Sergio Aguayo Quezada
1 Jul. 09
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Los partidos aparentan normalidad, pero están inquietos por la irrupción ciudadana en su mullida exigencia. ¿Modificarán su indiferencia y aceptarán una refundación que reduzca sus privilegios?
El jueves 25 de junio debatieron, en las pantallas de Televisa, los presidentes de los tres principales partidos. Hubo pocas novedades en sus apreciaciones sobre economía y seguridad, los temas que eligieron. Germán Martínez y Beatriz Paredes reiteraron información e ideas para alabar a sus organizaciones, se lanzaron inofensivas puyas e ignoraron a Jesús Ortega. Sobre las turbulencias políticas guardaron silencio, como si en esa dimensión no pasara nada. Ortega fue el único que mencionó de pasada al movimiento para anular el voto. Lo descalificó con la ñoñería de que anular es "dar un cheque en blanco para que las cosas sigan igual". Una crítica superficial sobre una movilización ciudadana que, con su exigencia de reformas, ha calentado una elección cara y guanga.
Cuando sienten amenazada la arquitectura política, los partidos borran cualquier diferencia y se atrincheran para defender su lucrativo monopolio sobre la vida pública. Los tres dirigentes reconfirmaron que sus lealtades están con el orden establecido convirtiéndose, con ello, en aliados conscientes o involuntarios de monopolios y oligopolios, gobernadores, sindicatos y capos del crimen organizado.
Esta actitud ha repercutido negativamente en otros ámbitos estratégicos. En su afán por preservar empleos bien pagados, posiciones de poder y presupuestos, han recortado la autonomía de los organismos públicos encargados, en la teoría, de defender a las víctimas y al interés general. Salvo unas cuantas excepciones, los partidos han puesto, para dirigirlos, a personajes sumisos dispuestos a someterse a los intereses del gobernante o el poderoso. La ciudadanía está indefensa.
Revisemos, con esta perspectiva, el caso de la guardería ABC de Hermosillo. Me salto por conocido el ofensivo tráfico de influencias y complicidades entre particulares y funcionarios estatales y federales para llamar la atención sobre la etérea participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debería estar encabezando la búsqueda de justicia en el drama de los niños muertos. En entrevista telefónica, Catalina Soto, vocera del "Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio", califica a la Comisión como la "ausente".
La ausencia resulta directamente del control que los partidos tienen sobre ese organismo. El actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), Jorge Sáenz Félix, carece de experiencia o compromiso en el tema. Para asegurarse la subordinación del organismo, el gobierno de Eduardo Bours lo sujeta con el grillete financiero. La levedad del ombudsman sonorense es la norma; salvo contadas excepciones, estos organismos son adornos que intentan disimular, cada vez con menos éxito, la ausencia de un Estado de derecho.
El Instituto Federal Electoral también se encoje frente a algunos temas. Jenaro Villamil, de Proceso y Carmen Aristegui, de MVS, han estado documentando que el Partido Verde Ecologista puso en los primeros lugares de su lista a ocho personas ligadas a las dos televisoras lo que garantiza a esas empresas un bloque de diputados. ¿No debería opinar el IFE sobre una simulación que distorsiona la letra y el espíritu de la Constitución? ¿No podrían los partidos pronunciarse sobre la impostura? ¿Tanto miedo le tienen a las televisoras?
Anular el voto es una expresión de descontento que a mediados de junio contemplaba el 17 por ciento de los electores (Alejandro Moreno, "Temas para una nueva reforma electoral", Reforma, junio 28, 2009). Pese a su relativa importancia, el movimiento para la anulación del voto ha sido condenado hasta por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien pasó por alto que en su país, Chile, la opción está aceptada y reglamentada.
Pese a las críticas, el movimiento ya pasó de la protesta a la propuesta. En la asamblea nacional realizada el 30 de junio, las diferentes organizaciones aprobaron una agenda mínima que, de prosperar, impulsará un rediseño de la arquitectura del sistema político. El 6 de julio se inicia una batalla larga y difícil porque el debate entre los presidentes de los tres grandes partidos mostró la determinación con la cual defenderán sus extraordinarios privilegios. En el choque que viene, nos jugaremos la esencia de la democracia.
La Miscelánea
Para solidarizarse con los niños sonorenses muertos en una de las mil 500 guarderías subrogadas por el Seguro Social (¿algún día nos entregará la lista, señor Presidente?), un grupo de ciudadanos sin partido político realizarán una marcha en el Distrito Federal el próximo sábado 4. Iniciará a las diez de la mañana frente al Seguro Social (Reforma 476) para caminar hacia la representación del estado de Sonora (Goldsmith 228, Polanco).
El jueves 25 de junio debatieron, en las pantallas de Televisa, los presidentes de los tres principales partidos. Hubo pocas novedades en sus apreciaciones sobre economía y seguridad, los temas que eligieron. Germán Martínez y Beatriz Paredes reiteraron información e ideas para alabar a sus organizaciones, se lanzaron inofensivas puyas e ignoraron a Jesús Ortega. Sobre las turbulencias políticas guardaron silencio, como si en esa dimensión no pasara nada. Ortega fue el único que mencionó de pasada al movimiento para anular el voto. Lo descalificó con la ñoñería de que anular es "dar un cheque en blanco para que las cosas sigan igual". Una crítica superficial sobre una movilización ciudadana que, con su exigencia de reformas, ha calentado una elección cara y guanga.
Cuando sienten amenazada la arquitectura política, los partidos borran cualquier diferencia y se atrincheran para defender su lucrativo monopolio sobre la vida pública. Los tres dirigentes reconfirmaron que sus lealtades están con el orden establecido convirtiéndose, con ello, en aliados conscientes o involuntarios de monopolios y oligopolios, gobernadores, sindicatos y capos del crimen organizado.
Esta actitud ha repercutido negativamente en otros ámbitos estratégicos. En su afán por preservar empleos bien pagados, posiciones de poder y presupuestos, han recortado la autonomía de los organismos públicos encargados, en la teoría, de defender a las víctimas y al interés general. Salvo unas cuantas excepciones, los partidos han puesto, para dirigirlos, a personajes sumisos dispuestos a someterse a los intereses del gobernante o el poderoso. La ciudadanía está indefensa.
Revisemos, con esta perspectiva, el caso de la guardería ABC de Hermosillo. Me salto por conocido el ofensivo tráfico de influencias y complicidades entre particulares y funcionarios estatales y federales para llamar la atención sobre la etérea participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debería estar encabezando la búsqueda de justicia en el drama de los niños muertos. En entrevista telefónica, Catalina Soto, vocera del "Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio", califica a la Comisión como la "ausente".
La ausencia resulta directamente del control que los partidos tienen sobre ese organismo. El actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), Jorge Sáenz Félix, carece de experiencia o compromiso en el tema. Para asegurarse la subordinación del organismo, el gobierno de Eduardo Bours lo sujeta con el grillete financiero. La levedad del ombudsman sonorense es la norma; salvo contadas excepciones, estos organismos son adornos que intentan disimular, cada vez con menos éxito, la ausencia de un Estado de derecho.
El Instituto Federal Electoral también se encoje frente a algunos temas. Jenaro Villamil, de Proceso y Carmen Aristegui, de MVS, han estado documentando que el Partido Verde Ecologista puso en los primeros lugares de su lista a ocho personas ligadas a las dos televisoras lo que garantiza a esas empresas un bloque de diputados. ¿No debería opinar el IFE sobre una simulación que distorsiona la letra y el espíritu de la Constitución? ¿No podrían los partidos pronunciarse sobre la impostura? ¿Tanto miedo le tienen a las televisoras?
Anular el voto es una expresión de descontento que a mediados de junio contemplaba el 17 por ciento de los electores (Alejandro Moreno, "Temas para una nueva reforma electoral", Reforma, junio 28, 2009). Pese a su relativa importancia, el movimiento para la anulación del voto ha sido condenado hasta por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien pasó por alto que en su país, Chile, la opción está aceptada y reglamentada.
Pese a las críticas, el movimiento ya pasó de la protesta a la propuesta. En la asamblea nacional realizada el 30 de junio, las diferentes organizaciones aprobaron una agenda mínima que, de prosperar, impulsará un rediseño de la arquitectura del sistema político. El 6 de julio se inicia una batalla larga y difícil porque el debate entre los presidentes de los tres grandes partidos mostró la determinación con la cual defenderán sus extraordinarios privilegios. En el choque que viene, nos jugaremos la esencia de la democracia.
La Miscelánea
Para solidarizarse con los niños sonorenses muertos en una de las mil 500 guarderías subrogadas por el Seguro Social (¿algún día nos entregará la lista, señor Presidente?), un grupo de ciudadanos sin partido político realizarán una marcha en el Distrito Federal el próximo sábado 4. Iniciará a las diez de la mañana frente al Seguro Social (Reforma 476) para caminar hacia la representación del estado de Sonora (Goldsmith 228, Polanco).
Correo electrónico: saguayo@colmex.mx
kikka-roja.blogspot.com/
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