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viernes, 24 de julio de 2009

Alcalde de León Vicente Guerreo pierde el habla: mudo por estres

Alcalde de León pierde el habla
El munícipe blanquiazul fue perdiendo progresivamente la capacidad del habla debido a un problema de estrés, por lo que tomará clases para sordomudos.
PINCHURRIENTA PATRAÑA DE ESTE PANISTA RATA, NO HABLA PARA EVITAR DECIR CUANTO SE HA ROBADO, O PORQUE EL MUGRIENTO RELIGIOSO HIPÓCRITA HACE MANDA.
Xóchitl Álvarez/corresponsal El Universal León, Gto. Viernes 24 de julio de 2009

10:16 A menos de tres meses de que concluya la administración del alcalde de León, el panista Vicente Guerrero Reynoso, recibirá clases del lenguaje de "los sordomudos" para comunicarse con los demás, ya que perdió el habla por un problema de estrés. El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres Graciano, descartó que el munícipe vaya a pedir licencia por esa limitación física, pero dijo que sí deberá buscar un mecanismo para establecer comunicación con la gente.

Puede ser esa opción, a señas (como los sordomudos) o buscar otras alternativas como un intérprete, aseveró. "Si el contenido del mensaje es lo que él creó y lo que quiere decir a los leoneses puede ser a señas, puede ser con video o en un voz en off", precisó el líder de Acción Nacional. A partir de enero de 2008, Guerrero Reynoso perdió paulatinamente el habla, sin que sea capaz de articular palabras, y desde hace tres meses el Secretario del Ayuntamiento, Francisco García León hace las veces de su vocero personal, en los eventos públicos a los que asiste. Torres Graciano señaló que alcalde puede escribir perfectamente y su problema de habla no limita su capacidad para gobernar.

El líder le recomendó que escriba sus mensajes para que sean transmitidos en video o con una voz en off, y cuidar que lo que se va expresando sea lo que el alcalde piensa, independientemente de quien lo diga. "Lo lamentable sería que otra persona asumiera la voz, no sólo físicamente, sino también en cuanto al contenido del mensaje", acotó. El secretario del Ayuntamiento, también recomendó al alcalde utilizar el lenguaje de los sordomudos y le dijo que "lo tendrá que emplear", para que se pueda comunicarse con los leoneses.

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LA PUTA IGLESIA CATOLICA: Alertan a mujeres sobre el Chamuco

Alertan a mujeres sobre el Chamuco
Autoridades religiosas pidieron acercarse a la Iglesia para evitar posesiones demoniacas.
Acusan debilidad del sexo femenino ante las posesiones demoniacas.
AHI LES VA SU CHAMUCO, PINCHES CURAS CULEROS.
para que vean bultos y sientan que los queman
MISÓGINOS DE CULO GUANGO ¡¡

Fernando Paniagua/Corresponsal

Querétaro, México (24 julio 2009).- Si eres mujer de entre 18 y 40 años de edad y estás alejada de la vida católica y has visitado alguna vez a una vidente, brujo o chamán, ¡cuidado!, porque cumples con las principales características de las víctimas de posesión demoniaca y podrías necesitar pronto de los servicios de un exorcista. Salvador Espinosa Medina, quien preside la Pastoral de Exorcismo de la Vicaría General de la Diócesis de Querétaro, aseguró que cualquier persona puede enfrentar este tipo de fenómenos, pero que éste se presenta de manera más frecuente en mujeres. "Muchas personas se están alejando de Dios, y en cuanto lo hacen, el demonio aprovecha", sentenció en entrevista. Indicó que en Querétaro tienen registro de casos "verdaderos" de posesión demoniaca, principalmente en los municipios de Querétaro, El Marqués y Huimilpan. "Atendemos entre cinco y ocho casos diarios, no todos de personas poseídas, sino de influencias malignas o que son víctimas de maleficios. "Más o menos podríamos decir que dentro de esos ocho casos, se presentan de uno a tres casos por semana de posesión", señaló. Cualquier persona que sienta o crea estar cerca de alguno de estos casos, refirió, puede acercarse a las parroquias de Nuestra Señora de la Luz, San José Obrero, San Juan del Río, el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, el Seminario Mayor de Hércules, la Capilla de la Divina Providencia, el Santuario de Nuestra Señora del Pueblito, y el Vicario en Huimilpan. Sin embargo, pidió estar muy atento a las señales que se presenten en las víctimas, para no confundir un padecimiento o una conducta anormal con la presencia del "Maligno". "Hay niños que ven bultos o que oyen voces, platican con alguien. Con los niños es muy poco, pero sí se presenta el caso. Reconocemos que una persona está poseída porque los demonios no pueden oír hablar de la Santísima Virgen, y porque cuando se les toca con las sagradas escrituras, sienten que los queman", detalló. "Tenemos oraciones adecuadas para eso y en cuanto nosotros pronunciamos alguna palabra clave, inmediatamente se les empieza a cambiar la cara", alertó.

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Impunidad electoral / Tras la debacle… un nuevo PAN : José Antonio Crespo

24-Jul-2009
Horizonte político
José A. Crespo
Impunidad electoral

Parte de la campaña del PAN consistió en recordarnos la corrupción y la impunidad de los gobiernos priistas, pero, a juzgar por los resultados, muchos votantes ya no creyeron en ese discurso. No porque no hubiera corrupción e impunidad en los años del priismo, sino que eso siguió como si nada en los gobiernos del PAN. De ahí que muchos electores (al menos los cuatro millones que perdió el PAN desde 2006), probablemente se hayan preguntado ahora en qué radica la diferencia entre el PAN y el PRI, en materia de corrupción o impunidad. Eso lo volvemos a ver en el ámbito electoral, pues la PGR decidió exonerar al ex director de la Lotería Nacional (Lotenal), Miguel Ángel Jiménez Godínez, por el intento de comprar favores y espacios para Acción Nacional en Campeche a través del Diario de Yucatán.

Se recordará que los directivos de ese medio denunciaron haber recibido personalmente del director de la Lotenal la oferta de comprar publicidad para que inclinara su línea editorial a favor del candidato blanquiazul a gobernador en Campeche. La pregunta que entonces surgió fue, ¿cuántos de esos ofrecimientos en distintos puntos del país sí fueron aceptados por diversos medios de comunicación que, evidentemente, no hayan denunciado? Pero esa es especulación, mientras que la oferta al Diario de Yucatán no lo fue. Recordemos también que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) no ha sido particularmente eficaz en la aplicación del Código Penal, donde se tipifican diversos delitos en ese ámbito, cuya aprobación en su momento fue anunciada con bombo y platillos, para que ya no se dijera que en México no había modernidad ni legalidad electorales. Una simulación más, según hemos comprobado después, pues difícilmente se hacen valer las sanciones correspondientes, o al menos no a funcionarios públicos y figuras de cierto nivel (a algunos mapaches de bajo rango que hayan sido sorprendidos in fraganti, quizá sí). En principio, el Código Penal estipula la conducta delictiva en que pudo haber incurrido el ex director de la Lotenal. En su artículo 407-III depara sanción de uno a nueve años al funcionarios público que: “Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo… al apoyo de un partido político o de un candidato”. Más claro ni el agua. Bueno, eso para quien quiera aplicar la ley y respetar su espíritu, algo que no abunda en México. En 2006, ante la acusación a algunos funcionarios del gobierno federal (foxista), de haber utilizado bienes públicos para hacer campaña contra Andrés Manuel López Obrador (a través de correos electrónicos enviados desde sus oficinas), la entonces encargada de la Fepade, María de los Ángeles Fromow, para no sancionar a sus colegas del gobierno federal, interpretó que la ley prohibía usar recursos públicos pero en favor de un candidato, no en su contra (original tesis jurídica conocida ahora como la “Doctrina Fromow”).

Volviendo al caso de Jiménez Godínez, la PGR decidió exonerarlo, no a falta de pruebas de la acción ilícita o porque sus denunciantes se hubieran retractado por haber confundido los hechos, en cuyo caso, en efecto, no habría por qué sancionar al funcionario. Pero no fue ese el motivo de su exoneración, sino que el delito en cuestión no se llegó a cometer, justo porque la otra parte del binomio, el periódico al que se le hizo la oferta indecorosa, no la aceptó, y prefirió denunciar la conducta ilícita. Es decir, en la lógica de la PGR, al no haberse cometido el delito, no hay culpa que sancionar. Con esa lógica surrealista, si alguien descubre a un ladrón en su casa y la policía llega a tiempo para impedir el robo y detener a su perpetrador, no habría por qué aplicarle sanción alguna, pues la policía misma se lo hubira impedido. Cualquier sistema legal intenta disuadir a los individuos de incurrir en ciertas conductas antisociales, por lo cual las penaliza incluso cuando éstas resultan fallidas (quizá con algún atenuante). Nuestra normatividad no es la excepción y por ello tipifica también la tentativa de delito. Según el artículo 12 del Código Penal: “Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Ante ello, alguien podría argüir que una cosa es un robo a mano armada y otra muy menor el desvío de fondos públicos para favorecer a algún partido o candidato. Pero, de acuerdo con el Código Penal, los delitos electorales son considerados lo suficientemente graves como para no aceptar la liberación bajo fianza (artículo 413).

Desde luego, la PGR tuvo buen cuidado de anunciar esta exoneración después de los comicios, con el fin de no evidenciar que los gobiernos del PAN, en materia de impunidad, no se distinguen de los priistas (aunque sostengo que ha sido peor con los primeros, pues con el PRI de vez en vez caía algún “pez gordo” y varios medianos, mientras que, con los gobiernos panistas, ni eso). Y, sobre todo, ni hablar de sancionar a un subordinado de Elba Esther Gordillo, como lo es Jiménez Godínez, pues el gobierno parece guardar con ella (y probablemente no sólo con ella) un pacto de estricta impunidad. Claro que eso no impide a la maestra emitir una queja por el uso político que, según denuncia en desplegado público, se ha dado a las escuelas, y que se manda uniformar a los niños con los colores del partido que gobierna en la demarcación respectiva. ¡Qué bueno que a la maestra Gordillo le preocupe el indebido uso político del sistema educativo! Lo que no obsta, desde luego, para que el magisterio opere como eficaz maquinaria electoral al servicio del mejor postor. No hay por qué relacionar una cosa con la otra.

¡Qué bueno que a la maestra Gordillo le preocupe el indebido uso político del sistema educativo!


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22-Jul-2009
Horizonte político
José A. Crespo
Tras la debacle… un nuevo PAN

Aun en los partidos más democráticos, decía Robert Michels, se impone la “ley de hierro de la oligarquía”. En la pugna por la presidencia del PAN, los disidentes internos, excluidos bajo la dirección de Germán Martínez Cázares, han enfrentado un dilema parecido al que se hallaba ese partido frente al PRI en sus tiempos de hegemonía: participar en un proceso con los “dados cargados” o mejor no legitimar la farsa. En más de una ocasión, los blanquiazules se cuestionaron la racionalidad de participar en los comicios, pues, con ello, sin posibilidad alguna de ganar los cargos en disputa (al menos los más importantes), legitimaban un sistema no competitivo de concentración del poder. Si ante ese dilema el PAN continuaba participando, era en parte porque el régimen priista generaba nuevos incentivos para ello, abriendo gradualmente espacios de participación y mejorando las condiciones de competencia. Ese fue el origen de los “diputados de partido” de 1964, ante el fantasma del retiro electoral del PAN, promovido por su entonces presidente nacional Adolfo Christlieb Ibarrola. Si don Adolfo decidió que el partido continuara en la liza electoral, fue por la relativa apertura que ofreció el gobierno priista (misma que se profundizó en 1977, tras haber quedado José López Portillo como candidato único). Tal disyuntiva fue recordada hace poco por Javier Corral, a propósito del movimiento anulista para protestar contra el sistema de partidos. Corral concluía su reflexión afirmando que, para el PAN, siempre fue mejor participar que abstenerse (El Universal, 9/VII/09). Pero ahora la disidencia panista ha decidido no tomar parte en el proceso interno y fomentar un voto nulo entre los consejeros, para así impedir una imposición y forzar una contienda en condiciones más equitativas. Hace año y medio, Manuel Espino, que podía optar por la reelección, y el tabasqueño Gerardo Priego, igualmente se retiraron ante una contienda viciada de origen en la que Germán Martínez Cázares fungió como candidato oficial. Martínez se lamentó de que Espino no compitiera en ese proceso. Quien tiene el cargo asegurado antes de ocurrir la elección, evidentemente desea cualquier competidor que lo legitime.

Por lo visto, en el balance de Los Pinos sobre la reciente debacle electoral no se consideró la variable de la escasa legitimidad de Martínez como dirigente nacional. Ahora se pretende reeditar el proceso de imposición. “Vengo a solicitarles su voto, porque es el deseo del presidente Calderón”, dijo César Nava a algunos consejeros locales. El mismo Nava se retiró de la contienda frente a Martínez, hace año y medio, por instrucción presidencial, según documenta Álvaro Delgado (Proceso, 19/VII/09). Lo urgente para Felipe Calderón es preservar el control del partido, sin importar que en ello se le reste cohesión interna y legitimidad a la nueva dirigencia. “Nadie deberá espantarse si tenemos los mismos resultados en el futuro”, asegura Héctor Larios, uno de los inconformes.

La disidencia panista denuncia la falta de equidad en virtud de que la mayoría del Consejo Nacional son funcionarios del gobierno federal y a partir de ello son sujetos de presión para emitir su voto a favor del candidato oficial: “Es que ya me llamaron de más arriba”, dicen que dicen los consejeros. Al menos, un alto funcionario gubernamental ha expresado su inconformidad de manera abierta: se trata de Manuel Minjares, subsecretario de Gobernación, quien advierte: “Si se elige a un presidente (del PAN) sin discusión, sin competencia y sin debate, y no se ve como una elección… nos estamos pareciendo al PRI… donde hay una línea monolítica, donde todo el mundo acepta y todos o muchos tienen que obedecer a una disciplina sin mayor discusión, reflexión o análisis… La señal que estaríamos mandando a la sociedad y a los panistas es que sencillamente no hemos aprendido la lección” (16/VII/09).

Por cierto, el actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente nacional del PRI, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. El candidato oficial para ese cargo, José Antonio Fernández, enfrentó al disidente Rodolfo Echeverría, quien optó por retirarse antes de la elección misma debido a la evidencia de que los delegados habían sido coercionados desde Los Pinos. Irónicamente, ese formato, que representaba los estertores del PRI como partido oficial, es el que ha decidido adoptar el PAN bajo Calderón (no lo fue con Vicente Fox, cuyo candidato oficial, Carlos Medina Plascencia, perdió la contienda frente a Manuel Espino).

Los disidentes panistas insisten, no sin razón, que primero debe haber una discusión colectiva acerca de los errores y las omisiones del partido, sobre su rumbo, ante el descalabro que supuso el proceso electoral del 5 de julio, por lo que instan a los consejeros a anular su voto para provocar un nuevo proceso en el cual Nava, por dignidad, no se volvería a presentar. “Primero la reflexión y después la elección”, dicen estos panistas, lo que evoca aquello de “primero el programa, después el hombre”, que planteaban los priistas, pretensión que siempre fue fallida, pues siempre primero fue el hombre y sólo después su programa personal. Eso mismo ocurrirá en el PAN con gran probabilidad: primero irá el hombre (de Los Pinos) y luego el programa (también de Los Pinos). A menos, claro, que cristalice la estrategia anulista que obligue a la repetición del proceso bajo condiciones más plurales y equitativas. Me parece, con todo, que César Nava es sumamente representativo del PAN moderno: pragmatismo puro (pero ineficaz), olvido de su histórico compromiso democrático, alianza con el corporativismo tradicional, métodos impositivos y subordinación del partido al Ejecutivo. Las viejas recetas del PRI constituyen el modelo a seguir por el nuevo PAN, tras el descalabro del 5 de julio.

El actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente del PRI, durante la presidencia de Zedillo.

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La pelea estelaaaaaaar: Carstens vs. Ortiz: Marcela Gómez Zalce

La pelea estelaaaaaaar: Carstens vs. Ortiz
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

2009-07-24•Política

• La camorra de Fernando
• Las moratorias que vienen…

Dos razones mueven al hombre, mi estimado, el interés o el miedo. Atractivo cierre de semana con la exhibida de discursos camorreros, ni más ni menos, que del despacho encargado de cuestiones de gobernabilidad, de consensos y de mesura política en aciagos tiempos, donde el partido en el poder (del no poder) y su emocionado capitán tripula el timón del barco de gran calado por peligrosas aguas y con demasiados focos rojos en su tablero.

El lamentable y grotesco reto de Fernando Gómez Mont hacia La Famiglia michoacana develando nuevamente el distintivo sello de la falta de oficio político y la mecha corta presidencial aunados a la desesperación de que la fiesta de las cifras alegres en el (des)gobierno ya terminó, no dejó sino un pésimo sabor de boca entre los que están en la primera línea de fuego en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Las bravuconas palabras escupidas desde Bucareli no sumaron, sino restaron.

Y últimamente son la resta y la división las banderas preferidas por Felipe y su gymboree (con minúsculas) en Los Pinos —ahí está el dedazo en el PAN y sus fantásticas consecuencias–, donde no sólo la visión y el entendimiento sobre la complejidad del futuro inmediato son alarmantes, sino que el calderón hierve preparando el clímax de la próxima crisis (no shit)… que ya es un descomunal secreto a voces que impactará la polémica imagen de este (des)gobierno en un área por demás sensible: la económica.

Y no por las recientes cifras del desempleo y de la pobreza que son inexcusables botones del absoluto fracaso en las políticas de esta caterva de improvisados (pero muy leales) disfuncionales en el poder, sino porque el delicado pleito entre el siempre atinado secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha trascendido importantes esferas financieras y calificadoras que están por mandar otra dosis de zapes que consolidará la volátil caída libre… que dista de tocar fondo.

Así que sírvase su drink (if possible with booze), porque ahí le va.

Para nadie es un secreto que Agustín está hasta la madre de ser el secretario de hacienda de los pinos (todo con minúsculas) y de estar en la lista internacional de la poca (por no decir nula) credibilidad. Y ante el naufragio de sus pronósticos, derivados de una espléndida incontinencia verbal, Carstens ya le anda por darle flit a Guillermo –que goza de mejor international status quo– antes de que termine su gestión. El asunto no es menor, sobre todo en momentos donde la solidez y el blindaje del mentado barco de gran calado no lo cree nadie... fuera de la original burbujita presidencial donde se juega todos los días con la imaginación, la fantasía y la creación de un México distinto a la delicada realidad.

El timing es simpático porque justo ahora comienza el jaloneo legislativo por el paquetón fiscal y el envío de señales al exterior sugiriendo que este (des)gobierno sabrá enfrentar con inteligencia (jajajajaja… perdón) el emocionante tsunami del último trimestre que amaga con ser peligrosamente de vaticinios reservados y… la sucesión en el banco central, yes?

El anuncio sobre el segundo recorte en el gasto por 50 mil millones de pesos va justo en esa frecuencia.

Uno de los problemitas que se detectaron hace meses en poderosos despachos de acreditados analistas, es que la crisis podría orillar a varios estados a declararse en moratorias para hacer frente a sus compromisos, incluidas nóminas, y que será, entre otras cosas, una pésima señal sobre el manejo y la salud de las finanzas. Sobre todo cuando ante menores ingresos tributarios, petroleros, caída en remesas y nulo crecimiento, las participaciones federales hacia distintas entidades entrarán en una fase de sugestiva vorágine…

El presumido equipo económico de Felipe no sólo entra lento, torpe y tarde para paliar efectos de la peligrosa crisis económica (que, of course, vino de fuera y estuvo ausente de la agenda electoral), sino que además se da el frívolo lujo de madrear al titular del BdeM, cuya señal ya llegó, preocupó y ocupó a tiros y troyanos sobre los efectos que tendrán las formas y el fondo de quitar a Ortiz antes de finalizar su mandato, meter con calzador a Carstens –que necesita desfilar por el Senado aunque cuente con la cómplice simpatía de Beltrones– y colocar a… a… ooooootro de los amigos de Calderón para ocupar la maravillosa cartera de Hacienda.

Todo, my friend, en medio del inevitable colapso...

¡Adiós…!
gomezalce@aol.com
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En la luna: Juan Villoro

En la luna
Juan Villoro
24 Jul. 09

Cuando el hombre llegó a la luna, yo tenía 12 años y no sabía silbar. Podía soplar un débil sonido, pero anhelaba el contundente chiflido de los arrieros o los entrenadores de futbol.

En vano ensayé métodos como doblar la lengua o introducir dos dedos en la boca. Envidiaba al repartidor de leche que tenía una novia en un cuarto de azotea. Al llegar a nuestra calle, producía un gorjeo que desembocaba en un lazo musical. Su novia se asomaba a verlo, con el pelo recién lavado. Como ella no sabía silbar, o le daba vergüenza hacerlo, sacaba un espejo y mandaba brillos a la banqueta donde la amaba un hombre rodeado de botellas de leche.

Silbar equivalía entonces a los mensajes de texto que hoy se mandan por teléfono celular. La Colonia del Valle, donde yo vivía, dejaba de ser un sitio de casas bajas para transformarse en la zona con más edificios de la Ciudad de México. Los destinos comenzaban a volverse verticales y el lechero nos había revelado el truco para llamar la atención de una chica que vivía en órbita.

Todo tenía que ver con el espacio. Hablábamos del proyecto espacial Géminis y luego del Apolo. Mi vecina del cuatro le puso Laika a su perra, por la primera cosmonauta canina. En las noches, desde el balcón de mi departamento, buscaba la curva oscura del Ajusco, donde mi primo Ernesto había visto un ovni. Muchas películas tenían que ver con la carrera espacial. Mis amigos y yo apoyábamos a los rusos porque los gringos nos habían quitado la mitad del territorio y mi desmedido tocayo Juan Escutia había muerto luchando contra ellos, envuelto en la bandera nacional.

Como cualquier adicto a la televisión odiaba al espía ruso que se coló a la misión de Perdidos en el espacio (sobre todo, odiaba la voz que lo doblaba), pero estaba convencido de que el protagonista de Mi marciano favorito también era un espía ruso, sólo que muy positivo.

En 1969 la vida tenía sentido porque Los Beatles no se habían separado y John Lennon componía Across the Universe. Un cohete se acercaba a la luna y en el Distrito Federal el suburbio de moda se llamaba Ciudad Satélite. El ambiente se había vuelto cósmico.

Sin embargo, en nuestro mundo sublunar también existían las preocupaciones locales. Mi amigo Carlos y yo nos habíamos enamorado de unas gemelas de ojos color miel que vivían en el Centro Urbano Presidente Alemán, en la esquina de Félix Cuevas y Avenida Coyoacán.

Las conocimos en la tortería Don Polo y sólo pudimos distinguirlas porque Gloria pidió licuado de fresa y Mónica de durazno. Nos cautivó que una fuera el espejo de la otra, atracción esencial para dos amigos inseparables.

Por desgracia, las hermanas tenían severa vigilancia. Era imposible cortejarlas sin que aparecieran dos hermanos nefastos, acompañados de una pandilla de menores de edad que ya fumaban.

Carlos decidió enamorarse de Gloria por una frívola razón: odiaba el durazno, sabor favorito de Mónica. Recordé un episodio de Don Gato y su pandilla que giraba en torno a un hueso de durazno con poderes especiales y no discutí las preferencias de mi amigo.

Para comunicarnos hasta el piso donde ellas vivían diseñamos dos melodías distintas, que hubieran subido como plegarias al cielo en caso de que supiéramos chiflar. La inclemente época de nuevos edificios exigía que los enamorados hablaran como los pájaros.

Carlos era un lector voraz de la revista Duda, bastión esotérico, y juzgaba que las gemelas nos convenían por ser Piscis, signo que se representa duplicado. Además tenía una tía jarocha con fama de vidente. Ella le recomendó una brujería para poder silbar: dejar caer 12 gotas de sangre en un buche de gallo y colocarlo en un pirul para que se "serenara" bajo la luna. Ciertas palabras tienen autoridad propia. El embrujo me pareció serio cuando Carlos pronunció la palabra "serenar".

No nos costó trabajo que nos regalaran dos buches de gallo en una pollería, distinguimos un pirul por las bolitas rojas que colgaban en sus ramas y nos pinchamos el dedo con un alfiler.

Estábamos absortos en esta tarea cuando un amigo llegó en su bicicleta a decirnos que la llegada a la luna se había retrasado porque a uno de los astronautas no le cerraba el traje. Nos dio tiempo de subir al árbol y colocar el emplasto.

Esa noche vimos a Armstrong caminar en la superficie lunar, con los pasos de quien avanza bajo el agua. Un locutor dijo que la era moderna había comenzado.

Ya en mi cama, me pregunté si el hechizo serviría con una nave en la luna.

Al día siguiente Carlos me dijo: "la luna se volvió científica". No hubo magia ni aprendimos a silbar. Las gemelas no oyeron nuestros reclamos. Fracasamos en la misión espacial de tener novias en un cuarto piso.

El pirul donde Carlos y yo depositamos nuestra sangre, la pollería que nos donó los buches y la casa donde vimos el alunizaje han dejado de existir.

La luna sigue igual. Lejana, inconstante, como las niñas que veíamos aparecer y desaparecer en un edificio.

Carlos llamó para decirme: "Hace cuarenta años que no sabemos silbar". Se le ocurrió un nuevo hechizo, pero no voy a probarlo.
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Economía y política: signos ominosos

Economía y política: signos ominosos

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, informó ayer de un recorte al gasto público por 50 mil millones de pesos, adicional a la reducción de 35 mil millones que se había anunciado en mayo. Con esta medida –82 por ciento de la cual se aplicará a gasto corriente–, dijo el funcionario, el gobierno federal pretende enfrentar una disminución de 480 mil millones de pesos con respecto a los ingresos originalmente previstos para este año: 211.5 mil millones menos por ingresos petroleros y 268.6 mil millones por recursos tributarios que dejarán de ingresar a las arcas públicas.

El dato, preocupante por sí mismo, viene acompañado de un conjunto de malos augurios económicos: déficit en la balanza comercial de junio, retroceso de la bolsa a sus niveles de hace un año y el anuncio, formulado por la dependencia que encabeza Carstens, de que la tasa de desempleo aumentará incluso en un escenario de recuperación general de la economía.

Lo dicho ayer por el secretario tiene implicaciones graves porque el gobierno federal sigue siendo –a pesar de más de dos décadas de empeños neoliberales por eliminar la propiedad pública, incluida una gran parte de la industria paraestatal– el mayor actor económico del país, y una reducción del gasto gubernamental se traducirá, necesariamente, en nuevos cierres de empresas y pérdidas adicionales de empleos.

Es inquietante, además, la falta de consistencia en los datos: si el gobierno federal dejará de percibir 480 mil millones de pesos, los recortes que totalizan 85 mil millones no serán suficientes para compensar esa caída. Necesariamente, pues, la administración que encabeza Felipe Calderón habrá de recurrir al endeudamiento para compensar el déficit por 395 mil millones de pesos.

Ciertamente, y al contrario de lo que han predicado durante los últimos cuatro sexenios los funcionarios neoliberales que controlan el manejo económico, el déficit público no es, por sí mismo, una calamidad que deba evitarse a toda costa: manejado en forma responsable puede constituir una valiosa herramienta para financiar inversión social y obra pública y coadyuvar, de esa forma, al desarrollo planificado del país. Lo preocupante, en el caso de México, es la opacidad con la que las presidencias priístas y panistas han administrado los recursos, tanto los procedentes del endeudamiento interno y externo, como los que se originaron en los excedentes petroleros durante el foxismo, y la generalizada sospecha de que buena parte de las cifras que hoy aparecen como deuda pública terminó engrosando fortunas privadas por la vía de la corrupción y los intercambios de favores entre las facetas empresarial y política del grupo gobernante.

En otro sentido, resulta fundamental que los recortes anunciados por Carstens se orienten a la cancelación de los injustificables e indignantes gastos suntuarios y los ingresos inmoralmente elevados que se otorgan las cúpulas institucionales –gobiernos federal, estatales y municipales, las cámaras de Diputados y Senadores y las legislaturas locales, Poder Judicial, organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y otros– y no a la reducción o suspensión de los programas sociales que aún se mantienen en pie y de los presupuestos educativos y de salud. Como se señaló ayer en este espacio, la autoridad federal debe comprender que es impostergable, por razones de prudencia económica, social y política, reorientar las prioridades gubernamentales y proteger de esta crisis a las mayorías depauperadas antes que a los grandes conglomerados empresariales locales y foráneos.
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El fracaso: Luis Javier Garrido

El fracaso
Luis Javier Garrido
El fracaso histórico del gobierno panista de Felipe Calderón ha traído como consecuencia que desde todos los ámbitos se haga una evaluación del actual desastre nacional y, sobre todo, que se analicen las gravísimas derivaciones que entrañaría para México permitir que en los próximos tres años un grupo de ineptos e improvisados cuadros de la ultraderecha mexicana sigan jugando con los destinos del país.

1. La República no tiene ahora para sobrevivir más alternativa que a) exigir al gobierno de facto calderonista que tome en cuenta los resultados de las elecciones y que se vaya, lo que muy difícilmente va a hacer, o b) la de acotarlo con todos los recursos constitucionales y de hecho de los que disponen los mexicanos, para impedirle que siga depredando al país, dilapidando los recursos nacionales y entregando riquezas estratégicas al exterior.

2. En un régimen parlamentario, como el que tiene la mayoría de los países europeos, el problema de un gobierno repudiado tras unas elecciones legislativas de manera tan contundente como acaba de serlo el de Calderón, se soluciona con una práctica institucional muy simple: el jefe de gobierno desaprobado renuncia y se va a su casa, y la mayoría legislativa nombra a uno nuevo que pueda tener la confianza de las mayorías: sin mayores aspavientos. Aquí, sin embargo, Calderón y los representante de los grupúsculos de extrema derecha que con él se apoderaron ilegalmente del poder en 2006, se están aferrando a éste, y a pesar del discurso meloso y poco creíble con el que ahora se dirigen a las otras fuerzas políticas hablando de diálogo y de concertaciones para hacer viable, según ellos, lo que resta del desastroso sexenio, pretenden seguir imponiendo al país por la fuerza las mismas políticas antinacionales y antipopulares que son su obsesión, y que han enriquecido sin límites a unos cuantos grupos, pero empobrecido a las mayorías.

3. Las políticas monetaristas que la nueva clase política fue imponiendo al país desde 1982, y que son las que hay que revertir, supusieron ir en contra del marco constitucional mexicano, ignorando los derechos originarios de la nación sobre sus recursos estratégicos, y haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos en aras de un nuevo modelo económico, el que fueron aplicando sumisos los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox, burlando a la Constitución, y en el que la toma de decisiones se fue desplazando del Estado nacional a las corporaciones trasnacionales y a los centros de poder financiero de Washington, y ahora con el PAN incluso a las agencias del gobierno estadunidense.

4. A este proyecto se agrega lo que sería ahora un punto clave del programa central de las mafias seudoempresariales salinistas y de la ultraderecha ideológica que por el momento arropan a Calderón –las que pretenden haberse apoderado del poder político por varias décadas para usufructuar en su beneficio los recursos de la nación–, y que consiste en lo esencial en utilizar ilegalmente a las fuerzas armadas mexicanas en una supuesta cruzada contra el crimen organizado, para crear un escenario de terror destinado a amedrentar y someter a la población y a los movimientos sociales, a fin de crear las condiciones para acelerar el desmantelamiento del Estado nacional.

5. Estas políticas del capital trasnacional y de los grupos que le sirven en cada país como punta de lanza son las que ahora mismo están tratando de echar abajo, entre otros, a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Fernando Lugo en Paraguay, o de Hugo Chávez en Venezuela, los cuales reivindican los derechos de esas naciones a sus recursos estratégicos; defendiendo el carácter prioritario de los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indios; y anteponiendo la soberanía de los estados nacionales a las pretensiones de las corporaciones multinacionales: exactamente lo contrario de lo que buscan Calderón y los pirrurris panistas.

6. El problema de lo que está aconteciendo en México durante el gobierno actual no puede reducirse, por consiguiente, a la por otra parte notoria y evidente ineptitud y perversidad de los gobernantes actuales, y a la utilización perversa que están haciendo de los recursos públicos –desviándolos de sus objetivos constitucionales para utilizarlos de manera patrimonial–, lo que llevaría a una insuficiencia de las políticas sociales del gobierno, según señala como punto central la evaluación hecha por la UNAM y el CIDE que reprueba a Calderón, y de la que ayer dio cuenta La Jornada.

7. El problema de México no es nada más de insuficiencia de las acciones gubernamentales, sino de políticas públicas equivocadas y perversas, que en vez de buscar el bienestar y la felicidad de los mexicanos están destruyendo a la nación en aras de satisfacer la voracidad de las grandes corporaciones y tratar infructuosamente de consolidar a nivel global un proyecto que es repudiado en todo el orbe.

8. La única vía que tiene México para salir adelante es la opuesta a la que buscan Calderón y los panistas yunquistas que lo acompañan y es la de establecer un régimen de respeto a la legalidad constitucional y que impulse las reformas necesarias para hacer viable una vida democrática en el país y ello supone acotar ya, desde ahora, al hampa panista.

9. La otra vía, y que es la que la extrema derecha en el poder se ha empeñado en abrir a los mexicanos, al violentar y desmantelar la legalidad constitucional, cancelar los derechos sociales e individuales de las mayorías y hacer inviables los procesos electorales y el principio de la representación política, es la de la insurrección popular, que a unos meses de cumplirse los 200 años del comienzo de la Independencia y 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, está cobrando nuevos significados para muchos sectores en el país.

10. Los tiempos que vienen van a ser determinantes en lo que va a ser el México del siglo XXI, pero lo que es cierto es que la mayoría de los mexicanos no quieren que siga siendo este país saqueado por unos cuantos grupos y que millones de mexicanos sobrevivan sin derechos reales en la explotación y la marginación, modelo que el gobierno espurio del PAN se empeña en seguir consolidando.
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jueves, 23 de julio de 2009

EXPERTOS: EL GOBIERNO DE CALDERON ESTA REPROBADO: REFORMA, LA JORNADA

Critican expertos plan antipobreza de calderon
Critican expertos plan antipobreza
Por Daniela Rea reforma.com
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  • Expertos califican con 5.18 los resultados obtenidos en dos años y medio de gobierno
  • Ineficientes, las políticas de Calderón en rubros prioritarios
  • Reprueban el desempeño del Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y democracia
Emir Olivares Alonso LA JORNADA

El gobierno de Felipe Calderón fue reprobado por casi 50 académicos e investigadores de diversas instituciones educativas, quienes le otorgaron una calificación de 5.18, debido a los ineficientes resultados en políticas prioritarias para el país. Al realizar un análisis acerca de la efectividad de los programas gubernamentales y la eficacia de los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, estado de derecho, economía, desarrollo social, política internacional, medio ambiente y desarrollo de la democracia, especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideraron que el Ejecutivo federal no aprobó en su desempeño durante los dos años y medio que lleva de gestión.

La Evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo –en la que se calificaron los resultados obtenidos en relación con las promesas de campaña y el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012– refiere que en el tema de seguridad pública el gobierno federal ha mostrado un matiz policializado, pues considera que la solución está en la policía y hacia ese rubro se canalizan las mayores inversiones, razón por la que se ha descuidado al Ministerio Público. En conferencia de prensa, Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –quien participó en la evaluación–, resaltó que en el tema de seguridad se ha dado prioridad a la atención policiaca y, en paralelo, existe descuido en materia de derechos humanos. El gobierno de Felipe Calderón “tiene una visión unidimensional sobre la seguridad pública. Entiende el problema desde una perspectiva netamente policiaca y, en consecuencia, las políticas públicas al respecto responden a esa lógica. Pero en realidad el tema tiene una dimensión múltiple: existen factores sociales y económicos que inevitablemente inciden e influyen en el fenómeno de la delincuencia organizada, pero han sido descuidados y olvidados desde el punto de vista de la política pública, afirmó.

Débil combate a la pobreza

En lo concerniente a desarrollo social, los expertos consideraron que en dos años y medio la gestión calderonista obtuvo resultados débiles en el combate a la pobreza, debido a la ausencia de criterios de evaluación, operación ineficiente de los programas sociales y falta de una estrategia que los armonice y haga converger. Particularmente en educación, señalaron, alcanza apenas 4.9 de calificación. El Ejecutivo federal centró su estrategia e interés en la evaluación con el propósito de elevar la calidad; sin embargo, esos procesos no han tenido buenos resultados, han sido incompletos y no coinciden con los de organismos internacionales. Asimismo, destacaron que existe un vacío en la política educativa, ya que no se logra retener a muchos jóvenes de entre 15 y 16 años de edad que desertan de las aulas para incorporarse a las áreas laborales.

Acerca de la economía, los especialistas consideraron que la productividad y la competitividad fueron las áreas con más rezagos, sobre todo porque en la promoción del empleo y la paz laboral las propuestas han sido demasiado simplistas y vagas. Las medidas impulsadas por el Ejecutivo para promover el empleo han sido insuficientes y hacen falta políticas públicas focalizadas. Manifestaron que, lejos de fortalecer la prevención en salud, que es eje medular, la administración federal ha desmantelado el sector. Y si bien existe un incremento en la cobertura de salud, la planeación no es suficiente, lo que ha generado deficiencia en la calidad de la atención.

Por otra parte, debido al escaso fortalecimiento de la democracia y a la falta de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal obtuvo calificación reprobatoria en política y desarrollo de la democracia. Los expertos advirtieron que el equipo gubernamental responsable de dialogar con las diferentes fuerzas políticas no es el más adecuado, existe una enorme discrecionalidad en la rendición de cuentas, y la aprobación de las leyes antiaborto en estados gobernados por el PAN pone de manifiesto el predominio de los lineamientos conservadores de un partido político. La mayoría de los expertos que participaron en el panel son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores; entre otros, colaboraron en la evaluación John M. Ackerman, Lorenzo Córdova, Miguel Sarre, Soledad Loaeza, Elena Azaola, José Antonio Caballero Juárez, Miguel Ontiveros Alonso, José Luis Valdés, Gerardo Esquivel Hernández, Fausto Hernández Trillo, María López Barajas, Alejandro Guevara Sanguinés, Cristina Puga Espinosa y María Eugenia Ibarrán.
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Critican expertos plan antipobreza de calderon
Critican expertos plan antipobreza
Por Daniela Rea reforma.com

(18-Jul-2009).-

La reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares evidenció fallas en la política social, ya que la desigualdad no ha tenido modificaciones respecto a hace 6 años, a pesar de que el presupuesto en el rubro aumentó.

El INEGI señala que en 2002 el Coeficiente de Gini -indicador utilizado para medir desigualdad por ingresos- era de .0485 y en el 2008 apenas se redujo a 0.482, ello aunque en el mismo periodo el presupuesto federal para superación de la pobreza aumentó 2.4 veces.

Pasó de 85 mil 600 a 208 mil millones a nivel federal -según el Segundo Informe de Gobierno-, y los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron al pasar de 24 mil a 50 mil millones de pesos.

Es decir, el impacto de la política social no está resultando en un México más igualitario, coincidieron especialistas convocados por REFORMA en el Foro: "Análisis de la ENIGH 2008".

"Lo que se demuestra es la ineficacia para abatir la desigualdad. Si uno ve los niveles antes y después de las transferencias, se ve cómo su contribución a la desigualdad es menor (...) Los programas sociales están siendo muy poco efectivos porque los recursos no siempre están bien focalizados y a veces en lugar de contribuir a abatirla, ayudan a incrementarla o no impactan", manifestó Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México.

Para Alberto Serdán, de Propuesta Cívica, las cifras son una llamada de atención a los gobiernos por los resultados magros en el desarrollo social.

El investigador señala que en el 2008 de los 50 mil millones de pesos de presupuesto, Sedesol destinó a programas focalizados el 96 por ciento.

"Quizá el problema no es la focalización, sino el diseño de los programas. Según un estudio del diseño de los programas realizado por Gesoc, basado en las evaluaciones externas, los que maneja Sedesol directamente sacaron 3.7 en una escala del 1 al 10; los de Salud 6.3 y todos los del gobierno federal 4.9 por ciento. Hay un asunto de diseño y operación y quienes pagan los platos rotos son los pobres", sostuvo.

En su participación Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, citó un estudio elaborado por Enrique Hernández Laos donde sostiene que los programas sociales no tenían efecto para que la población rural dejara la pobreza.

La principal razón para salir de ella era el empleo.

Israel Banegas, del Colegio Mexiquense, coincidió con que el meollo sigue siendo la falta de generación de empleo como parte de la política social.

"El programa estrella Oportunidades nunca tuvo a como su componente principal atacar la desigualdad, sino acabar con la pobreza futura. Entonces, a 11 años, sí podemos decir algo que no cuesta mucho trabajo creer: los primeros graduados de Oportunidades entran a un mercado laboral deprimido. Felicidades, están educados, alimentados, y no hay trabajo", advirtió.

Uno de los puntos que más resaltaron en la ENIGH 2008 es que si bien el ingreso de todos los mexicanos cayó, el impacto fue desigual: el 10 por ciento más pobre perdió el 8 por ciento de su ingreso, el 10 por ciento más rico, el 0.02 por ciento.


Una explicación, de acuerdo con Banegas, podría ser que la encuesta se levantó al inicio de la crisis económica y no reflejó el impacto en las clases medias.

"Los primeros afectados son los pobres, y en segundo término, los siguientes deciles.

"Si hubiera una 'mini Enigh' este año, lo que podríamos ver sería un efecto igualador de crisis".

"Podemos seguir diciendo que vamos por el camino correcto, que la crisis viene desde afuera, podemos decir '¿y yo por qué? Si esa es la actitud, si no se reflexiona sobre lo que se hace bien o mal, los pobres, siempre los pobres, seguirán pagando los platos rotos", alertó Serdán.

Esquivel llamó la atención sobre la importancia de que los resultados de la ENIGH sean estudiados por el gobierno y la academia para proponer reformas a la política social. "Necesitamos más política social y promover la actividad económica, no sólo de transferencias".

Preocupan resultados

Especialistas convocados por REFORMA al foro: "Análisis de la ENIGH 2008" advirtieron que los resultados del sondeo son una llamada de atención a los gobiernos por los magros resultados reportados en el desarrollo social.


Nombre: Alberto Serdán

Experiencia: Investigador de Propuesta Cívica, organización no gubernamental que busca promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Maestro en Políticas Sociales por la Universidad de Londres.



Nombre: Héctor Nájera

Experiencia: Coordinador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

Maestro en economía por el Tecnológico de Monterrey

Ha sido consultor del PNUD.



Nombre: Gerardo Esquivel

Experiencia: Licenciado en economía por la UNAM y doctor en economía por la Universidad de Harvard

Investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Nombre: Israel Banegas

Experiencia: Doctor en sociología y maestro en demografía por El Colegio de México. Maestro en economía por la Universidad de Boston. Investigador del Colegio Mexiquense. Especialista en políticas públicas y combate a la pobreza.

Exhiben desequilibrio

En los últimos años la desigualdad no ha disminuido significativamente a pesar de que el gasto federal para el desarrollo social aumentó 2.4 veces y el de Sedesol se duplicó.

(Coeficiente de Gini)

Sin transferencias Con transferencias
2000 .542 .513
2002 .519 .485
2004 .513 .482
2006 .511 .479
2008 .498 .482


· Según la ENIGH 2008, la desigualdad en México disminuye con las transferencias (subsidios gubernamentales y remesas).

· El Coeficiente de Gini mide del 0 al 1 el nivel de desigualdad de un País (cero es igual a distribución equitativa del ingreso).

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Marcela Gómez Zalce 22 julio 2009

"Sonora, el ife y su monitoreo de 25 mdd"
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

2009-07-22•Política

• El regreso del bodrio electoral
• La espotiza y el gymboree

Ganar una batalla es fácil, mi estimado, asegurar la victoria es lo difícil. Ahora que está por comenzar el sugestivo escándalo sobre la controvertida licitación del ife (con minúsculas) a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que recibió la friolera de 25 millones 745 mil 560.69 USD para dotar de equipos para monitorear la espotiza de 23 millones de anuncios difundidos en la pasada campaña y que resultó ser una simulación, una falsedad, una mentira, o mejor aún, un negociazo para ¿el retirement fund? de algunos consejeros, de un ilustre personaje panista y los personeros pantalla para llevar a cabo este atraco que hubiera pasado desapercibido si no existiera una impugnación del cochinero, el bodrio electoral volverá a ser artículo de moda para pavimentar el camino del reversón o ¿reflexión? legislativa... que está junto con pegado al interés de Televisa y TVAzteca.

Pero despacio y nos amanecemos, así que corra por su drink porque ahí le va. ¿Listo?

Desde hace lunas le comentaba en este irreverente espacio que gracias al Frankenstein de Felipe y su gymboree (ídem) de Los Pinos, la espotiza y el monitoreo serían pilares fundamentales para que los partidos políticos tuvieran las herramientas necesarias para impugnar, de acuerdo al nuevo Cofipe, algún proceso si existieran bases sólidas para argumentarlo y en su caso, revertirlo… o repetirlo. ¿Estamos?

Desde el 25 de mayo le platiqué que en Sonora se detectaron serias anomalías y defectos de transmisión de los anuncios tricolores que traían fallas de origen y donde los pasados de Leonardo, para ser más exactos my friend, pautaron de manera inequilibrada, en perjuicio del PRI, las campañas políticas de Sonora que terminaron beneficiando al PAN —que además con un descomunal cinismo lucró con 48 pequeños féretros donde el respetable sigue esperando (sentado, of course) se le finquen responsabilidades a la acreditada Carla Rochín Nieto y Juan Molinar Horcasitas—, y que ante la documentada queja priista el culebrón terminó en el escritorio de María del Carmen Alanís, titular del tepjf (oootro con minúsculas) que ordenó al ife reponer la espotiza que alcanzó la cifra de 23 mil 630 anuncios omitidos. ¿Me sigue?

Lo primero que debe saber, mi estimado, es que el ife no presentó ninguna prueba de… su presumido (y carísimo) monitoreo para refutarle al PRI en esa plaza las cifras que acreditaban la omisión en el pauteo, con evidente dolo, reconociendo con rapidez inusitada que con la pena, pero habían tenido un “error operativo” (but of the left brain) que tuvieron que arreglar con el reloj en contra, y presionados para utilizar sus propios tiempos en radio y tv para elaborar una pauta complementaria que subsanara la verdad a medias, perdón, la mentira completa. ¿Comprende?

Evidentemente no alcanzó el tiempo para componer el haiga sido como haiga sido del agandalle azul que ya dio sustento jurídico al PRI para presentar una queja, formalizada ayer ante el tribunal local sonorense y esperar el fallo, seguramente impugnarlo, y hacer antesala para que la bolita postelectoral llegue al escritorio de Alanís y sus magistrados… que tienen la obligación de emitir un fallo que contemple la matemática inequidad registrada en la campaña. Cuyo resultado puede ser la anulación de todo el proceso porque un arreglón va a estar más complicadón porque los azules después del 5 en lugar de fichas tienen, mmmm… canicas. ¿Vamos bien?

Sonora vuelve al epicentro mediático, donde el PAN tiene alta posibilidad de perder el último diente (de leche… jajajajajaja, perdón) que le quedó después de que el PRI lo aplastara el pasado 5 de julio originando además la maravillosa terquedad del dedito presidencial para imponer a César Nava… que es lo mejor para la debacle azul rumbo al atractivo proceso del 2010, so Felipe, keep up the good work.

En resumen, nada está dicho en Sonora. Los dardos jurídicos priistas son sólidos, sobre todo cuando se solicite al ife que presente su súper tecnológico y avanzado CD del monitoreo para comparar la espotiza… sobre todo hoy que estos miserables están haciendo un compendio de su monitoreo de reconocido know-how de métodos especializados:

Step one.- Grabaron (lo que pudieron) de todos los canales.

Step two.- Escucharon lo grabado.

Step three.- Anotaron lo que escucharon.

Chingón.

Esto nos costó (de nuestros impuestos) más de 25 millones de… ¡DÓLARES¡

¡¿Así o más claro?!
gomezalce@aol.com
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Pedro Infante en Bucareli

Lydia Cacho
Plan B
23 de julio de 2009

Pedro Infante en Bucareli
EL MACHISMO DE LOS HOMOSEXUALES ¡¡
todos acaban con el pene lleno de caca.
Menos balazos y más valentía para intervenir empresas, congelar cuentas bancarias y llevar a cabo juicios de desafuero a gobernadores y legisladores preciosos que protejan cualquier forma de delincuencia organizada. Eso recomiendan las y los expertos para dar un golpe certero al crimen organizado en México. Si Calderón tiene el documento de cómo hacerlo, ¿por qué no lo hace?

Un alto porcentaje de servidores públicos que de manera directa o indirecta tiene que tomar decisiones sobre la guerra contra el crimen organizado ignora la existencia de la Convención de Mérida, firmada y ratificada en Yucatán desde 2003 por 106 países, entre ellos México.

Nuestro gobierno se comprometió a cumplir este acuerdo, que puntualiza las mejores prácticas internacionales para abatir la corrupción. A raíz de este tratado el gobierno estadounidense aprobó el Plan Mérida, que originalmente no era simplemente una ayuda para la guerra entre soldados y narcos, sino para implementar acciones contra la corrupción que avala, protege y alimenta a los grupos de delincuencia organizada. Para ir a la raíz, no por las ramas.

El especialista Edgardo Buscaglia dijo antier a EL UNIVERSAL que México sólo ha implementado 23% de los acuerdos que establece ese tratado. El gobierno mexicano está arrestando a los gerentes de las empresas criminales, y antes de 24 horas ya tienen suplente.

¿Por qué no congelan todas las cuentas bancarias de los empresarios criminales? ¿Cómo es que logran incautar miles de armas y toneladas de drogas pero no cierran empresas formales que en todos los estados se sabe son operadas por prestanombres de los capos? El secretario de Gobernación, en lugar de retar a los cárteles a la Pedro Infante, debería sacar los listados de las gaseras, maquiladoras y hoteles en los cuales se lava el dinero. ¿Por qué no investigan a los senadores? Sin investigación patrimonial y el combate a la corrupción política, la guerra seguirá siendo un simple espectáculo del terror.
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BRABUCONADAS: GOMEZ MONT SEGOB RETA AL NARCO LA FAMILIA: CARICATURAS : LA TUTA NO ES EL JEFE: LA FAMILIA TIENE SUS REGLAS

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Políticos condenan reto de Segob a “La Familia”
El reto abierto que lanzó el secretario de Gobernación, al grupo criminal generó duras críticas entre legisladores y líderes de diversas fuerzas políticas del país

Video La Tuta no creo que ordenara matar a los 12 policías: sicario

Video La Tuta no creo que ordenara matar a los 12 policías: sicario

´Las instrucciones siempre fueron, cuando llegue la Policía o El Ejército hay que hacerse a un lado; La Tuta tiene un mando arriba, no sé si él haya dado órdenes directas´, revela miembro de La Familia Michoacana

Ricardo Gómez y Andrea Merlos
El Universal
Jueves 23 de julio de 2009
politica@eluniversal.com.mx

El reto abierto que lanzó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al grupo criminal La Familia Michoacana generó duras críticas entre legisladores y líderes de diversas fuerzas políticas del país. Lo acusaron de “bravucón” por empeorar la situación de violencia contra el Ejército y las Policías, mientras él se encuentra seguro en la ciudad de México. Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que no es aceptable el reto porque sólo genera mayor violencia. Incluso Gustavo Madero, coordinador del PAN en el Senado, reconoció que las declaraciones de Gómez Mont pudieron ser “no muy afortunadas” en este momento. Manlio Fabio Beltrones, coordinador priísta, consideró que el Estado no debe dialogar “de ninguna forma” con la delincuencia. El senador perredista Graco Ramírez calificó de un “acto de bravuconería” lo dicho por el funcionario y criticó que así el gobierno pone en riesgo la vida de los militares y de las fuerzas federales. En Michoacán, las declaraciones de Gómez Mont hicieron eco entre los legisladores, quienes las consideraron una provocación peligrosa para ese estado y sus habitantes, pero también a nivel nacional. Wilfrido Lázaro Medina, coordinador de la bancada local del PRI, aseguró que los diputados locales de su partido no comparten ese tipo de actitudes que reflejan un exceso en el uso de la función pública. (Con información de Claudia Bolaños, Jorge Ramos, Juan Arvizu y Azucena Silva, reporteros y corresponsal).
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“No secuestramos ni violamos”, señala pistolero de ese cártel
“La Familia posee sus propias reglas”
Presentan a cuatro sicarios que ultimaron a 12 agentes federales el pasado 13 de julio

2009-07-23•M.P.

Llegada del sicario michoacano al Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa.

A pesar de que La Familia es un grupo “fuera de la ley, estamos organizados y tenemos normas. Servando Gómez, La Tuta, es el encargado de la plaza de Arteaga, pero tiene mandos superiores”, aseguró José Alberto López Barrón, El Gordo, uno de los implicados en la muerte de 12 policías federales, cuyos cadáveres fueron hallados el 13 de julio en el entronque de la Autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-Morelia.

“Entre nuestras normas no está permitido el secuestro ni la violación; nosotros tratamos bien a la gente, porque es la preparación que nos han dado”.

López Barrón detalló que el propio Servando Gómez, La Tuta, da pláticas de superación personal, e identificó a Rafael Cedeño Hernández, El Cede, ahora detenido, como pastor de rehabilitación.

Ante cámaras y micrófonos de medios de comunicación, López Barrón describió cómo funciona la protección de La Tuta, quien debe autorizar cualquier movimiento en la zona. Ahí (en Arteaga) “las autoridades municipales nos respetan y nosotros a ellos”, dijo.

“En cada entrada del pueblo hay vigilantes, y cuando una persona, vehículo o autoridad entra, de inmediato se reporta al mando en el centro del pueblo y ellos checan y autorizan su presencia; si no es nadie que represente un peligro, se le ofrecen disculpas y se le permite que siga su camino.”

Esposado de manos y encadenado de pies, relató que fue detenido cuando salía de una clínica en la que se le atendió de una pancreatitis. Junto con él fueron presentados ayer cuatro sicarios más de La Familia, vinculados al asesinato de los 12 agentes federales.

Rechazó que se le haya encontrado una de las armas de cargo de los policías ejecutados, una pistola 9 mm., cuya matrícula fue cotejada con la base de datos de Plataforma México y se comprobó que pertenecía a uno de los agentes.

El Gordo precisó que a los vigilantes como él les pagan entre 2 mil 500 a 3 mil pesos a la semana y se mantienen armados en sus horas de servicio, ya que la vigilancia es de cinco personas en dos turnos. “Tenemos nuestro cuerno de chivo, AR-15 y una pistola para las acciones de vigilancia”, explicó.

Aseguró que cuando se dio la ejecución de los 12 policías él no se encontraba en el pueblo y afirmó que La Familia tiene presencia en casi todas los municipios michoacanos, principalmente en Morelia, Nueva Italia, Rosales, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

Dijo que La Tuta no necesariamente ordenó el asesinato de los policías, porque hay subalternos que pudieron haberlo hecho. Según reportes de inteligencia, el capo podría estar escondido en la sierra de Guerrero y Michoacán.
México • Ignacio Alzaga y Notimex


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FRAUDE EN PEMEX : CESAR NAVA

Fraude en Pemex
Ana Lilia Pérez CONTRALINEA
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/abril/htm/FraudePemex.htm

En junio y julio de 2005 las revistas Contralínea y Fortuna publicaron la denuncia en donde se acusa de tráfico de influencias y fraude al entonces abogado general de Petróleos Mexicanos, José César Nava Vázquez, quien en aquel mismo año fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública, pero dos años después el “gobierno legítimo” de López Obrador revive el caso.

Entre agosto y octubre de 2003, un grupo de auditores del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex Petroquímica (PP) descubrió un presunto caso de prevaricato en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales Cosoleacaque y Pajaritos.

Los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en PP, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.

Los ex auditores aseguran que por orden de Rosendo Villareal Dávila, el director de Investigaciones de la SFP, Orlando García Viesca, boletinó a quienes participaron en la fiscalización del proceso que comprobó el prevaricato en el millonario pago.

En entrevista, los auditores revelan que la fiscalización a este caso se derivó de la notificación de un empleado de la oficina del abogado genral de Pemex, quien solicitó que revisaran el proceso jurídico.

En agosto de 2003, los auditores al mando de Marco Antonio Díaz, titular de la Unidad de Auditoria, notificaron los resultados de sus investigaciones al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, al subsecretario Rosendo Villareal y a Felipe Barragán.

En el oficio NI-017/03 dirigido a Barragán Alvidrez, los auditores estiman daño patrimonial del convenio celebrado por personal de la oficina del abogado general de Pemex. Destaca también que se violó la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales derivado de los argumentos que utilizó el abogado César Nava al negociar el pago.

Los ex auditores aseguran que antes de que remitieran sus conclusiones sobre el caso, la SFP les ordenó “archivar” el asunto. Así, dicen, fue la SFP la que “enturbió” el caso en lugar de requerir las aclaraciones necesarias o aplicar medidas correctivas.

“Desde el contralor Felipe Barragán, hasta la subsecretaria de Auditoria, María Guadalupe Chequer, y el mismo secretario de la Función Pública, convirtieron el asunto en un proceso potencialmente conflictivo. Había mecanismos legales para desahogar el caso de manera transparente, sin las responsabilidades y el sesgo que le dieron”, señala uno de los auditores.

Al continuar con la indagatoria, Felipe Barragán junto con otro funcionario del OIC, de nombre Juan Carlos Ramos Garibay -quien además estaba sujeto a un proceso de investigación por la misma Unidad de Auditoria-, contrataron a las pasantes de derecho e informática Ariadna Islas Sarabia y María Isabel Ek Hernández para que fabricaran denuncias contra el auditor responsable de la fiscalización, Marco Antonio Díaz, acusándolo de “acoso sexual”. Con este argumento, Barragán lo despidió.

Ante el ministerio público ambas mujeres reconocieron posteriormente que Ramos Garibay las instó a presentar la denuncia. Finalmente la autoridad determinó falsedad de declaraciones de éstas y exoneró a Marco Antonio Díaz, pero Felipe Barragán ya había logrado sacarlo de la Contraloría y Romero Ramos cerró y clasificó como “confidencial” el expediente.

Documentos en poder de Contralínea confirman que Díaz denunció dichas irregularidades así como la remoción indebida del personal ante Romero Ramos en diversas ocasiones, y pese a que Romero se comprometió a “investigar personalmente el caso”, omitió la indagatoria.

Los ex auditores acusan a los ex secretarios Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos de su corresponsabilidad al cerrar la auditoría y clasificarla como “confidencial”, en lugar de instruir al área de Responsabilidades a que abriera las investigaciones correspondientes.

El mismo funcionario que despidió a los auditores, Felipe Barragán Alvidrez, exoneró a los abogados tras determinar que “no había elementos” para fincar responsabilidades.

Al paso de los años, los principales protagonistas del supuesto fraude ascendieron como funcionarios públicos: César Nava Vásquez como secretario privado del presidente Felipe Calderón; el titular de la Unidad Jurídica de PP, Juan Agustín López Huesca, como gerente general de Franquicias de Pemex Refinación, y Rafael Beverido Lomelín, quien avaló el pago, fue ratificado en la Dirección de PPQ.

El expediente

Como publicó Contralínea en junio de 2005, el prevaricato se originó nueve años después del fracasado intento salinista de privatizar a PP. Los abogados de Pemex supieron que podían hacer un jugoso negocio basado en una simple simulación legal, y en el que intentaban sacar de Pemex más de 900 millones de pesos, pero que, finalmente, consiguieron sólo 241 millones.

En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedad anónima de capital variable.

El informe concluyó que aún como SA, las filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la federación, porque todas las acciones las tenía Pemex en sus distintas figuras jurídicas, por lo que el gobierno de Veracruz eximió a PP de todo impuesto derivado del traslado de dominio.

La exención fue notificada por el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, en el oficio No. DGI/DATEF/SU8/000066/97, del 14 de agosto de 1997, dirigido al subdirector de Administración y Finanzas de PP, Mario González Petrikowsky.

Sin embargo, en abril de 2002, el entonces alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex para reclamar los impuestos acumulados desde 1997 que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos (Contralínea 39).

El plan para demandar a Pemex nació en la propia área jurídica de Pemex Petroquímica, dirigida entonces por Juan Agustín López Huesca, quien supuestamente preparó el prevaricato en complicidad con los apoderados legales de las filiales de PP.

El prevaricato

En abril de 2002, sin licitación pública, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete Asociados y Abogados Internacionales, S.C. (constituido apenas dos meses antes de que se le asignara el contrato), propiedad de Jesús Antonio Macías Yazegey, amigo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y quien se desempeñó como tesorero de su campaña y suegro de Javier Duarte, actual subsecretario de Finanzas.

El contrato de servicios para la demanda contra Pemex, cuyo proceso consistió en la presentación de dos notificaciones, un embargo y el posterior cobro, fue pagado, también a cuenta de Pemex, en 44 millones 268 mil 958 pesos. La querella la llevó personalmente Antonio Macías.

En Pemex, López Huesca asignó la defensa a Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al mismo tiempo laboraba en el bufete Orbes, Servicios Legales Internacionales.

Ordaz Moreno ingresó a Pemex por recomendación de Rogelio Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque de PP. Su oficina privada estaba en el mismo inmueble donde despachaba Antonio Macías, el demandante de Pemex. Las dos firmas de abogados compartían la misma papelería y teléfonos.

La defensa de Pemex por parte de Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez y Ernesto Ordaz se limitó a promover el recurso de revocación que de forma premeditada presentó sin firma, por lo que fue rechazado y luego presentado fuera de tiempo, lo que lo invalidó.

Cuando Ernesto Ordaz dejó que Pemex perdiera la posibilidad de responder a la demanda, Antonio Macías solicitó el embargo a Petroquímica para que le pagara más de 900 millones de pesos por concepto de impuestos de los últimos siete años más intereses generados.

Con la notificación de embargo, a los abogados de Pemex se les solicitó designar bienes susceptibles de embargo, pero extrañamente omitieron la solicitud, no designaron los bienes y el día del embargo, el 20 de abril de 2002, se les declaró “en rebeldía”.

Con el argumento de la omisión de los abogados de Pemex, Antonio Macías reclamó que se embargaran las cuentas bancarias, y los bienes de las petroquímicas Morelos y Pajaritos, así como se interviniera la caja.

Rogelio Martínez, ex subordinado de Juan Agustín López Huesca y uno de sus hombres de confianza en el área jurídica, asegura que fue éste quien “facilitó la información para que el ayuntamiento encuadrara jurídicamente el requerimiento a Pemex”. La razón: López Huesca es compadre de Marcelo Montiel, el entonces alcalde de Coatzacoalcos.

Martínez Hernández es pieza clave en este caso de corrupción, pues además de haber participado directamente en la planeación del fraude junto con López Huesca, se apoyó en las relaciones de su familia en el Poder Judicial de Veracruz para simular la defensa de Pemex.

López Huesca ordenó a Ernesto Ordaz tramitar un amparo contra los embargos en el Juzgado Noveno del Estado de Veracruz, a cargo del juez Vicente Mariche Garza, mismo que le fue negado.

El juez es cuñado de Rogelio Martínez Hernández, cuya esposa, Lilia Mariche Garza, trabaja en el mismo juzgado como secretaria. Con la negativa del amparo, los abogados de Pemex justificaron que se recurrió a todo recurso legal para evitar el embargo.

Los embargos paralizaron por varias semanas las filiales Morelos y Pajaritos, las más rentables de la petroquímica mexicana. El gobierno municipal intervino la caja y los ingresos; y los clientes de Pemex dejaron de pagar porque no tenían la certeza de hasta cuándo seguirían embargados los complejos.

La mano de Nava

En opinión de los auditores el asunto fue generado por los abogados de Pemex en Veracruz y pronto entraron al negocio funcionarios de mayor nivel.

Durante el periodo en que las filiales de PP estuvieron embargadas, Marcelo Montiel hizo declaraciones públicas de que el dinero que Pemex pagaría lo destinaría a la construcción del túnel subterráneo, obra que promovía Emilio Baños Urquijo, director de la Asociación Mexicana de Infraestructura Concesionada, A.C., suegro de César Nava y esposo de la entonces senadora del PAN, Cecilia Romero, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración.

El 18 de junio de 2002 César Nava dio por perdido el caso antes de proseguir con el juicio, y notificó a los abogados a su cargo “negociar el adeudo”.

En un documento enviado al área Jurídica de PP, César Nava informaba a sus subordinados:

“Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuesto de translación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos a Petroquímica Cangrejera”.

Nava argumentaba que las filiales de PP son empresas de participación estatal mayoritaria que forman parte de la Administración Pública Federal, pero no de la industria petrolera, que las empresas filiales no forman parte de la federación al gozar de una naturaleza jurídica distinta, y que “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la federación”, pese al decreto emitido por el gobierno de Veracruz.

El análisis de los auditores indica que los argumentos de dicho convenio no se apegaron a la Constitución ni a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero indica que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la federación como de bienes de dominio privado.

Ni el entonces director general de Pemex, Raúl Muños Leos, ni el de Petroquímica, Rafael Beverido, impugnaron entonces la decisión de César Nava, a pesar de que conocían la exención de impuestos del gobierno de Veracruz y de que los órganos internos de control ya sabían de las irregularidades, principalmente de la relación entre el representante de Pemex en el litigio y su contraparte.

Pemex realizó dos pagos, uno por 239 millones 757 mil 046 pesos en efectivo y otro por 2 millones de pesos a Enrique Fuentes Constantino, depositario interventor de los bienes embargados a Petroquímica Morelos, empleado también de Asociados y Abogados Internacionales. Los pagos se hicieron mediante depósitos en la sucursal de Bital en Coatzacoalcos, a nombre de Asociados y Abogados Internacionales S.C.

La contratación discrecional de este despacho por Marcelo Montiel fue impugnada en su momento por los regidores de oposición, quienes le reclamaban que el ayuntamiento contaba con sus propios abogados y que a pesar de ello hubiera pagado a la firma 44 millones de pesos. Sobre el destino de estos recursos, durante los siguientes meses en que continuó como alcalde Montiel, nunca informó en qué se invirtieron. Luego se convirtió en diputado local por el PRI.

Las traiciones

Pieza clave de este fraude fue el entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque, Rogelio Martínez Hernández. En el periodo en que los complejos petroquímicos estaban embargados, previo a autorizar el pago, Nava lo despidió junto con Ernesto Ordaz, por lo que quedaron fuera del negocio. En venganza, Martínez Hernández denunció el caso en sendos expedientes enviados a Vicente Fox, a la Presidencia y a Francisco Barrio, titular de la entonces Secodam.

El 2 de mayo de 2002, Martínez presentó una denuncia ante el OIC en Cosoleacaque, que habla de un “posible daño patrimonial contra Pemex por indebido cobro de impuestos”.

Según Martínez, el 9 de mayo de 2002 los abogados de la OAG, Eloy Patiño y Nunnki Aguilar, le informaron de su despido por instrucciones de Alberto David López, asesor de César Nava “por haberme quejado ante el Órgano Interno de Control de violaciones a la normatividad en que incurrieron Juan Agustín López Huesca y Rafael Beverido Lomelín”.

En su denuncia enviada a la Presidencia de la República y la Secodam, Rogelio Martínez cita las irregularidades de Nava al ordenar a sus subordinados “negociar” el pago de impuestos, sin llegar al litigio.

Según Rogelio Martínez, una vez que denunció ante el OIC las irregularidades -en las que él mismo participó-, “fui objeto de amenazas y represalias por mis superiores, al grado de que en forma indebida y en franca violación a mis derechos laborales se me rescindido el contrato laboral con Petroquímica Cosoleacaque, sin valorar las pruebas documentales ofrecidas en la investigación para mi defensa, ya que sólo se me dijo que había línea para perjudicarme por haber denunciado ante la Secodam”.

En reuniones posteriores a la publicación en Contralínea (junio de 2005) del caso de prevaricato de los abogados de la OAG, dos abogados del área jurídica de Pemex en el Distrito Federal, ex colaboradores de César Nava y luego de Néstor García Reza, confirmaron a la reportera que en la oficina del abogado general se elaboró el “machote” mediante el que Pemex pagó 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos, y que allí mismo Nava giró la orden de que el asunto no se peleara más en tribunales.

En una carta enviada a Contralínea, César Nava confirmó que la decisión de pagar fue porque “las instalaciones de Petroquímica estaban embargadas”, y que la negociación, incluso, le “ahorró” a Pemex más de 700 millones de pesos de los 900 que demandaba el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

El que se hubieran embargado las cuentas de PPQ, contaron los ex colaboradores de Nava a la reportera, “daba a César Nava mayor poder de operación, al justificar que el pronto pago, sin llegar al juicio, era para que las cuentas de Petroquímica fueran liberadas”.

Sobre la construcción del túnel de Coatzacoalcos, la empresa Grupo Básico Mexicano, de la que Emilio Baños Urquijo es socio mayoritario, diseñó el proyecto, las bases de concurso y asesoró en el desarrollo de la adjudicación, misma que se entregó a la empresa Túnel de Coatzacoalcos, S.A.

Para construir el proyecto, en 2003 se constituyó un fideicomiso con recursos aportados por el gobierno de Veracruz, la iniciativa privada y Banobras, dirigido en ese tiempo por Felipe Calderón.



Publicado: Abril 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 76

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Miseria educativa y desempleo


Miseria educativa y desempleo
Una encuesta realizada por la compañía reclutadora Manpower indica que México se encuentra entre los países donde a las empresas les resulta más difícil contratar personal. La firma atribuye esta situación a la escasa capacitación de los trabajadores en nuestro país, y señala la paradoja de que la demanda de personal ha caído debido a la crisis económica mundial y nacional, pero que ésta, en vez de facilitar la contratación, la ha dificultado. Asimismo, Manpower destaca el riesgo de que, una vez que empiece la recuperación y se reactive la oferta de empleos atractivos, las empresas pierdan parte de su personal permanente y del complementario.

Pero la paradoja mayor es que los problemas de las empresas para encontrar empleados capacitados ocurren con el telón de fondo de un desempleo que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llegó el mes pasado a dos millones 400 mil personas, es decir, a 5.17 por ciento de la población económicamente activa, lo que significa un incremento de tres puntos porcentuales en el primer semestre del año en curso.

El déficit de capacitación es consecuencia de un modelo económico que ha dejado en el abandono –presupuestal, político, social– al sistema de educación pública y que, desde hace más de dos décadas, se ha empeñado en abaratar la mano de obra como supuesto factor de competitividad en el entorno global. Los sucesivos gobiernos del ciclo neoliberal han apostado por generar flujos de divisas mediante la atracción de plantas maquiladoras al país y, lo reconozcan o no, por dar como inevitable, y hasta positivo, el flujo migratorio hacia el vecino país del norte, fenómeno que se ha traducido en un movimiento de remesas en sentido inverso que terminaron siendo uno de los principales soportes de la economía nacional.

La devaluación del trabajo se ha realizado, desde el poder público, por la vía de las políticas de contención salarial, instrumentadas con el argumento antinflacionario y mediante una deliberada falta de inversiones gubernamentales suficientes en enseñanza y capacitación. El desempleo y el subempleo –eufemismo para designar ocupaciones de estricta subsistencia que se contratan al margen de las prestaciones legales y fuera del sector formal de la economía– contribuyen de manera adicional al abaratamiento de los salarios, en la medida en que multiplican la oferta de trabajo disponible.

Este círculo vicioso ha resultado catastrófico para la mayoría de la población, la cual debe ajustar sus mejores expectativas a la obtención de trabajos mal remunerados, y ha permitido un dramático ahondamiento del abismo de desigualdad social que fractura al país y que constituye la principal amenaza potencial para la gobernabilidad y la estabilidad. En otros términos, los salarios insuficientes y los trabajos escasos han permitido a diversas corporaciones e individuos incrementar sus fortunas y su poder fáctico y han hundido en la desesperanza a millones de mexicanos en edad productiva.

A la larga, sin embargo, la depredación de la fuerza de trabajo empieza a gravitar en forma negativa para las propias empresas, las cuales ahora experimentan dificultades crecientes para reclutar empleados.

La conjugación de desempleo masivo y de falta de trabajadores debidamente capacitados constituye, pues, un dato adicional del fracaso de una línea de política económica oficial que ha causado ya demasiados desastres sociales y humanos y que debe ser reformulada de manera radical. Ese modelo ha hundido a la mayor parte de la población en una crisis endémica y ahora agrava la crisis coyuntural procedente del extranjero. Es tiempo de repensar las prioridades nacionales y de dirigir la inversión pública al actor central de la economía, que es la población: para reactivar la economía y hasta para preservar la estabilidad institucional es indispensable reconstruir el sistema de educación pública, otorgarle la preferencia presupuestal que merece y establecer con urgencia mecanismos de capacitación que permitan superar la paradoja mencionada.
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Critican expertos plan antipobreza de calderon

Critican expertos plan antipobreza

Por Daniela Rea reforma.com

(18-Jul-2009).-

La reciente Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares evidenció fallas en la política social, ya que la desigualdad no ha tenido modificaciones respecto a hace 6 años, a pesar de que el presupuesto en el rubro aumentó.

El INEGI señala que en 2002 el Coeficiente de Gini -indicador utilizado para medir desigualdad por ingresos- era de .0485 y en el 2008 apenas se redujo a 0.482, ello aunque en el mismo periodo el presupuesto federal para superación de la pobreza aumentó 2.4 veces.

Pasó de 85 mil 600 a 208 mil millones a nivel federal -según el Segundo Informe de Gobierno-, y los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se duplicaron al pasar de 24 mil a 50 mil millones de pesos.

Es decir, el impacto de la política social no está resultando en un México más igualitario, coincidieron especialistas convocados por REFORMA en el Foro: "Análisis de la ENIGH 2008".

"Lo que se demuestra es la ineficacia para abatir la desigualdad. Si uno ve los niveles antes y después de las transferencias, se ve cómo su contribución a la desigualdad es menor (...) Los programas sociales están siendo muy poco efectivos porque los recursos no siempre están bien focalizados y a veces en lugar de contribuir a abatirla, ayudan a incrementarla o no impactan", manifestó Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México.

Para Alberto Serdán, de Propuesta Cívica, las cifras son una llamada de atención a los gobiernos por los resultados magros en el desarrollo social.

El investigador señala que en el 2008 de los 50 mil millones de pesos de presupuesto, Sedesol destinó a programas focalizados el 96 por ciento.

"Quizá el problema no es la focalización, sino el diseño de los programas. Según un estudio del diseño de los programas realizado por Gesoc, basado en las evaluaciones externas, los que maneja Sedesol directamente sacaron 3.7 en una escala del 1 al 10; los de Salud 6.3 y todos los del gobierno federal 4.9 por ciento. Hay un asunto de diseño y operación y quienes pagan los platos rotos son los pobres", sostuvo.

En su participación Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, citó un estudio elaborado por Enrique Hernández Laos donde sostiene que los programas sociales no tenían efecto para que la población rural dejara la pobreza.

La principal razón para salir de ella era el empleo.

Israel Banegas, del Colegio Mexiquense, coincidió con que el meollo sigue siendo la falta de generación de empleo como parte de la política social.

"El programa estrella Oportunidades nunca tuvo a como su componente principal atacar la desigualdad, sino acabar con la pobreza futura. Entonces, a 11 años, sí podemos decir algo que no cuesta mucho trabajo creer: los primeros graduados de Oportunidades entran a un mercado laboral deprimido. Felicidades, están educados, alimentados, y no hay trabajo", advirtió.

Uno de los puntos que más resaltaron en la ENIGH 2008 es que si bien el ingreso de todos los mexicanos cayó, el impacto fue desigual: el 10 por ciento más pobre perdió el 8 por ciento de su ingreso, el 10 por ciento más rico, el 0.02 por ciento.


Una explicación, de acuerdo con Banegas, podría ser que la encuesta se levantó al inicio de la crisis económica y no reflejó el impacto en las clases medias.

"Los primeros afectados son los pobres, y en segundo término, los siguientes deciles.

"Si hubiera una 'mini Enigh' este año, lo que podríamos ver sería un efecto igualador de crisis".

"Podemos seguir diciendo que vamos por el camino correcto, que la crisis viene desde afuera, podemos decir '¿y yo por qué? Si esa es la actitud, si no se reflexiona sobre lo que se hace bien o mal, los pobres, siempre los pobres, seguirán pagando los platos rotos", alertó Serdán.

Esquivel llamó la atención sobre la importancia de que los resultados de la ENIGH sean estudiados por el gobierno y la academia para proponer reformas a la política social. "Necesitamos más política social y promover la actividad económica, no sólo de transferencias".

Preocupan resultados

Especialistas convocados por REFORMA al foro: "Análisis de la ENIGH 2008" advirtieron que los resultados del sondeo son una llamada de atención a los gobiernos por los magros resultados reportados en el desarrollo social.


Nombre: Alberto Serdán

Experiencia: Investigador de Propuesta Cívica, organización no gubernamental que busca promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Maestro en Políticas Sociales por la Universidad de Londres.



Nombre: Héctor Nájera

Experiencia: Coordinador del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

Maestro en economía por el Tecnológico de Monterrey

Ha sido consultor del PNUD.



Nombre: Gerardo Esquivel

Experiencia: Licenciado en economía por la UNAM y doctor en economía por la Universidad de Harvard

Investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Nombre: Israel Banegas

Experiencia: Doctor en sociología y maestro en demografía por El Colegio de México. Maestro en economía por la Universidad de Boston. Investigador del Colegio Mexiquense. Especialista en políticas públicas y combate a la pobreza.

Exhiben desequilibrio

En los últimos años la desigualdad no ha disminuido significativamente a pesar de que el gasto federal para el desarrollo social aumentó 2.4 veces y el de Sedesol se duplicó.

(Coeficiente de Gini)

Sin transferencias Con transferencias
2000 .542 .513
2002 .519 .485
2004 .513 .482
2006 .511 .479
2008 .498 .482


· Según la ENIGH 2008, la desigualdad en México disminuye con las transferencias (subsidios gubernamentales y remesas).

· El Coeficiente de Gini mide del 0 al 1 el nivel de desigualdad de un País (cero es igual a distribución equitativa del ingreso).


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