GOLPE DE TIMON: Carmen Aristegui F. / Golpe de timón columna en Reforma
Carmen Aristegui F. / Golpe de timón
En su reciente visita a México el jurista Carlos Castresana le puso el cascabel al gato al hablar sobre el caso Ayotzinapa. Durante una entrevista para CNN, quien fue el primer responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG dijo que sí, que un organismo internacional como ese podía ser solicitado por México para investigar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero. Un vuelco inimaginable para México, hasta hace no mucho tiempo.
La CICIG, un experimento de la ONU, fue creada a petición del gobierno guatemalteco para salir del colapso en su sistema de justicia, después de un prolongado y cruento conflicto interno que costó cerca de 300 mil muertos. Diseñada para intervenir en procesos penales de alto impacto ocurridos en la actualidad y no para delitos del pasado. De la mano de la fiscalía local, abrió una causa penal en contra del ex presidente Otto Pérez Molina y colaboradores por su presunta participación en una red de defraudación aduanera. Antes encarceló al ex presidente Alfonso Portillo y a sus ministros de Defensa y Finanzas por malversación de unos 15 millones de dólares.
La ONU tiene cinco peticiones de países que piden réplica del mecanismo. México tendría que hacer lo mismo, opinó el jurista. La creación de una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, como se prometió, no resuelve el problema. Para que funcione, es indispensable eliminar las interferencias políticas y dotarla de independencia plena.
Guatemala, antes de llegar a sorprender al mundo, vivió un proceso de capacitación y entrenamiento técnico para sus agentes judiciales que ha permitido procesar casos como los anteriores e, incluso, uno contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que fue sentado a comparecer frente a sus víctimas. La conversión de Guatemala por la justicia alienta la participación y el empoderamiento de su sociedad. Se han abierto procesos inimaginables en un país que era considerado como un caso perdido.
Se pudo meter a los malos a la cárcel, que es para lo que se supone están ideadas y pagadas las instituciones de justicia, dijo Castresana. La gente salió a las calles para exigir la renuncia y enjuiciamiento de Pérez Molina. La participación y exigencia social forman parte ya del nuevo escenario guatemalteco.
En México la distancia entre instituciones de justicia y ciudadanos es abismal. La crisis de credibilidad se refleja en casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y casos de corrupción en el alto nivel que no tienen respuesta adecuada. La impunidad ha llegado a límites intolerables. ¿Qué más nos falta ver para darnos cuenta de eso?
Si México -el Presidente y/o el Congreso- diera el paso para solicitar un mecanismo internacional como el de la CICIG, vendría un proceso intenso -más o menos rápido- para seleccionar y entrenar funcionarios; instrumentar controles de confianza y desarrollar mecanismos de acompañamiento con los expertos internacionales.
Castresana recuerda: tuvimos que crear una contraparte. No encontramos policías ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado por estructuras que provenían del conflicto armado, era ineficiente, corrupto o, peor, trabajaba para los malos. La CICIG participó en la selección de policías y fiscales. Los capacitaron y formaron cuerpos sometidos a pruebas, controles y entrenamientos.
El caso Ayotzinapa refleja varios de los vicios estructurales que invadieron al sistema guatemalteco por décadas. No va más oír frases del tipo estamos del mismo lado; o retórica barata. No cabe más poner cara de que no pasa nada ante señalamientos tan graves de los expertos internacionales. Un golpe de timón es el que hace falta.
Señales de colapso institucional son las que están a la vista. Una franja ancha del Estado atraviesa por una profunda crisis de eficacia y credibilidad. No basta con querer enfrentarla, sino saber cómo hay que hacerlo. A los 43 jóvenes desaparecidos se suman miles que nadie parece estar buscando, de no ser los propios familiares.
Para quien dice que resultaría inadmisible que vengan otros a hacer lo que a los mexicanos nos toca, cabe la pregunta: si el Estado mexicano tiene la voluntad y la capacidad técnica para enfrentar una crisis de estas dimensiones, ¿por qué, entonces, no lo ha hecho hasta ahora?
Se requiere dar un paso con efectos cualitativos. Hacer nuestro el planteamiento que Castresana hacía a los guatemaltecos: ...el miedo tiene que cambiar de bando. Los malos que son mil no pueden tener arrodillados a 14 millones, tienen que reaccionar. Esa reacción se ha producido en Guatemala, un país pequeño. ¿Qué ruta deberá seguir un país como el nuestro, habitado por más de 100 millones de personas?
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kikka-roja.blogspot.com
Carmen Aristegui F. / Golpe de timón
En su reciente visita a México el jurista Carlos Castresana le puso el cascabel al gato al hablar sobre el caso Ayotzinapa. Durante una entrevista para CNN, quien fue el primer responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG dijo que sí, que un organismo internacional como ese podía ser solicitado por México para investigar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero. Un vuelco inimaginable para México, hasta hace no mucho tiempo.
La CICIG, un experimento de la ONU, fue creada a petición del gobierno guatemalteco para salir del colapso en su sistema de justicia, después de un prolongado y cruento conflicto interno que costó cerca de 300 mil muertos. Diseñada para intervenir en procesos penales de alto impacto ocurridos en la actualidad y no para delitos del pasado. De la mano de la fiscalía local, abrió una causa penal en contra del ex presidente Otto Pérez Molina y colaboradores por su presunta participación en una red de defraudación aduanera. Antes encarceló al ex presidente Alfonso Portillo y a sus ministros de Defensa y Finanzas por malversación de unos 15 millones de dólares.
La ONU tiene cinco peticiones de países que piden réplica del mecanismo. México tendría que hacer lo mismo, opinó el jurista. La creación de una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, como se prometió, no resuelve el problema. Para que funcione, es indispensable eliminar las interferencias políticas y dotarla de independencia plena.
Guatemala, antes de llegar a sorprender al mundo, vivió un proceso de capacitación y entrenamiento técnico para sus agentes judiciales que ha permitido procesar casos como los anteriores e, incluso, uno contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que fue sentado a comparecer frente a sus víctimas. La conversión de Guatemala por la justicia alienta la participación y el empoderamiento de su sociedad. Se han abierto procesos inimaginables en un país que era considerado como un caso perdido.
Se pudo meter a los malos a la cárcel, que es para lo que se supone están ideadas y pagadas las instituciones de justicia, dijo Castresana. La gente salió a las calles para exigir la renuncia y enjuiciamiento de Pérez Molina. La participación y exigencia social forman parte ya del nuevo escenario guatemalteco.
En México la distancia entre instituciones de justicia y ciudadanos es abismal. La crisis de credibilidad se refleja en casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y casos de corrupción en el alto nivel que no tienen respuesta adecuada. La impunidad ha llegado a límites intolerables. ¿Qué más nos falta ver para darnos cuenta de eso?
Si México -el Presidente y/o el Congreso- diera el paso para solicitar un mecanismo internacional como el de la CICIG, vendría un proceso intenso -más o menos rápido- para seleccionar y entrenar funcionarios; instrumentar controles de confianza y desarrollar mecanismos de acompañamiento con los expertos internacionales.
Castresana recuerda: tuvimos que crear una contraparte. No encontramos policías ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado por estructuras que provenían del conflicto armado, era ineficiente, corrupto o, peor, trabajaba para los malos. La CICIG participó en la selección de policías y fiscales. Los capacitaron y formaron cuerpos sometidos a pruebas, controles y entrenamientos.
El caso Ayotzinapa refleja varios de los vicios estructurales que invadieron al sistema guatemalteco por décadas. No va más oír frases del tipo estamos del mismo lado; o retórica barata. No cabe más poner cara de que no pasa nada ante señalamientos tan graves de los expertos internacionales. Un golpe de timón es el que hace falta.
Señales de colapso institucional son las que están a la vista. Una franja ancha del Estado atraviesa por una profunda crisis de eficacia y credibilidad. No basta con querer enfrentarla, sino saber cómo hay que hacerlo. A los 43 jóvenes desaparecidos se suman miles que nadie parece estar buscando, de no ser los propios familiares.
Para quien dice que resultaría inadmisible que vengan otros a hacer lo que a los mexicanos nos toca, cabe la pregunta: si el Estado mexicano tiene la voluntad y la capacidad técnica para enfrentar una crisis de estas dimensiones, ¿por qué, entonces, no lo ha hecho hasta ahora?
Se requiere dar un paso con efectos cualitativos. Hacer nuestro el planteamiento que Castresana hacía a los guatemaltecos: ...el miedo tiene que cambiar de bando. Los malos que son mil no pueden tener arrodillados a 14 millones, tienen que reaccionar. Esa reacción se ha producido en Guatemala, un país pequeño. ¿Qué ruta deberá seguir un país como el nuestro, habitado por más de 100 millones de personas?
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