Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Los priistas se ríen de Calderón
31 DE ENERO DE 2012
ANÁLISIS
PROCESO.COM.MX
MÉXICO, D.F. (apro).- Después de cinco años de complicidades, y ya en el ocaso de su estéril gestión, no es creíble la acción justiciera de Felipe Calderón contra exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aun contra su correligionario Vicente Fox. Al contrario, los amagos de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente panista, así como los exgobernadores priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrignton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores ratifican el uso faccioso que ha hecho Calderón de la procuración de justicia, de suyo tan desacreditada en México. La tentativa de proceder contra los exgobernadores de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha sometido a las instituciones –incluidas las federales y el Ejército mismo–, da la impresión no de ser una cruzada auténtica contra quienes se han coludido con la delincuencia, sino una señal para la negociación o un mero “estate quieto”.
Un ejemplo de cómo procede Calderón en asuntos de justicia es Coahuila: El senador Federico Döring hizo una acuciosa investigación sobre el manejo y el destino de la deuda de más de 34 mil millones de pesos del exgobernador Humberto Moreira, defenestrado presidente del PRI, y ordenó entregarle toda la información a su compadre, el también senador Guillermo Anaya Llamas. ¿Por qué razón tomó esta decisión? Ni el mismo Döring lo sabe. El caso es que Anaya fue el que, el 10 de enero, presentó ante la PGR una segunda denuncia contra Moreira, cuando ni siquiera hay avances de la primera y, más bien, lo que se presume es únicamente someter al actual gobernador, Rubén Moreira, justamente el hermano, para sólo neutralizarlo electoralmente.
Ese parece ser, también, el objetivo de difundir el decomiso de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz en un avión que aterrizó en Toluca, Estado de México, el fin de semana, y que supuestamente sería para pagar espectáculos de esa entidad, aunque la sospecha es que eran parte de la “vaquita” de los gobernadores a Peña Nieto, como si le hiciera falta. El afán de justicia tampoco se aprecia que exista, por ejemplo, en el caso de Eugenio Hernández por la relación tan tersa de ambos durante sus gestiones y, sobre todo, la ayuda que el exgobernador le dio al PAN en las elecciones de 2006, como consta en una conversación de éste con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox, divulgada durante el conflicto poselectoral. Más aún, conforme a lo que panistas prominentes confían bajo condición de anonimato, Calderón sí poseía y posee evidencias sólidas de la colusión de gobernadores y exgobernadores con criminales o de uso ilegal de recursos federales, entre ellos Ulises Ruiz, Ismael Hernández Deras y Mario Marín, pero los tres operaron a su favor en las elecciones de 2006 y no hay modo de que sean castigados.
De hecho, el embate del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra Javier García Ramírez y Alfredo Arango, secretarios de Obras Públicas y de Salud del gobierno de Marín, han sido pactadas con Calderón, pero no llegarán al exgobernador, por la misma razón que los otros: Por haber operado electoralmente por él en 2006. ¿Debe Calderón algo a Yarrington o a Cavazos Lerma? Por lo visto no, pero tampoco se ve cómo pueda llevarlos a juicio y tan es más viable un nuevo ridículo, como en el caso de Jorge Hank Rhon, que Cavazos apareció horas después de darse a conocer la orden de la PGR para no dejar salir del país a los exgobernadores, para retar al gobierno y acusarlo de instrumentar una guerra sucia contra el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto. Con Fox pasa exactamente lo mismo: La ostensible riqueza del expresidente sólo se explica por corrupción, de él, de su mujer o de sus hijastros, pero Calderón no busca hacer justicia, que la habría hecho apenas asaltó el poder, sino amordazar a quien detesta, sobre todo por sus alabanzas a Peña Nieto, de quien es ya colaborador el citado Cerisola.
El riesgo para Calderón es que, si la PGR se pasa un poquito, Fox hable del proceso electoral de 2006 y lo desnude, exactamente igual que los exgobernadores priistas.
No, no hay modo de que Calderón se salga con la suya.
Apuntes
“No está cabrón, está cabronsísimo”, me dijo hoy lunes un cercano colaborador de la precandidasta Josefina Vázquez Mota al advertir que, en la jornada electoral del próximo domingo, se prevé una movilización de la maquinaria electoral de Ernesto Cordero para imponerse. Por eso, los josefinistas crearon una estrategia para proteger el voto, una especie de “cazamapaches azules”, que identifican con Cordero, en una contienda que, si nos atenemos a la historia de adulteración electoral en el PAN –como hace seis años–, se prevé que sea de mapaches contra tejones… En Guanajuato, el empresario Miguel Salim, precandidato panista a alcalde de León, no articula una explicación de por qué, como director del ISSEG, otorgó contratos por 200 millones de pesos para distribución y almacenamiento de medicamentos a una empresa con apenas un mes de constituida y cuyo accionista mayoritario es un humilde chofer. Aduce que es “fuego amigo”, pero este escándalo perfila al menos tráfico de influencias y corrupción.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado
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MÉXICO, D.F. (apro).- Después de cinco años de complicidades, y ya en el ocaso de su estéril gestión, no es creíble la acción justiciera de Felipe Calderón contra exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aun contra su correligionario Vicente Fox. Al contrario, los amagos de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente panista, así como los exgobernadores priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrignton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores ratifican el uso faccioso que ha hecho Calderón de la procuración de justicia, de suyo tan desacreditada en México. La tentativa de proceder contra los exgobernadores de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha sometido a las instituciones –incluidas las federales y el Ejército mismo–, da la impresión no de ser una cruzada auténtica contra quienes se han coludido con la delincuencia, sino una señal para la negociación o un mero “estate quieto”.
Un ejemplo de cómo procede Calderón en asuntos de justicia es Coahuila: El senador Federico Döring hizo una acuciosa investigación sobre el manejo y el destino de la deuda de más de 34 mil millones de pesos del exgobernador Humberto Moreira, defenestrado presidente del PRI, y ordenó entregarle toda la información a su compadre, el también senador Guillermo Anaya Llamas. ¿Por qué razón tomó esta decisión? Ni el mismo Döring lo sabe. El caso es que Anaya fue el que, el 10 de enero, presentó ante la PGR una segunda denuncia contra Moreira, cuando ni siquiera hay avances de la primera y, más bien, lo que se presume es únicamente someter al actual gobernador, Rubén Moreira, justamente el hermano, para sólo neutralizarlo electoralmente.
Ese parece ser, también, el objetivo de difundir el decomiso de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz en un avión que aterrizó en Toluca, Estado de México, el fin de semana, y que supuestamente sería para pagar espectáculos de esa entidad, aunque la sospecha es que eran parte de la “vaquita” de los gobernadores a Peña Nieto, como si le hiciera falta. El afán de justicia tampoco se aprecia que exista, por ejemplo, en el caso de Eugenio Hernández por la relación tan tersa de ambos durante sus gestiones y, sobre todo, la ayuda que el exgobernador le dio al PAN en las elecciones de 2006, como consta en una conversación de éste con Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox, divulgada durante el conflicto poselectoral. Más aún, conforme a lo que panistas prominentes confían bajo condición de anonimato, Calderón sí poseía y posee evidencias sólidas de la colusión de gobernadores y exgobernadores con criminales o de uso ilegal de recursos federales, entre ellos Ulises Ruiz, Ismael Hernández Deras y Mario Marín, pero los tres operaron a su favor en las elecciones de 2006 y no hay modo de que sean castigados.
De hecho, el embate del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra Javier García Ramírez y Alfredo Arango, secretarios de Obras Públicas y de Salud del gobierno de Marín, han sido pactadas con Calderón, pero no llegarán al exgobernador, por la misma razón que los otros: Por haber operado electoralmente por él en 2006. ¿Debe Calderón algo a Yarrington o a Cavazos Lerma? Por lo visto no, pero tampoco se ve cómo pueda llevarlos a juicio y tan es más viable un nuevo ridículo, como en el caso de Jorge Hank Rhon, que Cavazos apareció horas después de darse a conocer la orden de la PGR para no dejar salir del país a los exgobernadores, para retar al gobierno y acusarlo de instrumentar una guerra sucia contra el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto. Con Fox pasa exactamente lo mismo: La ostensible riqueza del expresidente sólo se explica por corrupción, de él, de su mujer o de sus hijastros, pero Calderón no busca hacer justicia, que la habría hecho apenas asaltó el poder, sino amordazar a quien detesta, sobre todo por sus alabanzas a Peña Nieto, de quien es ya colaborador el citado Cerisola.
El riesgo para Calderón es que, si la PGR se pasa un poquito, Fox hable del proceso electoral de 2006 y lo desnude, exactamente igual que los exgobernadores priistas.
No, no hay modo de que Calderón se salga con la suya.
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“No está cabrón, está cabronsísimo”, me dijo hoy lunes un cercano colaborador de la precandidasta Josefina Vázquez Mota al advertir que, en la jornada electoral del próximo domingo, se prevé una movilización de la maquinaria electoral de Ernesto Cordero para imponerse. Por eso, los josefinistas crearon una estrategia para proteger el voto, una especie de “cazamapaches azules”, que identifican con Cordero, en una contienda que, si nos atenemos a la historia de adulteración electoral en el PAN –como hace seis años–, se prevé que sea de mapaches contra tejones… En Guanajuato, el empresario Miguel Salim, precandidato panista a alcalde de León, no articula una explicación de por qué, como director del ISSEG, otorgó contratos por 200 millones de pesos para distribución y almacenamiento de medicamentos a una empresa con apenas un mes de constituida y cuyo accionista mayoritario es un humilde chofer. Aduce que es “fuego amigo”, pero este escándalo perfila al menos tráfico de influencias y corrupción.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado
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