iusacell y se eliminara el "incentivo para prácticas monopólicas" en materia de televisión abierta, donde ambos grupos controlan 95% de las frecuencias concesionadas, más de 65% de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en televisión abierta y restringida.
Otro escenario planteado por uno de los comisionados fue que sólo se aceptaría la fusión si Grupo Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión nacional abierta (Canal 2, Canal 5 o Canal 9) y se regularan el must offer y el must carry, en los términos planteados por otras empresas de televisión restringida, como MVS, accionista de Grupo Dish, que ha criticado duramente a Televisa y a TV Azteca por negarle el acceso a sus canales de televisión abierta y por bloquear la contratación de publicidad en Canal 2 o Canal 13.
Tras una larga deliberación la fusión se rechazó por tres votos contra dos. Se acordó que no se daría a conocer la decisión hasta que se les notificara a los entes regulados; es decir, hasta completar el proceso de notificación de la resolución, en especial a Grupo GSF Telecom Holdings, controladora de Grupo Iusacell, ubicado en Montes Urales 460, en el Distrito Federal.
El comunicado emitido por la CFC la noche del pasado 24 de enero se limitó a informar: "El pleno resolvió hoy sobre la concentración Televisa-Iusacell, a la que corresponde el expediente CNT-031-2011".
El mismo boletín advirtió que por mandato del último párrafo del artículo 31-bis de la Ley Federal de Competencia, reformada recientemente por el Congreso, "la CFC y sus comisionados están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados".
Se trató de evitar un escenario similar al de la multa a Telcel, que derivó en un largo litigio de la empresa de Carlos Slim contra Pérez Motta por haber ventilado públicamente su posición sobre este tema, en pleno proceso jurídico.
"Ganar tiempo"
A pesar del hermetismo de los comisionados de la CFC, pronto se filtraron distintas versiones en torno al sentido del voto. El Universal publicó el 25 de enero, como nota principal, que la fusión había sido rechazada por tres votos contra dos. Ese mismo día, la edición online de The Wall Street Journal citó a "un alto ejecutivo" de Televisa afirmando que el organismo regulador rechazó la solicitud de concentración.
Para los inversionistas de la televisora y, en especial, para De Angoitia, principal artífice de esta operación, ventilar la negativa tenía como objetivo aminorar el impacto negativo en el Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado bursátil estadunidense, donde cotiza el consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Las acciones de Televisa disminuyeron 8% esa semana y registraron una baja de poco más de 3.4% el miércoles 1, cuando se confirmó el rechazo a la solicitud de concentración.
Apenas el pasado 20 de enero, seguro de que iba a ser aprobada la concentración, Grupo Televisa cubrió la totalidad de los mil 602.5 millones de dólares acordados para la compra de acciones de Iusacell, según el reporte enviado por la empresa a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
El reporte del consorcio televisivo informó: "En relación con esta inversión, Grupo Televisa hizo pagos en efectivo durante el segundo y tercer trimestres de 2011 por un monto total de mil 152.5 millones de dólares (13 mil 528 millones de pesos), y en octubre de 2011, por un monto de 450 millones de dólares (6 mil 249 millones de pesos)".
La negociación original fue reconocida por Televisa y Grupo Iusacell en abril de 2011, a pesar de que la negaron airadamente cuando el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, autor de Plaza Pública, la dio a conocer el 23 de enero de ese año.
Desde ese momento el punto medular para ambos consorcios fue ganar tiempo, de tal manera que la autorización de esta operación se acercara a 2012, año de la sucesión presidencial en México, y pudieran hacer valer su capacidad de presión, advirtieron analistas financieros consultados por este semanario.
Grupo Televisa y Grupo Iusacell no notificaron de inmediato a la CFC, entidad reguladora que por ley debe autorizar este tipo de operaciones. A pesar de eso, desde abril de 2011 las compañías ya habían informado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la SEC de Estados unidos.
El 6 de abril de 2011 The Wall Street Journal publicó que Televisa "compraría 50% de Iusacell". Citando a círculos financieros, el periódico especializado, señaló que la operación implicaría "la compra de una parte, o la totalidad, de la deuda restructurada de Iusacell, por parte del empresario regiomontano David Martínez y su fondo de inversión Fintech".
Martínez fue adquiriendo deuda de Iusacell en los mercados bursátiles hasta hacerse propietario de 98% del papel de la emisión 2011, de 92% de la de 2012 y de 76% de la correspondiente a 2013.
Este enigmático inversionista vive entre Nueva York y Londres, y mantiene una rivalidad financiera muy fuerte con los ejecutivos de Televisa, en especial con De Angoitia. En un principio fue el principal apoyo para la demanda interpuesta por Paula Cussi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien acusó a Azcárraga Jean de incumplimiento en el reparto de la sexta parte de la herencia de su padre.
Televisa vio la oportunidad de que Martínez no se hiciera del control de la cuarta compañía de telefonía celular en México y le compró la deuda de Iusacell en poco más de mil 600 millones de dólares.
Apenas unos meses antes Televisa negoció con Grupo Nextel la inversión de mil 440 millones de dólares para adquirir 30% de la compañía, una vez que tuviera los títulos de concesión del bloque de 30 Mhz, de la banda de 1.7Ghz, en la polémica Licitación 21. Finalmente Televisa abandonó la sociedad con Nextel y comenzó su negociación en secreto con Grupo Iusacell.
Ante la negativa de la CFC, Iusacell y Televisa buscan ganar tiempo, en función de las elecciones de este año. Tienen 30 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración ante el organismo regulador y éste, a su vez, dispondrá de 60 días hábiles para considerar los argumentos que le presenten ambas partes.
El contenido de la resolución se desconoce, hasta ahora, porque el proceso de notificación culminará el martes 7. Si ambos grupos aceptan las condiciones que incluye la resolución de la CFC, la fusión puede ser aprobada en junio de este año o irse a un litigio que se prolongaría más allá de julio próximo.
Tretas
Una de las maniobras para ganar tiempo fue obstaculizar el proceso de notificación de la CFC y presentar a Grupo Iusacell como una "víctima de la arbitrariedad" de elementos de la Policía Federal que apoyaron al personal del organismo regulador.
El 31 de enero, el abogado Fidel Sierra, notificador de la CFC, acudió por primera vez al domicilio de Iusacell, en Montes Urales 460, para entregar un primer citatorio. Los abogados de la empresa de Salinas Pliego, en una triquiñuela jurídica, cambiaron el número exterior del edificio, ahora 409, para negar que ese fuera el domicilio legal.
En paralelo, el director de Cumplimiento Regulatorio de Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, comentó en distintas entrevistas con la prensa que la CFC no había hecho oficial la notificación y que el plazo perentorio seguiría siendo el 7 de febrero. También advirtió que acudirían a instancias judiciales si se rechazaba la alianza.
Ruiz Vega fue integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Después de un largo litigio interno abandonó ese organismo para trabajar al servicio de Ricardo Salinas Pliego. La estrategia de judicializar las resoluciones desfavorables es común en el sector de telecomunicaciones, pero, en especial, Grupo Salinas demanda y litiga prácticamente todo, como sucedió con más de 60 juicios interpuestos contra la Licitación 21.
Para evitar un conflicto en las instalaciones de Iusacell, el miércoles 1 el notificador Fidel Sierra y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de CFC pidieron apoyo a la Policía Federal para realizar el proceso de notificación. En el vestíbulo de las oficinas de Iusacell hubo jaloneos y empujones, pero al final se completó el proceso de notificación.
En su noticiario Hechos, de Canal 13, el reportero Marcos Morales, de Azteca Noticias, hizo una crónica pormenorizada de la llegada de los notificadores, acompañados por fotógrafos que "parecen que los invitaron ex profeso para que tomaran fotos".
La crónica de siete minutos, al estilo de los programas de nota roja de la televisora del Ajusco, relata el episodio como si fuera un acto de agravio de las autoridades a Grupo Iusacell para simular una "trifulca":
"12:12. Hay tensa calma en la recepción, pero las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Sin embargo, en las calles que rodean el edificio de Iusacell se mantiene la presencia de los elementos de la Policía Federal. Una camioneta, incluso, se detiene frente al inmueble en actitud de intimidación.
"A las 13:37 reaparecen el notificador y sus testigos en la recepción. Los fotógrafos esperan del otro lado del umbral y de inmediato lo rodean para captar el momento.
"Los reporteros lo mantienen rodeado y ahora se ve a policías federales armados en escena. Continúa dando declaraciones y dice que ya cumplió con parte de su trabajo. Detrás de él se ve a sus escoltas.
"Y lo de hoy podría repetirse otra vez. Rodeados de los hombres de negro, el verificador vuelve tácitamente a ponerse de acuerdo con la prensa."
El conductor Javier Alatorre editorializó el episodio de esta manera:
"Ya se lo comentábamos. Incomodan, desde luego, mucho las formas en que se llevó a cabo la notificación. Imagínense si esto le ocurre a una empresa del tamaño de Iusacell, ahora piense cuál es el trato que recibiría un ciudadano común, un ciudadano de la calle que, por encima de todo, debe sufrir ante las posturas que monopolizan un sector, tal como lo volvió a demostrar la OCDE."
Hechos dio paso a la nota de la OCDE en que responde a las críticas que Carlos Slim, dueño de Telmex-Telcel, lanzó un día antes contra el informe sobre Revisión de las políticas de telecomunicaciones y regulación en México emitido por el organismo internacional.
Contra la competencia
Durante dos días Grupo Iusacell pagó desplegados de prensa para acusar al periódico Reforma de "esconder" información para favorecer a Telmex-Telcel, de estar "vendido a Carlos Slim" y de "manipular la información" para proteger al magnate.
La empresa que en diciembre de 2002 protagonizó el asalto armado a las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, ahora acusa a autoridades de la CFC de prácticas típicas de las empresas de Salinas Pliego.
El comunicado de Grupo Iusacell afirmó que "revisaremos a detalle la extensa resolución" de la CFC y "haremos llegar a la comisión y/o a la instancia legal competente los argumentos para que se analice a fondo la conversión de las obligaciones de Televisa en acciones de Iusacell".
La empresa de Salinas Pliego cita un párrafo de la resolución, en la página 18, que considera favorable a su interés de fusionarse con Televisa: "Al existir competidores que cuentan con una presencia significativamente mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría efectos favorables sobre la competencia".
Hasta ahora ninguno de los comisionados de CFC ha hecho declaraciones públicas en torno a este caso. El organismo sólo ha señalado que el proceso de notificación "ha sido complejo, pero va por buen camino" y la comisión publicará su decisión "una vez que haya culminado con éxito este proceso".
Dish México, propiedad de MVS, afirmó en un comunicado que la decisión de la CFC "no resuelve los problemas de la alta concentración y prácticas anticompetitivas que se tienen en la industria de la televisión. Por el contrario, mantener el statu quo sólo beneficia al duopolio televisivo".
"Al no autorizar la concentración en Iusacell del duopolio y no haber sometido dicha operación a fuertes condicionantes en los mercados relacionados, se optó por mantener las cosas en el estado que se encuentran, beneficiando a los actores de siempre", argumentó Dish.
La empresa dirigida por Ernesto Vargas subrayó que Televisa y TV Azteca continuarán impidiendo que Dish México se anuncie en sus canales de televisión abierta y "seguirán negándonos sus señales abiertas para incluirlas en nuestra programación e insistirán en sus ventas atadas".
Por su parte, Salomón Padilla, representante legal de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ARTM), organismo que agrupa a empresas de televisión por cable independientes de Televisa, afirmó que falta conocer la versión pública de la CFC y que esta decisión "es una oportunidad para el regulador de enderezar el mercado sin filias ni fobias. Mis respetos al notificador que logró hacer su trabajo".
Desde el 9 de marzo de 2011 la ARTM presentó una queja contra el dominio que tiene Televisa en materia de contenidos de televisión restringida, a través de Cablemás, de TVI y su filial Telum, cuyos accionistas forman parte del Consejo de Administración de PCTV, generando "prácticas monopólicas absolutas y relativas" en el mercado de contenidos, como ocurrió con las ventas forzadas de la transmisión del Mundial de Futbol.
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