México y su dualidad histórica
Dos Estructuras y un Solo Poder Verdadero
Dos Estructuras y un Solo Poder Verdadero
Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Según Jorge Zepeda Patterson, no hace mucho la pregunta correcta era “¿Qué hacemos [los mexicanos] con Elba Esther Gordillo? [la poderosa líder del SNTE]”, pero hoy la interrogante es la contraria y más preocupante: “¿Qué va a hacer Elba Esther con todos nosotros?” (El Universal, tres de junio). Los que gobiernan desde fuera del Gobierno –los poderes fácticos- siempre han existido, pero hoy en México su poder hoy es tal y tan evidente la debilidad de nuestra democracia, que el resultado puede ser la demolición de esta última. Es verdad que la Suprema Corte le acaba de cerrar el camino a las televisoras que el año pasado manipularon al Congreso para imponer su propia Ley y perpetuar así sus privilegios duopólicos, pero esa batalla por subordinar a los poderosos al interés colectivo es sólo parte de una guerra que está lejos de haberse ganado. En el siglo XX fue Rusia el país que ofreció el caso más patente de un Estado con dos estructuras o sistemas de organización del poder y el resultado final fue muy negativo. En efecto, tras la Revolución de 1917, el Soviet Supremo, supuestamente electo por sufragio universal, se presentó como la sede de la soberanía rusa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues al lado de los soviets surgió otra estructura igualmente nacional, pero no democrática, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que terminó por imponerse como la sede del poder real.
Y el problema no es exclusivo de sistemas autoritarios. En 1961, en su mensaje de despedida, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower, advirtió a sus conciudadanos sobre la existencia de un “complejo industrial-militar” que era capaz de imponer sus prioridades a un Gobierno que, en principio aparecía como democrático y fuerte. Desde su independencia y hasta la fecha México es otro ejemplo de la contradicción y el problema de tener dos estructuras de poder político, una formal y otra real. En realidad, el analista político no podría entenderse un buen número de decisiones o procesos del último par de siglos, si sólo pone la mirada en el espacio del Gobierno formal y no toma en cuenta la existencia de ese otro, cerrado a la observación y a la participación ciudadana -caciques, empresarios, Gobiernos extranjeros, medios de difusión, jerarcas eclesiásticos, líderes sindicales, crimen organizado, etcétera- y que suele ser la verdadera fuente de muchas de las decisiones de la autoridad.
El Inicio
Un hecho fundamental en el siglo XVI novohispano fue el choque directo entre el Gobierno virreinal y los herederos de los conquistadores. Esa colisión desembocó en un castigo ejemplar: la ejecución pública de un grupo de notables y el triunfo definitivo de la autoridad del rey. Lo anterior no significó la desaparición de los “hombres fuertes” de la Colonia sino su subordinación. Cuando en el siglo XVIII las reformas borbónicas –la primera gran reforma fiscal- afectaron el patrimonio de las clases altas, éstas apretaron los dientes, pero al final desembolsaron lo exigido por la Corona para seguir sus absurdas guerras en Europa.
La Independencia
En 1821 la Nueva España reclamó con éxito su soberanía, pero no logró construir un Gobierno efectivo. En su novela histórica y costumbrista Astucia (1865), Luis G. Inclán pinta de manera muy vívida a un México desarticulado, donde los contrabandistas desafían sin problema a la autoridad y donde el personaje central pudo por sí y ante sí transformarse por un tiempo en un (buen) gobernador sin que el poder central se percatara de ello. En ese ambiente de autoridad sin fuerza, divisiones sociales y políticas agudas, economía anémica y falta de comunicaciones, en la débil autoridad formal compartía su poder con caciques, militares, grandes propietarios, curas y bandidos. A mediados del siglo XIX las grandes empresas privadas extranjeras como Barron, Forbes y Cía., Manning y Marshall o Ewen C. Mackintosh, controlaban no sólo el comercio al mayoreo, el crédito y parte de los procesos productivos, sino que influían y financiaban al Gobierno, acuñaban moneda e incluso cobraban impuestos a la vez que defraudaban al fisco exportando plata de contrabando. En suma, se puede concluir que en ese entonces a México lo gobernaba menos Santa Anna y más una red de intereses privados y por eso fue el desastre que fue.
El “Estado Fuerte” que no lo fue tanto
A partir de 1867, con el fin de la intervención extranjera y de la guerra civil, el Gobierno formal recuperó poder, pero la estructura informal no desapareció. Andrés Molina Enríquez, en su clásico “Los grandes problemas nacionales” (1906) concluyó que en la cúspide de la pirámide real de poder mexicana no se encontraba el dictador Díaz y los suyos, sino un pequeño pero poderoso grupo de propietarios extranjeros. Uno de los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema donde el poder real no obedeció al esquema de división de poderes consagrado en la Constitución de 1917 sino en una coalición de militares, caciques y líderes de organizaciones partidistas y de masas, encabezada por el presidente de la República. Fue con Miguel Alemán (1946-1952) cuando alrededor de la Presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales -nacionales y extranjeros-, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos que, subordinados en lo sustancial al jefe del Gobierno, usaron esa cercanía y favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favoritos del presidencialismo se convirtieron parte del proceso real de toma de decisiones políticas, (véanse al respecto, entre otros, a Pablo González Casanova, “La democracia en México”, Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, cap. o Stephen Niblo, Mexico in the 1940s : modernity, politics, and corruption).
La Era Neoliberal
Con la gran crisis económica y política de los 1980, en combinación con el fin de la Guerra Fría, el triunfo a nivel mundial de la doctrina de la privatización y la globalización, la posición del Estado autoritario mexicano sufrió un debilitamiento relativo. Parte del poder que entonces perdió el Estado se fue a acumular con el que ya tenían esos actores fuertes, pero externos al sistema formal de Gobierno. Con el paso a la democracia política por vía del triunfo electoral de la derecha en 2000 y 2006, la dualidad de sistemas de poder se hizo más clara y más importante como fuente de políticas.
El “Otro Sistema”
Al declarar inconstitucional la “Ley Televisa”, la Suprema Corte abrió una vía para restituir poder al Gobierno restándoselo a un poder fáctico. Sin embargo, nada similar se está haciendo para neutralizar el enorme poder acumulado por Elba Esther Gordillo y su sindicato, el SNTE (en cifras y según el citado Zepeda Patterson, ese poder asciende a 25 mil millones de dólares anuales, lo que en la práctica pone a la maestra en la liga de Carlos Slim y los otros miembros del club de súper ricos mexicanos que aparecen en Forbes). La líder del SNTE ejerce poderes presidenciales al poner a algunos de sus colaboradores en altos puestos del Gobierno Federal y además, es el interés creado que impide la gran reforma que México necesita en su educación básica si se busca salir de la mediocridad económica en que ha caído desde hace 25 años. Por si fuera poco, la Señora Gordillo es “la dueña” de un pequeño partido político que le permite tener a algunos de sus cuadros en el Poder Legislativo y para colmo, fue capaz de interferir abiertamente y con éxito en el último proceso electoral federal. Al ejemplo anterior se puede añadir otros similares, como las acciones de propaganda política ilegal pero efectiva e impune del Consejo Coordinador Empresarial en la etapa final de la pasada campaña electoral, la existencia y acción de organizaciones políticas secretas como “El Yunque” -de cuya existencia, finalmente, ya no dudan ni los panistas-, un crimen organizado que es capaz no sólo de retar con violencia al Estado sino de utilizar a las instituciones públicas en su beneficio, como es la policía y las aduanas, según lo acaba de admitir el propio secretario de Hacienda, la actividad política abierta de la Iglesia Católica, etcétera.
En suma
Pese al revés jurídico que acaba de sufrir el duopolio televisivo, hay razones para seguir sosteniendo que en México se está fortaleciendo, de nuevo, la histórica dualidad de estructuras de poder, dualidad que es política, legal y moralmente, incompatible con la esencia de la democracia.
AGENDA CIUDADANA
Según Jorge Zepeda Patterson, no hace mucho la pregunta correcta era “¿Qué hacemos [los mexicanos] con Elba Esther Gordillo? [la poderosa líder del SNTE]”, pero hoy la interrogante es la contraria y más preocupante: “¿Qué va a hacer Elba Esther con todos nosotros?” (El Universal, tres de junio). Los que gobiernan desde fuera del Gobierno –los poderes fácticos- siempre han existido, pero hoy en México su poder hoy es tal y tan evidente la debilidad de nuestra democracia, que el resultado puede ser la demolición de esta última. Es verdad que la Suprema Corte le acaba de cerrar el camino a las televisoras que el año pasado manipularon al Congreso para imponer su propia Ley y perpetuar así sus privilegios duopólicos, pero esa batalla por subordinar a los poderosos al interés colectivo es sólo parte de una guerra que está lejos de haberse ganado. En el siglo XX fue Rusia el país que ofreció el caso más patente de un Estado con dos estructuras o sistemas de organización del poder y el resultado final fue muy negativo. En efecto, tras la Revolución de 1917, el Soviet Supremo, supuestamente electo por sufragio universal, se presentó como la sede de la soberanía rusa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues al lado de los soviets surgió otra estructura igualmente nacional, pero no democrática, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que terminó por imponerse como la sede del poder real.Y el problema no es exclusivo de sistemas autoritarios. En 1961, en su mensaje de despedida, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower, advirtió a sus conciudadanos sobre la existencia de un “complejo industrial-militar” que era capaz de imponer sus prioridades a un Gobierno que, en principio aparecía como democrático y fuerte. Desde su independencia y hasta la fecha México es otro ejemplo de la contradicción y el problema de tener dos estructuras de poder político, una formal y otra real. En realidad, el analista político no podría entenderse un buen número de decisiones o procesos del último par de siglos, si sólo pone la mirada en el espacio del Gobierno formal y no toma en cuenta la existencia de ese otro, cerrado a la observación y a la participación ciudadana -caciques, empresarios, Gobiernos extranjeros, medios de difusión, jerarcas eclesiásticos, líderes sindicales, crimen organizado, etcétera- y que suele ser la verdadera fuente de muchas de las decisiones de la autoridad.
El Inicio
Un hecho fundamental en el siglo XVI novohispano fue el choque directo entre el Gobierno virreinal y los herederos de los conquistadores. Esa colisión desembocó en un castigo ejemplar: la ejecución pública de un grupo de notables y el triunfo definitivo de la autoridad del rey. Lo anterior no significó la desaparición de los “hombres fuertes” de la Colonia sino su subordinación. Cuando en el siglo XVIII las reformas borbónicas –la primera gran reforma fiscal- afectaron el patrimonio de las clases altas, éstas apretaron los dientes, pero al final desembolsaron lo exigido por la Corona para seguir sus absurdas guerras en Europa.
La Independencia
En 1821 la Nueva España reclamó con éxito su soberanía, pero no logró construir un Gobierno efectivo. En su novela histórica y costumbrista Astucia (1865), Luis G. Inclán pinta de manera muy vívida a un México desarticulado, donde los contrabandistas desafían sin problema a la autoridad y donde el personaje central pudo por sí y ante sí transformarse por un tiempo en un (buen) gobernador sin que el poder central se percatara de ello. En ese ambiente de autoridad sin fuerza, divisiones sociales y políticas agudas, economía anémica y falta de comunicaciones, en la débil autoridad formal compartía su poder con caciques, militares, grandes propietarios, curas y bandidos. A mediados del siglo XIX las grandes empresas privadas extranjeras como Barron, Forbes y Cía., Manning y Marshall o Ewen C. Mackintosh, controlaban no sólo el comercio al mayoreo, el crédito y parte de los procesos productivos, sino que influían y financiaban al Gobierno, acuñaban moneda e incluso cobraban impuestos a la vez que defraudaban al fisco exportando plata de contrabando. En suma, se puede concluir que en ese entonces a México lo gobernaba menos Santa Anna y más una red de intereses privados y por eso fue el desastre que fue.
El “Estado Fuerte” que no lo fue tanto
A partir de 1867, con el fin de la intervención extranjera y de la guerra civil, el Gobierno formal recuperó poder, pero la estructura informal no desapareció. Andrés Molina Enríquez, en su clásico “Los grandes problemas nacionales” (1906) concluyó que en la cúspide de la pirámide real de poder mexicana no se encontraba el dictador Díaz y los suyos, sino un pequeño pero poderoso grupo de propietarios extranjeros. Uno de los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema donde el poder real no obedeció al esquema de división de poderes consagrado en la Constitución de 1917 sino en una coalición de militares, caciques y líderes de organizaciones partidistas y de masas, encabezada por el presidente de la República. Fue con Miguel Alemán (1946-1952) cuando alrededor de la Presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales -nacionales y extranjeros-, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos que, subordinados en lo sustancial al jefe del Gobierno, usaron esa cercanía y favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favoritos del presidencialismo se convirtieron parte del proceso real de toma de decisiones políticas, (véanse al respecto, entre otros, a Pablo González Casanova, “La democracia en México”, Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, cap. o Stephen Niblo, Mexico in the 1940s : modernity, politics, and corruption).
La Era Neoliberal
Con la gran crisis económica y política de los 1980, en combinación con el fin de la Guerra Fría, el triunfo a nivel mundial de la doctrina de la privatización y la globalización, la posición del Estado autoritario mexicano sufrió un debilitamiento relativo. Parte del poder que entonces perdió el Estado se fue a acumular con el que ya tenían esos actores fuertes, pero externos al sistema formal de Gobierno. Con el paso a la democracia política por vía del triunfo electoral de la derecha en 2000 y 2006, la dualidad de sistemas de poder se hizo más clara y más importante como fuente de políticas.
El “Otro Sistema”
Al declarar inconstitucional la “Ley Televisa”, la Suprema Corte abrió una vía para restituir poder al Gobierno restándoselo a un poder fáctico. Sin embargo, nada similar se está haciendo para neutralizar el enorme poder acumulado por Elba Esther Gordillo y su sindicato, el SNTE (en cifras y según el citado Zepeda Patterson, ese poder asciende a 25 mil millones de dólares anuales, lo que en la práctica pone a la maestra en la liga de Carlos Slim y los otros miembros del club de súper ricos mexicanos que aparecen en Forbes). La líder del SNTE ejerce poderes presidenciales al poner a algunos de sus colaboradores en altos puestos del Gobierno Federal y además, es el interés creado que impide la gran reforma que México necesita en su educación básica si se busca salir de la mediocridad económica en que ha caído desde hace 25 años. Por si fuera poco, la Señora Gordillo es “la dueña” de un pequeño partido político que le permite tener a algunos de sus cuadros en el Poder Legislativo y para colmo, fue capaz de interferir abiertamente y con éxito en el último proceso electoral federal. Al ejemplo anterior se puede añadir otros similares, como las acciones de propaganda política ilegal pero efectiva e impune del Consejo Coordinador Empresarial en la etapa final de la pasada campaña electoral, la existencia y acción de organizaciones políticas secretas como “El Yunque” -de cuya existencia, finalmente, ya no dudan ni los panistas-, un crimen organizado que es capaz no sólo de retar con violencia al Estado sino de utilizar a las instituciones públicas en su beneficio, como es la policía y las aduanas, según lo acaba de admitir el propio secretario de Hacienda, la actividad política abierta de la Iglesia Católica, etcétera.
En suma
Pese al revés jurídico que acaba de sufrir el duopolio televisivo, hay razones para seguir sosteniendo que en México se está fortaleciendo, de nuevo, la histórica dualidad de estructuras de poder, dualidad que es política, legal y moralmente, incompatible con la esencia de la democracia.
Kikka Roja
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