JORGE CARRASCO ARAIZAGA
2012-04-14 19:51:26
JUSTICIA
El llamado caso Wallace está vedado para la prensa en los tribunales. El guardián que impide a los periodistas acercarse a las audiencias de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda es Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal.
El llamado caso Wallace está vedado para la prensa en los tribunales. El guardián que impide a los periodistas acercarse a las audiencias de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda es Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal.
Reporteras mexicanas y extranjeras que recientemente han acudido al Juzgado 16 de Distrito de Procedimientos Penales Federales, en el Reclusorio Norte, para testimoniar el desahogo de audiencias, aseguran que han sido sacadas bajo amenazas o impedidas de ingresar a instancias del hermano de la señora Wallace.
Roberto Miranda, quien siempre está al lado de ella, asiste a los tribunales como coadyuvante del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el caso de su sobrino.
Los acusados por Wallace alegan haber sido torturados y amenazados para declararse culpables de la desaparición de Hugo Alberto en julio de 2005 (Proceso 1842). Los familiares de los procesados dicen que el seguimiento de las audiencias ha sido complicado incluso para ellos, debido a que los detenidos han sido enviados a distintos penales federales y cambiados en varias ocasiones.
Invitada por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz –acusada por la señora Wallace de haber participado en la desaparición de su hijo–, la reportera de la revista electrónica Reporte Índigo Anabel Hernández acudió el 24 de febrero de este año al juzgado para presenciar la audiencia pública en la que iban a declarar la propia Brenda y Jacobo Tagle, otro de los acusados.
“El señor Roberto se puso a observarme, como si me conociera o quisiera reconocerme. Entraba y salía de la sala de la audiencia. De pronto pidió que se suspendiera todo y pidió al secretario de acuerdos –que fungía como juez– que se pidieran los nombres de las personas que acabábamos de entrar a la sala”, cuenta Hernández en entrevista.
Preguntó el secretario: ¿Su nombre?
–Anabel Hernández.
–¿Con quién viene?
–Con la señora Enriqueta Cruz.
Siguió la audiencia y de nueva cuenta, después de entrar y salir de la sala, Roberto Miranda ordenó que se suspendiera la sesión hasta que la periodista abandonara el lugar.
El secretario de acuerdos, Miguel Ángel Zúñiga, le preguntó: ¿es usted periodista?
–Sí, señor. Vengo como ciudadana acompañando a la señora Enriqueta Cruz, que fue así como me presenté para poder ingresar.
Hernández asegura que Roberto Miranda tenía el control del juzgado. “Decía qué escribir, qué no escribir; le ordenaba al Ministerio Público de la SIEDO, al Ministerio Público de la PGR adscrito al juzgado, al secretario de acuerdos e incluso le dictaba directamente a la asistente encargada de capturar todo lo que ocurre en el acta”.
Afirma que en un intento por distorsionar lo que pasaba, Roberto Miranda le dijo a la capturista que la reportera había entrado con engaños. “Le ordenó al secretario de acuerdos que escribiera que yo estaba engañando a la autoridad”. Así lo iba a asentar la capturista, pero por insistencia de Hernández el secretario de acuerdos tuvo que leer lo que se estaba escribiendo.
Pero cuando acabó de leer, el funcionario le pidió que se saliera de la sala. “Roberto Miranda, ya bastante alterado, insistía en que tenía que irme. ‘¡Sáquenla!’, ordenó”, refiere la reportera.
“El Ministerio Público de la SIEDO adscrito al caso, Osvaldo Jiménez Juárez, bastante prepotente, de manera intimidatoria me amenazó. Me dijo que si yo no me iba de ahí me iba a levantar una denuncia penal”, añade.
Ante la resistencia de la periodista, Miranda exigió que se llamara a la fuerza pública. Llegaron un hombre y una mujer del aparato de seguridad del juzgado. El hombre la tomó del brazo y le dijo: “Po favor, tiene que retirarse”.
La reportera tuvo que salir. “Ni siquiera me sacaron de la sala del juzgado. En todo caso era donde mi presencia, supuestamente, era indebida, lo cual es falso. Me sacaron del edificio”.
En el acta de la audiencia quedó asentado que la sacaron del lugar por ser reportera: “Dicha persona es periodista, por lo que al no acreditar su interés jurídico se le pide que se retire”, dice el acta de la audiencia testimonial dentro de la causa penal 35/2006-II.
Contrariamente al caso de diligencias en las que la señora Wallace ha llevado a la prensa, el secretario en funciones de juez, Porfirio Huitrón Vázquez, le dijo a la mamá de Brenda Quevedo que “para salvaguardar la confidencialidad de la información relacionada con la causa penal”, el acceso a los periodistas debe ser controlado por el CJF, según se estableció en el acta.
Tres días después, el 27 de febrero, la reportera levantó un acta circunstanciada ante el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH).
Al siguiente día, la buscó Samuel González Ruiz, asesor de la señora Wallace. Fue él quien en la conferencia de prensa de la presidenta de Alto al Secuestro, el martes 10 de abril, la midió para desacreditar la ficha signalética publicada por Proceso (1849) sobre el ingreso de Wallace al Reclusorio Norte en julio de 1998.
“Me llamó Samuel González para pedirme que nos reuniéramos. Me dijo que la señora Wallace decía que si yo tenía alguna duda sobre el expediente de su hijo, se la tenía que preguntar a ella. Como si fuera una orden.”
De acuerdo con la periodista, cuando se encontró con González éste le estuvo “tratando de explicar, como si quisiera justificar las acciones de la señora Wallace y tratando de decir que la señora Wallace es un mal necesario”.
–¿Así lo dijo?
–Dijo que es un mal necesario porque es un equilibrio para otros poderes. Eso fue lo que me dijo y me insistió en que me reuniera con ella, que ella quería reunirse conmigo.
Continúa: “Ante mi negativa a reunirme con la señora Wallace, Samuel González me dijo que él no era mensajero de advertencia, pero que sería bueno que me reuniera con ella”.
–¿Utilizó ese lenguaje?
–Sí, no soy mensajero de advertencia. Le dije: más te vale, Samuel, que esto no sea una advertencia. Me llaman para presionarme y ni siquiera me han pedido una disculpa.
–Te la ofrezco yo, Anabel.
–No, pero si tú ni siquiera estabas en la sala de la audiencia.
–Por favor, acéptamela a mí. Prometo que voy a hablar con ella para tratar de arreglar las cosas.
Le dije que no había nada que arreglar, que mi postura es clara y transparente y está reflejada en mi queja ante la CNDH.
Francesas bloqueadas
El 29 de marzo, la obstrucción en el juzgado fue contra las periodistas francesas Leonore Mahieux y Anne Vigna, quienes han investigado el caso Florence Cassez para diversos medios de Francia.
Pasado el mediodía, esperaban ingresar al tribunal para estar presentes en una audiencia de Brenda Quevedo.
“El hermano de la señora Miranda de Wallace nos vio y al reconocernos le dio indicaciones al secretario de acuerdos, quien se dirigió hacia nosotras y nos dijo que no podíamos presenciar la audiencia”, relata Leonore Mahieux en un acta circunstanciada levantada el martes 3 ante la CNDH.
Las periodistas preguntaron al funcionario judicial –al que no identifican porque se negó a identificarse– por qué no podían entrar: “Porque son periodistas y porque su intención es politizar más el caso Florence Cassez”. Le contestaron que eso no tenía nada que ver. “Bueno, son de Francia”, y de nuevo les negó la entrada.
La señora Wallace ha sido una de las principales promotoras de que se mantenga en prisión a la ciudadana francesa, acusada en diciembre de 2005 por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de secuestro de tres personas.
Entonces un hombre se instaló en la puerta y les impidió el acceso. “Salió el hermano de la señora Wallace, quien pidió la intervención del personal de seguridad”.
Minutos después llegó un hombre armado. “Nos dice que no podemos entrar porque si las partes no están de acuerdo se va a interrumpir el desarrollo de la audiencia y se va a tener que diferir”, cuenta Mahieux a Proceso.
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kikka-roja.blogspot.com
2012-04-14 19:51:26
JUSTICIA
El llamado caso Wallace está vedado para la prensa en los tribunales. El guardián que impide a los periodistas acercarse a las audiencias de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda es Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, la candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal.
Reporteras mexicanas y extranjeras que recientemente han acudido al Juzgado 16 de Distrito de Procedimientos Penales Federales, en el Reclusorio Norte, para testimoniar el desahogo de audiencias, aseguran que han sido sacadas bajo amenazas o impedidas de ingresar a instancias del hermano de la señora Wallace.
Roberto Miranda, quien siempre está al lado de ella, asiste a los tribunales como coadyuvante del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el caso de su sobrino.
Los acusados por Wallace alegan haber sido torturados y amenazados para declararse culpables de la desaparición de Hugo Alberto en julio de 2005 (Proceso 1842). Los familiares de los procesados dicen que el seguimiento de las audiencias ha sido complicado incluso para ellos, debido a que los detenidos han sido enviados a distintos penales federales y cambiados en varias ocasiones.
Invitada por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz –acusada por la señora Wallace de haber participado en la desaparición de su hijo–, la reportera de la revista electrónica Reporte Índigo Anabel Hernández acudió el 24 de febrero de este año al juzgado para presenciar la audiencia pública en la que iban a declarar la propia Brenda y Jacobo Tagle, otro de los acusados.
“El señor Roberto se puso a observarme, como si me conociera o quisiera reconocerme. Entraba y salía de la sala de la audiencia. De pronto pidió que se suspendiera todo y pidió al secretario de acuerdos –que fungía como juez– que se pidieran los nombres de las personas que acabábamos de entrar a la sala”, cuenta Hernández en entrevista.
Preguntó el secretario: ¿Su nombre?
–Anabel Hernández.
–¿Con quién viene?
–Con la señora Enriqueta Cruz.
Siguió la audiencia y de nueva cuenta, después de entrar y salir de la sala, Roberto Miranda ordenó que se suspendiera la sesión hasta que la periodista abandonara el lugar.
El secretario de acuerdos, Miguel Ángel Zúñiga, le preguntó: ¿es usted periodista?
–Sí, señor. Vengo como ciudadana acompañando a la señora Enriqueta Cruz, que fue así como me presenté para poder ingresar.
Hernández asegura que Roberto Miranda tenía el control del juzgado. “Decía qué escribir, qué no escribir; le ordenaba al Ministerio Público de la SIEDO, al Ministerio Público de la PGR adscrito al juzgado, al secretario de acuerdos e incluso le dictaba directamente a la asistente encargada de capturar todo lo que ocurre en el acta”.
Afirma que en un intento por distorsionar lo que pasaba, Roberto Miranda le dijo a la capturista que la reportera había entrado con engaños. “Le ordenó al secretario de acuerdos que escribiera que yo estaba engañando a la autoridad”. Así lo iba a asentar la capturista, pero por insistencia de Hernández el secretario de acuerdos tuvo que leer lo que se estaba escribiendo.
Pero cuando acabó de leer, el funcionario le pidió que se saliera de la sala. “Roberto Miranda, ya bastante alterado, insistía en que tenía que irme. ‘¡Sáquenla!’, ordenó”, refiere la reportera.
“El Ministerio Público de la SIEDO adscrito al caso, Osvaldo Jiménez Juárez, bastante prepotente, de manera intimidatoria me amenazó. Me dijo que si yo no me iba de ahí me iba a levantar una denuncia penal”, añade.
Ante la resistencia de la periodista, Miranda exigió que se llamara a la fuerza pública. Llegaron un hombre y una mujer del aparato de seguridad del juzgado. El hombre la tomó del brazo y le dijo: “Po favor, tiene que retirarse”.
La reportera tuvo que salir. “Ni siquiera me sacaron de la sala del juzgado. En todo caso era donde mi presencia, supuestamente, era indebida, lo cual es falso. Me sacaron del edificio”.
En el acta de la audiencia quedó asentado que la sacaron del lugar por ser reportera: “Dicha persona es periodista, por lo que al no acreditar su interés jurídico se le pide que se retire”, dice el acta de la audiencia testimonial dentro de la causa penal 35/2006-II.
Contrariamente al caso de diligencias en las que la señora Wallace ha llevado a la prensa, el secretario en funciones de juez, Porfirio Huitrón Vázquez, le dijo a la mamá de Brenda Quevedo que “para salvaguardar la confidencialidad de la información relacionada con la causa penal”, el acceso a los periodistas debe ser controlado por el CJF, según se estableció en el acta.
Tres días después, el 27 de febrero, la reportera levantó un acta circunstanciada ante el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH).
Al siguiente día, la buscó Samuel González Ruiz, asesor de la señora Wallace. Fue él quien en la conferencia de prensa de la presidenta de Alto al Secuestro, el martes 10 de abril, la midió para desacreditar la ficha signalética publicada por Proceso (1849) sobre el ingreso de Wallace al Reclusorio Norte en julio de 1998.
“Me llamó Samuel González para pedirme que nos reuniéramos. Me dijo que la señora Wallace decía que si yo tenía alguna duda sobre el expediente de su hijo, se la tenía que preguntar a ella. Como si fuera una orden.”
De acuerdo con la periodista, cuando se encontró con González éste le estuvo “tratando de explicar, como si quisiera justificar las acciones de la señora Wallace y tratando de decir que la señora Wallace es un mal necesario”.
–¿Así lo dijo?
–Dijo que es un mal necesario porque es un equilibrio para otros poderes. Eso fue lo que me dijo y me insistió en que me reuniera con ella, que ella quería reunirse conmigo.
Continúa: “Ante mi negativa a reunirme con la señora Wallace, Samuel González me dijo que él no era mensajero de advertencia, pero que sería bueno que me reuniera con ella”.
–¿Utilizó ese lenguaje?
–Sí, no soy mensajero de advertencia. Le dije: más te vale, Samuel, que esto no sea una advertencia. Me llaman para presionarme y ni siquiera me han pedido una disculpa.
–Te la ofrezco yo, Anabel.
–No, pero si tú ni siquiera estabas en la sala de la audiencia.
–Por favor, acéptamela a mí. Prometo que voy a hablar con ella para tratar de arreglar las cosas.
Le dije que no había nada que arreglar, que mi postura es clara y transparente y está reflejada en mi queja ante la CNDH.
Francesas bloqueadas
El 29 de marzo, la obstrucción en el juzgado fue contra las periodistas francesas Leonore Mahieux y Anne Vigna, quienes han investigado el caso Florence Cassez para diversos medios de Francia.
Pasado el mediodía, esperaban ingresar al tribunal para estar presentes en una audiencia de Brenda Quevedo.
“El hermano de la señora Miranda de Wallace nos vio y al reconocernos le dio indicaciones al secretario de acuerdos, quien se dirigió hacia nosotras y nos dijo que no podíamos presenciar la audiencia”, relata Leonore Mahieux en un acta circunstanciada levantada el martes 3 ante la CNDH.
Las periodistas preguntaron al funcionario judicial –al que no identifican porque se negó a identificarse– por qué no podían entrar: “Porque son periodistas y porque su intención es politizar más el caso Florence Cassez”. Le contestaron que eso no tenía nada que ver. “Bueno, son de Francia”, y de nuevo les negó la entrada.
La señora Wallace ha sido una de las principales promotoras de que se mantenga en prisión a la ciudadana francesa, acusada en diciembre de 2005 por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de secuestro de tres personas.
Entonces un hombre se instaló en la puerta y les impidió el acceso. “Salió el hermano de la señora Wallace, quien pidió la intervención del personal de seguridad”.
Minutos después llegó un hombre armado. “Nos dice que no podemos entrar porque si las partes no están de acuerdo se va a interrumpir el desarrollo de la audiencia y se va a tener que diferir”, cuenta Mahieux a Proceso.
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