DIF cómplice de secuestros
Hace cinco años se reveló el primer caso de La Casita de Cancún: 140 niños y niñas bajo la custodia de la secta Iglesia Restaurada de los Perfectos estaban recibiendo adoctrinamiento cristiano y maltratos. Algunos fueron dados en adopción ilegal sin participación de un juez y bajo la complicidad del DIF. Una pequeña me dijo en ese entonces: “Es que odio a mi padre porque es un Fariseo”. Ante mi pregunta “¿Qué significa fariseo?”, la niña de ocho años respondió con los ojos bien abiertos: “Los que dice la maestra que no han recibido a Cristo en su corazón como ella y yo”.
Efectivamente, la mayoría de niños y niñas que están en los refugios para menores en México lo están porque vivieron alguna forma de violencia doméstica o pobreza extrema. Algunas organizaciones civiles son muy profesionales y transparentes, pero muchas otras no. El organismo del Estado responsable de ello, el DIF, está desarticulado y permite que asociaciones vinculadas incurran en prácticas de maltrato y discriminación de las víctimas y sus familias. Sigue trabajando bajo los mismos principios racistas y sexistas desde que la esposa de Luis Echeverría lo fundó en 1977. El vacío que genera da lugar a estos casos. Cecilia Landerreche Gómez Morín, directora del DIF nacional, declaró en 2005 que la adopción es la gran esperanza para miles de niños abandonados. Es cierto, el problema es que sectas y grupos de tratantes en el país hacen adopciones ilegales con infantes que han quedado en el limbo jurídico por culpa de las autoridades.
A la Casita de Cancún le siguió la de San Luis Potosí; Gobernación no intercedió a pesar de los informes oficiales sobre las prácticas de venta de menores a familias cristianas en México y el extranjero. Leydi Campos, representante legal de La Casita de Cancún, salió de prisión por “desvanecimiento de pruebas”, según el juez. Ahora hay 21 infantes más que no aparecen en diferentes estados. La misma secta, en Nuevo León, el DF y Veracruz. La fiscal Guadalupe Morfín dice no saber del asunto; la SIEDO, a la que en 2005 se le entregó el expediente completo de Cancún, tampoco lo encuentra.
Las directoras de los DIF argumentan que no sabían nada, algunos expedientes muestran que fueron referidos por el DIF. Es cierto que en muchos casos están allí por haber sufrido de violencia doméstica; sin embargo otros están porque el DIF persiste en la práctica de arrebatar a las y los infantes cuando las madres van a denunciar violencia ejercida por su esposo. O cuando por pobreza extrema se les pone a trabajar en la calle; allí los tratantes les cooptan con engaños. No hay excusa cuando en aras de salvar niños y niñas se les secuestra, se les adoctrina y se les da en adopción ilegal. Es un delito federal y se llama trata de menores.
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Efectivamente, la mayoría de niños y niñas que están en los refugios para menores en México lo están porque vivieron alguna forma de violencia doméstica o pobreza extrema. Algunas organizaciones civiles son muy profesionales y transparentes, pero muchas otras no. El organismo del Estado responsable de ello, el DIF, está desarticulado y permite que asociaciones vinculadas incurran en prácticas de maltrato y discriminación de las víctimas y sus familias. Sigue trabajando bajo los mismos principios racistas y sexistas desde que la esposa de Luis Echeverría lo fundó en 1977. El vacío que genera da lugar a estos casos. Cecilia Landerreche Gómez Morín, directora del DIF nacional, declaró en 2005 que la adopción es la gran esperanza para miles de niños abandonados. Es cierto, el problema es que sectas y grupos de tratantes en el país hacen adopciones ilegales con infantes que han quedado en el limbo jurídico por culpa de las autoridades.
A la Casita de Cancún le siguió la de San Luis Potosí; Gobernación no intercedió a pesar de los informes oficiales sobre las prácticas de venta de menores a familias cristianas en México y el extranjero. Leydi Campos, representante legal de La Casita de Cancún, salió de prisión por “desvanecimiento de pruebas”, según el juez. Ahora hay 21 infantes más que no aparecen en diferentes estados. La misma secta, en Nuevo León, el DF y Veracruz. La fiscal Guadalupe Morfín dice no saber del asunto; la SIEDO, a la que en 2005 se le entregó el expediente completo de Cancún, tampoco lo encuentra.
Las directoras de los DIF argumentan que no sabían nada, algunos expedientes muestran que fueron referidos por el DIF. Es cierto que en muchos casos están allí por haber sufrido de violencia doméstica; sin embargo otros están porque el DIF persiste en la práctica de arrebatar a las y los infantes cuando las madres van a denunciar violencia ejercida por su esposo. O cuando por pobreza extrema se les pone a trabajar en la calle; allí los tratantes les cooptan con engaños. No hay excusa cuando en aras de salvar niños y niñas se les secuestra, se les adoctrina y se les da en adopción ilegal. Es un delito federal y se llama trata de menores.
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