MATAR a CIVILES es politica de estado del PRI y EPN ultraderecha mexicana asesina a sus ciudadanos Tlatlaya confirma que en México existe política de Estado para matar civiles; “la estrategia para un México en paz”.
Edgar Rosas
(04 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El uso de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública sigue siendo le elemento que diversas organizaciones de la sociedad civil ubican como el detonante para que en México se viva un contexto de violaciones graves a los derechos humanos de la población.
En este sentido, casos como el ocurrido en Tlatlaya son señalados como el más claro ejemplo de los resultados que se han obtenido luego de 9 años de la implementación de una política de militarización en la república, en donde los elementos castrenses se han visto involucrados por protagonizar los casos más graves de violaciones a los derechos humanos recientemente.
Para José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), casos como la masacre de Tlatlaya no se tratan de hechos aislados o fortuitos, sino son eventos que se enmarcan en una política de Estado “para abatir personas percibidas o que se dicen ser percibidas como integrantes de la delincuencia organizada”.
Guevara manifestó que esta clase de hechos en donde se ataca a civiles se trata de una práctica sistemática de matar, misma que se encuentra alineada a la política de seguridad vigente que tuvo su origen en la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón.
“El expresidente durante su sexenio declaró que se trataba de una guerra sin cuartel y advirtió que sería una larga batalla contra la delincuencia y que costaría mucho económicamente y en vidas humanas. El eufemismo usado para referirse a la pérdida de vidas humanas fue abatir. Resulta alarmante que en un Estado Constitucional de Derecho se utilice ese término, no sólo por lo que implica su uso en las ordenes generales de operaciones como ya vimos en el caso Tlatlaya sino por sus implicaciones políticas, parece desafiante a la justicia internacional y a la propia inteligencia que el ejecutivo federal presente como logro, o indicador de éxito de su política de seguridad y cito: ‘abatir objetivos relevantes de la delincuencia organizada’”, indicó
En lo referente el director de la CMDPDH señaló que las cifras de asesinatos perpetrados por las fuerzas armadas son el indicativo claro que en México existe una política de Estado para matar. En este sentido expuso que luego de diversas solicitudes de acceso a la información, el organismo que representa pudo dar cuenta que en México en los
últimos años se han registrado 4,263 personas muertas en manos de las fuerzas armadas.
“La CNDH informó que del 1 de diciembre al 30 de octubre de 2014 emitió 57 recomendaciones por privación arbitraria de la vida-ejecución extrajudicial. 52 de ellas fueron por hechos ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón, 1 de ellas que es el caso Tlatlaya en la administración de EPN y 4 de ellas fueron ejecuciones cometidas con anterioridad a diciembre de 2006. Sobre la información solicitada a la Sedena sobre cifras de enfrentamientos esta nos dijo que: respondió a agresiones en contra del personal militar con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, en 3,554 ocasiones. La Sedena informó que en estos enfrentamientos murieron 3,907 agresores, y 60 víctimas ajenas a los hechos. La Marina nos respondió que en 2012 en estos enfrentamientos murieron 17 civiles; en 2013, 44; y en 2014, 92.”, explicó.
Lo anterior, dijo, acredita que en el país “el asesinato forma parte de los medios empleados para alcanzar la política de seguridad, de combate al narcotráfico y de promover un México en paz”.
“Los asesinatos como el caso Tlatlaya forman parte de una política de ejecutar personas de manera sistemática al presentarlas como integrantes de organizaciones criminales, alterar la escena del crimen de manera organizada con otras instituciones del Estado y por la ausencia de investigación, procesamientos y castigos a los responsables”, apuntó.
Guevara hizo mención de algunos comentarios hechos por autoridades en donde se intenta justificar diciendo que lo ocurrido en Tlatlya se trató de un ataque a los elementos castrenses, mismo que los militares repelieron con “un adecuado uso de la fuerza”. Asimismo dijo que no es posible sostener lo anterior ni que se trata de hechos aislados.
“Por la recurrencia o repetición de esta clase de actos no se puede concluir que se trata de hechos accidentales, esporádicos o cometidos por ‘elementos incontrolables’. Por el contrario dicha repetición y la forma coincidente en qué suceden los ataques, excluyen la posibilidad de que sean crímenes comunes, violaciones de DDHH aisladas.
Justamente de ese gran número de casos documentados, se puede inferir lo contrario: las ejecuciones extrajudiciales forman parte de una política de las fuerzas armadas de atacar de manera sistemática a la población civil lo cual constituye crímenes de lesa humanidad”, dijo.
En lo referente aseguró que los altos mandos militares y civiles tienen la capacidad para evitar que sucedan esta clase de hechos, sin embargo optan por no hacer nada. Además dijo que los altos mandos tienen conocimiento de esta clase de crímenes cometido por los subordinados.
“Los altos mandos militares y civiles tienen conocimiento de que crímenes de esta naturaleza se cometen, saben o deben saber que recursos públicos bajo su responsabilidad se destinan para la comisión de los delitos (…) Los más altos mandos tienen la capacidad política y jurídica para prevenir los crímenes y deliberadamente deciden no hacerlo, peor aún, una vez que los subordinados cometen crímenes atroces no denuncian ni aseguran que la instituciones de impartición de justicia hagan su trabajo, por lo general, contribuyen o directamente participan en el ocultamiento de la verdad y el diluir las responsabilidades”, manifestó.
Aunado a lo anterior aseguró que en esta clase de acciones los mandos superiores son los responsables de la manera de actuar de sus subalternos.
“La orden fue abatir delincuentes en horas de oscuridad. No me cabe la menor duda que la Corte Penal Internacional debe anunciar cuanto antes la apertura de un examen preliminar en México para conocer la situación no sólo de las ejecuciones extrajudiciales sino de prácticas sistemáticas como la tortura o las desapariciones forzadas”, indicó
.
kikka-roja.blogspot.com
LO MISMO HACE EL PAN Y EL PARTIDO VERDE. PRI PAN PRD Y PVEM ES LA MISMA MIERDA DE ULTRADERECHA GRINGA.
Edgar Rosas
DESDE VICENTE FOX CALDERON EPN YA VAN 200 MIL MUERTOS
En este sentido, casos como el ocurrido en Tlatlaya son señalados como el más claro ejemplo de los resultados que se han obtenido luego de 9 años de la implementación de una política de militarización en la república, en donde los elementos castrenses se han visto involucrados por protagonizar los casos más graves de violaciones a los derechos humanos recientemente.
Para José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), casos como la masacre de Tlatlaya no se tratan de hechos aislados o fortuitos, sino son eventos que se enmarcan en una política de Estado “para abatir personas percibidas o que se dicen ser percibidas como integrantes de la delincuencia organizada”.
Guevara manifestó que esta clase de hechos en donde se ataca a civiles se trata de una práctica sistemática de matar, misma que se encuentra alineada a la política de seguridad vigente que tuvo su origen en la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón.
“El expresidente durante su sexenio declaró que se trataba de una guerra sin cuartel y advirtió que sería una larga batalla contra la delincuencia y que costaría mucho económicamente y en vidas humanas. El eufemismo usado para referirse a la pérdida de vidas humanas fue abatir. Resulta alarmante que en un Estado Constitucional de Derecho se utilice ese término, no sólo por lo que implica su uso en las ordenes generales de operaciones como ya vimos en el caso Tlatlaya sino por sus implicaciones políticas, parece desafiante a la justicia internacional y a la propia inteligencia que el ejecutivo federal presente como logro, o indicador de éxito de su política de seguridad y cito: ‘abatir objetivos relevantes de la delincuencia organizada’”, indicó
En lo referente el director de la CMDPDH señaló que las cifras de asesinatos perpetrados por las fuerzas armadas son el indicativo claro que en México existe una política de Estado para matar. En este sentido expuso que luego de diversas solicitudes de acceso a la información, el organismo que representa pudo dar cuenta que en México en los
últimos años se han registrado 4,263 personas muertas en manos de las fuerzas armadas.
“La CNDH informó que del 1 de diciembre al 30 de octubre de 2014 emitió 57 recomendaciones por privación arbitraria de la vida-ejecución extrajudicial. 52 de ellas fueron por hechos ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón, 1 de ellas que es el caso Tlatlaya en la administración de EPN y 4 de ellas fueron ejecuciones cometidas con anterioridad a diciembre de 2006. Sobre la información solicitada a la Sedena sobre cifras de enfrentamientos esta nos dijo que: respondió a agresiones en contra del personal militar con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, en 3,554 ocasiones. La Sedena informó que en estos enfrentamientos murieron 3,907 agresores, y 60 víctimas ajenas a los hechos. La Marina nos respondió que en 2012 en estos enfrentamientos murieron 17 civiles; en 2013, 44; y en 2014, 92.”, explicó.
Lo anterior, dijo, acredita que en el país “el asesinato forma parte de los medios empleados para alcanzar la política de seguridad, de combate al narcotráfico y de promover un México en paz”.
“Los asesinatos como el caso Tlatlaya forman parte de una política de ejecutar personas de manera sistemática al presentarlas como integrantes de organizaciones criminales, alterar la escena del crimen de manera organizada con otras instituciones del Estado y por la ausencia de investigación, procesamientos y castigos a los responsables”, apuntó.
Guevara hizo mención de algunos comentarios hechos por autoridades en donde se intenta justificar diciendo que lo ocurrido en Tlatlya se trató de un ataque a los elementos castrenses, mismo que los militares repelieron con “un adecuado uso de la fuerza”. Asimismo dijo que no es posible sostener lo anterior ni que se trata de hechos aislados.
“Por la recurrencia o repetición de esta clase de actos no se puede concluir que se trata de hechos accidentales, esporádicos o cometidos por ‘elementos incontrolables’. Por el contrario dicha repetición y la forma coincidente en qué suceden los ataques, excluyen la posibilidad de que sean crímenes comunes, violaciones de DDHH aisladas.
Justamente de ese gran número de casos documentados, se puede inferir lo contrario: las ejecuciones extrajudiciales forman parte de una política de las fuerzas armadas de atacar de manera sistemática a la población civil lo cual constituye crímenes de lesa humanidad”, dijo.
En lo referente aseguró que los altos mandos militares y civiles tienen la capacidad para evitar que sucedan esta clase de hechos, sin embargo optan por no hacer nada. Además dijo que los altos mandos tienen conocimiento de esta clase de crímenes cometido por los subordinados.
“Los altos mandos militares y civiles tienen conocimiento de que crímenes de esta naturaleza se cometen, saben o deben saber que recursos públicos bajo su responsabilidad se destinan para la comisión de los delitos (…) Los más altos mandos tienen la capacidad política y jurídica para prevenir los crímenes y deliberadamente deciden no hacerlo, peor aún, una vez que los subordinados cometen crímenes atroces no denuncian ni aseguran que la instituciones de impartición de justicia hagan su trabajo, por lo general, contribuyen o directamente participan en el ocultamiento de la verdad y el diluir las responsabilidades”, manifestó.
Aunado a lo anterior aseguró que en esta clase de acciones los mandos superiores son los responsables de la manera de actuar de sus subalternos.
“La orden fue abatir delincuentes en horas de oscuridad. No me cabe la menor duda que la Corte Penal Internacional debe anunciar cuanto antes la apertura de un examen preliminar en México para conocer la situación no sólo de las ejecuciones extrajudiciales sino de prácticas sistemáticas como la tortura o las desapariciones forzadas”, indicó
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