El Cardenal y su pandilla

Rodrigo Vera. Proceso

Mientras la Corte Superior de Los Ángeles decide si tiene jurisdicción para someter a juicio a Norberto Rivera Carrera por la supuesta protección que brindó a un cura pederasta, esta semana el cardenal debe responder ante las autoridades mexicanas por una denuncia penal. Está acusado —junto con el rector de la Basílica de Guadalupe— de un presunto fraude multimillonario relacionado con el malogrado proyecto del templo de San Juan Diego. El representante legal de la empresa demandante revela a Proceso el modus operandi de lo que describe como la “pandilla” del arzobispo primado de México.

A pocos días de que la justicia estadunidense sometió a un interrogatorio al cardenal Norberto Rivera Carrera, ahora la justicia mexicana lo está requiriendo para que –ante un agente del Ministerio Público– declare sobre el multimillonario “fraude” que presuntamente cometió contra miles de fieles, a quienes durante años pidió “donativos” para levantar el santuario a San Juan Diego, un ambicioso proyecto arquitectónico que jamás construyó, por lo que deberá explicar qué hizo con el dinero recaudado. Inclusive, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acaba de pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –mediante un oficio con fecha del de julio pasado– que le informe sobre los movimientos de las dos cuentas en las que se recibían estos donativos, las cuales fueron finalmente canceladas sin dar una explicación a los fieles. Estas primeras diligencias judiciales son producto de una denuncia penal contra el controvertido cardenal, interpuesta en abril de 2005 por Arquitectura a la Vanguardia, S.A. de C.V., la empresa de arquitectos que diseñó el proyecto del santuario y que también fue presuntamente defraudada por Rivera Carrera. El abogado de Arquitectura a la Vanguardia, José Carlos González, se pregunta indignado: “¿Qué hizo Rivera Carrera con todo ese dinero que recibió en donativos, de miles y miles de fieles mexicanos? No lo sabemos ¿A cuánto ascendió la suma recaudada, que seguramente fue estratosférica? Tampoco lo sabemos. Lo único cierto es que desapareció el dinero y jamás construyó el santuario. Hubo un fraude gigantesco.”

–¿Por cuánto tiempo estuvo recibiendo donativos?
–Durante aproximadamente dos años y medio: todo el 2000 y 2001, y parte del año 2002. A través de hojas volantes y desplegados de prensa daba a conocer el proyecto del santuario y pedía dinero. En las iglesias de todo México también se pedía la cooperación de los fieles. Se decía que el propio Papa inauguraría el santuario a San Juan Diego, al que se denominó asimismo Monumento a la Mexicanidad.

Entrevistado en su despacho, el abogado indica que, después de más de dos años de haber interpuesto su denuncia penal, no es sino hasta ahora cuando la justicia mexicana cita a declarar al cardenal. “¡Imagínese! Cuando pusimos nuestra denuncia, en abril de 2005, el Ministerio Público ni siquiera investigó, y en sólo 10 horas –un tiempo récord, digno de mencionarse en el libro Guiness– determinó el no ejercicio de la acción penal contra el cardenal. La justicia estuvo protegiéndolo, encubriéndolo todo ese tiempo. Tuvimos que recurrir a cuatro amparos para que, por fin, se decidiera investigar a Rivera Carrera. Y todo fue gracias a que el sexto juez de Distrito en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó finalmente abrir una investigación en serio.” Así, por órdenes del juez, la PGJDF ya envió formalmente un citatorio a Rivera Carrera para que, “en calidad de probable responsable” de los “hechos que se investigan”, se presente este lunes 20 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en las oficinas de la delegación Gustavo A. Madero, ante el “agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Dos de la Coordinación Territorial”. Un citatorio semejante fue enviado a otro miembro de la jerarquía eclesiástica: monseñor Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica de Guadalupe, quien deberá presentarse ese mismo día ante el Ministerio Público.

Monroy, por cierto, se ha convertido en el amo y señor del principal santuario del país. Su megalomanía sin límites lo hizo mandar pintarse un descomunal retrato al óleo, que hoy se exhibe en el museo de la basílica, como si fuera un personaje de la realeza española estampado por Velásquez. Solo que aquí el pintor fue Fernando Leal Audirac. Hasta un libro finamente encuadernado –Retrato de monseñor Diego Monroy—detalla el proceso de ejecución y los aciertos artísticos del óleo.

–¿Es probable que el cardenal vaya a declarar? –se pregunta al abogado demandante. –Mire, estamos hablando de un primer citatorio, una diligencia prevista en el Código de Procedimientos Penales. El objetivo es que el cardenal informe al Ministerio Público sobre su participación en el fraude. Puede decidir no ir. Pero después, mediante una orden de presentación, el Ministerio Público tiene la facultad de recurrir a la fuerza pública para obligarlo a declarar. Y ya serían agentes judiciales quienes irían por él, como le sucedió al empresario Carlos Ahumada apenas salió del reclusorio, cuando un grupo de policías se lo llevaron en vilo. –Causa sorpresa que la justicia mexicana cite a declarar al cardenal pocos días después del interrogatorio al que lo sometió un juez estadunidense por su supuesta protección a un sacerdote pederasta. –Sí. Y resultaría absurdo que sí se subordine a la justicia estadunidense, como ya lo hizo, y en cambio se vaya a burlar de la mexicana, como está acostumbrado a hacerlo. En este caso no se trata sólo de llamarlo a declarar, sino de perseguirlo, pues es clarísimo que jamás realizó las obras que prometió y que el dinero recaudado desapareció. “Esos donativos se estuvieron depositando en dos cuentas bancarias, una en Banamex y otra en Banorte. Ahí se recolectaron todos los fondos. Pero después, en 2003, inexplicablemente fueron canceladas estas cuentas. ¡Se vaciaron! ¡Desaparecieron los rastros del dinero! De ahí que, por orden judicial, hoy se pide a la Comisión Nacional Bancaria que informe sobre todos los movimientos que se dieron en esas cuentas.” Efectivamente, en un oficio fechado el pasado 10 de julio, la procuraduría capitalina se dirige al presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, en los siguientes términos: Solicito a usted gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, a efecto de que me sea enviada la siguiente información: –El nombre y el domicilio del titular de la cuenta de cheques número 0204177566 del Banco Nacional de México, así como de la número 0161-0132549020 de la institución bancaria Banorte. –La fecha en que dichas cuentas fueron aperturadas y en su caso las fechas en que las mismas fueron canceladas. –El nombre de las personas físicas autorizadas para realizar movimientos, disposiciones de dinero, traspasos y demás operaciones bancarias, desde la apertura de las cuentas hasta su cancelación, si fuera el caso. –Remita el cárdex o registro de firmas autorizadas en las cuentas ya mencionadas.

En papel membretado, y con el sello de la PGJDF, la misiva establece que se requiere esa información para una “indagatoria”; registra el número de averiguación previa (“FGAM/GAM-4/T2/1026/04-05 y sus acumuladas”); enumera los delitos y a los presuntos delincuentes que actúan en “pandilla”, con el cardenal encabezando la lista. La autoridad expresa al presidente de la CNBV: Me permito hacer de su conocimiento que en la indagatoria citada al rubro existe una imputación por el delito de fraude, desobediencia de particulares, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos cometidos en pandilla, en contra de Norberto Rivera Carrera, Diego Monroy Ponce, Enrique Roberto Salazar y Salazar en su carácter de presidente y apoderado legal de la persona moral denominada Centro de Estudios Guadalupanos, A.C., en contra de Luis Ávila Blanca en su carácter de asociación del Centro de Estudios Guadalupanos, A.C. Firman la misiva: Yolanda Ravelo Fernández de Lara, agente del Ministerio Público; Alejandro Muñoz Ramírez, fiscal desconcentrado en Gustavo A. Madero, y Moisés Moreno Hernández, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.

Modus operandi

El abogado José Carlos González recalca que, efectivamente, el cardenal Rivera encabeza a esta “pandilla de delincuentes” dedicada a cometer ilícitos a costillas del culto guadalupano, y señala que, por cierto, ya falleció uno de los miembros de la misma, monseñor Enrique Salazar.

–¿Qué significa el término “pandilla”?
–No es sólo un término coloquial. En el lenguaje jurídico, es una asociación delictuosa compuesta por tres o más personas, de acuerdo con el artículo 252 del Código Penal para el Distrito Federal. Y asegura que el fraude con el Santuario a San Juan Diego fue minuciosamente planeado, en todos sus detalles, de principio a fin. Cuenta que, a principios de 2001, el cardenal Rivera, junto con sus subalternos Diego Monroy y Enrique Salazar, contrataron los servicios de Arquitectura a la Vanguardia para realizar el proyecto del santuario, que se edificaría sobre el cerro de Zacahuitzco, aledaño al del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Érika Aguilar, representante de esa empresa de arquitectos, fue la que mantuvo contacto directo con los jerarcas, quienes le aseguraron que la Iglesia era la propietaria del cerro. Y así quedó estipulado en el contrato que, por órdenes del cardenal, se hizo con el Centro de Estudios Guadalupanos (CEG), dirigido entonces por monseñor Salazar. Arquitectura a la Vanguardia hizo inmediatamente el levantamiento topográfico y los estudios de mecánica de suelos, de impacto urbano y ambiental, y en seguida elaboró el proyecto arquitectónico del colosal Santuario a la Mexicanidad. La obra se haría en un área de 5 mil metros cuadrados. Tendría una capilla abierta para mil 200 feligreses, mientras que en su interior cabrían 700 personas. Sus cuatro niveles alcanzarían una altura de 30 metros. El santuario –con su respectivo altar, coro y sagrario– comprendería también una zona de criptas, oficinas parroquiales, una tienda, un restaurante, una sala de proyecciones, dos núcleos de baños públicos, un área de enfermería, salas de usos múltiples, jardines… Y para disfrutar aún más la vista panorámica, los feligreses podrían viajar por aire del cerro del Zacahuitzco al del Tepeyac, puesto que estarían unidos por un teleférico.

En abril de 2001, Érika entregó personalmente el proyecto al cardenal y a Diego Monroy, a quienes acompañaban otras personas, en una junta que se realizó en las oficinas del Arzobispado de México. Todos quedaron encantados, al grado de que difundieron las imágenes del proyecto por todo el país.

Refiere el abogado González: “Realmente el proyecto fue el gancho para jalar más donativos. Para decirle a los fieles: ‘Miren, así de bonito va a quedar el santuario, cooperen para construirlo’. ¡Era parte del negocio! Por eso les urgía la entrega de las láminas y maquetas, que era sólo la primera etapa del proyecto. Hasta ahí llegó todo.”
–¿Qué pasó después?
–¡Qué iba a pasar! Que este grupo de pandilleros deshizo el convenio con Arquitectura a la Vanguardia, a la que ni siquiera le pagó por el trabajo realizado. Nos fuimos a una demanda civil por incumplimiento de contrato, que obviamente ganamos. Pero no pudimos recuperar el dinero invertido, pues al Centro de Estudios Guadalupanos, con el que se realizó el contrato, lo pusieron en estado de insolvencia. Por eso nuestra acusación de insolvencia fraudulenta. “Por otro lado, ya habían desaparecido las cuentas bancarias en las que recibían los donativos. A mis representados ahorita se les deben unos seis millones de pesos; es nada en comparación con el multimillonario fraude que cometieron contra los fieles mexicanos. Por tal motivo pusimos la denuncia penal.” El abogado detiene el curso de su conversación. Se quita los anteojos. Se recarga en el respaldo de su asiento giratorio y, en voz baja, como si revelara un secreto, confía: “¿Sabe qué? Ni siquiera eran propietarios de los terrenos sobre los que, según ellos, levantarían el santuario… Ni siquiera eso… El cerro del Zacahuitzco no les pertenece. Así que, desde el principio, urdieron el engaño, nos engañaron a todos con el fin de obtener dinero. “A las autoridades judiciales ya les advertimos que este caso ilustra a la perfección el modus operandi de esta pandilla de delincuentes, y que es sólo un fraude, entre otros que han cometido.”
–¿En qué consiste este modus operandi? ¿A qué otros fraudes se refiere?
–Bueno, su mecánica delictiva salta a la vista: inventan algún proyecto guadalupano para el cual piden dinero; abren cuentas bancarias que luego desaparecen; meten por ahí a alguna organización católica de bajo nivel para que dé la cara y a la que luego puedan declarar insolvente, o de plano desaparecer. El engaño siempre prevalece.
“El actual ejemplo es el proyecto Plaza Mariana, que están promoviendo. Se venden nichos de esta obra que aún no se realiza y que carece de ciertos permisos. Inclusive, el terreno sobre el que se piensa construir está en litigio. Las autoridades gubernamentales lo saben, pero no hacen nada para impedir un nuevo fraude.” No es esta la primera vez que se denuncia al cardenal Rivera y a Diego Monroy por realizar negocios ilícitos. En un contrato efectuado el 31 de marzo de 2002, Monroy –con la anuencia del cardenal—vendió el copyright de la imagen guadalupana en 12.5 millones de dólares a la empresa estadunidense Viotran. El hecho fue calificado de ilegal, ya que la imagen es considerada un símbolo nacional de “dominio público”, por lo cual no debió venderse en exclusividad (Proceso 1371). Tres años antes, en 1999, el cardenal fue demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR), puesto que manejaba, con fines de lucro, la Lotería Guadalupana, un juego de azar que tenía estampada la imagen de la virgen. La demanda fue interpuesta por Cronopolis, una organización social dedicada a defender el patrimonio cultural del país. Cronopolis argumentó que el cardenal no sólo violaba algunas leyes civiles, sino las mismas disposiciones canónicas de la Iglesia (Proceso 1354).

Kikka Roja