Concluye la mediación
Miguel Ángel Granados Chapa
22 Abr. 09
A casi un año de formada, cesó ayer el trabajo de la Comisión de mediación (Comed), integrada a partir de una moción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) como vía hacia la presentación con vida de dos de sus militantes. La Comed atribuyó su decisión de clausurar su tarea a la actitud del gobierno federal "que sólo ha tenido voluntad declarativa" ante la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por supuesto, la Comisión no pasa por alto las probables consecuencias de su resolución, entre otras la de que el EPR ponga fin a la tregua que estableció a partir de un pedido expreso de quienes integrarían la Comed, que la consideraron necesaria para su actuación y fue respetada puntualmente hasta ahora.
El gobierno federal adoptó en este proceso una conducta errática. Mostró renuencia inicial a tratar con la Comed, a la que ni siquiera reconocía su carácter orgánico. Cuando al fin lo hizo, encargó la relación con ella a un grupo de trabajo encabezado por el subsecretario de Gobierno Abraham González, y del que formó también parte el comisionado de desarrollo político Alejandro Poiré. Varias veces se reunieron ese grupo y la Comed, estableciendo primero los procesos adecuados a una situación peculiar en que los mediadores sólo hablaran directamente con una de las partes pero con la otra, el EPR, lo hacían sólo a través de comunicados que eran simultáneamente conocidos por el gobierno, los medios y todo quien se interesara en el asunto. Al mismo tiempo, la Comisión estableció contacto con familiares de los desaparecidos y con organizaciones de derechos humanos interesadas en el caso y se trazó un panorama de la situación que la condujo a solicitar, el 14 de agosto, una ampliación del diálogo con el gobierno. Ya no era suficiente hablar sólo con Gobernación sino que era imprescindible hacerlo con otras instancias, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Con esta última dependencia se había intentado antes un acercamiento con malos resultados. El abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro de la Comed que a pedido de ésta examinaría en la sede de la PGR los expedientes respectivos, no pudo hacerlo a causa de la indisposición de los encargados de facilitar su consulta. Se llegó al extremo de que funcionarios de la PGR proclamaran en tono altisonante que en el interior de ese edificio no regía la Constitución, cuando Hernández Monge la invocó para ahorrarse el trámite, que él consideró riesgoso, de imprimir su huella digital para el efecto de ingresar al inmueble.
El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño no se reunió en ningún momento con la Comed. Lo hizo su sucesor Fernando Gómez Mont en febrero pasado, cuatro meses después de su toma de posesión. Aunque se trató sólo de un saludo brevísimo, la Comed lo interpretó positivamente por el compromiso que el secretario pareció asumir con el propósito de la Comisión, que no era otro que la presentación con vida de los desaparecidos. Sin embargo, el reemplazo de González Uyeda por Gerónimo Gutiérrez desmintió pronto, para los efectos que concernían a la Comed, ese compromiso.
El nuevo subsecretario pareció partir de la premisa de que los contactos de la Comisión no eran con el gobierno federal sino con personas, y de allí desprendió la noción de que había que recomenzar la relación. En los expedientes de que su antecesor debió proveerlo faltaban documentos clave para la comprensión del tema y su status en el momento en que comenzó a abordarlo. No conocía, por ejemplo, el pedido inicial de ampliación del diálogo, no obstante que ése era el aspecto crucial entre los diversos pendientes. Tampoco estaba a su alcance el documento en que la Comed estableció los temas e interrogaciones a la Sedena, enviado en febrero, con la solicitud de que fuera respondido también por escrito previamente al encuentro con funcionarios de esa Secretaría, si finalmente se realizara en algún momento, pues Gobernación había dicho que sí pero no había dicho cuándo. Finalmente propuso la fecha del 17 de abril, con representantes de las tres dependencias, a diferencia de la solicitud inicial que buscaba encuentros sucesivos en que la información buscada por la Comed se enriqueciera escalonadamente. La Comisión aceptó la nueva modalidad, pero se enteró con desencanto que la reunión se aplazaría y que Gobernación no consideraba un compromiso la respuesta previa por escrito.
Esas fueron las últimas muestras del desinterés, para no calificarlo de otra manera, expresado directamente a la Comed que la condujeron a poner fin a un proceso que dedicó nueve de casi 12 meses a gestionar la ampliación del contacto con oficinas del gobierno, que resultaron inaccesibles. Pero hubo otros muchos modos en que el gobierno eludió su responsabilidad en este caso. El más reciente de ellos fue el fondo y la forma con que respondió a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de este asunto. Contestó de modo casi subrepticio, sin difundir su respuesta, como corresponde al carácter de la recomendación uno de cuyos valores y fundamentos es la publicidad. Aceptó las generalidades obvias contenidas en la recomendación pero rechazó su médula, que es la presentación con vida de los desaparecidos, pues el gobierno porfía en su negativa de conocer su paradero, no obstante la evidencia acumulada en la recomendación.
Cajón de Sastre
La Secretaría de Gobernación reaccionó rápidamente ante la decisión de la Comed explicada en los párrafos precedentes. Notoriamente esa dependencia y la Comisión tienen percepciones diferentes y aun encontradas respecto de sus encuentros. Donde veíamos reticencias el gobierno veía colaboración. La solicitud para ampliar el diálogo presentada el 14 de agosto tuvo respuesta en febrero, pero no se fijó fecha sino hasta abril. Se pidió a la Comisión escoger entre el 17 y el 24 de abril y se eligió la primera, no obstante lo cual se canceló dicha cita y se estableció la no aceptada por los comisionados. Gobernación demandó a la Comed reconsiderar su posición, lo cual seguramente hará el grupo que la integró. Por lo pronto, es satisfactorio que Gobernación dé al público las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.comEl gobierno federal adoptó en este proceso una conducta errática. Mostró renuencia inicial a tratar con la Comed, a la que ni siquiera reconocía su carácter orgánico. Cuando al fin lo hizo, encargó la relación con ella a un grupo de trabajo encabezado por el subsecretario de Gobierno Abraham González, y del que formó también parte el comisionado de desarrollo político Alejandro Poiré. Varias veces se reunieron ese grupo y la Comed, estableciendo primero los procesos adecuados a una situación peculiar en que los mediadores sólo hablaran directamente con una de las partes pero con la otra, el EPR, lo hacían sólo a través de comunicados que eran simultáneamente conocidos por el gobierno, los medios y todo quien se interesara en el asunto. Al mismo tiempo, la Comisión estableció contacto con familiares de los desaparecidos y con organizaciones de derechos humanos interesadas en el caso y se trazó un panorama de la situación que la condujo a solicitar, el 14 de agosto, una ampliación del diálogo con el gobierno. Ya no era suficiente hablar sólo con Gobernación sino que era imprescindible hacerlo con otras instancias, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Con esta última dependencia se había intentado antes un acercamiento con malos resultados. El abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro de la Comed que a pedido de ésta examinaría en la sede de la PGR los expedientes respectivos, no pudo hacerlo a causa de la indisposición de los encargados de facilitar su consulta. Se llegó al extremo de que funcionarios de la PGR proclamaran en tono altisonante que en el interior de ese edificio no regía la Constitución, cuando Hernández Monge la invocó para ahorrarse el trámite, que él consideró riesgoso, de imprimir su huella digital para el efecto de ingresar al inmueble.
El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño no se reunió en ningún momento con la Comed. Lo hizo su sucesor Fernando Gómez Mont en febrero pasado, cuatro meses después de su toma de posesión. Aunque se trató sólo de un saludo brevísimo, la Comed lo interpretó positivamente por el compromiso que el secretario pareció asumir con el propósito de la Comisión, que no era otro que la presentación con vida de los desaparecidos. Sin embargo, el reemplazo de González Uyeda por Gerónimo Gutiérrez desmintió pronto, para los efectos que concernían a la Comed, ese compromiso.
El nuevo subsecretario pareció partir de la premisa de que los contactos de la Comisión no eran con el gobierno federal sino con personas, y de allí desprendió la noción de que había que recomenzar la relación. En los expedientes de que su antecesor debió proveerlo faltaban documentos clave para la comprensión del tema y su status en el momento en que comenzó a abordarlo. No conocía, por ejemplo, el pedido inicial de ampliación del diálogo, no obstante que ése era el aspecto crucial entre los diversos pendientes. Tampoco estaba a su alcance el documento en que la Comed estableció los temas e interrogaciones a la Sedena, enviado en febrero, con la solicitud de que fuera respondido también por escrito previamente al encuentro con funcionarios de esa Secretaría, si finalmente se realizara en algún momento, pues Gobernación había dicho que sí pero no había dicho cuándo. Finalmente propuso la fecha del 17 de abril, con representantes de las tres dependencias, a diferencia de la solicitud inicial que buscaba encuentros sucesivos en que la información buscada por la Comed se enriqueciera escalonadamente. La Comisión aceptó la nueva modalidad, pero se enteró con desencanto que la reunión se aplazaría y que Gobernación no consideraba un compromiso la respuesta previa por escrito.
Esas fueron las últimas muestras del desinterés, para no calificarlo de otra manera, expresado directamente a la Comed que la condujeron a poner fin a un proceso que dedicó nueve de casi 12 meses a gestionar la ampliación del contacto con oficinas del gobierno, que resultaron inaccesibles. Pero hubo otros muchos modos en que el gobierno eludió su responsabilidad en este caso. El más reciente de ellos fue el fondo y la forma con que respondió a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de este asunto. Contestó de modo casi subrepticio, sin difundir su respuesta, como corresponde al carácter de la recomendación uno de cuyos valores y fundamentos es la publicidad. Aceptó las generalidades obvias contenidas en la recomendación pero rechazó su médula, que es la presentación con vida de los desaparecidos, pues el gobierno porfía en su negativa de conocer su paradero, no obstante la evidencia acumulada en la recomendación.
Cajón de Sastre
La Secretaría de Gobernación reaccionó rápidamente ante la decisión de la Comed explicada en los párrafos precedentes. Notoriamente esa dependencia y la Comisión tienen percepciones diferentes y aun encontradas respecto de sus encuentros. Donde veíamos reticencias el gobierno veía colaboración. La solicitud para ampliar el diálogo presentada el 14 de agosto tuvo respuesta en febrero, pero no se fijó fecha sino hasta abril. Se pidió a la Comisión escoger entre el 17 y el 24 de abril y se eligió la primera, no obstante lo cual se canceló dicha cita y se estableció la no aceptada por los comisionados. Gobernación demandó a la Comed reconsiderar su posición, lo cual seguramente hará el grupo que la integró. Por lo pronto, es satisfactorio que Gobernación dé al público las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión.
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