- “Estas abiertas provocaciones apuntan a que va a ser un proceso electoral muy complicado”
- De no proceder contra televisoras, el IFE pondría en riesgo los comicios: especialistas
- “Si no hay autoridad que las limite y ordene, entonces la razón del instituto se pierde”, aseguran
La decisión de transmitir los promocionales de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral (IFE) fuera de los bloques destinados a la comercialización y con ello interrumpir la programación regular es una abierta “provocación” y una “actitud de rebeldía” de Televisa y Tv Azteca, que están inconformes con la reforma electoral, señaló el investigador John Ackerman. La actitud asumida por las televisoras es contraria a la legalidad, consideró el especialista en temas electorales e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En términos similares se expresaron, por separado, el constitucionalista Miguel Ángel Eraña y Gabriel Sosa y André Dorcé, especialistas universitarios en medios de comunicación, quienes destacaron que las acciones de las dos empresas más influyentes del país representan “un abierto desafío” a la autoridad electoral, por lo que ésta debe revisar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes para las que la ley la faculta. De no proceder oportunamente, señalaron, los propios consejeros incluso pondrían en riesgo el proceso electoral, como ocurrió con el anterior Consejo General del instituto en 2006, refirieron.
Ackerman sostuvo que en tiempos electorales el IFE no se puede permitir dilatar una respuesta enérgica ante esta actitud de las televisoras, ya que en estos momentos tiene un efecto más amplio en la contienda. Si así comienzan el periodo de precampañas, “estas abiertas provocaciones apuntan a señalar que va a ser un proceso electoral muy complicado”.
De manera particular, el investigador destacó que los tiempos oficiales que los concesionarios de radio y televisión asignan para la transmisión de promocionales de los partidos y de la autoridad electoral son exactamente los mismos que dedicaban a la propaganda gubernamental. “Esos tiempos ya existían y la única diferencia es que ahora, por disposición de ley, quien utiliza y administra esos tiempos, en proceso electoral, es el IFE, pero no hay una ampliación de tiempo.” Miguel Ángel Eraña, de la Universidad Iberoamericana, expuso que con el proceder de las televisoras se coloca en el fondo del debate si los “poderes fácticos”, frente a la posición del Legislativo y del poder revisor de la Constitución, pasan por encima de las reglas del juego electoral.
“Si no hay autoridad nacional que las limite y ordene, entonces la razón del IFE se pierde, como ya ocurrió en 2006. No habría arbitro, sino espectadores de los jugadores en desorden, y los jugadores son también los poderes televisivos, como lo son todos los medios de comunicación, que hoy son eventualmente sancionables por abusos”, añadió. Con su postura las televisoras manifiestan su inconformidad en contra de la reforma electoral, que entre otros puntos prohíbe a los partidos políticos la compra de promocionales, pero sobre todo es “una afrenta al IFE”, porque daña los procesos democráticos, manifestó el investigador Gabriel Sosa, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Lamentó que no se haya reglamentado la legislación secundaria en la materia, pero reconoció que ha sido imposible por la enorme presión que han ejercido las televisoras en el Congreso de la Unión. De la misma universidad, André Dorcé expuso que, además de tratarse de “una provocación” al funcionamiento de un bien público propiedad del Estado, es “un atentado en contra de los televidentes”, que tienen el derecho a ser informados con oportunidad, claridad y respeto sobre las ofertas políticas de los partidos y otras instituciones.
“Los televidentes tenemos el derecho a disfrutar de la programación televisiva sin interrupciones que deformen el sentido planteado por los productores de los programas”, comentó.
En términos similares se expresaron, por separado, el constitucionalista Miguel Ángel Eraña y Gabriel Sosa y André Dorcé, especialistas universitarios en medios de comunicación, quienes destacaron que las acciones de las dos empresas más influyentes del país representan “un abierto desafío” a la autoridad electoral, por lo que ésta debe revisar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes para las que la ley la faculta. De no proceder oportunamente, señalaron, los propios consejeros incluso pondrían en riesgo el proceso electoral, como ocurrió con el anterior Consejo General del instituto en 2006, refirieron.
Ackerman sostuvo que en tiempos electorales el IFE no se puede permitir dilatar una respuesta enérgica ante esta actitud de las televisoras, ya que en estos momentos tiene un efecto más amplio en la contienda. Si así comienzan el periodo de precampañas, “estas abiertas provocaciones apuntan a señalar que va a ser un proceso electoral muy complicado”.
De manera particular, el investigador destacó que los tiempos oficiales que los concesionarios de radio y televisión asignan para la transmisión de promocionales de los partidos y de la autoridad electoral son exactamente los mismos que dedicaban a la propaganda gubernamental. “Esos tiempos ya existían y la única diferencia es que ahora, por disposición de ley, quien utiliza y administra esos tiempos, en proceso electoral, es el IFE, pero no hay una ampliación de tiempo.” Miguel Ángel Eraña, de la Universidad Iberoamericana, expuso que con el proceder de las televisoras se coloca en el fondo del debate si los “poderes fácticos”, frente a la posición del Legislativo y del poder revisor de la Constitución, pasan por encima de las reglas del juego electoral.
“Si no hay autoridad nacional que las limite y ordene, entonces la razón del IFE se pierde, como ya ocurrió en 2006. No habría arbitro, sino espectadores de los jugadores en desorden, y los jugadores son también los poderes televisivos, como lo son todos los medios de comunicación, que hoy son eventualmente sancionables por abusos”, añadió. Con su postura las televisoras manifiestan su inconformidad en contra de la reforma electoral, que entre otros puntos prohíbe a los partidos políticos la compra de promocionales, pero sobre todo es “una afrenta al IFE”, porque daña los procesos democráticos, manifestó el investigador Gabriel Sosa, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Lamentó que no se haya reglamentado la legislación secundaria en la materia, pero reconoció que ha sido imposible por la enorme presión que han ejercido las televisoras en el Congreso de la Unión. De la misma universidad, André Dorcé expuso que, además de tratarse de “una provocación” al funcionamiento de un bien público propiedad del Estado, es “un atentado en contra de los televidentes”, que tienen el derecho a ser informados con oportunidad, claridad y respeto sobre las ofertas políticas de los partidos y otras instituciones.
“Los televidentes tenemos el derecho a disfrutar de la programación televisiva sin interrupciones que deformen el sentido planteado por los productores de los programas”, comentó.
kikka-roja.blogspot.com/
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