- Hubo impunidad y discriminación por razones culturales y de género, advierten
- Paradigma de la injusticia, el caso de Ernestina Ascensión, afirman expertos
EMIR OLIVARES ALONSO
El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia.
La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades.
"El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió.
Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'". Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones". Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia.
Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia". Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente". Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual. El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado. Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas.
En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército. Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".
La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades.
"El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió.
Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'". Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones". Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia.
Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia". Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente". Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual. El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado. Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas.
En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército. Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".
Kikka Roja
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...