- Incluye alimentos y medicinas, con tasa de 15%; plantea reforzar el impuesto a la gasolina
- Generalizar el IVA para todos los bienes y servicios, pide el CEESP
- Para compensar la afectación entre los más pobres, propone fortalecer programas sociales
- Oposición en el Congreso, incluido el PAN, en vísperas de la presentación del paquete fiscal
Juan Carlos Miranda y Susana González G.
Frente al mayor boquete fiscal registrado en las finanzas públicas en los últimos 30 años, partidos políticos y organismos cúpula del sector privado no han podido ponerse de acuerdo sobre las propuestas para resolverlo y la discusión se ha centrado en gravar alimentos y medicinas.
En vísperas de que el presidente Felipe Calderón entregue al Congreso de la Unión su propuesta de presupuesto para el próximo año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) demandó que se generalice el impuesto al valor agregado (IVA) para todos los bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas, con una tasa del 15 por ciento.
En inusual conferencia de prensa realizada este domingo, Luis Foncerrada Pascal, director del CEESP, planteó que para compensar la afectación que dicho gravamen tendrá en las familias más pobres del país, el gobierno federal debe fortalecer y aumentar el monto de las transferencias de los programas sociales, como Oportunidades o Desayunos Escolares.
El directivo argumentó que no aplicar el IVA solamente ha beneficiado a los grupos menos pobres de México, afectando seriamente la capacidad recaudatoria del gobierno, y consideró que los cuestionamientos al respecto son banderas políticas, poderosas, pero engañosas.
También planteó reforzar el impuesto a la gasolina, porque resulta fácil de administrar; eliminar el impuesto sobre la renta (ISR) y conservar el empresarial a tasa única (IETU), así como desaparecer los regímenes especiales y también las secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública.
Generalizar el IVA es uno de los mejores instrumentos para ampliar la base gravable, mejorar la efectividad del impuesto y reducir la evasión fiscal. El CEESP recomienda mantener la tasa general en 15 por ciento y generalizarla a todos los bienes y servicios (incluyendo zonas fronterizas, tasa cero y exentos), puntualizó el instituto en el documento Por una reforma integral de las finanzas públicas.
Con la desaparición de los regímenes o tratamientos especiales, incluidos aquellos que se aplican a la agricultura y al transporte terrestre, el CEESP calculó que se obtendrán 400 mil millones de pesos.
El organismo sentenció que desde hace muchos años la asignación del gasto público ha sido un fracaso, independientemente del partido en el poder. No querer asumir los costos políticos ha imposibilitado reformas reales que impulsen la economía... El gasto público de México no es transparente y la rendición de cuentas sigue ausente.
Divergencias en el sector privado
Si bien el CEESP es un órgano dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Foncerrada Pascal puntualizó que tales propuestas no necesariamente representan la opinión del organismo cúpula, cuyo presidente, Armando Paredes, ha manifestado que esperará hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga público el paquete fiscal para fijar su postura.
No obstante, la mayoría de las 12 cámaras empresariales que conforman el CCE no han dejado de insistir durante las últimas semanas en que es urgente y necesario aplicar el IVA generalizado.
Tal es el caso de Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quien el 27 de agosto dijo que se debe aplicar una tasa inicial de entre 3 y 4 por ciento del IVA a alimentos y medicinas, la cual posteriormente debe aumentarse de manera paulatina.
Para el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburguer, el escenario ideal es que exista un IVA de 10 por ciento general, pero debe ser gradual para el caso de los alimentos y medicinas.
Sin embargo, en el sector privado no hay uniformidad de opiniones sobre el aumento de los impuestos: compañías como Bachoco, Lala, Bimbo y Danone –todas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que también forma parte del CCE– rechazaron la medida. Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, expresó que gravar alimentos y medicinas afectaría a las clases más necesitadas y también al sector agropecuario.
En el mismo tenor, el empresario Carlos Slim dijo que está mal gravar los bienes de consumo, en especial los artículos de la canasta básica, y recomendó cuidar la capacidad de compra de las personas de menores ingresos.
En el Congreso de la Unión, escenario donde se decidirá la política fiscal para el próximo año, los principales actores políticos parecen haber cerrado filas contra el IVA, mientras la Secretaría de Hacienda se ha limitado a declarar que la generalización y elevación de tal gravamen sólo es una de las propuestas que se analizan para intentar tapar el faltante de 300 mil millones de pesos de las arcas públicas.
Los tres principales grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD) pero también los llamados partidos pequeños (Panal, PT y Convergencia), han expresado su rechazo a una eventual alza de impuestos. De hecho, durante la sesión de apertura de la 61 Legislatura, todos, con excepción de Acción Nacional, advirtieron que no permitirán que se afecte a la población gravando alimentos y medicinas.
Pero también el partido en el gobierno, el PAN, saltó contra el eventual gravamen. César Nava, dirigente nacional del blanquiazul, descartó que su bancada apruebe la aplicación de la medida, a pesar de que hace ocho años los panistas defendieron el aumento de impuestos durante el primer año de gobierno de Vicente Fox.
La lideresa del PRI, Beatríz Paredes Rangel, se manifestó en el mismo sentido, aunque Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), reveló que, antes de las elecciones del pasado 5 de julio, tanto la priísta como el entonces presidente del PAN, Germán Martínez, se habían mostrado a favor de aplicar el gravamen.
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En vísperas de que el Ejecutivo entregue este martes al Congreso de la Unión su propuesta de proyecto del Presupuesto para 2010, el impacto económico e inflacionario de éste es aún incierto y podría motivar revisiones importantes en el crecimiento, la inflación y el tipo de cambio, advirtieron analistas de Scotiabank.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, existe un faltante esperado en el presupuesto para 2010 de cerca de 300 mil millones de pesos. Si bien parece deseable y necesario implementar una reforma fiscal más profunda para ampliar significativamente la recaudación, el entorno político se vislumbra adverso para ello, refirieron.
El área de estudios económicos y planeación estratégica de Scotiabank destacó que la propuesta más relevante que está en la mesa de discusión es la homologación de la tasa del IVA, que podría aportar algo así como 250 mil millones de pesos, pero esta propuesta es claramente impopular y ha sido rechazada repetidas veces por el PRI y en fechas recientes también por el PAN.
Parece entonces que la respuesta probable al problema fiscal será una combinación de nuevos y mayores impuestos, corrección de precios y tarifas públicas (gasolinas, gas y electricidad) y la aceptación temporal de un mayor déficit fiscal.
Esta respuesta tendrá repercusiones importantes sobre varios factores relevantes. Una de las probables consecuencias de la problemática fiscal es que muy probablemente habrá ajustes en precios y tarifas públicos con un impacto inflacionario que, a pesar de que en principio debe ser transitorio, desviará a la inflación de la trayectoria anticipada por el Banco de México.
Los especialistas recordaron que la inflación se mantiene muy por arriba del objetivo oficial de 3 por ciento, y que el nivel pronosticado por el Banco de México se ha revisado recientemente en cuatro ocasiones al alza, lo que de alguna forma ha restado credibilidad al papel de ancla nominal que tiene la política monetaria. Además, dado que los precios que podrían aumentar (gasolinas, gas, electricidad) son insumos importantes para muchos procesos productivos, es probable que tales impactos tengan un efecto adicional sobre otros precios, lo que a su vez representará una amenaza de alza para las expectativas de inflación.
Por otro lado, si el tipo de cambio regresa a niveles más elevados a consecuencia de un entorno financiero global difícil, es de esperarse algún impacto sobre la inflación.
Si bien la inflación viene presentando un ritmo menor al previsto debido a la fuerte recesión y a la menor presión cambiaria, para el próximo año el contexto inflacionario internacional y nacional irá al alza con la reactivación económica, mientras resultan altamente probables ciertos impactos inflacionarios derivados del presupuesto. De igual forma, no descartamos que aún esté por materializarse cierto impacto del movimiento cambiario hacia la inflación.
Ahora, si se recurre a un aumento significativo en el déficit fiscal y en el endeudamiento, se estaría poniendo presión sobre el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, lo que repercutiría en un menor nivel de crecimiento económico.
Si la respuesta que den las autoridades financieras y el Congreso no resulta convincente para por lo menos ganar tiempo sin poner en riesgo significativo la estabilidad de la economía, entonces no sólo podría concretarse el riesgo de una baja en la calificación de la deuda soberana, sino que sería posible que se mantenga la perspectiva negativa para dicha calificación, lo que limitaría más el acceso a los mercados financieros globales y lo haría más costoso.
Los siguientes dos meses tendrán especial relevancia, ya que en septiembre se manda el paquete económico al Congreso.
kikka-roja.blogspot.com/
En vísperas de que el presidente Felipe Calderón entregue al Congreso de la Unión su propuesta de presupuesto para el próximo año, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) demandó que se generalice el impuesto al valor agregado (IVA) para todos los bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas, con una tasa del 15 por ciento.
En inusual conferencia de prensa realizada este domingo, Luis Foncerrada Pascal, director del CEESP, planteó que para compensar la afectación que dicho gravamen tendrá en las familias más pobres del país, el gobierno federal debe fortalecer y aumentar el monto de las transferencias de los programas sociales, como Oportunidades o Desayunos Escolares.
El directivo argumentó que no aplicar el IVA solamente ha beneficiado a los grupos menos pobres de México, afectando seriamente la capacidad recaudatoria del gobierno, y consideró que los cuestionamientos al respecto son banderas políticas, poderosas, pero engañosas.
También planteó reforzar el impuesto a la gasolina, porque resulta fácil de administrar; eliminar el impuesto sobre la renta (ISR) y conservar el empresarial a tasa única (IETU), así como desaparecer los regímenes especiales y también las secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública.
Generalizar el IVA es uno de los mejores instrumentos para ampliar la base gravable, mejorar la efectividad del impuesto y reducir la evasión fiscal. El CEESP recomienda mantener la tasa general en 15 por ciento y generalizarla a todos los bienes y servicios (incluyendo zonas fronterizas, tasa cero y exentos), puntualizó el instituto en el documento Por una reforma integral de las finanzas públicas.
Con la desaparición de los regímenes o tratamientos especiales, incluidos aquellos que se aplican a la agricultura y al transporte terrestre, el CEESP calculó que se obtendrán 400 mil millones de pesos.
El organismo sentenció que desde hace muchos años la asignación del gasto público ha sido un fracaso, independientemente del partido en el poder. No querer asumir los costos políticos ha imposibilitado reformas reales que impulsen la economía... El gasto público de México no es transparente y la rendición de cuentas sigue ausente.
Divergencias en el sector privado
Si bien el CEESP es un órgano dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Foncerrada Pascal puntualizó que tales propuestas no necesariamente representan la opinión del organismo cúpula, cuyo presidente, Armando Paredes, ha manifestado que esperará hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga público el paquete fiscal para fijar su postura.
No obstante, la mayoría de las 12 cámaras empresariales que conforman el CCE no han dejado de insistir durante las últimas semanas en que es urgente y necesario aplicar el IVA generalizado.
Tal es el caso de Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quien el 27 de agosto dijo que se debe aplicar una tasa inicial de entre 3 y 4 por ciento del IVA a alimentos y medicinas, la cual posteriormente debe aumentarse de manera paulatina.
Para el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburguer, el escenario ideal es que exista un IVA de 10 por ciento general, pero debe ser gradual para el caso de los alimentos y medicinas.
Sin embargo, en el sector privado no hay uniformidad de opiniones sobre el aumento de los impuestos: compañías como Bachoco, Lala, Bimbo y Danone –todas agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que también forma parte del CCE– rechazaron la medida. Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, expresó que gravar alimentos y medicinas afectaría a las clases más necesitadas y también al sector agropecuario.
En el mismo tenor, el empresario Carlos Slim dijo que está mal gravar los bienes de consumo, en especial los artículos de la canasta básica, y recomendó cuidar la capacidad de compra de las personas de menores ingresos.
En el Congreso de la Unión, escenario donde se decidirá la política fiscal para el próximo año, los principales actores políticos parecen haber cerrado filas contra el IVA, mientras la Secretaría de Hacienda se ha limitado a declarar que la generalización y elevación de tal gravamen sólo es una de las propuestas que se analizan para intentar tapar el faltante de 300 mil millones de pesos de las arcas públicas.
Los tres principales grupos parlamentarios (PRI, PAN, PRD) pero también los llamados partidos pequeños (Panal, PT y Convergencia), han expresado su rechazo a una eventual alza de impuestos. De hecho, durante la sesión de apertura de la 61 Legislatura, todos, con excepción de Acción Nacional, advirtieron que no permitirán que se afecte a la población gravando alimentos y medicinas.
Pero también el partido en el gobierno, el PAN, saltó contra el eventual gravamen. César Nava, dirigente nacional del blanquiazul, descartó que su bancada apruebe la aplicación de la medida, a pesar de que hace ocho años los panistas defendieron el aumento de impuestos durante el primer año de gobierno de Vicente Fox.
La lideresa del PRI, Beatríz Paredes Rangel, se manifestó en el mismo sentido, aunque Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), reveló que, antes de las elecciones del pasado 5 de julio, tanto la priísta como el entonces presidente del PAN, Germán Martínez, se habían mostrado a favor de aplicar el gravamen.
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- El paquete presupuestal obligará a revisar metas como crecimiento e inflación: Scotiabank
- Es deseable ampliar la recaudación, pero el ambiente político es adverso
- La propuesta sería combinar nuevos y mayores impuestos y elevar precios y tarifas públicas
En vísperas de que el Ejecutivo entregue este martes al Congreso de la Unión su propuesta de proyecto del Presupuesto para 2010, el impacto económico e inflacionario de éste es aún incierto y podría motivar revisiones importantes en el crecimiento, la inflación y el tipo de cambio, advirtieron analistas de Scotiabank.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, existe un faltante esperado en el presupuesto para 2010 de cerca de 300 mil millones de pesos. Si bien parece deseable y necesario implementar una reforma fiscal más profunda para ampliar significativamente la recaudación, el entorno político se vislumbra adverso para ello, refirieron.
El área de estudios económicos y planeación estratégica de Scotiabank destacó que la propuesta más relevante que está en la mesa de discusión es la homologación de la tasa del IVA, que podría aportar algo así como 250 mil millones de pesos, pero esta propuesta es claramente impopular y ha sido rechazada repetidas veces por el PRI y en fechas recientes también por el PAN.
Parece entonces que la respuesta probable al problema fiscal será una combinación de nuevos y mayores impuestos, corrección de precios y tarifas públicas (gasolinas, gas y electricidad) y la aceptación temporal de un mayor déficit fiscal.
Esta respuesta tendrá repercusiones importantes sobre varios factores relevantes. Una de las probables consecuencias de la problemática fiscal es que muy probablemente habrá ajustes en precios y tarifas públicos con un impacto inflacionario que, a pesar de que en principio debe ser transitorio, desviará a la inflación de la trayectoria anticipada por el Banco de México.
Los especialistas recordaron que la inflación se mantiene muy por arriba del objetivo oficial de 3 por ciento, y que el nivel pronosticado por el Banco de México se ha revisado recientemente en cuatro ocasiones al alza, lo que de alguna forma ha restado credibilidad al papel de ancla nominal que tiene la política monetaria. Además, dado que los precios que podrían aumentar (gasolinas, gas, electricidad) son insumos importantes para muchos procesos productivos, es probable que tales impactos tengan un efecto adicional sobre otros precios, lo que a su vez representará una amenaza de alza para las expectativas de inflación.
Por otro lado, si el tipo de cambio regresa a niveles más elevados a consecuencia de un entorno financiero global difícil, es de esperarse algún impacto sobre la inflación.
Si bien la inflación viene presentando un ritmo menor al previsto debido a la fuerte recesión y a la menor presión cambiaria, para el próximo año el contexto inflacionario internacional y nacional irá al alza con la reactivación económica, mientras resultan altamente probables ciertos impactos inflacionarios derivados del presupuesto. De igual forma, no descartamos que aún esté por materializarse cierto impacto del movimiento cambiario hacia la inflación.
Ahora, si se recurre a un aumento significativo en el déficit fiscal y en el endeudamiento, se estaría poniendo presión sobre el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, lo que repercutiría en un menor nivel de crecimiento económico.
Si la respuesta que den las autoridades financieras y el Congreso no resulta convincente para por lo menos ganar tiempo sin poner en riesgo significativo la estabilidad de la economía, entonces no sólo podría concretarse el riesgo de una baja en la calificación de la deuda soberana, sino que sería posible que se mantenga la perspectiva negativa para dicha calificación, lo que limitaría más el acceso a los mercados financieros globales y lo haría más costoso.
Los siguientes dos meses tendrán especial relevancia, ya que en septiembre se manda el paquete económico al Congreso.
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