Agustín Basave
22-Jun-2009
Es muy difícil creer que no hay diálogo ni transacción alguna. ¿Puede un presidente municipal indefenso sobrevivir si se niega a pactar con un poderoso señor de las drogas? El famoso estudio de la ONU que reporta que el narcotráfico controla en mayor o menor medida 60% de los municipios mexicanos nos dice que no.
Ningún gobierno en el mundo transparenta todo lo que hace. Hay actividades, primordialmente las relacionadas con la seguridad nacional, que se mantienen en reserva como secretos de Estado. Y ninguna sociedad los cuestiona, porque se considera razonable que por su naturaleza cierta información se mantenga en secrecía. Pero en las democracias desarrolladas ni el gobierno abusa de la confidencialidad ni la sociedad vive en la simulación. Se revela más de lo que se oculta y la brecha —que no abismo— entre el discurso político y la realidad se colma con menos hipocresía.
En México es diferente. La lucha contra el narcotráfico está impregnada de una retórica, la que emana de los dirigentes de los distintos partidos políticos y de los representantes de los tres órdenes de gobierno, que se aleja cada vez más de los límites de la credibilidad. El mantra es “no nos intimidan ni nos corrompen / la ley se aplica, no se negocia ni se pacta”. Entiendo que no se nos den los detalles de las estrategias anticrimen, y nunca he esperado que se nos diga quiénes o cómo infiltran los cárteles. Pero me parece poco creíble el discurso oficial, que insiste en que no hay el menor acercamiento con las organizaciones criminales. Y es que yo, como muchos mexicanos, sospecho que paralelamente al combate frontal se dan negociaciones y pactos. Y no me refiero a los que hacen algunos funcionarios públicos para ponerse al servicio del narco, porque en ese sentido los escándalos de corrupción no dejan sospechas sino certezas, sino a probables encuentros clandestinos entre autoridades y criminales donde se sellarían acuerdos de tolerancia a cambio de paz, valores entendidos que ambas partes cumplirían al margen de la ley. Vamos, algo como un intento de regresar a lo que se rumora había antes: trafiquen, pero no dejen droga ni sangre de este lado de la frontera. O algo como lo que las malas lenguas dicen que sigue habiendo: además de la persecución y las capturas, arreglos para la entrega a las autoridades de lugartenientes de uno u otro bando como resultado de un quid pro quo o de ajustes de cuentas entre ellos.
El argumento gubernamental es que los miles de muertos son la prueba de que gobiernos y cárteles sólo se comunican a balazos. Nos lo dicen como si otro tipo de comunicación fuera inconcebible en una guerra, como si no fuera práctica común que tropas enemigas negocien corredores desmilitarizados o pacten treguas. Nunca nos han explicado por qué debemos descartar que la escalada de violencia de los últimos años sea producto de una transición, de la ruptura de viejos convenios de repartición de territorios y del establecimiento de nuevas reglas del juego entre gobiernos y delincuentes. Por eso es muy difícil creer que no hay diálogo ni transacción alguna. ¿Puede un presidente municipal indefenso sobrevivir si se niega a pactar con un poderoso señor de las drogas? El famoso estudio de la ONU que reporta que el narcotráfico controla en mayor o menor medida 60% de los municipios mexicanos nos dice que no. Si el gobierno federal, que cuenta con mucho más recursos, no ha podido derrotarlo, y muchos gobiernos estatales se saben impotentes y se hacen a un lado o de plano le entran al negocio, es impensable que los ayuntamientos lo enfrenten.
El tema está que arde en mi tierra. La difusión de una grabación en la que un aspirante panista a alcalde en Nuevo León, en una reunión de campaña, habla de negociaciones y pactos con los capos, está provocando reacciones muy significativas. Los candidatos del PRI y el PAN se acusan mutuamente de pactar con el narco con la misma vehemencia con la que declaran que no lo han hecho nunca y que jamás lo harán. Priistas y panistas se fingen sorprendidos ante el hecho de que los narcotraficantes tengan tratos con candidatos y con gobernadores y presidentes municipales del otro partido (porque con los del suyo ni hablar). Es curioso: reconocen lo peor y niegan lo “menos peor”. Cuando se les pregunta si puede haber gobernantes emanados de sus filas que reciban pagos del narcotráfico a cambio de protegerlo o dejarlo actuar, responden que desgraciadamente ese poder corruptor alcanza a todos los institutos políticos, pero cuando se les cuestiona si puede haber quienes no acepten dinero sino negocien códigos de reglas no escritas contestan que con el crimen organizado no se transige. Que alguien que lo haya hecho rehúse admitirlo es comprensible, porque le podría acarrear consecuencias penales; que los demás lo nieguen aun en situaciones hipotéticas, caray… Nadie espera una sinceridad que por desgracia nuestra misma opinión pública castigaría, pero algunos agradeceríamos un mayor respeto por las palabras. El dicho y el hecho deben convivir bajo el mismo techo.
Cuando la retórica y la realidad no coinciden, hay que cambiar una de las dos. Pactar con el narco es algo tan explicable como injustificable, y para contrarrestarlo es necesario desmantelar las redes narcofinancieras y tomar otras medidas que permitan ganarle la partida. Pero antes que cualquier otra cosa es imprescindible reconocer que el problema de los pactos existe y discutirlo sin simulaciones. Yo quiero que se aplique cabalmente la ley, que no haya ningún tipo de complicidades, ni de quienes se venden ni de quienes se hacen de la vista gorda. Pero también quiero que los mexicanos superemos nuestra esquizofrenia y tengamos una más sana relación con la verdad. Divorciar lo declarativo de lo real, romper toda conexión entre el deber ser y el ser, vivir en la mentira, todo eso enferma a una sociedad tanto como las drogas.
Ningún gobierno en el mundo transparenta todo lo que hace. Hay actividades, primordialmente las relacionadas con la seguridad nacional, que se mantienen en reserva como secretos de Estado. Y ninguna sociedad los cuestiona, porque se considera razonable que por su naturaleza cierta información se mantenga en secrecía. Pero en las democracias desarrolladas ni el gobierno abusa de la confidencialidad ni la sociedad vive en la simulación. Se revela más de lo que se oculta y la brecha —que no abismo— entre el discurso político y la realidad se colma con menos hipocresía.
En México es diferente. La lucha contra el narcotráfico está impregnada de una retórica, la que emana de los dirigentes de los distintos partidos políticos y de los representantes de los tres órdenes de gobierno, que se aleja cada vez más de los límites de la credibilidad. El mantra es “no nos intimidan ni nos corrompen / la ley se aplica, no se negocia ni se pacta”. Entiendo que no se nos den los detalles de las estrategias anticrimen, y nunca he esperado que se nos diga quiénes o cómo infiltran los cárteles. Pero me parece poco creíble el discurso oficial, que insiste en que no hay el menor acercamiento con las organizaciones criminales. Y es que yo, como muchos mexicanos, sospecho que paralelamente al combate frontal se dan negociaciones y pactos. Y no me refiero a los que hacen algunos funcionarios públicos para ponerse al servicio del narco, porque en ese sentido los escándalos de corrupción no dejan sospechas sino certezas, sino a probables encuentros clandestinos entre autoridades y criminales donde se sellarían acuerdos de tolerancia a cambio de paz, valores entendidos que ambas partes cumplirían al margen de la ley. Vamos, algo como un intento de regresar a lo que se rumora había antes: trafiquen, pero no dejen droga ni sangre de este lado de la frontera. O algo como lo que las malas lenguas dicen que sigue habiendo: además de la persecución y las capturas, arreglos para la entrega a las autoridades de lugartenientes de uno u otro bando como resultado de un quid pro quo o de ajustes de cuentas entre ellos.
El argumento gubernamental es que los miles de muertos son la prueba de que gobiernos y cárteles sólo se comunican a balazos. Nos lo dicen como si otro tipo de comunicación fuera inconcebible en una guerra, como si no fuera práctica común que tropas enemigas negocien corredores desmilitarizados o pacten treguas. Nunca nos han explicado por qué debemos descartar que la escalada de violencia de los últimos años sea producto de una transición, de la ruptura de viejos convenios de repartición de territorios y del establecimiento de nuevas reglas del juego entre gobiernos y delincuentes. Por eso es muy difícil creer que no hay diálogo ni transacción alguna. ¿Puede un presidente municipal indefenso sobrevivir si se niega a pactar con un poderoso señor de las drogas? El famoso estudio de la ONU que reporta que el narcotráfico controla en mayor o menor medida 60% de los municipios mexicanos nos dice que no. Si el gobierno federal, que cuenta con mucho más recursos, no ha podido derrotarlo, y muchos gobiernos estatales se saben impotentes y se hacen a un lado o de plano le entran al negocio, es impensable que los ayuntamientos lo enfrenten.
El tema está que arde en mi tierra. La difusión de una grabación en la que un aspirante panista a alcalde en Nuevo León, en una reunión de campaña, habla de negociaciones y pactos con los capos, está provocando reacciones muy significativas. Los candidatos del PRI y el PAN se acusan mutuamente de pactar con el narco con la misma vehemencia con la que declaran que no lo han hecho nunca y que jamás lo harán. Priistas y panistas se fingen sorprendidos ante el hecho de que los narcotraficantes tengan tratos con candidatos y con gobernadores y presidentes municipales del otro partido (porque con los del suyo ni hablar). Es curioso: reconocen lo peor y niegan lo “menos peor”. Cuando se les pregunta si puede haber gobernantes emanados de sus filas que reciban pagos del narcotráfico a cambio de protegerlo o dejarlo actuar, responden que desgraciadamente ese poder corruptor alcanza a todos los institutos políticos, pero cuando se les cuestiona si puede haber quienes no acepten dinero sino negocien códigos de reglas no escritas contestan que con el crimen organizado no se transige. Que alguien que lo haya hecho rehúse admitirlo es comprensible, porque le podría acarrear consecuencias penales; que los demás lo nieguen aun en situaciones hipotéticas, caray… Nadie espera una sinceridad que por desgracia nuestra misma opinión pública castigaría, pero algunos agradeceríamos un mayor respeto por las palabras. El dicho y el hecho deben convivir bajo el mismo techo.
Cuando la retórica y la realidad no coinciden, hay que cambiar una de las dos. Pactar con el narco es algo tan explicable como injustificable, y para contrarrestarlo es necesario desmantelar las redes narcofinancieras y tomar otras medidas que permitan ganarle la partida. Pero antes que cualquier otra cosa es imprescindible reconocer que el problema de los pactos existe y discutirlo sin simulaciones. Yo quiero que se aplique cabalmente la ley, que no haya ningún tipo de complicidades, ni de quienes se venden ni de quienes se hacen de la vista gorda. Pero también quiero que los mexicanos superemos nuestra esquizofrenia y tengamos una más sana relación con la verdad. Divorciar lo declarativo de lo real, romper toda conexión entre el deber ser y el ser, vivir en la mentira, todo eso enferma a una sociedad tanto como las drogas.
abasave@prodigy.net.mx
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