lajornada
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicitó ayer una licencia temporal por tres semanas, a efecto de permitir, sin la protección del fuero del que goza en su condición de legislador, una eventual investigación, sin trabas, dilaciones o protección constitucional, sobre los señalamientos que se le han hecho desde la gubernatura de Zacatecas, y que han sido amplificados por algunos medios, por supuestos nexos con el narcotráfico.
El anuncio tiene como telón de fondo el reciente intercambio de acusaciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado entre el legislador petista y la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. El lunes, Monreal Ávila responsabilizó a la también ex dirigente nacional del PRD por la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, ocurrida el pasado sábado, y señaló que el hecho pudiera estar relacionado con presuntas complicidades (del gobierno de García Medina) con la delincuencia organizada. Con tales declaraciones, el senador del PT respondió a una campaña publicitaria difundida desde abril pasado por la administración estatal, en la que se hacen señalamientos velados sobre presuntas conexiones de su familia con el narco.
Al solicitar la separación temporal de su cargo, Monreal asume una actitud correcta y plausible, por cuanto se muestra dispuesto a no empantanar el curso de las posibles indagaciones en su contra y sienta un precedente por demás saludable en la vida política de nuestro país, donde abundan episodios en los que el fuero ha sido utilizado como garante de la impunidad: baste mencionar, como botones de muestra, los casos de los ex legisladores priístas Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, acusados por el desvío de más de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para financiar la campaña del ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa –en el episodio conocido popularmente como Pemexgate–, y quienes sin embargo no pudieron ser consignados en virtud de su inmunidad constitucional. Del lado del Partido Acción Nacional, destacan las denuncias por fraudes mercantiles y corrupción en contra de Jorge Nordhausen González, actual diputado por Campeche, operador de Amigos de Fox en esa entidad, quien ha podido eludir tales señalamientos gracias a su fuero de legislador.
Es claro, por lo demás, que ni la gobernadora de Zacatecas ni su antecesor en el cargo han demostrado estar a la altura de las circunstancias en el marco del intercambio de acusaciones referido: hasta ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que sustenten sus denuncias y es inevitable sospechar que éstas obedecen a una confrontación político-electoral en vísperas de los comicios legislativos de este año y, sobre todo, de cara al relevo del gobierno estatal, que tendrá lugar en 2010.
Se asiste, pues, a la expansión, ahora en el ámbito de las izquierdas, de una estrategia introducida por la dirigencia nacional panista que consiste en utilizar la crisis de seguridad que vive el país –consecuencia del narcotráfico y de otras expresiones del crimen organizado, pero también resultado indeseable de las estrategias gubernamentales– como recurso de propaganda y descrédito electoral: en los últimos meses, la coalición bipartidista de facto que detenta el poder se ha enfrascado en un cruce de acusaciones sobre presuntas complicidades con los cárteles de la droga, acusaciones que, a pesar de su gravedad, no parecen tener otro fin que el posicionamiento partidista, habida cuenta de que no han sido sucedidas por las denuncias penales correspondientes.
En suma, de la creciente politización del tema del narcotráfico, inevitable por el empecinamiento oficial en mantener una estrategia condenada al fracaso, se ha pasado a la narcotización de la política, cuando menos en el ámbito propagandístico, y acaso también en otros. Así, lejos de contribuir a la reconstrucción de la credibilidad institucional –sobre todo la electoral, cuya imagen quedó severamente dañada tras los desaseados comicios de 2006–, la clase política del país pareciera empeñada en enrarecer el ambiente electoral, incrementar el descontento ciudadano y desincentivar la participación ciudadana en los comicios de julio próximo.
kikka-roja.blogspot.com/
El anuncio tiene como telón de fondo el reciente intercambio de acusaciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado entre el legislador petista y la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. El lunes, Monreal Ávila responsabilizó a la también ex dirigente nacional del PRD por la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, ocurrida el pasado sábado, y señaló que el hecho pudiera estar relacionado con presuntas complicidades (del gobierno de García Medina) con la delincuencia organizada. Con tales declaraciones, el senador del PT respondió a una campaña publicitaria difundida desde abril pasado por la administración estatal, en la que se hacen señalamientos velados sobre presuntas conexiones de su familia con el narco.
Al solicitar la separación temporal de su cargo, Monreal asume una actitud correcta y plausible, por cuanto se muestra dispuesto a no empantanar el curso de las posibles indagaciones en su contra y sienta un precedente por demás saludable en la vida política de nuestro país, donde abundan episodios en los que el fuero ha sido utilizado como garante de la impunidad: baste mencionar, como botones de muestra, los casos de los ex legisladores priístas Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, acusados por el desvío de más de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para financiar la campaña del ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa –en el episodio conocido popularmente como Pemexgate–, y quienes sin embargo no pudieron ser consignados en virtud de su inmunidad constitucional. Del lado del Partido Acción Nacional, destacan las denuncias por fraudes mercantiles y corrupción en contra de Jorge Nordhausen González, actual diputado por Campeche, operador de Amigos de Fox en esa entidad, quien ha podido eludir tales señalamientos gracias a su fuero de legislador.
Es claro, por lo demás, que ni la gobernadora de Zacatecas ni su antecesor en el cargo han demostrado estar a la altura de las circunstancias en el marco del intercambio de acusaciones referido: hasta ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que sustenten sus denuncias y es inevitable sospechar que éstas obedecen a una confrontación político-electoral en vísperas de los comicios legislativos de este año y, sobre todo, de cara al relevo del gobierno estatal, que tendrá lugar en 2010.
Se asiste, pues, a la expansión, ahora en el ámbito de las izquierdas, de una estrategia introducida por la dirigencia nacional panista que consiste en utilizar la crisis de seguridad que vive el país –consecuencia del narcotráfico y de otras expresiones del crimen organizado, pero también resultado indeseable de las estrategias gubernamentales– como recurso de propaganda y descrédito electoral: en los últimos meses, la coalición bipartidista de facto que detenta el poder se ha enfrascado en un cruce de acusaciones sobre presuntas complicidades con los cárteles de la droga, acusaciones que, a pesar de su gravedad, no parecen tener otro fin que el posicionamiento partidista, habida cuenta de que no han sido sucedidas por las denuncias penales correspondientes.
En suma, de la creciente politización del tema del narcotráfico, inevitable por el empecinamiento oficial en mantener una estrategia condenada al fracaso, se ha pasado a la narcotización de la política, cuando menos en el ámbito propagandístico, y acaso también en otros. Así, lejos de contribuir a la reconstrucción de la credibilidad institucional –sobre todo la electoral, cuya imagen quedó severamente dañada tras los desaseados comicios de 2006–, la clase política del país pareciera empeñada en enrarecer el ambiente electoral, incrementar el descontento ciudadano y desincentivar la participación ciudadana en los comicios de julio próximo.
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