Al presentar ante la Cámara de Diputados el informe de la cuenta pública de 2007 –primer año de la actual administración–, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, destacó que su oficina ha detectado irregularidades en el manejo de 60 mil 723 millones de pesos, de los cuales 41 mil 856 millones corresponden a los ámbitos federales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el resto, a dependencias estatales y municipales. El funcionario hizo notar que esos montos representan un incremento de más del ciento por ciento con respecto a las irregularidades detectadas en el último año del foxismo. Las acciones preventivas y correctivas y los fincamientos de responsabilidades administrativas promovidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se incrementaron en forma mucho más notable entre el último año del gobierno de Vicente Fox y el primero del de Felipe Calderón.
Aunque los datos señalados no necesariamente se traducen en daños patrimoniales –las dependencias requeridas cuentan aún con 45 días para presentar aclaraciones–, son indicativos, cuando menos, y por lo pronto, de un alarmante descontrol administrativo, de desaseo en el manejo de recursos públicos y de una discrecionalidad inadmisible en las oficinas públicas. Asimismo, el informe de la ASF evidencia la manera no estrictamente ilegal, pero sí inescrupulosa, en la que las instituciones autónomas regalan escandalosas sumas de dinero a sus funcionarios, lo que equivale a decir, considerada la autonomía, que los titulares de esas instituciones se dotan de dinero público a discreción: es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se arrogó estímulos de fin de año por casi 40 millones de pesos (pesos de 2007, es decir, anteriores a la dramática devaluación reciente); de la Cámara de Diputados (que presenta en sus cuentas 80 millones en pagos duplicados a diputados y 22 millones de pesos de viáticos sin comprobar); del Instituto Federal Electoral; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Banco de México.
Las cifras de González de Aragón constituyen la visión de conjunto de hechos –como los 30 millones de pesos del erario que el gobernador de Jalisco pretendió regalar a la jerarquía católica para la erección de un santuario cristero o las camionetas Hummer que la lideresa del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo, quería obsequiar a sus incondicionales–, que deben de ser muchos más de los que llega a conocer la opinión pública y que, de mantenerse fuera de la vista de la sociedad, se consuman como desvíos, malversaciones y robos simples a las arcas públicas. No se incluyen en las cuentas de la ASF los miles de millones de pesos invertidos en forma por demás sospechosa en obras públicas deficientes. o los ingentes presupuestos destinados a campañas propagandísticas falaces y, a la postre, inútiles, como la que emprendió Pemex el año pasado sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas.
En suma, a pesar de los alegatos sobre un cambio relacionado con la alternancia de siglas partidistas en la Presidencia y de los diversos mecanismos de supuesta transparencia y rendición de cuentas implantados en la década reciente, las instituciones nacionales de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes siguen manejando el dinero de los mexicanos como en los peores tiempos del régimen priísta.
El desorden en el ejercicio de los fondos públicos es, se sabe desde siempre, la fachada de actos de saqueo de los bienes nacionales, y constituye una práctica repudiable en cualquier circunstancia. pero lo es con mayor razón en el contexto económico presente, cuando las instancias gubernamentales –federales, estatales y municipales– y los órganos del Estado podrían destinar a la reactivación económica y a la protección de los desfavorecidos dineros que se esfuman de los asientos contables y que, la mayoría de las veces, van a parar a los bolsillos de servidores públicos de todos los niveles.
La lucha contra la delincuencia en la que el actual gobierno dice estar empeñado no podrá gozar de credibilidad en tanto no se sanee el aparato de gobierno y no se ponga un alto a las redes de corrupción –delictivas, a fin de cuentas– que persisten dentro de las oficinas públicas y que, de acuerdo con los datos disponibles, gozan de cabal salud.
Aunque los datos señalados no necesariamente se traducen en daños patrimoniales –las dependencias requeridas cuentan aún con 45 días para presentar aclaraciones–, son indicativos, cuando menos, y por lo pronto, de un alarmante descontrol administrativo, de desaseo en el manejo de recursos públicos y de una discrecionalidad inadmisible en las oficinas públicas. Asimismo, el informe de la ASF evidencia la manera no estrictamente ilegal, pero sí inescrupulosa, en la que las instituciones autónomas regalan escandalosas sumas de dinero a sus funcionarios, lo que equivale a decir, considerada la autonomía, que los titulares de esas instituciones se dotan de dinero público a discreción: es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se arrogó estímulos de fin de año por casi 40 millones de pesos (pesos de 2007, es decir, anteriores a la dramática devaluación reciente); de la Cámara de Diputados (que presenta en sus cuentas 80 millones en pagos duplicados a diputados y 22 millones de pesos de viáticos sin comprobar); del Instituto Federal Electoral; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Banco de México.
Las cifras de González de Aragón constituyen la visión de conjunto de hechos –como los 30 millones de pesos del erario que el gobernador de Jalisco pretendió regalar a la jerarquía católica para la erección de un santuario cristero o las camionetas Hummer que la lideresa del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo, quería obsequiar a sus incondicionales–, que deben de ser muchos más de los que llega a conocer la opinión pública y que, de mantenerse fuera de la vista de la sociedad, se consuman como desvíos, malversaciones y robos simples a las arcas públicas. No se incluyen en las cuentas de la ASF los miles de millones de pesos invertidos en forma por demás sospechosa en obras públicas deficientes. o los ingentes presupuestos destinados a campañas propagandísticas falaces y, a la postre, inútiles, como la que emprendió Pemex el año pasado sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas.
En suma, a pesar de los alegatos sobre un cambio relacionado con la alternancia de siglas partidistas en la Presidencia y de los diversos mecanismos de supuesta transparencia y rendición de cuentas implantados en la década reciente, las instituciones nacionales de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes siguen manejando el dinero de los mexicanos como en los peores tiempos del régimen priísta.
El desorden en el ejercicio de los fondos públicos es, se sabe desde siempre, la fachada de actos de saqueo de los bienes nacionales, y constituye una práctica repudiable en cualquier circunstancia. pero lo es con mayor razón en el contexto económico presente, cuando las instancias gubernamentales –federales, estatales y municipales– y los órganos del Estado podrían destinar a la reactivación económica y a la protección de los desfavorecidos dineros que se esfuman de los asientos contables y que, la mayoría de las veces, van a parar a los bolsillos de servidores públicos de todos los niveles.
La lucha contra la delincuencia en la que el actual gobierno dice estar empeñado no podrá gozar de credibilidad en tanto no se sanee el aparato de gobierno y no se ponga un alto a las redes de corrupción –delictivas, a fin de cuentas– que persisten dentro de las oficinas públicas y que, de acuerdo con los datos disponibles, gozan de cabal salud.
Ha logrado recuperaciones por $33,718 millones
ASF detecta “opacidades” por $60,723 millones en cuenta pública
12 Marzo, 2009 - 11:59
EN TODO EL SEXENIO DE FOX NO CHECAN LOS NUMEROS
CALDERON TAMBIEN EVADE LAS AUDITORIAS YA DEBE 2 AÑOS.
QUE LOS DIPUTADOS DIGAN CÓMO GIL DIAZ CON LOS PANISTAS, HACIAN MAYORÍA PARA TRONAR LA SESIÓN DE LAS AUDITORIAS.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por 60,723.6 millones de pesos, que incluyen 18,867.4 millones correspondientes a estados, municipios y al Gobierno del Distrito Federal.
Al entregar el resultado de la revisión, el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, informó que derivado de la fiscalización se determinaron 9,557 observaciones, las cuales generaron 10,873 acciones promovidas, de éstas 7,620 fueron de carácter preventivo y el resto de naturaleza correctiva. Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, González de Aragón expuso que 3,253 acciones correctivas incluyen 1,159 pliegos de observaciones, 1,632 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y dos denuncias de hechos.
González Aragón aclaró que de los 60,723.6 millones de pesos por concepto de observaciones no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien el financiamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. Asimismo, resaltó que derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos siete años, la ASF ha logrado recuperaciones por 33,718 millones de pesos, lo que representa 33 veces el presupuesto anual del órgano fiscalizador. De estas recuperaciones, 2,028 millones de pesos corresponden a la Cuenta Pública 2007, obtenidas en el curso de la revisión y corresponden en su mayoría a estados y municipios, indicó.
Subrayó que de las recuperaciones por 33,718 millones de pesos, destacan por su importancia 10,856 millones por el rescate bancario, 2,458 millones del derecho de trámite aduanero. Del mismo modo, continuo, 1,580 millones de pesos del Sindicato de Pemex, 1,481 millones de pesos del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), 277 millones de pesos del Poder Judicial de la Federación y 6,800 millones de pesos de estados y municipios.
El titular de la entidad fiscalizadora aseguró que estas recuperaciones cuentan con los soportes documentales que las acreditan, devienen de la acción fiscalizadora y se refieren a procesos concluidos, cuyos montos han sido resarcidos al patrimonio público. Finalmente, González de Aragón anunció que próximamente enviará el paquete de propuestas a la Cámara de Diputados para fortalecer la fiscalización superior, a fin de que sean consideradas por todas las fracciones legislativas representadas en San Lázaro.
Al entregar el resultado de la revisión, el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, informó que derivado de la fiscalización se determinaron 9,557 observaciones, las cuales generaron 10,873 acciones promovidas, de éstas 7,620 fueron de carácter preventivo y el resto de naturaleza correctiva. Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, González de Aragón expuso que 3,253 acciones correctivas incluyen 1,159 pliegos de observaciones, 1,632 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y dos denuncias de hechos.
González Aragón aclaró que de los 60,723.6 millones de pesos por concepto de observaciones no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien el financiamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. Asimismo, resaltó que derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos siete años, la ASF ha logrado recuperaciones por 33,718 millones de pesos, lo que representa 33 veces el presupuesto anual del órgano fiscalizador. De estas recuperaciones, 2,028 millones de pesos corresponden a la Cuenta Pública 2007, obtenidas en el curso de la revisión y corresponden en su mayoría a estados y municipios, indicó.
Subrayó que de las recuperaciones por 33,718 millones de pesos, destacan por su importancia 10,856 millones por el rescate bancario, 2,458 millones del derecho de trámite aduanero. Del mismo modo, continuo, 1,580 millones de pesos del Sindicato de Pemex, 1,481 millones de pesos del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), 277 millones de pesos del Poder Judicial de la Federación y 6,800 millones de pesos de estados y municipios.
El titular de la entidad fiscalizadora aseguró que estas recuperaciones cuentan con los soportes documentales que las acreditan, devienen de la acción fiscalizadora y se refieren a procesos concluidos, cuyos montos han sido resarcidos al patrimonio público. Finalmente, González de Aragón anunció que próximamente enviará el paquete de propuestas a la Cámara de Diputados para fortalecer la fiscalización superior, a fin de que sean consideradas por todas las fracciones legislativas representadas en San Lázaro.
Detecta la ASF irregularidades por más de 60 mil mdp
Víctor Chávez elfinanciero.com.mx
Viernes, 13 de marzo de 2009
* Persiste la opacidad en el gobierno: González de Aragón.
* Energía, Hacienda y SEP con más observaciones.
* Presenta informe del primer año calderonista.
· IRREGULARIDADES EN CUENTA PÚBLICA
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, lamentó que la administración del gobierno del presidente Felipe Calderón está muy lejos de "desalentar la corrupción y las conductas ilícitas que afectan el patrimonio de los mexicanos" y que aún falta "un largo camino por recorrer", pues -informó- tan sólo en su primer año de ejercicio registró irregularidades y observaciones por un monto de 60 mil 723.6 millones de pesos, con dos denuncias penales.
Al presentar ante la Cámara de Diputados los resultados de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública y a los gastos del Poder Ejecutivo durante 2007, indicó que la dependencia con el mayor número de irregularidades fue la Secretaría de Energía, cuyo costo supera los 18 mil 70 millones de pesos. Le siguen ¡la Secretaría de Hacienda!, con más de 12 mil 585 millones de pesos; la Secretaría de Educación Pública, con cinco mil 254 millones; la Secretaría de Agricultura, con mil 244 millones; y las llamadas "entidades no coordinadas sectorialmente", con dos mil 449 millones. Sin embargo, también en los poderes Legislativo y Judicial prevalece la opacidad. La Auditoría Superior detectó en el Legislativo observaciones en cuentas por un monto de 119 millones 653 mil pesos, y en el Poder Judicial 11 millones 533 mil pesos.
Otros que presentan un cúmulo de faltas en la comprobación de sus gastos y ejercicios presupuestales son los estados y los municipios -incluido aquí el Distrito Federal- , con faltantes superiores a los 18 mil 867 millones de pesos. En su informe, González de Aragón explicó que, del total de las observaciones, el 68.71 por ciento fueron para el ejercicio del gasto en el Ejecutivo federal; el 31.07 en estados y municipios; el 0.20 para el Legislativo, y sólo el 0.02 por ciento en el Poder Judicial. El auditor precisa que "los montos observados no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias", ya que cada entidad señalada tiene un plazo de 45 días para hacer las aclaraciones correspondientes.
Por otro lado, celebró que no todo ha sido pérdida, pues también informó que el órgano fiscalizador logró recuperar recursos por 33 mil 718 millones de pesos, de cuyo monto -dijo- "destacan, por su importancia, diez mil 856 millones del rescate bancario (con cheques de Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC); dos mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero; mil 580 millones del Sindicato de Pemex (del caso Pemexgate); mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); 277 millones del Poder Judicial de la Federación, y seis mil 800 millones de estados y municipios.
Ante líderes legislativos, González de Aragón expuso que "las diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado Federal Mexicano requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas". Refirió que "resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los ramos generales 23 y 33". Los subejercicios "generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que, en ocasiones, no están sujetas a control legislativo". Y añadió: "Los fideicomisos son motivo de preocupación por su opacidad y riesgo".
Al presentar ante la Cámara de Diputados los resultados de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública y a los gastos del Poder Ejecutivo durante 2007, indicó que la dependencia con el mayor número de irregularidades fue la Secretaría de Energía, cuyo costo supera los 18 mil 70 millones de pesos. Le siguen ¡la Secretaría de Hacienda!, con más de 12 mil 585 millones de pesos; la Secretaría de Educación Pública, con cinco mil 254 millones; la Secretaría de Agricultura, con mil 244 millones; y las llamadas "entidades no coordinadas sectorialmente", con dos mil 449 millones. Sin embargo, también en los poderes Legislativo y Judicial prevalece la opacidad. La Auditoría Superior detectó en el Legislativo observaciones en cuentas por un monto de 119 millones 653 mil pesos, y en el Poder Judicial 11 millones 533 mil pesos.
Otros que presentan un cúmulo de faltas en la comprobación de sus gastos y ejercicios presupuestales son los estados y los municipios -incluido aquí el Distrito Federal- , con faltantes superiores a los 18 mil 867 millones de pesos. En su informe, González de Aragón explicó que, del total de las observaciones, el 68.71 por ciento fueron para el ejercicio del gasto en el Ejecutivo federal; el 31.07 en estados y municipios; el 0.20 para el Legislativo, y sólo el 0.02 por ciento en el Poder Judicial. El auditor precisa que "los montos observados no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias", ya que cada entidad señalada tiene un plazo de 45 días para hacer las aclaraciones correspondientes.
Por otro lado, celebró que no todo ha sido pérdida, pues también informó que el órgano fiscalizador logró recuperar recursos por 33 mil 718 millones de pesos, de cuyo monto -dijo- "destacan, por su importancia, diez mil 856 millones del rescate bancario (con cheques de Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC); dos mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero; mil 580 millones del Sindicato de Pemex (del caso Pemexgate); mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); 277 millones del Poder Judicial de la Federación, y seis mil 800 millones de estados y municipios.
Ante líderes legislativos, González de Aragón expuso que "las diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado Federal Mexicano requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas". Refirió que "resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los ramos generales 23 y 33". Los subejercicios "generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que, en ocasiones, no están sujetas a control legislativo". Y añadió: "Los fideicomisos son motivo de preocupación por su opacidad y riesgo".
Gran pendiente
Aparte, el auditor dijo a los legisladores que "la vigilancia del Estado Federal Mexicano debe ser reforzada", por lo que les pidió "otorgar autonomía constitucional a la ASF, manteniendo intocadas las facultades de la Cámara de Diputados en materia de revisión y dictamen de la cuenta pública". Subrayó que se requiere de "facultar a la ASF para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos, sin menoscabo de las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública". Asimismo, "sería conveniente permitir a la ASF iniciar la revisión de la Cuenta Pública el 2 de enero del año correspondiente, con el fin de ampliar la capacidad auditora de la institución y hacer más oportuna la entrega del informe de su revisión a todos los legisladores". Sostuvo que la fiscalización "sustenta su actuación en un ejercicio independiente, imparcial y objetivo, que está fuera de la lucha partidista y no se presta jamás al intercambio de complacencias para obtener una rentabilidad particular". Admitió que "desalentar las conductas ilícitas que afectan el patrimonio de todos los mexicanos requiere de un largo camino por recorrer. La corrupción es un cáncer que azota a la humanidad y corroe los valores y la calidad de vida de la sociedad".
kikka-roja.blogspot.com/
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