jenaro villamil
México, D.F., 25 de marzo (apro).- Tres funcionarios de Pemex Refinación son claves para explicar el vertiginoso ascenso de la empresa Transportes Especializados Ivancar. Se tratan de los exgerentes de Transporte Terrestre, Irma Alejandra Rodríguez Baeza y Jesús Villarreal Gallegos, y del actual subgerente de Operación, Oswaldo Machado Martínez. La firma de cada uno de ellos aparece en los distintos contratos que, de diciembre de 2000 a junio de 2005, firmó la empresa donde figuró como apoderado el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. De acuerdo con el expediente que hizo público el senador del PRD, Carlos Navarrete, estos tres funcionarios de la paraestatal fueron testigos del ascenso de una empresa que pasó de recibir contratos por 252 mil pesos, en noviembre de 2000, a tener un contrato multianual por casi 40 millones de pesos, en enero de 2005, y con vigencia hasta 2008.
Irma Alejandra Rodríguez Baeza autorizó la adjudicación directa para Ivancar, el 20 de diciembre de 2000 por un mínimo de 2 millones 750 mil pesos y un máximo de 6 millones 850 mil pesos. En este documento, con el folio GTT-0142-01/2001, Mouriño firma en su calidad de apoderado legal de la empresa, al mismo tiempo que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Por su parte, la firma de Jesús Villarreal Gallegos, sutituto de Rodríguez Baeza en la gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, aparece en cuatro contratos exhibidos por el PRD: del 20 de diciembre de 2001, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil pesos y un máximo de 7 millones 859 mil pesos; del 20 de diciembre de 2002, del 1 de septiembre de 2003 y del 29 de diciembre de 2003. En todos ellos, el monto mínimo fue de 3.3 millones y un máximo de 8.3 millones de pesos.
Mouriño firma en cada uno de ellos en su condición de “apoderado general”, a pesar de que era diputado federal, primero y luego funcionario de la Secretaría de Energía.
Villarreal Gallegos autorizó un convenio modificatorio, el GTT-00142-01-2PP/2003, del 1 de septiembre de 2003, para ampliarle las rutas de transporte a Ivancar. De acuerdo con el contrato, las ocho nuevas rutas para los autotanques de la empresa de Mouriño se basan en el plan piloto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación que consideró “altamente rentables” las rutas de El Castillo-Guadalajara, Rosarito-Tijuana, Madero-Valles, Madero-Mante y Gómez Palacio-Durango.
La empresa Transportes Unidos demandó a Villarreal Gallegos ante el órgano de control interno de Pemex Refinación. Lo acusaron de violar el convenio de carga para 2003. La Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de este funcionario que firmó más de 150 contratos por año con las empresas transportistas al servicio de Pemex Refinación entre 2003 y 2004. Villarreal obtuvo una suspensión de un juez federal ante la posible inhabilitación y desde abril de 2007 se desempeñó como consultor en la coordinación técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, del Distrito Federal, bajo las órdenes de Joel Ortega. Ante el escándalo desatado en torno a los contratos, Ortega le pidió el viernes 14 de marzo la renuncia a Villarreal, con el objetivo de facilitar los trabajos de investigación de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública en torno a los contratos de Ivancar. El jefe de la policía capitalina afirmó que la renuncia de este funcionario le parecía “saludable” y aclaró que en la SSP sólo desempeñaba labores de carácter técnico.
El 1 de junio de 2005, Pemex Refinación y Transportes Especializados Ivancar firmaron el contrato mutianual más ambicioso, por un monto mínimo de 23 millones 787 mil pesos y un máximo de 39 millones 646 mil pesos que se ejercieron en lo que restaba del año fiscal 2005 y todo lo correspondiente a 2006, 2007 y 2008. La generosidad de este contrato GTT-00142-CM/ 2005-2008, incluyó cambios a determinadas cláusulas. Por ejemplo, se eliminó de la cláusula vigésimo primera la obligación que tenía Ivancar de informar al Instituto Mexicano del Transporte, vía fax o correo electrónico, sobre los mensajes de alerta y el listado de los vehículos de transporte mediante el sistema de monitoreo satelital.
El contrato fue firmado por el ingeniero Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación de Pemex Refinación, y por Luis Fernando Coyoc Ramírez, quien figuró como nuevo apoderado general de Ivancar. Los senadores Graco Ramírez y Carlos Navarrete, del PRD, formalizaron ante la PGR su solicitud de protección y arraigo sobre Machado Martínez, ante informes de que este funcionario recibe presiones de la paraestatal para renunciar al cargo y escaparse del país.
Graco Ramírez consideró que Oswaldo Machado es un “testigo clave” en la investigación que realizará la Procuraduría General de la República porque fue el responsable de las últimas adjudicaciones directas a Ivancar. Al dar a conocer el contenido del expediente del caso Mouriño, Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en el Senado, también mencionó a Karim Elías Bobadilla como otro personaje clave en la trama de los contratos. Bobadilla es “el hombre colocado por la familia Mouriño en el lugar adecuado en Pemex para validar las licitaciones, los contratos y las asignaciones” en función de la apertura al capital privado. Actualmente es el titular del Organo Interno de Control de Pemex Exploración y Producción. Antes de ese cargo, Bobadilla fue responsable de la entrega-recepción en la oficina de la Presidencia.
Navarrete afirmó un día después de que Mouriño le entregara al Senado una copia del expediente presentado ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública, que la información sobre los contratos es incompleta. Y ejemplificó: “el finiquito sobre sus acciones en la empresa Ivancar no viene en el expediente”.
Irma Alejandra Rodríguez Baeza autorizó la adjudicación directa para Ivancar, el 20 de diciembre de 2000 por un mínimo de 2 millones 750 mil pesos y un máximo de 6 millones 850 mil pesos. En este documento, con el folio GTT-0142-01/2001, Mouriño firma en su calidad de apoderado legal de la empresa, al mismo tiempo que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Por su parte, la firma de Jesús Villarreal Gallegos, sutituto de Rodríguez Baeza en la gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, aparece en cuatro contratos exhibidos por el PRD: del 20 de diciembre de 2001, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil pesos y un máximo de 7 millones 859 mil pesos; del 20 de diciembre de 2002, del 1 de septiembre de 2003 y del 29 de diciembre de 2003. En todos ellos, el monto mínimo fue de 3.3 millones y un máximo de 8.3 millones de pesos.
Mouriño firma en cada uno de ellos en su condición de “apoderado general”, a pesar de que era diputado federal, primero y luego funcionario de la Secretaría de Energía.
Villarreal Gallegos autorizó un convenio modificatorio, el GTT-00142-01-2PP/2003, del 1 de septiembre de 2003, para ampliarle las rutas de transporte a Ivancar. De acuerdo con el contrato, las ocho nuevas rutas para los autotanques de la empresa de Mouriño se basan en el plan piloto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación que consideró “altamente rentables” las rutas de El Castillo-Guadalajara, Rosarito-Tijuana, Madero-Valles, Madero-Mante y Gómez Palacio-Durango.
La empresa Transportes Unidos demandó a Villarreal Gallegos ante el órgano de control interno de Pemex Refinación. Lo acusaron de violar el convenio de carga para 2003. La Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de este funcionario que firmó más de 150 contratos por año con las empresas transportistas al servicio de Pemex Refinación entre 2003 y 2004. Villarreal obtuvo una suspensión de un juez federal ante la posible inhabilitación y desde abril de 2007 se desempeñó como consultor en la coordinación técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, del Distrito Federal, bajo las órdenes de Joel Ortega. Ante el escándalo desatado en torno a los contratos, Ortega le pidió el viernes 14 de marzo la renuncia a Villarreal, con el objetivo de facilitar los trabajos de investigación de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública en torno a los contratos de Ivancar. El jefe de la policía capitalina afirmó que la renuncia de este funcionario le parecía “saludable” y aclaró que en la SSP sólo desempeñaba labores de carácter técnico.
El 1 de junio de 2005, Pemex Refinación y Transportes Especializados Ivancar firmaron el contrato mutianual más ambicioso, por un monto mínimo de 23 millones 787 mil pesos y un máximo de 39 millones 646 mil pesos que se ejercieron en lo que restaba del año fiscal 2005 y todo lo correspondiente a 2006, 2007 y 2008. La generosidad de este contrato GTT-00142-CM/ 2005-2008, incluyó cambios a determinadas cláusulas. Por ejemplo, se eliminó de la cláusula vigésimo primera la obligación que tenía Ivancar de informar al Instituto Mexicano del Transporte, vía fax o correo electrónico, sobre los mensajes de alerta y el listado de los vehículos de transporte mediante el sistema de monitoreo satelital.
El contrato fue firmado por el ingeniero Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación de Pemex Refinación, y por Luis Fernando Coyoc Ramírez, quien figuró como nuevo apoderado general de Ivancar. Los senadores Graco Ramírez y Carlos Navarrete, del PRD, formalizaron ante la PGR su solicitud de protección y arraigo sobre Machado Martínez, ante informes de que este funcionario recibe presiones de la paraestatal para renunciar al cargo y escaparse del país.
Graco Ramírez consideró que Oswaldo Machado es un “testigo clave” en la investigación que realizará la Procuraduría General de la República porque fue el responsable de las últimas adjudicaciones directas a Ivancar. Al dar a conocer el contenido del expediente del caso Mouriño, Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en el Senado, también mencionó a Karim Elías Bobadilla como otro personaje clave en la trama de los contratos. Bobadilla es “el hombre colocado por la familia Mouriño en el lugar adecuado en Pemex para validar las licitaciones, los contratos y las asignaciones” en función de la apertura al capital privado. Actualmente es el titular del Organo Interno de Control de Pemex Exploración y Producción. Antes de ese cargo, Bobadilla fue responsable de la entrega-recepción en la oficina de la Presidencia.
Navarrete afirmó un día después de que Mouriño le entregara al Senado una copia del expediente presentado ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública, que la información sobre los contratos es incompleta. Y ejemplificó: “el finiquito sobre sus acciones en la empresa Ivancar no viene en el expediente”.
Kikka Roja
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El niño Camilo tiene las uñas más afiladas que el Profe Hank González
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