Ayotzinapa: salto al abismo John Saxe-Fernández ESTRATEGIA de EE.UU y EPN para REPRIMIR los detenidos son inocentes
Ayotzinapa: salto al abismo
John Saxe-Fernández
Fue un abismo moral y político el que separó la feroz represión y criminalización desplegada por el régimen la noche del 20 de noviembre contra la inmensa y pacífica manifestación que le antecedió minutos antes, “pocas veces vista –si es que alguna vez– en esta ciudad de México” (A. Gilly La Jornada 24/11/14 p.1). Por tratarse de un masivo y arrollador movimiento pluriclasista, multi-cultural, de dimensión nacional y mundial encabezado por el reclamo de los padres de familia exigiendo la aparición con vida de sus 43 hijos, no extraña que coincidiera, en la mañana de ese día, con el anuncio de un préstamo de 350 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que ahora aparece como una operación de rescate del PRI con la mira en las elecciones de 2015, al estar destinado para Prospera, principal palanca asistencialista/electorera al mando de Rosario Robles, que opera como policía social de un régimen que se hunde en Ayotzinapa.
Pese a que días antes ocurrió un incidente policial en Ciudad Universitaria con un estudiante herido de bala, una provocación que anunció más de lo mismo para enfrentar las oleadas de protesta civil y pacífica de la ciudadanía, todavía en la mañana del 20 de noviembre, a ojos del BM y de su principal accionista, el Departamento del Tesoro, el régimen de Peña Nieto (PN) parecía rescatable con una manita de gato y una buena inyección de dólares. A eso vino en persona Jim Yong Kim, presidente del BM: para anunciar el empréstito –que engrosará la deuda del país– ante Peña Nieto, el gobernador del Banco de México y los secretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura, Desarrollo Urbano, Economía, Salud y del Trabajo, todos “country managers” de los programas anti-pobreza y de ajuste estructural del FMI-BM. El coreano les dijo que sería un error estar aquí, en México, y no hacer una reflexión sobre la tragedia de la desaparición de 43 jóvenes, lo que hizo en pocas líneas ante la reacción de más de uno en el presidium, quizá sorprendidos y hasta agradecidos de que no cavilara en torno a las declaraciones de EPN sobre intentos de desestabilización acompañados de la advertencia diazordacista de que podría usar la fuerza, lo que, según comunicado de Amnistía Internacional (AI) “…pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”. Todavía estaban frescas las declaraciones de Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, de que EPN muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática, cuando los principales ejes de esa crítica más la crónica impunidad que padece el país, se acentuaron todavía más por la represión en el Zócalo e inmediaciones. Para sembrar el miedo enviaron a inocentes encapsulados a cárceles lejanas de alta seguridad para terroristas o criminales de alta peligrosidad. La ruta del terrorismo de Estado no es nueva pero desde Ayotzinapa dio un salto al abismo. El autoritarismo se hunde ante la movilización y resistencia civil pacífica, con el mundo –y las redes sociales– atestiguando la criminalidad de Estado que vive el país.
La exigencia de que EPN renuncie y el rechazo a su proyecto de nación se intensificará todavía más, como advirtió un Centro de Derechos Humanos, “de comprobarse que personas vestidas de civil fueron transportadas en vehículos militares y luego aparecieron en actos violentos en el Zócalo y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– como lo muestran fotos en redes sociales”. En ese caso, “…se estaría frente a una estrategia para reprimir la disidencia”…Estaríamos hablando de viejas prácticas para infiltrar al movimiento, generar disturbios y justificar una acción de fuerza del gobierno, pero también es una política para cambiar las agendas: que para la opinión pública, lo sucedido el jueves (20N) sea un choque con la policía, en vez de un ejercicio masivo, pacífico y legítimo de protesta social.
Coda: la prensa de Estados Unidos informó que Washington intensifica la presencia e intervención de sus agencias de seguridad en México. Que el cuerpo de alguaciles opera aquí con uniformes de la Marina de México y con armas locales. The Wall Street Journal (21/11/14) agregó que ese cuerpo envía especialistas en “misiones secretas aprobadas por sus altos cargos…” Analistas del tema dijeron que no está claro quiénes dentro de los dos gobiernos las autorizan…Un oficial de Estados Unidos dijo que los operativos son aprobados en un nivel alto del gobierno mexicano (ibid).
¿Eso es proyecto de nación o de colonia?
jsaxef.blogspot.com
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kikka-roja.blogspot.com
Ayotzinapa: salto al abismo
John Saxe-Fernández
Fue un abismo moral y político el que separó la feroz represión y criminalización desplegada por el régimen la noche del 20 de noviembre contra la inmensa y pacífica manifestación que le antecedió minutos antes, “pocas veces vista –si es que alguna vez– en esta ciudad de México” (A. Gilly La Jornada 24/11/14 p.1). Por tratarse de un masivo y arrollador movimiento pluriclasista, multi-cultural, de dimensión nacional y mundial encabezado por el reclamo de los padres de familia exigiendo la aparición con vida de sus 43 hijos, no extraña que coincidiera, en la mañana de ese día, con el anuncio de un préstamo de 350 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que ahora aparece como una operación de rescate del PRI con la mira en las elecciones de 2015, al estar destinado para Prospera, principal palanca asistencialista/electorera al mando de Rosario Robles, que opera como policía social de un régimen que se hunde en Ayotzinapa.
Pese a que días antes ocurrió un incidente policial en Ciudad Universitaria con un estudiante herido de bala, una provocación que anunció más de lo mismo para enfrentar las oleadas de protesta civil y pacífica de la ciudadanía, todavía en la mañana del 20 de noviembre, a ojos del BM y de su principal accionista, el Departamento del Tesoro, el régimen de Peña Nieto (PN) parecía rescatable con una manita de gato y una buena inyección de dólares. A eso vino en persona Jim Yong Kim, presidente del BM: para anunciar el empréstito –que engrosará la deuda del país– ante Peña Nieto, el gobernador del Banco de México y los secretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura, Desarrollo Urbano, Economía, Salud y del Trabajo, todos “country managers” de los programas anti-pobreza y de ajuste estructural del FMI-BM. El coreano les dijo que sería un error estar aquí, en México, y no hacer una reflexión sobre la tragedia de la desaparición de 43 jóvenes, lo que hizo en pocas líneas ante la reacción de más de uno en el presidium, quizá sorprendidos y hasta agradecidos de que no cavilara en torno a las declaraciones de EPN sobre intentos de desestabilización acompañados de la advertencia diazordacista de que podría usar la fuerza, lo que, según comunicado de Amnistía Internacional (AI) “…pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”. Todavía estaban frescas las declaraciones de Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, de que EPN muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática, cuando los principales ejes de esa crítica más la crónica impunidad que padece el país, se acentuaron todavía más por la represión en el Zócalo e inmediaciones. Para sembrar el miedo enviaron a inocentes encapsulados a cárceles lejanas de alta seguridad para terroristas o criminales de alta peligrosidad. La ruta del terrorismo de Estado no es nueva pero desde Ayotzinapa dio un salto al abismo. El autoritarismo se hunde ante la movilización y resistencia civil pacífica, con el mundo –y las redes sociales– atestiguando la criminalidad de Estado que vive el país.
La exigencia de que EPN renuncie y el rechazo a su proyecto de nación se intensificará todavía más, como advirtió un Centro de Derechos Humanos, “de comprobarse que personas vestidas de civil fueron transportadas en vehículos militares y luego aparecieron en actos violentos en el Zócalo y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– como lo muestran fotos en redes sociales”. En ese caso, “…se estaría frente a una estrategia para reprimir la disidencia”…Estaríamos hablando de viejas prácticas para infiltrar al movimiento, generar disturbios y justificar una acción de fuerza del gobierno, pero también es una política para cambiar las agendas: que para la opinión pública, lo sucedido el jueves (20N) sea un choque con la policía, en vez de un ejercicio masivo, pacífico y legítimo de protesta social.
Coda: la prensa de Estados Unidos informó que Washington intensifica la presencia e intervención de sus agencias de seguridad en México. Que el cuerpo de alguaciles opera aquí con uniformes de la Marina de México y con armas locales. The Wall Street Journal (21/11/14) agregó que ese cuerpo envía especialistas en “misiones secretas aprobadas por sus altos cargos…” Analistas del tema dijeron que no está claro quiénes dentro de los dos gobiernos las autorizan…Un oficial de Estados Unidos dijo que los operativos son aprobados en un nivel alto del gobierno mexicano (ibid).
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