El TEPJF está para garantizar la voluntad popular: Ackerman
Si se comprueban irregularidades en 25% de las casillas, se puede anular la elección
Tras un minucioso análisis sobre la facultad que tienen las autoridades electorales para anular unos comicios, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no duda en afirmar que si el Movimiento Progresista demuestra que hubo irregularidades graves en 25 por ciento de las casillas instaladas el primero de julio, eso automáticamente anula la elección presidencial.
El camino se amplía, de acuerdo con el investigador, cuando se recurre al tema de la violación a principios constitucionales de equidad, legalidad, libertad, autenticidad, como expone en su más reciente libro, Autenticidad y nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia.
Ackerman, en entrevista, defiende que los criterios ya se han aplicado en elecciones estatales o municipales –como ocurrió con los comicios por la gubernatura de Tabasco en 2000, y en diciembre pasado con los de Morelia, a partir de la resolución adoptada en 2008 con la elección municipal de Acapulco, al abrir una nueva causal por violación de principios constitucionales
De manera que, en lugar de buscar pretextos para no actuar, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen la obligación constitucional de hacer todo lo legalmente posible para garantizar que las elecciones sean verdaderamente auténticas y libres.
Luego de año y medio de estudiar los fundamentos jurídicos para la nulidad, el académico sostiene que el TEPJF está para garantizar la verdadera voluntad popular, depurar el proceso, no violentarlo, más si “desde mi punto de vista esta elección fue más sucia que la de 2006, cuando hubo campaña negra, espots de televisión ilegales pagados, intervención muy agresiva del Ejecutivo...
Hoy es diferente, pero más fuerte incluso: está el tema de las encuestas, del sesgo mediático, la ausencia de debates, el rebase del tope de campaña, la compra y coacción del voto, y aquí el tema es la suciedad, insiste y resalta la distribución masiva de las tarjetas Soriana y Monex, por parte del PRI.
–¿Hay posibilidad de anular la elección presidencial?.
–Si el Movimiento Progresista impugna y el tribunal no desestima las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México, respecto de que hubo irregularidades graves en al menos 25 por ciento de las casillas, la elección sí se puede anular”.
–Entonces, se le tiene que dar legitimidad a la elección
–Exacto, demostrar que el proceso electoral fue válido y no solamente rechazar las pruebas que se pueden presentar.
.
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 9 de julio de 2012, p. 9
kikka-roja.blogspot.com
Si se comprueban irregularidades en 25% de las casillas, se puede anular la elección
Tras un minucioso análisis sobre la facultad que tienen las autoridades electorales para anular unos comicios, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no duda en afirmar que si el Movimiento Progresista demuestra que hubo irregularidades graves en 25 por ciento de las casillas instaladas el primero de julio, eso automáticamente anula la elección presidencial.
El camino se amplía, de acuerdo con el investigador, cuando se recurre al tema de la violación a principios constitucionales de equidad, legalidad, libertad, autenticidad, como expone en su más reciente libro, Autenticidad y nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia.
Ackerman, en entrevista, defiende que los criterios ya se han aplicado en elecciones estatales o municipales –como ocurrió con los comicios por la gubernatura de Tabasco en 2000, y en diciembre pasado con los de Morelia, a partir de la resolución adoptada en 2008 con la elección municipal de Acapulco, al abrir una nueva causal por violación de principios constitucionales
De manera que, en lugar de buscar pretextos para no actuar, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen la obligación constitucional de hacer todo lo legalmente posible para garantizar que las elecciones sean verdaderamente auténticas y libres.
Luego de año y medio de estudiar los fundamentos jurídicos para la nulidad, el académico sostiene que el TEPJF está para garantizar la verdadera voluntad popular, depurar el proceso, no violentarlo, más si “desde mi punto de vista esta elección fue más sucia que la de 2006, cuando hubo campaña negra, espots de televisión ilegales pagados, intervención muy agresiva del Ejecutivo...
Hoy es diferente, pero más fuerte incluso: está el tema de las encuestas, del sesgo mediático, la ausencia de debates, el rebase del tope de campaña, la compra y coacción del voto, y aquí el tema es la suciedad, insiste y resalta la distribución masiva de las tarjetas Soriana y Monex, por parte del PRI.
–¿Hay posibilidad de anular la elección presidencial?.
–Si el Movimiento Progresista impugna y el tribunal no desestima las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México, respecto de que hubo irregularidades graves en al menos 25 por ciento de las casillas, la elección sí se puede anular”.
–Entonces, se le tiene que dar legitimidad a la elección
–Exacto, demostrar que el proceso electoral fue válido y no solamente rechazar las pruebas que se pueden presentar.
.
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 9 de julio de 2012, p. 9
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...