JENARO VILLAMIL
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó la renuncia "por motivos personales" de la subsecretaria de esa dependencia, Purificación Carpinteyro y difundió que el presidente Felipe Calderón nombró en su lugar a Gabriela Hernández Cardoso, quien se desempeñaba como directora general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A continuación reproducimos el reportaje que publica el semanario Proceso en su edición 1683 que empezó a circular el domingo 1 de febrero y que da cuenta de las disputas y golpes bajos que se vienen dando al interior de la SCT y que han provocado, entre otras situaciones, el cese de Carpinteyro. El texto original lleva por título Telecomunicaciones: Todos contra todos.
El sector de las telecomunicaciones sigue padeciendo las fuertes pugnas entre los grupos dominantes –Televisa y Telmex–, el jaloneo de éstos con las autoridades y, el colmo, los pleitos entre funcionarios de la SCT, como el que sacó de la jugada regulatoria a la subsecretaria Purificación Carpinteyro. La incertidumbre resultante, sumada a la lentitud y opacidad del sistema judicial, mantiene paralizado al sec-tor y ahuyenta las inversiones en un momento crítico para la economía del país. El pasado 20 de enero fue definitivo para el futuro de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. En una reunión nocturna en Los Pinos quedó clara la confrontación entre la funcionaria y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, quien la acusó de falta de institucionalidad y de “filtrar” información en su contra. A su vez, Carpinteyro se quejó de bloqueos y de que el nuevo reglamento interno de la SCT, publicado el 8 de enero, prácticamente borraba las funciones de su subsecretaría.
Desde Los Pinos le sugirieron a Carpinteyro que tomara unas vacaciones para atemperar los ánimos, según testimonios recabados por Proceso. Sin embargo, su destino ya estaba escrito. Durante toda la semana pasada proliferaron las columnas periodísticas, la mayoría de comunicadores y funcionarios vinculados con Televisa, que acusaron a la subsecretaria de querer desbancar a Luis Téllez y de favorecer a MVS. A partir de este domingo 1 de febrero, la salida de Carpinteyro de la subsecretaría es “irrevocable”, según información interna de la SCT. No queda claro quién será el nuevo titular. Se menciona a Gonzalo Martínez Pous, exdirector jurídico de la dependencia, actual comisionado de Cofetel y hombre de la confianza de Téllez, y también a la directora general de política de telecomunicaciones, Gabriela Hernández. De esta manera, en poco más de dos años el gobierno de Felipe Calderón ha tenido a tres funcionarios en la Subsecretaría de Comunicaciones, encargada de regular a Telmex, la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, y a Televisa, el principal corporativo de medios electrónicos del país. Ambos grupos están en plena guerra por el control del mercado de telecomunicaciones, cada uno desde su esfera de influencia, y ambos con alianzas y capacidad para presionar al gobierno federal.
Las disputas internas en la SCT ya tienen un efecto sobre su sector, el más dinámico de la economía, el único que creció 12 puntos por encima del PIB en los últimos ocho años y que registró 22 mil millones de dólares de inversión entre 2001 y 2006. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth, el último que duró un sexenio en el cargo, subraya a Proceso que las diferencias “estancan el sector” y calcula que cerca de mil millones de dólares de inversión potencial están paralizados por la falta de licitaciones nuevas. La de Comunicaciones “es la subsecretaría de mayor importancia en materia de inversión privada y la más complicada, porque tienes a los poderes fácticos presionando por sus intereses. El problema no es la ‘doble ventanilla’. Lo que incide en la parálisis del sector es que los funcionarios no se hablen entre sí, que no lleguen a acuerdos. Un nuevo subsecretario es establecer un nuevo besamanos, un nuevo proceso de aprendizaje”, advierte Álvarez Hoth, quien trabajó bajo las órdenes de Pedro Cerisola.
El primer subsecretario de Comunicaciones en este sexenio fue Rafael Noel del Villar Alrich, exfuncionario del Banco de México, quien mantuvo un largo litigio jurídico junto con Gonzalo Martínez Pous para ocupar sendas posiciones en el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La disputa agudizó las diferencias entre la SCT y la Cofetel, especialmente entre Luis Téllez y el presidente de la comisión, el panista Héctor Osuna. Al irse Del Villar a la Cofetel, en septiembre de 2008, el presidente Calderón designó a Purificación Carpinteyro, hasta entonces directora del Servicio Postal Mexicano y antigua conocida suya desde la Escuela Libre de Derecho. Desde el principio, las tensiones y las diferencias entre Carpinteyro y Luis Téllez fueron manifiestas y públicas.
Confrontaciones
Las divergencias entre Carpinteyro y Téllez se centraron en la necesidad de licitar el espectro para los servicios de banda ancha, y en la definición del cambio de título de concesión de Telmex para que pueda dar servicios de video en el esquema de triple play, que tensó las relaciones con Televisa y se agudizó en noviembre a raíz de la alianza comercial entre la empresa de Carlos Slim y MVS, de Joaquín Vargas. Los otros temas de la disputa fueron los refrendos de las concesiones a radiodifusores y operadores de telecomunicaciones, ya que tan sólo al cierre de 2008 existían 101 concesiones vencidas de radio AM y FM; y las secuelas del jaloneo con Telcel por la demanda de Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, por el esquema “el que llama paga”.
Esta última diferencia se la heredó el subsecretario Del Villar a Carpinteyro y fue ganada en primera instancia por Téllez en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Telcel acusó a la SCT de violar el amparo para beneficiar a Axtel, y el litigio continuará en tribunales colegiados. La subsecretaria Carpinteyro solicitó un dictamen jurídico al despacho Esponda, Zínser y Gómez Mont en octubre pasado, antes de que Fernando Gómez Mont llegara a la Secretaría de Gobernación. El dictamen estableció que la SCT “violó la suspensión definitiva de amparo concedida a Telcel”.
Por otro lado, la alianza de Telmex y MVS para ofrecer el servicio de televisión restringida vía satélite, que afecta directamente al monopolio Sky de Televisa, generó una agria disputa pública con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec). Mediante desplegados, el presidente de la cámara, Alejandro Puente, acusó a Carpinteyro de apoyar los intereses de Slim y también de frenar el proceso de Áreas de Servicio Local (ASL), que eliminaría la aplicación de tarifas de larga distancia entre comunidades cercanas. Por su parte, Televisión Azteca se fue por la libre y pretende lanzar cuatro canales restringidos con concesión de televisión digital, en abierto desafío a las autoridades. Gabriel Sosa Plata explicó que, a diferencia de Televisa aliada con Multimedios, que usa “canales espejo” para transmitir televisión digital, la compañía de Salinas Pliego “multiplexó” sus canales digitales y en lugar de transmitir dos señales generará 10. Televisa advierte que esta estrategia viola el Acuerdo de Política de TV Digital aprobado el 2 de julio de 2004.
Por si fuera poco, el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa la Cofetel generó una airada reacción en contra de Telmex y de otras 26 compañías telefónicas que criticaron el proyecto ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Consultado por Proceso, el especialista Fernando Butler afirma que si se aprueba este plan “Telmex puede dejar de invertir, y también los operadores entrantes... No le van a meter dinero a las redes telefónicas y de internet porque ya no será rentable”.
Frente al creciente conflicto entre los reguladores, el 8 de enero de 2008 la Presidencia de la República decidió emitir el nuevo reglamento interno de la SCT, que al otorgarle facultades “indelegables” a Luis Téllez lo convierte en verdadero árbitro del sector de telecomunicaciones y medios electrónicos, en menoscabo de la Cofetel (Proceso 1681) y restándole atribuciones a la subsecretaria Carpinteyro para asignárselas a Gabriela Hernández Cardoso, directora general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Las críticas contra el nuevo reglamento fueron encabezadas por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que aglutinó a los principales especialistas que apoyaron la Ley Televisa. Entre sus objeciones, el Idet afirma que el nuevo reglamento “constituye un retroceso” frente a la industria porque amplía la “doble ventanilla”, viola el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente en materia de refrendos y otorgamiento de concesiones, además de que “generará retrasos en la instalación de la infraestructura” porque le otorga a Téllez la facultad de aprobar trámites que ya venía desahogando la SCT.
La parálisis
Durante una conferencia que dictó el pasado 27 de octubre en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carpinteyro reconoció que el país “tiene una estructura insuficiente en telecomunicaciones debido principalmente a la falta de inversión. Estimamos que la brecha actual es superior a los 50 mil millones de dólares”.
La inversión acumulada per cápita en México es de sólo 41% de la que llega a la Unión Europea y 26% de la que atrae Estados Unidos. Entre las principales causas de la falta de inversión, Carpinteyro mencionó la “percepción de incertidumbre jurídica”, “el sistema judicial lento, percibido como poco transparente que propicia el mantenimiento del statu quo”. También admitió que existe una percepción de “captura regulatoria” por parte de las empresas dominantes, y falta de competencia.
Además, un diagnóstico interno de la SCT, elaborado en noviembre de 2008, destaca que existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, “que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”. En el documento se establece que “los principales beneficiados con la parálisis son: Telmex, para debilitar a sus competidores en telecomunicaciones; y Televisa para que Telmex no ofrezca video”.
El mismo documento, al que este semanario tuvo acceso, sintetiza las posiciones dominantes en el sector: “la liderada por Televisa, que tiene por objetivo impedir o retrasar al máximo la entrada de Telmex al mercado de video”, y “la defensa de Telmex en cuanto a la posibilidad de prestar video sin restricción desde el punto de vista jurídico”. De acuerdo con el mismo diagnóstico, Telmex y Televisa establecieron sus correspondientes zonas de influencia. Vinculadas a Televisa estarían la empresa española Telefónica, presidida por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la compañía telefónica Bestel, adquirida por Televisa en 450 millones de dólares, las empresas de televisión por cable Cablevisión, Cablemás y Multimedios, así como la Canitec, cuya principal empresa es Megacable, que Televisa pretende adquirir.
Menos cercanas, pero aún en la zona de influencia de Televisa y Telefónica, aparecen otras compañías de menor dimensión: Axtel, con requerimientos de fondeo urgente; Alestra, del Grupo Alfa; Maxcom, y Protel. En la zona de influencia de Telmex-Telcel aparece Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, quien opera ya el servicio de Dish México y reclama de las autoridades la renovación de la concesión de 190 Megahertz para ofrecer servicios de internet vía inalámbrica o Wymax.
Cercano a esta zona aparece el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, de Iusacell –cuya renovación de concesión está pendiente– y Nextel, compañía que negocia la adquisición de Iusacell.
Soluciones pendientes
Para que el sector salga de la parálisis, el exsubsecretario Jorge Álvarez Hoth afirma que deben cumplirse “las tres c de competencia, cobertura y convergencia que propuso Calderón”. Es necesario, pues, que “le digan a Telmex cómo debe competir”, que se impulse la cobertura de 11 mil localidades del país que no tienen acceso a servicios de telefonía e internet y cumplir con el Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006, que es más importante que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa actualmente la Cofetel.
Entre las “acciones concretas” que propone Álvarez Hoth están las siguientes:
El especialista considera que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad “puede ser una moneda de cambio para que Telmex lo acepte y se le cambie el título de concesión”, pero consideró que la experiencia con planes similares en Estados Unidos y Europa reflejan que “baja la inversión del operador establecido, en este caso Telmex, y del operador entrante”.
–¿Cuál es la alternativa en un sector tan concentrado? –se le pregunta.
–La alternativa, en lugar de un plan técnico lleno de incoherencias e inconsistencias, son las subastas. Somos el país con mayor espectro para la banda Wymax y no quieren abrirla a la competencia. Los más afectados ante esta parálisis y disputa son los propios consumidores. Tenemos las tarifas más altas en televisión por cable y en servicios de internet.
kikka-roja.blogspot.com/
El sector de las telecomunicaciones sigue padeciendo las fuertes pugnas entre los grupos dominantes –Televisa y Telmex–, el jaloneo de éstos con las autoridades y, el colmo, los pleitos entre funcionarios de la SCT, como el que sacó de la jugada regulatoria a la subsecretaria Purificación Carpinteyro. La incertidumbre resultante, sumada a la lentitud y opacidad del sistema judicial, mantiene paralizado al sec-tor y ahuyenta las inversiones en un momento crítico para la economía del país. El pasado 20 de enero fue definitivo para el futuro de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. En una reunión nocturna en Los Pinos quedó clara la confrontación entre la funcionaria y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, quien la acusó de falta de institucionalidad y de “filtrar” información en su contra. A su vez, Carpinteyro se quejó de bloqueos y de que el nuevo reglamento interno de la SCT, publicado el 8 de enero, prácticamente borraba las funciones de su subsecretaría.
Desde Los Pinos le sugirieron a Carpinteyro que tomara unas vacaciones para atemperar los ánimos, según testimonios recabados por Proceso. Sin embargo, su destino ya estaba escrito. Durante toda la semana pasada proliferaron las columnas periodísticas, la mayoría de comunicadores y funcionarios vinculados con Televisa, que acusaron a la subsecretaria de querer desbancar a Luis Téllez y de favorecer a MVS. A partir de este domingo 1 de febrero, la salida de Carpinteyro de la subsecretaría es “irrevocable”, según información interna de la SCT. No queda claro quién será el nuevo titular. Se menciona a Gonzalo Martínez Pous, exdirector jurídico de la dependencia, actual comisionado de Cofetel y hombre de la confianza de Téllez, y también a la directora general de política de telecomunicaciones, Gabriela Hernández. De esta manera, en poco más de dos años el gobierno de Felipe Calderón ha tenido a tres funcionarios en la Subsecretaría de Comunicaciones, encargada de regular a Telmex, la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, y a Televisa, el principal corporativo de medios electrónicos del país. Ambos grupos están en plena guerra por el control del mercado de telecomunicaciones, cada uno desde su esfera de influencia, y ambos con alianzas y capacidad para presionar al gobierno federal.
Las disputas internas en la SCT ya tienen un efecto sobre su sector, el más dinámico de la economía, el único que creció 12 puntos por encima del PIB en los últimos ocho años y que registró 22 mil millones de dólares de inversión entre 2001 y 2006. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth, el último que duró un sexenio en el cargo, subraya a Proceso que las diferencias “estancan el sector” y calcula que cerca de mil millones de dólares de inversión potencial están paralizados por la falta de licitaciones nuevas. La de Comunicaciones “es la subsecretaría de mayor importancia en materia de inversión privada y la más complicada, porque tienes a los poderes fácticos presionando por sus intereses. El problema no es la ‘doble ventanilla’. Lo que incide en la parálisis del sector es que los funcionarios no se hablen entre sí, que no lleguen a acuerdos. Un nuevo subsecretario es establecer un nuevo besamanos, un nuevo proceso de aprendizaje”, advierte Álvarez Hoth, quien trabajó bajo las órdenes de Pedro Cerisola.
El primer subsecretario de Comunicaciones en este sexenio fue Rafael Noel del Villar Alrich, exfuncionario del Banco de México, quien mantuvo un largo litigio jurídico junto con Gonzalo Martínez Pous para ocupar sendas posiciones en el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La disputa agudizó las diferencias entre la SCT y la Cofetel, especialmente entre Luis Téllez y el presidente de la comisión, el panista Héctor Osuna. Al irse Del Villar a la Cofetel, en septiembre de 2008, el presidente Calderón designó a Purificación Carpinteyro, hasta entonces directora del Servicio Postal Mexicano y antigua conocida suya desde la Escuela Libre de Derecho. Desde el principio, las tensiones y las diferencias entre Carpinteyro y Luis Téllez fueron manifiestas y públicas.
Confrontaciones
Las divergencias entre Carpinteyro y Téllez se centraron en la necesidad de licitar el espectro para los servicios de banda ancha, y en la definición del cambio de título de concesión de Telmex para que pueda dar servicios de video en el esquema de triple play, que tensó las relaciones con Televisa y se agudizó en noviembre a raíz de la alianza comercial entre la empresa de Carlos Slim y MVS, de Joaquín Vargas. Los otros temas de la disputa fueron los refrendos de las concesiones a radiodifusores y operadores de telecomunicaciones, ya que tan sólo al cierre de 2008 existían 101 concesiones vencidas de radio AM y FM; y las secuelas del jaloneo con Telcel por la demanda de Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, por el esquema “el que llama paga”.
Esta última diferencia se la heredó el subsecretario Del Villar a Carpinteyro y fue ganada en primera instancia por Téllez en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Telcel acusó a la SCT de violar el amparo para beneficiar a Axtel, y el litigio continuará en tribunales colegiados. La subsecretaria Carpinteyro solicitó un dictamen jurídico al despacho Esponda, Zínser y Gómez Mont en octubre pasado, antes de que Fernando Gómez Mont llegara a la Secretaría de Gobernación. El dictamen estableció que la SCT “violó la suspensión definitiva de amparo concedida a Telcel”.
Por otro lado, la alianza de Telmex y MVS para ofrecer el servicio de televisión restringida vía satélite, que afecta directamente al monopolio Sky de Televisa, generó una agria disputa pública con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec). Mediante desplegados, el presidente de la cámara, Alejandro Puente, acusó a Carpinteyro de apoyar los intereses de Slim y también de frenar el proceso de Áreas de Servicio Local (ASL), que eliminaría la aplicación de tarifas de larga distancia entre comunidades cercanas. Por su parte, Televisión Azteca se fue por la libre y pretende lanzar cuatro canales restringidos con concesión de televisión digital, en abierto desafío a las autoridades. Gabriel Sosa Plata explicó que, a diferencia de Televisa aliada con Multimedios, que usa “canales espejo” para transmitir televisión digital, la compañía de Salinas Pliego “multiplexó” sus canales digitales y en lugar de transmitir dos señales generará 10. Televisa advierte que esta estrategia viola el Acuerdo de Política de TV Digital aprobado el 2 de julio de 2004.
Por si fuera poco, el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa la Cofetel generó una airada reacción en contra de Telmex y de otras 26 compañías telefónicas que criticaron el proyecto ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Consultado por Proceso, el especialista Fernando Butler afirma que si se aprueba este plan “Telmex puede dejar de invertir, y también los operadores entrantes... No le van a meter dinero a las redes telefónicas y de internet porque ya no será rentable”.
Frente al creciente conflicto entre los reguladores, el 8 de enero de 2008 la Presidencia de la República decidió emitir el nuevo reglamento interno de la SCT, que al otorgarle facultades “indelegables” a Luis Téllez lo convierte en verdadero árbitro del sector de telecomunicaciones y medios electrónicos, en menoscabo de la Cofetel (Proceso 1681) y restándole atribuciones a la subsecretaria Carpinteyro para asignárselas a Gabriela Hernández Cardoso, directora general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Las críticas contra el nuevo reglamento fueron encabezadas por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que aglutinó a los principales especialistas que apoyaron la Ley Televisa. Entre sus objeciones, el Idet afirma que el nuevo reglamento “constituye un retroceso” frente a la industria porque amplía la “doble ventanilla”, viola el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente en materia de refrendos y otorgamiento de concesiones, además de que “generará retrasos en la instalación de la infraestructura” porque le otorga a Téllez la facultad de aprobar trámites que ya venía desahogando la SCT.
La parálisis
Durante una conferencia que dictó el pasado 27 de octubre en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carpinteyro reconoció que el país “tiene una estructura insuficiente en telecomunicaciones debido principalmente a la falta de inversión. Estimamos que la brecha actual es superior a los 50 mil millones de dólares”.
La inversión acumulada per cápita en México es de sólo 41% de la que llega a la Unión Europea y 26% de la que atrae Estados Unidos. Entre las principales causas de la falta de inversión, Carpinteyro mencionó la “percepción de incertidumbre jurídica”, “el sistema judicial lento, percibido como poco transparente que propicia el mantenimiento del statu quo”. También admitió que existe una percepción de “captura regulatoria” por parte de las empresas dominantes, y falta de competencia.
Además, un diagnóstico interno de la SCT, elaborado en noviembre de 2008, destaca que existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, “que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”. En el documento se establece que “los principales beneficiados con la parálisis son: Telmex, para debilitar a sus competidores en telecomunicaciones; y Televisa para que Telmex no ofrezca video”.
El mismo documento, al que este semanario tuvo acceso, sintetiza las posiciones dominantes en el sector: “la liderada por Televisa, que tiene por objetivo impedir o retrasar al máximo la entrada de Telmex al mercado de video”, y “la defensa de Telmex en cuanto a la posibilidad de prestar video sin restricción desde el punto de vista jurídico”. De acuerdo con el mismo diagnóstico, Telmex y Televisa establecieron sus correspondientes zonas de influencia. Vinculadas a Televisa estarían la empresa española Telefónica, presidida por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la compañía telefónica Bestel, adquirida por Televisa en 450 millones de dólares, las empresas de televisión por cable Cablevisión, Cablemás y Multimedios, así como la Canitec, cuya principal empresa es Megacable, que Televisa pretende adquirir.
Menos cercanas, pero aún en la zona de influencia de Televisa y Telefónica, aparecen otras compañías de menor dimensión: Axtel, con requerimientos de fondeo urgente; Alestra, del Grupo Alfa; Maxcom, y Protel. En la zona de influencia de Telmex-Telcel aparece Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, quien opera ya el servicio de Dish México y reclama de las autoridades la renovación de la concesión de 190 Megahertz para ofrecer servicios de internet vía inalámbrica o Wymax.
Cercano a esta zona aparece el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, de Iusacell –cuya renovación de concesión está pendiente– y Nextel, compañía que negocia la adquisición de Iusacell.
Soluciones pendientes
Para que el sector salga de la parálisis, el exsubsecretario Jorge Álvarez Hoth afirma que deben cumplirse “las tres c de competencia, cobertura y convergencia que propuso Calderón”. Es necesario, pues, que “le digan a Telmex cómo debe competir”, que se impulse la cobertura de 11 mil localidades del país que no tienen acceso a servicios de telefonía e internet y cumplir con el Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006, que es más importante que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa actualmente la Cofetel.
Entre las “acciones concretas” que propone Álvarez Hoth están las siguientes:
• La licitación de las bandas de frecuencias 1850-1910/ 1930-1990 Megahertz, 3400-3700 Megahertz, 1710-1770/2110-2170 Megahertz, y 71-76/81-86 Megahertz. Esta licitación está pendiente desde el 31 de marzo de 2008 e implicaría inversiones por mil millones de dólares.
• La licitación de la banda “L” en el sector satelital, que permite las comunicaciones militares confidenciales.
• Resolver la laguna legal para el refrendo de 101 concesiones vencidas de radio AM y FM, las cuales para 2012 ya serán 281.
• Resolver las disputas por la aplicación de tarifas del programa “El que llama paga”.
• Promover las inversiones en nuevas tecnologías de banda ancha, redes de próxima generación, convergencia de redes móviles con internet, televisión IPTV, y digitalización de radio y televisión.
• Decidir respecto a la apertura a la inversión extranjera en redes fijas de telecomunicaciones. Existe una iniciativa en este sentido, pero falta que el Congreso emita el dictamen correspondiente.
Por su parte, Fernando Butler Silva, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y exdirector de Estudios Económicos y Regulatorios de la Cofetel (1997-2003), reconoce que “sí hay una disminución de la inversión en el sector”, ya que no existe una planeación a largo plazo ni programas de alfabetización digital y ampliación de cobertura en las comunidades.
“Entramos a una guerra de telecomunicaciones con un árbitro muy debilitado. En México estamos por debajo de Brasil en materia de penetración de internet. Tan sólo China invirtió más de 6 mil 500 millones de dólares en infraestructura digital y nosotros no”, advierte Butler.
El especialista considera que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad “puede ser una moneda de cambio para que Telmex lo acepte y se le cambie el título de concesión”, pero consideró que la experiencia con planes similares en Estados Unidos y Europa reflejan que “baja la inversión del operador establecido, en este caso Telmex, y del operador entrante”.
–¿Cuál es la alternativa en un sector tan concentrado? –se le pregunta.
–La alternativa, en lugar de un plan técnico lleno de incoherencias e inconsistencias, son las subastas. Somos el país con mayor espectro para la banda Wymax y no quieren abrirla a la competencia. Los más afectados ante esta parálisis y disputa son los propios consumidores. Tenemos las tarifas más altas en televisión por cable y en servicios de internet.
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