Miguel Ángel Granados Chapa

Muerte en el retén

Plaza Pública

Hasta el mediodía del lunes cuatro, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes primero de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de 5 años. Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes abrió fuego" (Noroeste.com, 2 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona Militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños.

Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo, porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el hospital general (de Badiraguato) se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 2 de junio). Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban: Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes; ... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, cuatro de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta), manifestó". (Noroeste.com, 2 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados". Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez de quince años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com, 4 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El dos de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

A pesar de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, no se ha producido ninguna detención. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Badiraguato, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Tampoco se responsabilizó a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.

Kikka Roja