La orden
El hallazgo de ocho militares decapitados en las inmediaciones de Chilpancingo (Guerrero) el domingo 21 ha sido el detonador de una nueva crisis en las fuerzas armadas mexicanas y en el gobierno de facto de Felipe Calderón, que parece hundido en la más absoluta incapacidad ante la situación de violencia que él mismo ha generado y ahora ante las amenazas de Washington.
1. La primera constatación que tiene que hacerse al analizar el escenario de violencia institucional con el que culmina 2008 en México es que éste ha sido generado por el gobierno de facto calderonista y que la responsabilidad por lo que acontece debe ser asumida plenamente por quien es el principal culpable: Felipe Calderón.
2. Los hechos son irrefutables. La estrategia de lucha contra el narco del gobierno panista en acatamiento a la Iniciativa Mérida impuesta por la Casa Blanca ha fracasado por completo y en el plano institucional sólo ha conducido a debilitar al Ejército al utilizarlo como fuerza policiaca en contra de los dispuesto por la Constitución: obligándolo a someterse a la DEA y a otras agencias estadunidenses, mermándolo con decenas de miles de deserciones, penetrándolo cada vez más por el narcotráfico, haciéndolo cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, y ahora exhibiéndolo en su fracaso en una tarea para la cual no está preparado.
3. Los discursos de Felipe Calderón en La Ciudadela y del general Enrique Alonso en las exequias de las víctimas el lunes 22 hablando con amenazas son, por lo mismo, inadmisibles y sólo evidencian el desastre institucional de la administración panista. ¿Venganza contra quién? ¿Contra las decenas de miles de campesinos empobrecidos por las políticas de los gobernantes y que se dedican a esas actividades ilícitas como única salida?
4. El airado boletín de prensa enviado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a los medios, publicado el miércoles 24, lamentándose de la forma en que los medios informaron de las ejecuciones en Guerrero, no hace por otra parte más que evidenciar el malestar de la cúpula militar. La alta oficialidad no puede, sin embargo, ignorar que el Ejército Mexicano está cumpliendo un papel anticonstitucional al actuar como Ministerio Público y policía ministerial o judicial, que si su papel lo entendieron, equivocadamente, como “una guerra”, la están perdiendo; que han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, y, lo más grave, que han sufrido más de 100 mil deserciones por lo que la lucha contra el narco es en buena medida una serie de absurdos enfrentamientos armados entre militares y ex militares ahora al servicio de los capos.
5. Los grupos más activos de la extrema derecha mexicana se hallan en tanto en la más absoluta desazón. No pueden exigirle nada a Calderón en materia de seguridad pública porque ellos lo impusieron y son corresponsables de todo, de ahí su extravío y que ahora anhelen una mayor fascistización del gobierno y vean a Colombia como su modelo sin entender lo que está pasando. La locutora Denise Maerker del Canal 2 de televisión se quedó por eso pasmada cuando el martes 23 preguntó en su programa a Ingrid Betancourt si el gobierno de Uribe podía ser “un ejemplo para México” y la recién liberada le contestó tajante, para vergüenza de Televisa: “el gobierno de Colombia no puede ser un ejemplo para nadie”.
6. La entrevista dada por George W. Bush a The Washington Times el 22 de diciembre, reproducida parcialmente por El Universal del día siguiente, no deja, sin embargo, lugar a dudas. A menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, el gobernante más turbio que ha tenido Estados Unidos y cuya familia ha sido vinculada desde el gobierno de su padre con los grandes intereses del narcotráfico, hace una advertencia al futuro gobierno de Barack Obama que más parece ser una tétrica advertencia a la administración de facto de Calderón. Obama, dice Bush, “tendrá que enfrentar a los cárteles del narcotráfico en el propio vecindario”, y “la primera línea de esa guerra debe ser México”.
7. La sumisión del gobierno de facto de Calderón al plan de la administración republicana de llevar a cabo una supuesta “guerra contra el narco” ha llevado, en consecuencia, no sólo a instaurar una violencia generalizada en distintas zonas del país, a quebrantar el orden jurídico atentando contra las instituciones, a violentar los derechos humanos fundamentales y a dañar la convivencia social y la economía nacional, sino que entraña además otra consecuencia muy grave: comprometer seriamente la soberanía de la nación. Una semana después de que el gobierno estadunidense declarara a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos”, Bush exige que las políticas que él instauró sean permanentes, y abre la vía para que la intervención de Washington sea cada vez mayor en México.
8. El futuro gobierno de Obama no va a ser tan diferente en su política exterior como muchos están empeñados en creer y es previsible que en esta materia, gracias en buena medida a las políticas erróneas del gobierno panista, va a continuar viendo a México como un peligro para su país y, en función de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos impuesta por Bush –que ya es institucional–, a hacer valer el privilegio que Washington se otorga a sí mismos para intervenir en cualquier país donde exista una supuesta amenaza a sus intereses.
9. La supuesta “guerra contra el narco” de Calderón, vista desde Washington como una vía para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, y entendida por Calderón como una pantalla para ocultar su ilegitimidad y su incompetencia, así como sus políticas antinacionales y antipopulares –que tanto están dañando al pueblo de México–, no ha conducido a los objetivos que vislumbraron los ambiciosos panistas. El narco se ha fortalecido y armado como nunca antes en su historia, y Calderón no sólo no se ha legitimado, sino que su incompetencia y venalidad se han hecho cada vez más evidentes con un saldo patético para México en el que el desprestigio y la crisis gravísima por la que atraviesan las fuerzas armadas como consecuencia de haber transgredido su papel constitucional, no son más que un ejemplo.
10. El dilema por el que atraviesa el gobierno de facto es muy claro, pues de negarse a retirar ya al ejército de esas tareas y persistir en su sometimiento a las políticas dictadas por las agencias estadunidenses, el narco se fortalecerá aún más y se seguirá armando sin límites, la crisis interna de las fuerzas armadas mexicanas continuará ahondándose y el país irá cada vez más a un despeñadero de violencia y a una mayor crisis social y económica, y desde luego institucional.
2. Los hechos son irrefutables. La estrategia de lucha contra el narco del gobierno panista en acatamiento a la Iniciativa Mérida impuesta por la Casa Blanca ha fracasado por completo y en el plano institucional sólo ha conducido a debilitar al Ejército al utilizarlo como fuerza policiaca en contra de los dispuesto por la Constitución: obligándolo a someterse a la DEA y a otras agencias estadunidenses, mermándolo con decenas de miles de deserciones, penetrándolo cada vez más por el narcotráfico, haciéndolo cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, y ahora exhibiéndolo en su fracaso en una tarea para la cual no está preparado.
3. Los discursos de Felipe Calderón en La Ciudadela y del general Enrique Alonso en las exequias de las víctimas el lunes 22 hablando con amenazas son, por lo mismo, inadmisibles y sólo evidencian el desastre institucional de la administración panista. ¿Venganza contra quién? ¿Contra las decenas de miles de campesinos empobrecidos por las políticas de los gobernantes y que se dedican a esas actividades ilícitas como única salida?
4. El airado boletín de prensa enviado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a los medios, publicado el miércoles 24, lamentándose de la forma en que los medios informaron de las ejecuciones en Guerrero, no hace por otra parte más que evidenciar el malestar de la cúpula militar. La alta oficialidad no puede, sin embargo, ignorar que el Ejército Mexicano está cumpliendo un papel anticonstitucional al actuar como Ministerio Público y policía ministerial o judicial, que si su papel lo entendieron, equivocadamente, como “una guerra”, la están perdiendo; que han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, y, lo más grave, que han sufrido más de 100 mil deserciones por lo que la lucha contra el narco es en buena medida una serie de absurdos enfrentamientos armados entre militares y ex militares ahora al servicio de los capos.
5. Los grupos más activos de la extrema derecha mexicana se hallan en tanto en la más absoluta desazón. No pueden exigirle nada a Calderón en materia de seguridad pública porque ellos lo impusieron y son corresponsables de todo, de ahí su extravío y que ahora anhelen una mayor fascistización del gobierno y vean a Colombia como su modelo sin entender lo que está pasando. La locutora Denise Maerker del Canal 2 de televisión se quedó por eso pasmada cuando el martes 23 preguntó en su programa a Ingrid Betancourt si el gobierno de Uribe podía ser “un ejemplo para México” y la recién liberada le contestó tajante, para vergüenza de Televisa: “el gobierno de Colombia no puede ser un ejemplo para nadie”.
6. La entrevista dada por George W. Bush a The Washington Times el 22 de diciembre, reproducida parcialmente por El Universal del día siguiente, no deja, sin embargo, lugar a dudas. A menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, el gobernante más turbio que ha tenido Estados Unidos y cuya familia ha sido vinculada desde el gobierno de su padre con los grandes intereses del narcotráfico, hace una advertencia al futuro gobierno de Barack Obama que más parece ser una tétrica advertencia a la administración de facto de Calderón. Obama, dice Bush, “tendrá que enfrentar a los cárteles del narcotráfico en el propio vecindario”, y “la primera línea de esa guerra debe ser México”.
7. La sumisión del gobierno de facto de Calderón al plan de la administración republicana de llevar a cabo una supuesta “guerra contra el narco” ha llevado, en consecuencia, no sólo a instaurar una violencia generalizada en distintas zonas del país, a quebrantar el orden jurídico atentando contra las instituciones, a violentar los derechos humanos fundamentales y a dañar la convivencia social y la economía nacional, sino que entraña además otra consecuencia muy grave: comprometer seriamente la soberanía de la nación. Una semana después de que el gobierno estadunidense declarara a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos”, Bush exige que las políticas que él instauró sean permanentes, y abre la vía para que la intervención de Washington sea cada vez mayor en México.
8. El futuro gobierno de Obama no va a ser tan diferente en su política exterior como muchos están empeñados en creer y es previsible que en esta materia, gracias en buena medida a las políticas erróneas del gobierno panista, va a continuar viendo a México como un peligro para su país y, en función de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos impuesta por Bush –que ya es institucional–, a hacer valer el privilegio que Washington se otorga a sí mismos para intervenir en cualquier país donde exista una supuesta amenaza a sus intereses.
9. La supuesta “guerra contra el narco” de Calderón, vista desde Washington como una vía para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, y entendida por Calderón como una pantalla para ocultar su ilegitimidad y su incompetencia, así como sus políticas antinacionales y antipopulares –que tanto están dañando al pueblo de México–, no ha conducido a los objetivos que vislumbraron los ambiciosos panistas. El narco se ha fortalecido y armado como nunca antes en su historia, y Calderón no sólo no se ha legitimado, sino que su incompetencia y venalidad se han hecho cada vez más evidentes con un saldo patético para México en el que el desprestigio y la crisis gravísima por la que atraviesan las fuerzas armadas como consecuencia de haber transgredido su papel constitucional, no son más que un ejemplo.
10. El dilema por el que atraviesa el gobierno de facto es muy claro, pues de negarse a retirar ya al ejército de esas tareas y persistir en su sometimiento a las políticas dictadas por las agencias estadunidenses, el narco se fortalecerá aún más y se seguirá armando sin límites, la crisis interna de las fuerzas armadas mexicanas continuará ahondándose y el país irá cada vez más a un despeñadero de violencia y a una mayor crisis social y económica, y desde luego institucional.
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