La liberación de los últimos rehenes que permanecían en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvo lugar el lunes pasado en el departamento del Meta –gracias a las incansables gestiones de organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil, encabezados, entre otras personas, por la ex senadora Piedad Córdoba, y a los buenos oficios del gobierno brasileño–, marca un punto de viraje en el conflicto armado de más de medio siglo entre esa organización guerrillera y el gobierno de Bogotá, y puede constituir un punto de partida auspicioso para la consecución de una paz negociada entre ambos bandos.
Al margen de los severos golpes militares sufridos por las FARC en años recientes, es claro que en su dirigencia se ha ido gestando, también de tiempo atrás, la convicción de que era moralmente inviable tomar o mantener prisioneros con fines de obtención de rescate monetario o como moneda de cambio para lograr la excarcelación de guerrilleros presos en manos del régimen. Incluso por lo que se refiere a los militares y policías retenidos durante años en los campamentos insurgentes, resultaba ya insostenible considerarlos prisioneros de guerra.
Esta convicción parece haber estado ya presente desde el gobierno anterior, encabezado por Álvaro Uribe Vélez, pero hay pruebas de que éste obstaculizó hasta donde le fue posible la liberación de los cautivos: a fin de cuentas, a Uribe le resultaba muy conveniente en términos propagandísticos la imagen de un grupo de secuestradores irredentos, y en ese afán saboteó varias operaciones de liberación.
Bastó, en cambio, con que la presidencia de Juan Manuel Santos estableciera condiciones mínimas de seguridad para los insurgentes y para los propios cautivos para que los últimos prisioneros de las FARC pudieran volver a sus hogares. Sin embargo, no faltaron las provocaciones surgidas del propio aparato gubernamental, como la intensificación de los bombardeos aéreos previos en la zona prevista para la liberación.
En términos políticos, a pesar de los intentos de la presidencia por atribuirse el crédito de la puesta en libertad de los últimos 10 cautivos en poder de las FARC, es claro que éstas ponen la pelota en la cancha gubernamental, en la medida en que despejan un grave obstáculo para el inicio de un proceso sólido de paz. Ninguna de las partes, en lo sucesivo, podrán ignorar a las organizaciones sociales que hicieron posible la liberación del lunes.
Desde luego, el camino a la desactivación del añejo conflicto no será fácil ni terso. Para avanzar en él es necesario, por ejemplo, que las autoridades pongan fin a la impunidad con la que hasta la fecha actúan los grupos paramilitares y ofrezcan garantías creíbles para una desmovilización guerrillera que no desemboque, como ha ocurrido en procesos anteriores, en la cacería y el exterminio de ex guerrilleros desarmados. Asimismo, resultará imprescindible la voluntad política para poner sobre una futura mesa de negociaciones los temas de la reforma social que se requiere en Colombia, particularmente en el campo, y el castigo para los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en el curso de la confrontación.
Con todo y las dificultades, lo ocurrido el lunes en algún lugar del Meta constituye un paso positivo, no sólo porque conlleva el fin del purgatorio de 10 seres humanos y de sus familias, sino porque permite vislumbrar, por primera vez en mucho tiempo, un final para el conflicto armado.
lajornada.unam.mx
kikka-roja.blogspot.com
Al margen de los severos golpes militares sufridos por las FARC en años recientes, es claro que en su dirigencia se ha ido gestando, también de tiempo atrás, la convicción de que era moralmente inviable tomar o mantener prisioneros con fines de obtención de rescate monetario o como moneda de cambio para lograr la excarcelación de guerrilleros presos en manos del régimen. Incluso por lo que se refiere a los militares y policías retenidos durante años en los campamentos insurgentes, resultaba ya insostenible considerarlos prisioneros de guerra.
Esta convicción parece haber estado ya presente desde el gobierno anterior, encabezado por Álvaro Uribe Vélez, pero hay pruebas de que éste obstaculizó hasta donde le fue posible la liberación de los cautivos: a fin de cuentas, a Uribe le resultaba muy conveniente en términos propagandísticos la imagen de un grupo de secuestradores irredentos, y en ese afán saboteó varias operaciones de liberación.
Bastó, en cambio, con que la presidencia de Juan Manuel Santos estableciera condiciones mínimas de seguridad para los insurgentes y para los propios cautivos para que los últimos prisioneros de las FARC pudieran volver a sus hogares. Sin embargo, no faltaron las provocaciones surgidas del propio aparato gubernamental, como la intensificación de los bombardeos aéreos previos en la zona prevista para la liberación.
En términos políticos, a pesar de los intentos de la presidencia por atribuirse el crédito de la puesta en libertad de los últimos 10 cautivos en poder de las FARC, es claro que éstas ponen la pelota en la cancha gubernamental, en la medida en que despejan un grave obstáculo para el inicio de un proceso sólido de paz. Ninguna de las partes, en lo sucesivo, podrán ignorar a las organizaciones sociales que hicieron posible la liberación del lunes.
Desde luego, el camino a la desactivación del añejo conflicto no será fácil ni terso. Para avanzar en él es necesario, por ejemplo, que las autoridades pongan fin a la impunidad con la que hasta la fecha actúan los grupos paramilitares y ofrezcan garantías creíbles para una desmovilización guerrillera que no desemboque, como ha ocurrido en procesos anteriores, en la cacería y el exterminio de ex guerrilleros desarmados. Asimismo, resultará imprescindible la voluntad política para poner sobre una futura mesa de negociaciones los temas de la reforma social que se requiere en Colombia, particularmente en el campo, y el castigo para los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en el curso de la confrontación.
Con todo y las dificultades, lo ocurrido el lunes en algún lugar del Meta constituye un paso positivo, no sólo porque conlleva el fin del purgatorio de 10 seres humanos y de sus familias, sino porque permite vislumbrar, por primera vez en mucho tiempo, un final para el conflicto armado.
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