John M. Ackerman
La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la multa impuesta al Partido Verde a causa de los promocionales de sus legisladores podría ser un golpe mortal a la histórica reforma electoral de 2007-2008. Con su fallo del 8 de mayo, los magistrados han abierto de par en par la puerta al dinero privado para la contratación de propaganda político-electoral. También dan permiso a la utilización de los logotipos de los partidos políticos en la difusión gubernamental. Asimismo, la decisión renueva el flujo de recursos públicos a las arcas de las principales empresas de radio y televisión.
Se encuentra en riesgo nada menos que la columna vertebral de la reforma electoral: el supuesto blindaje en contra de la intervención indebida del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en la competencia política. La equidad de las elecciones de 2009 ya se encuentra en duda. Si las instituciones electorales y nuestros representantes populares no toman de manera urgente las providencias necesarias para frenar esta ominosa tendencia, las elecciones presidenciales de 2012 serán nada menos que un desastre.
Con su fallo, el TEPJF ha hecho de todos los legisladores del país vehículos para la contratación de propaganda política en radio y televisión. Bastará con que el espot esté relacionado, aun tangencialmente, con las supuestas labores del legislador correspondiente, para que éste haga valer su derecho a difundir su informe de gestión durante 12 días al año.
Para los diputados plurinominales, estos informes podrán difundirse a lo largo y ancho del país. Con el escalonamiento de los mensajes, cada 12 días un diputado diferente podría estar informando al público de sus actividades, los partidos podrían estar presentes en la televisión de manera constante durante todo el año.
Esta vía paralela de acceso al radio y la televisión al margen de los tiempos oficiales y de la Constitución permite la utilización de nuestros recursos como contribuyentes para el pago a los grandes consorcios televisivos. Con una simple transferencia de fondos desde los partidos políticos a sus grupos parlamentarios se podrá utilizar el financiamiento público para enriquecer a Televisa y Tv Azteca. A ello se suma que el sector privado, una vez más, podrá utilizar su poder económico para promover a sus diputados favoritos y así influir de manera indebida en la competencia política-electoral.
El colofón es que el fallo también abre la posibilidad para que cualquier servidor público incluya propaganda de su partido político en sus informes gubernamentales. En lugar de exigir a los legisladores del Partido Verde remover el logotipo de sus promocionales y distinguir su mensaje de los de campaña de su partido, los magistrados avalaron integralmente los anuncios de los legisladores.
De acuerdo con esta lógica, tampoco habría problema con que Felipe Calderón se sentara junto a una bandera del Partido Acción Nacional cuando presumiera los logros de su gobierno en cadena nacional, ni que Enrique Peña Nieto portara una playera del Partido Revolucionario Institucional cuando rinda su informe ante el Congreso del estado de México, o que Marcelo Ebrard lleve puesta una cachucha del Partido de la Revolución Democrática en su siguiente inauguración de un puente vial.
Incluso algunos consejeros del Instituto Federal Electoral han expresado ya su descontento con el fallo del TEPJF. Desde luego habría que reconocer su valentía al poner en cuestión la decisión de los magistrados. Sin embargo, los mismos consejeros no están libres de culpa.
El Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos vigente limita la propaganda político-electoral a aquella que se contrata con recursos públicos. Esto abre un enorme boquete en la prohibición de la promoción personalizada de los servidores públicos, ya que cualquier anuncio pagado por los mismos gobernantes o por terceros estará libre de sanción.
Los lectores seguramente recuerdan las cartas de felicitación de fin de año enviadas por Miguel Ángel Yunes y los frecuentes desplegados de felicitaciones al señor gobernador para la mayoría de los mandatarios estatales.
El caso de los legisladores del Partido Verde es apenas la punta del iceberg. En lugar de rasgarse las vestiduras, los consejeros electorales deberían poner manos a la obra para reformar éste y otros reglamentos que ofrezcan a gobernantes y políticos estratagemas para evadir la ley. Asimismo, los diputados y senadores federales hoy más que nunca están obligados a aprobar una ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, que delinea con precisión las características de la propaganda gubernamental.
Pero los vacíos legales y reglamentarios existentes no pueden ser el pretexto para la actuación irresponsable de los magistrados del TEPJF. Los jueces electorales hoy cuentan con más que suficientes herramientas jurídicas para asegurar el cumplimiento de los principios fundamentales en materia electoral y su más reciente actuación deja a la reforma constitucional en un estado de grave convalecencia.
Se encuentra en riesgo nada menos que la columna vertebral de la reforma electoral: el supuesto blindaje en contra de la intervención indebida del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en la competencia política. La equidad de las elecciones de 2009 ya se encuentra en duda. Si las instituciones electorales y nuestros representantes populares no toman de manera urgente las providencias necesarias para frenar esta ominosa tendencia, las elecciones presidenciales de 2012 serán nada menos que un desastre.
Con su fallo, el TEPJF ha hecho de todos los legisladores del país vehículos para la contratación de propaganda política en radio y televisión. Bastará con que el espot esté relacionado, aun tangencialmente, con las supuestas labores del legislador correspondiente, para que éste haga valer su derecho a difundir su informe de gestión durante 12 días al año.
Para los diputados plurinominales, estos informes podrán difundirse a lo largo y ancho del país. Con el escalonamiento de los mensajes, cada 12 días un diputado diferente podría estar informando al público de sus actividades, los partidos podrían estar presentes en la televisión de manera constante durante todo el año.
Esta vía paralela de acceso al radio y la televisión al margen de los tiempos oficiales y de la Constitución permite la utilización de nuestros recursos como contribuyentes para el pago a los grandes consorcios televisivos. Con una simple transferencia de fondos desde los partidos políticos a sus grupos parlamentarios se podrá utilizar el financiamiento público para enriquecer a Televisa y Tv Azteca. A ello se suma que el sector privado, una vez más, podrá utilizar su poder económico para promover a sus diputados favoritos y así influir de manera indebida en la competencia política-electoral.
El colofón es que el fallo también abre la posibilidad para que cualquier servidor público incluya propaganda de su partido político en sus informes gubernamentales. En lugar de exigir a los legisladores del Partido Verde remover el logotipo de sus promocionales y distinguir su mensaje de los de campaña de su partido, los magistrados avalaron integralmente los anuncios de los legisladores.
De acuerdo con esta lógica, tampoco habría problema con que Felipe Calderón se sentara junto a una bandera del Partido Acción Nacional cuando presumiera los logros de su gobierno en cadena nacional, ni que Enrique Peña Nieto portara una playera del Partido Revolucionario Institucional cuando rinda su informe ante el Congreso del estado de México, o que Marcelo Ebrard lleve puesta una cachucha del Partido de la Revolución Democrática en su siguiente inauguración de un puente vial.
Incluso algunos consejeros del Instituto Federal Electoral han expresado ya su descontento con el fallo del TEPJF. Desde luego habría que reconocer su valentía al poner en cuestión la decisión de los magistrados. Sin embargo, los mismos consejeros no están libres de culpa.
El Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos vigente limita la propaganda político-electoral a aquella que se contrata con recursos públicos. Esto abre un enorme boquete en la prohibición de la promoción personalizada de los servidores públicos, ya que cualquier anuncio pagado por los mismos gobernantes o por terceros estará libre de sanción.
Los lectores seguramente recuerdan las cartas de felicitación de fin de año enviadas por Miguel Ángel Yunes y los frecuentes desplegados de felicitaciones al señor gobernador para la mayoría de los mandatarios estatales.
El caso de los legisladores del Partido Verde es apenas la punta del iceberg. En lugar de rasgarse las vestiduras, los consejeros electorales deberían poner manos a la obra para reformar éste y otros reglamentos que ofrezcan a gobernantes y políticos estratagemas para evadir la ley. Asimismo, los diputados y senadores federales hoy más que nunca están obligados a aprobar una ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, que delinea con precisión las características de la propaganda gubernamental.
Pero los vacíos legales y reglamentarios existentes no pueden ser el pretexto para la actuación irresponsable de los magistrados del TEPJF. Los jueces electorales hoy cuentan con más que suficientes herramientas jurídicas para asegurar el cumplimiento de los principios fundamentales en materia electoral y su más reciente actuación deja a la reforma constitucional en un estado de grave convalecencia.
http://www.johnackerman.blogspot.com
kikka-roja.blogspot.com/
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...