Sistema penitenciario, un fracaso
Miguel Ángel Granados Chapa
22 May. 09
Todos los días un acontecimiento grave ocurre en alguno de los 438 penales de la República: en estos días de mayo, ocurrió una fuga masiva en Zacatecas, y un motín reprimido con dureza en el Distrito Federal. En marzo en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez fueron asesinados 21 reclusos en una riña entre reos. Y en septiembre anterior en Tijuana, otra ciudad emblemática del narcotráfico, un número similar de muertes fue provocado por la represión excesiva a presos amotinados.
Un juicio sumario, pero no simplón, al sistema penitenciario mexicano no puede menos que concluir que sirve para todo menos para el propósito que lo define y da nombre a sus establecimientos: no hay readaptación social posible en ellos. Imperan allí la violencia y la corrupción, la práctica de delitos contra internos y hacia fuera, el hacinamiento. Casi no hay cárcel que encierre al número de reclusos para el que está diseñada. Casi todas se hallan en el extremo contrario. En Baja California, por escoger un ejemplo al azar, hay una sobrepoblación de ciento por ciento. En el Distrito Federal el porcentaje es cercano a ese máximo: en sus 10 penales se amontonan 40 mil reos, en espacios construidos para 21 mil.
En la capital de la República están bien identificadas las causas de la sobrepoblación: un número muy grande de presos no pueden pagar la fianza que se les reclama para obtener la libertad a que tienen derecho mediante ese requisito. Y se ha acrecentado el censo porque reformas legales alentadas por la desesperación social imponen penas de prisión a delitos como el robo simple cuyo monto sea menor a 2 mil pesos. Igualmente crece el número de reos del fuero federal alojados en centros de reclusión locales, promiscuidad de la que surgen otras graves dificultades que el régimen carcelario no está en condiciones de enfrentar.
Desde la perspectiva de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha preparado un proyecto de ley penitenciaria. Partió para formularlo de consideraciones como la registrada en el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal:
"Las violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas más recurrentes son hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal administrativo, negativa y suspensiones de visita familiar o íntima, discrecionalidad en los beneficios de la libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento".
Desde su fundación en 1993, y hasta el año pasado, la CDHDF ha emitido 40 recomendaciones sobre la materia a las autoridades. La mitad han sido consideradas como cumplidas por el órgano emisor. Pero de poco o nada vale el que se acaten las recomendaciones, porque su alcance particular no impide que las conductas denunciadas se repitan. Por eso se hizo precisa una propuesta general que adquirió la forma de proyecto de ley penitenciaria. Pero hay aspectos de la vida carcelaria que no pueden ser remediados y ni siquiera incluidos en normas legales que sin duda contribuirían a mejorar la vida en los penales, pero que deben ser parte de una reforma penal y aun social más amplia.
Téngase en primer lugar la corrupción, que podría y debería ser contenida y aun eliminada sin necesidad de nuevas disposiciones legales. Parecería que los funcionarios de todo nivel en las cárceles de todo el país son movidos por una mecánica compensatoria: el carácter peligroso y lúgubre de su misión debe ser aliviado con la obtención de gajes que remedien las magras remuneraciones que oficialmente reciben. Para ello admiten la relajación de la vida en la comunidad carcelaria, que puede llegar al extremo del cogobierno, es decir la coexistencia de autoridades formales que simulan no ver lo que acontece en las crujías y en las celdas. En ellas, al cobijo de esta corrupción, se realizan delitos como el tráfico de estupefacientes y los secuestros organizados y dirigidos por vía telefónica. Apenas resulta comprensible que no se practiquen periódicamente revisiones que impidan la posesión y uso de teléfonos celulares y el comercio de drogas, tal como se presume que se hace para evitar los de armas y objetos punzocortantes.
Otras maneras de corrupción son las que permiten acontecimientos como la evasión masiva de 53 reos en Zacatecas. Es claro que los custodios y otras autoridades del penal de Cieneguillas fueron cómplices de la fuga. Pero también lo son las autoridades policiacas federales, que en ésta como en otras ocasiones han dejado transitar por carreteras federales convoyes -el del sábado pasado en suelo zacatecano estaba integrado por ocho vehículos- con gente ostensiblemente armada a bordo. Eso, en el supuesto de que los miembros del comando armado que asaltaron de modo incruento el Cereso de marras se hayan disfrazado de agentes federales y no lo sean realmente.
La sociedad no puede ver con impasibilidad que fácilmente se trueca en indiferencia lo que ocurre en las cárceles, aun por la mezquina consideración de que brotan de allí acciones del crimen organizado. Se requiere aplicar con rigor las leyes presentes y reformar los códigos para despresurizar las prisiones manteniendo en ellas a un número mucho menor del que actualmente se inicia en la delincuencia o afina allí sus tácticas y sus modos. La readaptación social debe dejar de ser una denominación burlesca.
Cajón de Sastre
Pasado mañana se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quienes se supo por última vez que fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca presuntamente por agentes locales y probablemente entregados al Ejército, sin que se les condujera a la autoridad ministerial correspondiente, de acusárseles de algún delito y por su pertenencia al Ejército Popular Revolucionario. El Estado no ha sido capaz de localizarlos y presentarlos con vida, como tampoco ha podido hacerlo con otras víctimas de ese tipo de privación ilegal de la libertad, perdidas todas en el mayo trágico de 2007: dos reporteros de TV Azteca desaparecidos en Monterrey, un jefe de la policía ministerial en Torreón y el líder sindical petrolero de Cadereyta, y decenas de sus compañeros. ¡Qué falta de autoridad frente a los poderes que hicieron esfumarse a esos hombres!
Un juicio sumario, pero no simplón, al sistema penitenciario mexicano no puede menos que concluir que sirve para todo menos para el propósito que lo define y da nombre a sus establecimientos: no hay readaptación social posible en ellos. Imperan allí la violencia y la corrupción, la práctica de delitos contra internos y hacia fuera, el hacinamiento. Casi no hay cárcel que encierre al número de reclusos para el que está diseñada. Casi todas se hallan en el extremo contrario. En Baja California, por escoger un ejemplo al azar, hay una sobrepoblación de ciento por ciento. En el Distrito Federal el porcentaje es cercano a ese máximo: en sus 10 penales se amontonan 40 mil reos, en espacios construidos para 21 mil.
En la capital de la República están bien identificadas las causas de la sobrepoblación: un número muy grande de presos no pueden pagar la fianza que se les reclama para obtener la libertad a que tienen derecho mediante ese requisito. Y se ha acrecentado el censo porque reformas legales alentadas por la desesperación social imponen penas de prisión a delitos como el robo simple cuyo monto sea menor a 2 mil pesos. Igualmente crece el número de reos del fuero federal alojados en centros de reclusión locales, promiscuidad de la que surgen otras graves dificultades que el régimen carcelario no está en condiciones de enfrentar.
Desde la perspectiva de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha preparado un proyecto de ley penitenciaria. Partió para formularlo de consideraciones como la registrada en el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal:
"Las violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas más recurrentes son hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal administrativo, negativa y suspensiones de visita familiar o íntima, discrecionalidad en los beneficios de la libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento".
Desde su fundación en 1993, y hasta el año pasado, la CDHDF ha emitido 40 recomendaciones sobre la materia a las autoridades. La mitad han sido consideradas como cumplidas por el órgano emisor. Pero de poco o nada vale el que se acaten las recomendaciones, porque su alcance particular no impide que las conductas denunciadas se repitan. Por eso se hizo precisa una propuesta general que adquirió la forma de proyecto de ley penitenciaria. Pero hay aspectos de la vida carcelaria que no pueden ser remediados y ni siquiera incluidos en normas legales que sin duda contribuirían a mejorar la vida en los penales, pero que deben ser parte de una reforma penal y aun social más amplia.
Téngase en primer lugar la corrupción, que podría y debería ser contenida y aun eliminada sin necesidad de nuevas disposiciones legales. Parecería que los funcionarios de todo nivel en las cárceles de todo el país son movidos por una mecánica compensatoria: el carácter peligroso y lúgubre de su misión debe ser aliviado con la obtención de gajes que remedien las magras remuneraciones que oficialmente reciben. Para ello admiten la relajación de la vida en la comunidad carcelaria, que puede llegar al extremo del cogobierno, es decir la coexistencia de autoridades formales que simulan no ver lo que acontece en las crujías y en las celdas. En ellas, al cobijo de esta corrupción, se realizan delitos como el tráfico de estupefacientes y los secuestros organizados y dirigidos por vía telefónica. Apenas resulta comprensible que no se practiquen periódicamente revisiones que impidan la posesión y uso de teléfonos celulares y el comercio de drogas, tal como se presume que se hace para evitar los de armas y objetos punzocortantes.
Otras maneras de corrupción son las que permiten acontecimientos como la evasión masiva de 53 reos en Zacatecas. Es claro que los custodios y otras autoridades del penal de Cieneguillas fueron cómplices de la fuga. Pero también lo son las autoridades policiacas federales, que en ésta como en otras ocasiones han dejado transitar por carreteras federales convoyes -el del sábado pasado en suelo zacatecano estaba integrado por ocho vehículos- con gente ostensiblemente armada a bordo. Eso, en el supuesto de que los miembros del comando armado que asaltaron de modo incruento el Cereso de marras se hayan disfrazado de agentes federales y no lo sean realmente.
La sociedad no puede ver con impasibilidad que fácilmente se trueca en indiferencia lo que ocurre en las cárceles, aun por la mezquina consideración de que brotan de allí acciones del crimen organizado. Se requiere aplicar con rigor las leyes presentes y reformar los códigos para despresurizar las prisiones manteniendo en ellas a un número mucho menor del que actualmente se inicia en la delincuencia o afina allí sus tácticas y sus modos. La readaptación social debe dejar de ser una denominación burlesca.
Cajón de Sastre
Pasado mañana se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quienes se supo por última vez que fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca presuntamente por agentes locales y probablemente entregados al Ejército, sin que se les condujera a la autoridad ministerial correspondiente, de acusárseles de algún delito y por su pertenencia al Ejército Popular Revolucionario. El Estado no ha sido capaz de localizarlos y presentarlos con vida, como tampoco ha podido hacerlo con otras víctimas de ese tipo de privación ilegal de la libertad, perdidas todas en el mayo trágico de 2007: dos reporteros de TV Azteca desaparecidos en Monterrey, un jefe de la policía ministerial en Torreón y el líder sindical petrolero de Cadereyta, y decenas de sus compañeros. ¡Qué falta de autoridad frente a los poderes que hicieron esfumarse a esos hombres!
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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