- Boquete, sólo vil maniobra del gobierno
- Fideicomisos privados con recursos públicos
Un mes atrás el secretario de Hacienda se quejó amargamente con los diputados y senadores porque, dijo, las finanzas nacionales reportarán un boquete de 300 mil millones de pesos en 2009, y que la circunstancia es tan drástica que ya no hay más recursos para implementar nuevos programas para enfrentar la crisis. Pero eso no fue todo, ya que adelantó que en 2010 la la situación será más complicada, de allí que la solución al problema, en su muy fondomonetarista entender, sólo tendría de tres sopas: mayor endeudamiento, recorte al gasto público o más impuestos para los de siempre.
Qué dolor, qué pena, pero resulta que el boquete financiero podría entenderse como una vil maniobra del gobierno calderonista, como antes del foxista, no sólo para inyectar en la sociedad más miedo del existente, sino para tapar una de las prácticas más oscuras de la administración pública federal, filosóficamente sustentada en aquel viejo juego de dónde quedó la bolita, o lo que es lo mismo, el indiscriminado uso de fideicomisos privados con recursos públicos, totalmente alejados de la supervisión del Legislativo, y demás trucos de esa naturaleza para esconder los dineros públicos (en un país urgido de inversión productiva y, consecuentemente, de generación de empleo) y alejarlos del gasto público.
Lo anterior, con base en la denuncia que ayer hizo pública el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón: a finales del 2007 se detectaron aproximadamente 120 mil millones de pesos provenientes de subejercicios (presupuestales) en 28 transferencias, las cuales fueron trasladadas a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación y transferidos a distintos fideicomisos, fondos, mandatos, cuentas y contratos análogos... La ASF detectó esa cantidad; había dinero disponible, y al haber esa disponibilidad, producto de subejercicios, se tomó la decisión de transferir los recursos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos y sacarlos de circulación o destinarlos a otros fines.
¿Y quién tomó esa decisión? El que se queja del citado boquete en las finanzas nacionales, a saber Agustín Carstens, fundamentalmente. Los 120 mil millones de pesos que en 2007 mágicamente desapareció el doctor catarrito en fideicomisos y conexos, equivalen a 40 por ciento del susodicho boquete, de tal suerte, dice González de Aragón, que las transferencias de recursos es una manera de evitar el cumplimiento de las reglas del gasto público, evadir la supervisión del Legislativo y fortalecer la opacidad en el manejo de los dineros de la nación.
La falta de transparencia en el uso de tales recursos tiene un fin específico, apunta González de Aragón: los recursos transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos se ejercen con alta discrecionalidad para dar por gastados los recursos, cuando lo único que se hace es saltarse un renglón presupuestal. Esto se hace de manera indebida y para cumplir con un mandato de ley, que establece que debe haber déficit cero, por esa razón se transfieren los recursos y se dan como ejercidos.
Por si fuera poco, el titular de la Auditoría Superior de la Federación detalló que en 2007 se dejó de ejercer el 43 o 44 por ciento del monto total presupuestado del Fondo Nacional de Seguridad Pública, es decir, que de los 6 mil 600 millones de pesos no se ejercieron de 2 mil 800 y 2 mil 900 millones, justo cuando la propaganda oficial insiste en que no se dará tregua al crimen organizado y que no habrá lugar para titubeos, divisiones ni deslealtades. ¿Qué mayor facilidad y tolerancia que no ejercer el presupuesto destinado a tal fin y mantener deficientemente equipados a quienes cotidianamente arriesgan la vida frente a ese crimen organizado? Todo, según la versión oficial, en aras del déficit cero.
Y con guardaditos y guardadotes nadie sabe dónde quedó la bolita, especialmente en estos tiempos de terremoto económico en lo que se requiere inversión productiva para atemperar el golpe. En este sentido, el titular de la ASF subrayó que en medio de esta crisis económica es muy grave que existan subejercicios en la administración pública federal. No puede ser que por incapacidad no se gasten los presupuestos que aprueba la Cámara de Diputados. Es lamentable que haya servidores públicos irresponsables que presenten subejercicios y que en ocasiones se simule el ejercicio del gasto, cuando nos encontramos en medio de una crisis económica. No puede ser que por incapacidad no se gasten los presupuestos que aprueba la Cámara.
Ya en ocasiones anteriores la propia ASF ha denunciado la existencia de diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los ramos generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo. El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derechos de Trámite Aduanero, y Fondos y Fideicomisos, entre otros. La rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad.
Las rebanadas del pastel
Tras unas semanas de obligado reposo (por la emergencia sanitaria, entre otras causas), el Club de Periodistas de México retoma la sana práctica de los foros de debate, y hoy a las 18 horas (Filomeno Mata número 8, Centro Histórico) invita a conocer qué pasa con la libertad de expresión y el derecho a la información. Participan Mario Méndez Acosta, Yuri Serbolov, Jorge Santa Cruz, Ana Lilia Pérez, Jenaro Villamil, Arnulfo Domínguez Cordero. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. Se va a poner bueno.
Qué dolor, qué pena, pero resulta que el boquete financiero podría entenderse como una vil maniobra del gobierno calderonista, como antes del foxista, no sólo para inyectar en la sociedad más miedo del existente, sino para tapar una de las prácticas más oscuras de la administración pública federal, filosóficamente sustentada en aquel viejo juego de dónde quedó la bolita, o lo que es lo mismo, el indiscriminado uso de fideicomisos privados con recursos públicos, totalmente alejados de la supervisión del Legislativo, y demás trucos de esa naturaleza para esconder los dineros públicos (en un país urgido de inversión productiva y, consecuentemente, de generación de empleo) y alejarlos del gasto público.
Lo anterior, con base en la denuncia que ayer hizo pública el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón: a finales del 2007 se detectaron aproximadamente 120 mil millones de pesos provenientes de subejercicios (presupuestales) en 28 transferencias, las cuales fueron trasladadas a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación y transferidos a distintos fideicomisos, fondos, mandatos, cuentas y contratos análogos... La ASF detectó esa cantidad; había dinero disponible, y al haber esa disponibilidad, producto de subejercicios, se tomó la decisión de transferir los recursos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos y sacarlos de circulación o destinarlos a otros fines.
¿Y quién tomó esa decisión? El que se queja del citado boquete en las finanzas nacionales, a saber Agustín Carstens, fundamentalmente. Los 120 mil millones de pesos que en 2007 mágicamente desapareció el doctor catarrito en fideicomisos y conexos, equivalen a 40 por ciento del susodicho boquete, de tal suerte, dice González de Aragón, que las transferencias de recursos es una manera de evitar el cumplimiento de las reglas del gasto público, evadir la supervisión del Legislativo y fortalecer la opacidad en el manejo de los dineros de la nación.
La falta de transparencia en el uso de tales recursos tiene un fin específico, apunta González de Aragón: los recursos transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos se ejercen con alta discrecionalidad para dar por gastados los recursos, cuando lo único que se hace es saltarse un renglón presupuestal. Esto se hace de manera indebida y para cumplir con un mandato de ley, que establece que debe haber déficit cero, por esa razón se transfieren los recursos y se dan como ejercidos.
Por si fuera poco, el titular de la Auditoría Superior de la Federación detalló que en 2007 se dejó de ejercer el 43 o 44 por ciento del monto total presupuestado del Fondo Nacional de Seguridad Pública, es decir, que de los 6 mil 600 millones de pesos no se ejercieron de 2 mil 800 y 2 mil 900 millones, justo cuando la propaganda oficial insiste en que no se dará tregua al crimen organizado y que no habrá lugar para titubeos, divisiones ni deslealtades. ¿Qué mayor facilidad y tolerancia que no ejercer el presupuesto destinado a tal fin y mantener deficientemente equipados a quienes cotidianamente arriesgan la vida frente a ese crimen organizado? Todo, según la versión oficial, en aras del déficit cero.
Y con guardaditos y guardadotes nadie sabe dónde quedó la bolita, especialmente en estos tiempos de terremoto económico en lo que se requiere inversión productiva para atemperar el golpe. En este sentido, el titular de la ASF subrayó que en medio de esta crisis económica es muy grave que existan subejercicios en la administración pública federal. No puede ser que por incapacidad no se gasten los presupuestos que aprueba la Cámara de Diputados. Es lamentable que haya servidores públicos irresponsables que presenten subejercicios y que en ocasiones se simule el ejercicio del gasto, cuando nos encontramos en medio de una crisis económica. No puede ser que por incapacidad no se gasten los presupuestos que aprueba la Cámara.
Ya en ocasiones anteriores la propia ASF ha denunciado la existencia de diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los ramos generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo. El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derechos de Trámite Aduanero, y Fondos y Fideicomisos, entre otros. La rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad.
Las rebanadas del pastel
Tras unas semanas de obligado reposo (por la emergencia sanitaria, entre otras causas), el Club de Periodistas de México retoma la sana práctica de los foros de debate, y hoy a las 18 horas (Filomeno Mata número 8, Centro Histórico) invita a conocer qué pasa con la libertad de expresión y el derecho a la información. Participan Mario Méndez Acosta, Yuri Serbolov, Jorge Santa Cruz, Ana Lilia Pérez, Jenaro Villamil, Arnulfo Domínguez Cordero. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. Se va a poner bueno.
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