Horizonte político
José A. Crespo
Anular la elección intermedia
Hace tiempo que pienso que la elección federal intermedia genera más costos que beneficios a nuestro sistema político. Son más las desventajas que el provecho que de ello obtiene la sociedad en su conjunto. No vaya a pensarse que esta propuesta responde al poco entusiasmo por los resultados del 5 de julio pasado que, nos gusten o no, son un espejo de lo que la sociedad piensa en la actual coyuntura: un bien ganado castigo al PAN y al PRD por sus divisiones e incumplimiento de sus compromisos históricos; un comprensible alejamiento de amplios sectores de la sociedad respecto del sistema de partidos; un indicio de que el aparato electoral priista sigue siendo vigoroso, y que la manipulación publicitaria, debidamente respaldada por los consorcios mediáticos, puede arrojar estupendos resultados, según lo demuestra el éxito del oportunista y rapaz Partido Verde.
Para confirmar que mi recomendación de “anular” los comicios intermedios no es producto de los resultados del reciente proceso electoral, reproduzco algunas razones para ello, vertidas en esta columna el 15 de octubre del año pasado. Anoté entonces que: 1) Al no haber reelección consecutiva de diputados, se decía, “tres años de encargo resultan insuficientes para lograr un desempeño satisfactorio (la gran mayoría de diputados, lo son por primera y a veces única— ocasión). Lo mismo ocurre con los senadores, pero éstos al menos disponen de seis años, lo que permite cierto aprendizaje parlamentario. En tres años, los diputados primerizos apenas empiezan a adquirir un mínimo de habilidad legislativa cuando ya tienen que pensar en lo que harán los siguientes años”. Eso no implica que se abandone el proyecto para reinstaurar la reelección consecutiva de legisladores, mecanismo esencial de la dinámica democrática (todas lo tienen, menos dos).
2) Otra razón contra la elección intermedia, decíamos entonces, es que ésta “no sólo interrumpe el aprendizaje parlamentario de los diputados; también entorpece la vida legislativa de la nación. El calendario de nuestro sistema político, desde que el Congreso asumió gradualmente mayor autonomía, provoca que el periodo donde hay más probabilidad para realizar cambios legales se ubique en los dos primeros años de cada gobierno. En el tercero prácticamente todo se centra en la elección intermedia”. Así ocurrió también esta vez, y si bien el proceso legislativo no se paralizó del todo, sí se vio entorpecido por los pleitos y las descalificaciones de los partidos. El PAN presionaba al PRI de aprobar la ley de seguridad en sus términos, al afirmar que lo contrario indicaría su complicidad con el crimen organizado. Torpe táctica que costó cara a su promotor. 3) Veíamos también la inconveniencia de los comicios intermedios por la tendencia a que el partido en el gobierno (cualquiera que lo sea) reduzca su presencia en la Cámara baja, debilite aún más al gobierno y reduzca su margen de maniobra. (Por lo cual) es posible “pasar de un gobierno unificado a otro dividido, o bien de uno dividido a otro minoritario (donde el partido que controla el Ejecutivo ni siquiera tenga la minoría más grande en la Cámara baja). Al menos así ha ocurrido desde que hay plena competitividad electoral: en 1997, el PRI obtuvo 11 puntos menos que en la elección presidencial previa. Tuvimos por primera vez en décadas un gobierno dividido. Y, en 2003, el PAN pasó de 42 a 30% de diputados. Lo cual se tradujo en un gobierno más débil, con menos posibilidades para impulsar su programa”. Ahora el PAN queda con sólo 143 legisladores y pierde el gobierno margen de maniobra, algo que en términos de gobernabilidad no es lo más adecuado. Es uno de los peores escenarios para un régimen presidencialista como es el nuestro. 4) La abstención suele ser mayor en los comicios intermedios, no sólo en México, sino en otros sistemas similares (en Estados Unidos la abstención ha llegado a alcanzar 65% en elecciones intermedias). Doce puntos menos que en 2006. En los estados donde se eligió gobernador, la participación fue 15% superior que en el resto.
Por todo lo cual, la propuesta es igualar el mandato de los diputados al de los senadores (entre unos y otros no hay en realidad grandes diferencias de edad, trayectoria y experiencia) y que todos sean electos al mismo tiempo que el presidente, lo cual genera el efecto de arrastre del ganador sobre su partido y eleva sus posibilidades de contar con mayor respaldo en el Congreso, mismo que no se perderá a la mitad del mandato presidencial, como suele ocurrir. Con todo, al explorar esta alternativa con expertos en diseño institucional de América Latina como Daniel Zovatto (de IDEA) y Gabriel Negretto (del CIDE) apuntan que seis años sin recambio son muchos; que lo ideal sería reducir el mandato a cuatro, con una sola reelección presidencial. Teóricamente sí, pero dado que el pétreo candado histórico que tenemos respecto de la reelección presidencial y y coincidiendo en que seis años son muchos (con recambio o sin él en la Cámara baja), la propuesta complementaria sería reducir el periodo de presidente, diputados y senadores a cinco años. Eso supondría también, desde luego, replantear el enorme tamaño y presupuesto del IFE, que no se justificaría no se justifica hoy mismo si su participación fuese una vez cada cinco años. O bien el IFE debiera estar encargado también de organizar comicios de los estados (los institutos estatales han resultado normalmente más deficientes, como ahora pudimos constatar una vez más) o bien su estructura permanente tendría que reducirse en forma significativa, según el modelo prevaleciente en el resto del mundo. Me parece que eliminando los comicios intermedios todos saldríamos ganando: los partidos, el gobierno, los ciudadanos. En suma, se elevarían las probabilidades de gobernabilidad y las de fluidez legislativa.
Hace tiempo que pienso que la elección federal intermedia genera más costos que beneficios a nuestro sistema político.
Para confirmar que mi recomendación de “anular” los comicios intermedios no es producto de los resultados del reciente proceso electoral, reproduzco algunas razones para ello, vertidas en esta columna el 15 de octubre del año pasado. Anoté entonces que: 1) Al no haber reelección consecutiva de diputados, se decía, “tres años de encargo resultan insuficientes para lograr un desempeño satisfactorio (la gran mayoría de diputados, lo son por primera y a veces única— ocasión). Lo mismo ocurre con los senadores, pero éstos al menos disponen de seis años, lo que permite cierto aprendizaje parlamentario. En tres años, los diputados primerizos apenas empiezan a adquirir un mínimo de habilidad legislativa cuando ya tienen que pensar en lo que harán los siguientes años”. Eso no implica que se abandone el proyecto para reinstaurar la reelección consecutiva de legisladores, mecanismo esencial de la dinámica democrática (todas lo tienen, menos dos).
2) Otra razón contra la elección intermedia, decíamos entonces, es que ésta “no sólo interrumpe el aprendizaje parlamentario de los diputados; también entorpece la vida legislativa de la nación. El calendario de nuestro sistema político, desde que el Congreso asumió gradualmente mayor autonomía, provoca que el periodo donde hay más probabilidad para realizar cambios legales se ubique en los dos primeros años de cada gobierno. En el tercero prácticamente todo se centra en la elección intermedia”. Así ocurrió también esta vez, y si bien el proceso legislativo no se paralizó del todo, sí se vio entorpecido por los pleitos y las descalificaciones de los partidos. El PAN presionaba al PRI de aprobar la ley de seguridad en sus términos, al afirmar que lo contrario indicaría su complicidad con el crimen organizado. Torpe táctica que costó cara a su promotor. 3) Veíamos también la inconveniencia de los comicios intermedios por la tendencia a que el partido en el gobierno (cualquiera que lo sea) reduzca su presencia en la Cámara baja, debilite aún más al gobierno y reduzca su margen de maniobra. (Por lo cual) es posible “pasar de un gobierno unificado a otro dividido, o bien de uno dividido a otro minoritario (donde el partido que controla el Ejecutivo ni siquiera tenga la minoría más grande en la Cámara baja). Al menos así ha ocurrido desde que hay plena competitividad electoral: en 1997, el PRI obtuvo 11 puntos menos que en la elección presidencial previa. Tuvimos por primera vez en décadas un gobierno dividido. Y, en 2003, el PAN pasó de 42 a 30% de diputados. Lo cual se tradujo en un gobierno más débil, con menos posibilidades para impulsar su programa”. Ahora el PAN queda con sólo 143 legisladores y pierde el gobierno margen de maniobra, algo que en términos de gobernabilidad no es lo más adecuado. Es uno de los peores escenarios para un régimen presidencialista como es el nuestro. 4) La abstención suele ser mayor en los comicios intermedios, no sólo en México, sino en otros sistemas similares (en Estados Unidos la abstención ha llegado a alcanzar 65% en elecciones intermedias). Doce puntos menos que en 2006. En los estados donde se eligió gobernador, la participación fue 15% superior que en el resto.
Por todo lo cual, la propuesta es igualar el mandato de los diputados al de los senadores (entre unos y otros no hay en realidad grandes diferencias de edad, trayectoria y experiencia) y que todos sean electos al mismo tiempo que el presidente, lo cual genera el efecto de arrastre del ganador sobre su partido y eleva sus posibilidades de contar con mayor respaldo en el Congreso, mismo que no se perderá a la mitad del mandato presidencial, como suele ocurrir. Con todo, al explorar esta alternativa con expertos en diseño institucional de América Latina como Daniel Zovatto (de IDEA) y Gabriel Negretto (del CIDE) apuntan que seis años sin recambio son muchos; que lo ideal sería reducir el mandato a cuatro, con una sola reelección presidencial. Teóricamente sí, pero dado que el pétreo candado histórico que tenemos respecto de la reelección presidencial y y coincidiendo en que seis años son muchos (con recambio o sin él en la Cámara baja), la propuesta complementaria sería reducir el periodo de presidente, diputados y senadores a cinco años. Eso supondría también, desde luego, replantear el enorme tamaño y presupuesto del IFE, que no se justificaría no se justifica hoy mismo si su participación fuese una vez cada cinco años. O bien el IFE debiera estar encargado también de organizar comicios de los estados (los institutos estatales han resultado normalmente más deficientes, como ahora pudimos constatar una vez más) o bien su estructura permanente tendría que reducirse en forma significativa, según el modelo prevaleciente en el resto del mundo. Me parece que eliminando los comicios intermedios todos saldríamos ganando: los partidos, el gobierno, los ciudadanos. En suma, se elevarían las probabilidades de gobernabilidad y las de fluidez legislativa.
Hace tiempo que pienso que la elección federal intermedia genera más costos que beneficios a nuestro sistema político.
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