Roberto Campa: NO SE PUEDE AHORITA, HASTA DENTRO DE 2 AÑOS PLAN ANTICRIMEN

Con más de 70 puntos y 11 artículos, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad prevé compromisos de los gobiernos federal, estatales y municipales, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de organizaciones sociales, eclesiásticas, medios de comunicación y de la ciudadanía. Con plazos que van desde unos meses, como la elaboración de la estrategia antisecuestro en seis, hasta tres años, las diferentes instancias que suscribieron, expresaron su convicción de combatir la inseguridad en todo el país.

Fortalecimiento de la seguridad y de la justicia

El secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer el texto del acuerdo, que prevé la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como crear un modelo de evaluación y control de confianza. En el Palacio Nacional, ante el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de todo el país, así como representantes del Legislativo y Judicial, dijo que el acuerdo contempla la construcción de dos Centros de Readaptación de Alta Seguridad, incluyendo módulos especiales para los secuestradores, en un plazo de dos años. Asimismo, prevé actualizar el padrón de licencias de portación de armas, integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal (en tres años) y fortalecer el sistema penitenciario. También establece fortalecer el sistema de aduanas y modernizarlas para reducir el contrabando y en particular el tráfico de armas y precursores químicos, en dos años.

Enlista Campa objetivos de pacto anticrimen
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, llamó a los tres niveles de gobierno a coordinarse.

La Jornada On Line Publicado: 21/08/2008 18:58

México, DF. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, aseveró que al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los participantes reconocen que la sociedad mexicana está profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, la inseguridad y la violencia. Al participar en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que se efectúa en Palacio Nacional, Campa llamó a los tres niveles de gobierno a coordinarse y a tener la participación de la ciudadanía, cuya vigilancia es parte fundamental del acuerdo.

A Roberto Campa correspondió dar lectura a la propuesta y compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, entre los que se encuentran la depuración y el fortalecimiento de instituciones de seguridad, para lo cual las procuradurías se comprometen a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos y los titulares de Ejecutivos de estados se comprometen a etiquetar la asignación de recursos a funciones de seguridad pública, la creación de unidades especializadas para desarticular bandas dedicadas al secuestro e intercambiar información al respecto. Además, la implementación del sistema único de información sobre delincuencia organizada, establecer indicadores de medición de desempeño de las dependencias y funcionarios, evaluación del personal de la policía municipal y centros de readaptación social, interconexión a sistemas de Plataforma México para el registro de información sustantiva.

En cuanto al Poder Judicial, considera transparentar más el desempeño de sus órganos, instalar nuevos juzgados y tribunales federales, favorecer la celeridad en los procesos, fortalecer la autonomía e imparcialidad e jueces y magistrados, además de brindar seguridad para evitar que el poder de la delincuencia y amenazas afecte sus decisiones, fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados, intensificar la capacitaciones de jueces en materia pena y sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades, entre otras. Respecto del Poder Legislativo, establece dar trámite legislativo a las iniciativas presentadas antes del 1 de octubre en ambas cámaras del Congreso, el compromiso del Congreso a legislar contra el narcomenudeo, prever en la ley de ejecuciones de sanciones penales impedir la preliberación en secuestro y delitos cometidos con violencia, impulsar una ley general del delito del secuestro y destinar mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad, entre otros.

AH QUE PINCHES PENDEJADAS, ¡¡¡¡ AL FIN QUE A NADIE ESTAN MATANDO AHORITA !!!

Kikka Roja