Dos legisladores panistas, involucrados en casos de fraude y violación
Luis A. Boffil y Edith Argüelles (Corresponsales)
El diputado panista de Yucatán Antonio Aragón Uicab engañó a pobladores de las comunidades mayas Kimbilá y Citilcum –ubicadas en el municipio de Izamal, al oriente de la entidad–, a quienes entregó anteojos pregraduados, de mala calidad y cuyo costo no supera los 20 pesos por unidad, aunque cobró 110 pesos a cada uno de los afectados. Vecinos de ambas comunidades yucatecas sostuvieron que el legislador Aragón Uicab se acercó a por lo menos 100 personas con problemas de visión, y se comprometió a dotarlos de lentes a un costo mínimo. De esta forma, dijeron, el diputado les explicó que cada anteojo tendría un precio de 310 pesos, pero que ellos sólo pagarían 110 y él se comprometía a dar la aportación restante de 200 pesos. El pasado 20 de diciembre, Aragón Uicab hizo entrega de los primeros 30 anteojos para igual número de personas de extracción indígena, quienes aportaron los correspondientes 110 pesos por “beneficiado”. No obstante, los espejuelos carecían de la graduación adecuada, y no correspondían a los problemas visuales de los indígenas.
A pesar de esta situación, Aragón Uicab convenció a los colonos de que al paso de los días “su visión se adaptaría a los nuevos anteojos”. Como los problemas continuaron, los afectados solicitaron el apoyo de un optometrista, quien les indicó que los lentes eran pregraduados, de mala calidad y que se adquieren en mercados públicos por 10 o 20 pesos, cuando la compra es masiva. De esta forma, calcularon los campesinos, el diputado panista se habría embolsado al menos 90 pesos por cada artículo entregado, y por lo tanto tampoco pagó los 200 pesos que, según él, corresponderían al saldo por cada anteojo. Aragón Uicab respondió mediante un comunicado, en el cual sostuvo que no estafó a nadie, que los lentes son artículos “de calidad”, y que es víctima de sus adversarios priístas en Kimbilá y Citilcum, aunque no ofreció sus nombres.
A pesar de esta situación, Aragón Uicab convenció a los colonos de que al paso de los días “su visión se adaptaría a los nuevos anteojos”. Como los problemas continuaron, los afectados solicitaron el apoyo de un optometrista, quien les indicó que los lentes eran pregraduados, de mala calidad y que se adquieren en mercados públicos por 10 o 20 pesos, cuando la compra es masiva. De esta forma, calcularon los campesinos, el diputado panista se habría embolsado al menos 90 pesos por cada artículo entregado, y por lo tanto tampoco pagó los 200 pesos que, según él, corresponderían al saldo por cada anteojo. Aragón Uicab respondió mediante un comunicado, en el cual sostuvo que no estafó a nadie, que los lentes son artículos “de calidad”, y que es víctima de sus adversarios priístas en Kimbilá y Citilcum, aunque no ofreció sus nombres.
Sobrina violada
Por otra parte, en San Luis Potosí, el diputado panista Juan Izaguirre Ostiguín enfrenta una denuncia penal, acusado de incurrir en violación sexual y otros delitos en agravio a una sobrina suya originaria del municipio de Villa Juárez, quien llegó a estudiar a la capital del estado, y fue asistida en casa del legislador.
La denuncia fue presentada por la afectada –quien solicitó el anonimato– el pasado 29 de septiembre de 2008, ante el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar. El caso se encuentra en el expediente número 364-XII-08 de esa instancia. De acuerdo con el expediente, la supuesta agresión sexual ocurrió el 27 de febrero de 2007, mientras la esposa del legislador se encontraba en Estados Unidos, y a partir de la agresión, la afectada dio a luz en septiembre de ese mismo año a un hijo, a quien el legislador panista se niega a reconocer.
La joven es hija de un primo de Juan Izaguirre, todos originarios del municipio de Villa Juárez –característico por su población migrante–, y llegó a la capital potosina a finales de 2006, para estudiar la carrera de enfermería. Izaguirre Ostiguín, quien en ese entonces recién había tomado posesión como legislador por el Distrito 2, ofreció a la familia de la joven que podría quedarse en su casa. La afectada mantuvo en silencio la agresión de que fue objeto, y ante el rechazo del legislador en reconocer al menor que sería producto de la presunta violación, la joven se decidió a presentar la demanda ante las autoridades, con los cargos de “violación, amenazas, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y violencia intrafamiliar”, según el expediente 364-XII-08.
El fuero del diputado le protege en estos momentos de enfrentar un proceso legal.
De acuerdo con el procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Martín Beltrán Saucedo, “lo correcto es” que el diputado Izaguirre sea desaforado, y enfrente un proceso penal por los delitos que se le imputan. Se trata de una denuncia grave, dijo Beltrán Saucedo, quien consideró que este caso no debe quedar en la impunidad por tratarse de un diputado.
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La denuncia fue presentada por la afectada –quien solicitó el anonimato– el pasado 29 de septiembre de 2008, ante el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Abuso Sexual y Violencia Intrafamiliar. El caso se encuentra en el expediente número 364-XII-08 de esa instancia. De acuerdo con el expediente, la supuesta agresión sexual ocurrió el 27 de febrero de 2007, mientras la esposa del legislador se encontraba en Estados Unidos, y a partir de la agresión, la afectada dio a luz en septiembre de ese mismo año a un hijo, a quien el legislador panista se niega a reconocer.
La joven es hija de un primo de Juan Izaguirre, todos originarios del municipio de Villa Juárez –característico por su población migrante–, y llegó a la capital potosina a finales de 2006, para estudiar la carrera de enfermería. Izaguirre Ostiguín, quien en ese entonces recién había tomado posesión como legislador por el Distrito 2, ofreció a la familia de la joven que podría quedarse en su casa. La afectada mantuvo en silencio la agresión de que fue objeto, y ante el rechazo del legislador en reconocer al menor que sería producto de la presunta violación, la joven se decidió a presentar la demanda ante las autoridades, con los cargos de “violación, amenazas, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y violencia intrafamiliar”, según el expediente 364-XII-08.
El fuero del diputado le protege en estos momentos de enfrentar un proceso legal.
De acuerdo con el procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Martín Beltrán Saucedo, “lo correcto es” que el diputado Izaguirre sea desaforado, y enfrente un proceso penal por los delitos que se le imputan. Se trata de una denuncia grave, dijo Beltrán Saucedo, quien consideró que este caso no debe quedar en la impunidad por tratarse de un diputado.
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