Los Sosa presos
Plaza Pública
Hace ya seis meses que los hermanos Érick, Flavio y Horacio Sosa permanecen presos en penales de alta seguridad, los de Almoloya de Juárez en el Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, no obstante que se les procesa por delitos presuntamente cometidos en el estado de Oaxaca, de donde son oriundos y a pesar de que sus juicios están radicados en juzgados oaxaqueños.
Érick Sosa Villanueva fue detenido el 28 de noviembre pasado. Tres días antes se habían cometido tropelías contra edificios públicos en la capital oaxaqueña, probablemente perpetrados por provocadores al servicio del Gobierno de Ulises Ruiz para culpar de ellas a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ajeno a los actos de sus hermanos Flavio y Horacio, Érick corrió la suerte de muchas personas a las que se detuvo sin siquiera formar parte de las movilizaciones contrarias al gobernador. Fortalecido éste con la llegada de la Policía Federal Preventiva el 29 de octubre, Ruiz debía aprovechar el último mes de la Administración de Fox, con la que había llegado a un entendimiento, para poner punto final a la rebelión civil que desde junio anterior demandaba su renuncia. Por eso acudió a la provocación y a las redadas en que decenas de ciudadanos fueron detenidos por el simple hecho de toparse con la Policía, o por apellidarse Sosa Villanueva. Muchos de los aprehendidos sin órdenes judiciales fueron remitidos a un penal de mediana seguridad en Nayarit.
En cambio, a Érick se le trasladó a Matamoros, calificado por el Gobierno como delincuente de alta peligrosidad. Había ordenado su captura un juez de Ocotlán de Morelos, por los delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia en perjuicio de ¡dos agentes de la Policía Ministerial!
En los días siguientes se percibió que Ruiz había refrendado su trato con el Gobierno Federal, en trance de relevo. La presencia de los legisladores priistas para asegurar el quórum y el rito de asunción del sucesor de Vicente Fox era parte del arreglo que, por lo que concernía a Oaxaca, incluía sostener a Ruiz a todo costo, pese a la prolongada protesta popular, que la intervención federal había conseguido delibilitar. La directiva de la APPO, que había mantenido un errático trato con el secretario de Gobernación Carlos Abascal y su equipo, se aprestó a continuar la tentativa de diálogo con el nuevo huésped principal de Bucareli, Francisco Ramírez Acuña.
En parte con ese propósito y también para eludir el riesgo de su detención (que se percibía inminente, tras la de su hermano Érick) Flavio y Horacio Villavicencio se trasladaron al Distrito Federal. Dado el carácter de dirigencia colectiva de la APPO, Flavio no era “el líder” de sus movilizaciones, pero se le había identificado como tal debido a la frecuencia con que él expresaba públicamente las posiciones de la Asamblea. Al mismo tiempo, como estrategia on gubernamental se procuraba presentarlo como el dirigente principal a fin de desprestigiar al movimiento, dada la sinuosa trayectoria política de Flavio Sosa.
En vez de tener contacto con la nueva autoridad política federal, los delegados de la APPO lo tuvieron con las policías federales (AFI y PFP), un grupo de cuyos agentes los aprehendió el cuatro de diciembre en la Ciudad de México. Junto a los hermanos Sosa fueron detenidos Marcelino Coache e Ignacio García Maldonado. Con la misma solícita atención con que remitió a Matamoros a Érick, el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (largo y complicado nombre de la dirección de penitenciarías de la Secretaría de Seguridad Pública) recibió en Almoloya (La Palma, luego Altiplano) a Flavio, en quien se concentró la intención de castigar políticamente la insurgencia civil oaxaqueña.
Se han abierto en su contra seis procesos penales, que se ventilan en juzgados de Etla, Ocotlán y Tecolutla. Se le ha imputado la comisión de trece delitos, presumiblemente cometidos durante la movilización civil de cuya dirección ha formado parte. Con suerte diversa, Sosa ha demandado amparo contra los autos de formal prisión. Anteayer, al cumplirse un semestre de su detención le fueron negados amparos en dos de sus causas penales. En cambio le ha sido otorgada la protección de la justicia federal respecto de otros dos procesos. La primera resolución favorable se emitió el 31 de marzo y exoneró a Flavio Sosa del delito de robo de una pipa y una excavadora que le fue imputado por autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El segundo falló lo benefició apenas el 18 de mayo pasado. Una jueza federal no encontró indicios de sus responsabilidad en la toma de la televisora estatal (lo que habría constituido despojo agravado) y el juez penal que ordenó su detención no acreditó su competencia para ocuparse del caso.
La aberrante práctica de juicios a distancia contra los Sosa, pues sus juzgadores están en Oaxaca y ellos presos a cientos de kilómetros, genera daño procesal a los agraviados, a los que no se responde su exigencia de ser trasladados. Su permanencia misma en establecimientos penitenciarios de la Federación es una grave irregularidad, pues las cárceles federales sólo deben recibir procesados del fuero común en circunstancias excepcionales y tras practicarles estudios que muestren que se trata efectivamente de reos que requieran ser recluidos en penales de alta seguridad.
Ninguno de esos requisitos se cumplió en estos casos. Por lo menos debe exigirse que los Sosa vuelvan a Oaxaca.
Kikka Roja
Hace ya seis meses que los hermanos Érick, Flavio y Horacio Sosa permanecen presos en penales de alta seguridad, los de Almoloya de Juárez en el Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, no obstante que se les procesa por delitos presuntamente cometidos en el estado de Oaxaca, de donde son oriundos y a pesar de que sus juicios están radicados en juzgados oaxaqueños.Érick Sosa Villanueva fue detenido el 28 de noviembre pasado. Tres días antes se habían cometido tropelías contra edificios públicos en la capital oaxaqueña, probablemente perpetrados por provocadores al servicio del Gobierno de Ulises Ruiz para culpar de ellas a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ajeno a los actos de sus hermanos Flavio y Horacio, Érick corrió la suerte de muchas personas a las que se detuvo sin siquiera formar parte de las movilizaciones contrarias al gobernador. Fortalecido éste con la llegada de la Policía Federal Preventiva el 29 de octubre, Ruiz debía aprovechar el último mes de la Administración de Fox, con la que había llegado a un entendimiento, para poner punto final a la rebelión civil que desde junio anterior demandaba su renuncia. Por eso acudió a la provocación y a las redadas en que decenas de ciudadanos fueron detenidos por el simple hecho de toparse con la Policía, o por apellidarse Sosa Villanueva. Muchos de los aprehendidos sin órdenes judiciales fueron remitidos a un penal de mediana seguridad en Nayarit.
En cambio, a Érick se le trasladó a Matamoros, calificado por el Gobierno como delincuente de alta peligrosidad. Había ordenado su captura un juez de Ocotlán de Morelos, por los delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia en perjuicio de ¡dos agentes de la Policía Ministerial!
En los días siguientes se percibió que Ruiz había refrendado su trato con el Gobierno Federal, en trance de relevo. La presencia de los legisladores priistas para asegurar el quórum y el rito de asunción del sucesor de Vicente Fox era parte del arreglo que, por lo que concernía a Oaxaca, incluía sostener a Ruiz a todo costo, pese a la prolongada protesta popular, que la intervención federal había conseguido delibilitar. La directiva de la APPO, que había mantenido un errático trato con el secretario de Gobernación Carlos Abascal y su equipo, se aprestó a continuar la tentativa de diálogo con el nuevo huésped principal de Bucareli, Francisco Ramírez Acuña.
En parte con ese propósito y también para eludir el riesgo de su detención (que se percibía inminente, tras la de su hermano Érick) Flavio y Horacio Villavicencio se trasladaron al Distrito Federal. Dado el carácter de dirigencia colectiva de la APPO, Flavio no era “el líder” de sus movilizaciones, pero se le había identificado como tal debido a la frecuencia con que él expresaba públicamente las posiciones de la Asamblea. Al mismo tiempo, como estrategia on gubernamental se procuraba presentarlo como el dirigente principal a fin de desprestigiar al movimiento, dada la sinuosa trayectoria política de Flavio Sosa.
En vez de tener contacto con la nueva autoridad política federal, los delegados de la APPO lo tuvieron con las policías federales (AFI y PFP), un grupo de cuyos agentes los aprehendió el cuatro de diciembre en la Ciudad de México. Junto a los hermanos Sosa fueron detenidos Marcelino Coache e Ignacio García Maldonado. Con la misma solícita atención con que remitió a Matamoros a Érick, el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (largo y complicado nombre de la dirección de penitenciarías de la Secretaría de Seguridad Pública) recibió en Almoloya (La Palma, luego Altiplano) a Flavio, en quien se concentró la intención de castigar políticamente la insurgencia civil oaxaqueña.
Se han abierto en su contra seis procesos penales, que se ventilan en juzgados de Etla, Ocotlán y Tecolutla. Se le ha imputado la comisión de trece delitos, presumiblemente cometidos durante la movilización civil de cuya dirección ha formado parte. Con suerte diversa, Sosa ha demandado amparo contra los autos de formal prisión. Anteayer, al cumplirse un semestre de su detención le fueron negados amparos en dos de sus causas penales. En cambio le ha sido otorgada la protección de la justicia federal respecto de otros dos procesos. La primera resolución favorable se emitió el 31 de marzo y exoneró a Flavio Sosa del delito de robo de una pipa y una excavadora que le fue imputado por autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El segundo falló lo benefició apenas el 18 de mayo pasado. Una jueza federal no encontró indicios de sus responsabilidad en la toma de la televisora estatal (lo que habría constituido despojo agravado) y el juez penal que ordenó su detención no acreditó su competencia para ocuparse del caso.
La aberrante práctica de juicios a distancia contra los Sosa, pues sus juzgadores están en Oaxaca y ellos presos a cientos de kilómetros, genera daño procesal a los agraviados, a los que no se responde su exigencia de ser trasladados. Su permanencia misma en establecimientos penitenciarios de la Federación es una grave irregularidad, pues las cárceles federales sólo deben recibir procesados del fuero común en circunstancias excepcionales y tras practicarles estudios que muestren que se trata efectivamente de reos que requieran ser recluidos en penales de alta seguridad.
Ninguno de esos requisitos se cumplió en estos casos. Por lo menos debe exigirse que los Sosa vuelvan a Oaxaca.
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