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El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entregado ayer al Congreso de la Unión por el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el inicio del periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura, deja entrever, pese al tono triunfalista y la enunciación de los supuestos logros de la administración en turno, la falta de rumbo que aqueja los distintos ámbitos del quehacer gubernamental, y la profundización de la ruptura entre el país real y el que las autoridades han insistido en presentar en el discurso oficial durante los últimos 33 meses.
Por principio de cuentas, llama la atención que, en la presentación de dicho documento, el titular del Ejecutivo federal se felicite por mitigar los efectos de la crisis económica –la cual, aseguró, ha tocado fondo–, sostenga que se actuó de manera rápida y oportuna ante los descalabros financieros mundiales y sus correspondientes afectaciones a nuestra nación, y augure que en meses próximos habremos de retomar la senda del crecimiento.
Tales aseveraciones no sólo chocan con la percepción de cientos de miles de personas en todo el territorio nacional –para quienes la presente crisis dista mucho de haber concluido– y con la opinión de diversos analistas que sostienen que la recuperación se ve lejana, sino que además reflejan claras inconsistencias con los dichos recientes de funcionarios de su propio gabinete: hace unas semanas, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, señaló que el país enfrentará un faltante de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas –calificado por él mismo de “shock financiero”–; anteayer, el mismo funcionario confirmó ante senadores de Acción Nacional que, a efecto de subsanar esas pérdidas, el gobierno federal propondrá un incremento a las tarifas de electricidad, gas, gasolina y otros servicios públicos para el año entrante.
Los elementos de juicio disponibles sugieren, pues, que a diferencia de lo que afirma Calderón, los efectos de la recesión en las finanzas públicas y en los bolsillos de las familias continuarán manifestándose durante buena parte de 2010. Al no reconocerlo expresamente, el gobierno federal reafirma la actitud indolente exhibida desde principios del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo aseguró emocionarse ante las primeras expresiones de la actual crisis económica, y cuando Carstens calificó de catarrito la problemática en ciernes: entonces, el gobierno se empeñó en negar los signos de una crisis que amenazaba con contagiar profundamente la economía mexicana; posteriormente se dedicó a minimizar sus efectos y hoy porfía en su intento por darla por superada, pese a que la realidad muestra lo contrario.
Otro elemento criticable en el balance oficial concierne al tema de la seguridad, rubro en el que el citado documento insiste en los logros alcanzados y defiende los operativos llevados a cabo por el Ejército y la Policía Federal. Estos señalamientos pasan por alto los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por el calderonismo –la cual, después de miles de muertes, no ha logrado reducir el margen de maniobra de las organizaciones delictivas–, además de que reflejan un alarmante empecinamiento y falta de perspectivas para resolver los problemas actuales de seguridad pública, muchos de los cuales se gestan en esferas como la económica y la social y requieren, por tanto, ser atendidos desde una visión integral y sensible a sus causas originarias.
La ausencia de motivos reales para ufanarse por el estado que guarda el país es sin duda causa de decepción y preocupación para el conjunto de la población, la cual hubiera querido observar, a falta de buenas noticias, una actitud honesta y prudente de las autoridades en las cuentas rendidas ayer al Congreso. Por desgracia, Felipe Calderón se enfila a la segunda mitad de su administración sin haber articulado una política económica coherente y socialmente sensible, sin plantear estrategias de seguridad pública que resulten mínimamente convincentes y efectivas y, lo que es peor, sin dar signos de capacidad y voluntad para modificar las inercias actuales en los distintos ámbitos de su gobierno.
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El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (al centro), hizo entrega al Congreso de la Unión del tercer Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En la fotografía el funcionario aparece flanqueado por el diputado Francisco Ramírez Acuña y por el senador Carlos Navarrete RuizFoto Marco Peláez
Claudia Herrera Beltrán
En su tercer Informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón se congratula porque consiguió mitigar las consecuencias de la crisis, cuyo peor efecto ya tocó fondo, aunque al mismo tiempo llama al Legislativo a construir reformas que permitan ampliar la disponibilidad de recursos fiscales y económicos.
Cancelado el llamado día del presidente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el michoacano se defiende en el texto de su Informe de quienes acusaron tardanza de esta administración para enfrentar la crisis, al asegurar que actuó de manera rápida y oportuna en favor de la población y del sector productivo. Así, se muestra confiado en que el fin del problema económico y finanzas sanas permitirán retomar la senda del crecimiento en 2010.
En su afán de impulsar cambios fiscales, reconoce incluso las limitaciones de la reforma hacendaria aprobada en 2007, presentada en su momento como solución a los problemas financieros del país, al afirmar que prevalece la dependencia del sector público a los ingresos petroleros.
Calderón estuvo concentrado ayer en la casa presidencial en una agenda de reuniones privadas con integrantes de su gabinete y del llamado “staff Pinos”, en las que dio seguimiento a la entrega del documento por parte del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al tiempo que afinó los últimos detalles del discurso que leerá hoy a las 9 de la mañana en Palacio Nacional.
Así, el mandatario federal fija su postura en el inicio del periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura del Congreso de la Unión en este documento, que en las oficinas presidenciales se repartió a la prensa casi una hora después de haber sido entregado. Consta de dos tomos: el primero, con el contenido general de 724 páginas; el segundo, un anexo estadístico y finalmente un resumen ejecutivo, que se complementó con una nueva cápsula televisiva nocturna.
A diferencia del año pasado, el mandatario incluye un breve mensaje político al final de la presentación, donde exalta que en los primeros tres años de su administración, se avanzó en la construcción de cimientos sólidos para el país que queremos, aunque enseguida admite que hay mucho por hacer para consolidar un desarrollo sostenible para todos los mexicanos.
En el eje denominado Economía competitiva y generadora de empleos, el que ocupa más espacio en este apartado, afirma que lo peor de la crisis financiera, económica y de confianza que ha afectado a la economía global ha tocado fondo. Con ello, y la disposición del gobierno de mantener finanzas públicas ordenadas, confía en que en 2010 se observen nuevamente tasas anuales de crecimiento de las variables económicas.
Al promover las reformas que permitan aumentar la disponibilidad de recursos fiscales y financieros para el desarrollo, explica que servirán para apoyar proyectos de infraestructura pública de alta rentabilidad, fortalecer el gasto social y los programas que –enfatiza– sí son eficaces en el combate contra la pobreza, a fin de crear bases sólidas que permitan igualdad de oportunidades para todos.
Desde la perspectiva de Calderón, su gobierno actuó a tiempo frente a una crisis que –remarca– provino de Estados Unidos y se agudizó por el surgimiento del virus de la influenza A/H1N1, al aplicar medidas contracíclicas e incluso contratar líneas de crédito externas en condiciones preferenciales para respaldar la estabilidad financiera del país.
Defiende operativos de seguridad
Estado de derecho y seguridad fue el segundo tema destacado por Calderón, quien insiste en los logros alcanzados y señala: No cejaremos en el esfuerzo para mejorar la seguridad pública y el estado de derecho.
En el contexto de los crecientes cuestionamientos a la efectividad y apego a los derechos humanos por parte del Ejército, defiende los operativos de seguridad aplicados por esta institución y por la Policía Federal, ya que apoyan a las autoridades de los estados y municipios para restablecer las condiciones mínimas de seguridad.
Calderón destina menos espacio a los rubros denominados Igualdad de oportunidades, Desarrollo sustentable y Democracia efectiva y política exterior responsable. En este último perfila lo que parece esperar de la relación con el Poder Legislativo en la siguiente mitad de su gobierno.
Lo hace al recalcar que el Ejecutivo federal ha impulsado el fortalecimiento de la democracia a través de acuerdos con los poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos estatales y municipales, así como la ciudadanía y las fuerzas políticas, lo que permitió aprobar las reformas hacendaria, de pensiones, energética, de seguridad pública y justicia penal.
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Un acuerdo de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores sustituyó la norma constitucional que obliga al titular del Ejecutivo a entregar por escrito su Informe anual sobre el estado que guarda el país. Así, el Congreso de la Unión aceptó del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el documento en un encuentro protocolario, prácticamente privado, pues se impidió el acceso no sólo a los diputados, sino también a los medios de comunicación, y no duró más de cinco minutos.
Aprobada desde abril de 2007 la reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución, y publicada un año después, el 18 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, para establecer que el mandatario en turno sólo entregará el Informe, el Congreso no ha podido elaborar su ley reglamentaria para fijar con claridad los límites y alcances de ese mecanismo.
El panista Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, inició la sesión de apertura del primer año de la 61 Legislatura del Congreso, ordenando que la secretaría camaral diera cuenta al pleno del acuerdo de ambas mesas para normar el desarrollo de los trabajos y llenar con ello el vacío legal.
La secretaria de la mesa directiva, Georgina Trujillo Zentella, quien fue titular de Turismo en el gobierno de Roberto Madrazo Pintado en Tabasco, y recientemente lideresa del PRI en ese estado, leyó el acuerdo y al concluir el abogado Jaime Cárdenas Gracia, diputado por el PT, replicó desde su curul la ilegalidad cometida por ambas cámaras.
“Se trata de un albazo. Me parece una falta de respeto a todos los integrantes de este Congreso de la Unión. Hay dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad de este acuerdo, que directamente pretende regular un precepto de la Constitución, los artículos 69 y 93, sin que exista una ley reglamentaria”, expresó.
El ex consejero electoral planteó que la única solución sería que Calderón, como establece el artículo 69, presentara personalmente su Informe al Congreso, porque no hay que olvidar que, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo es un solo individuo, que se llama Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos rompiendo con el orden constitucional, por lo tanto, pido que se abra un periodo de discusión y de debate en torno a este acuerdo, exigió.
Ante su argumento, Ramírez Acuña se limitó a recordar que desde el domingo, la mesa directiva trabajó para llegar a un acuerdo, que terminó por concretarse ayer, 30 minutos antes de la hora en que se citó a los diputados y senadores para la sesión, a las 17 horas, y solicitó también al pleno, en votación económica, aceptar o no la propuesta de discusión presentada por Cárdenas.
Entonces, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña desde su lugar en la secretaría de la mesa, solicitó la palabra para añadirse a los argumentos constitucionales vertidos por Jaime Cárdenas. La respuesta de Ramírez Acuña fue ignorarlo.
Una vez aplicada la mayoría en contra de la posición del PT, se decretó un receso para que los presidentes de las mesas directivas acudieran al salón de protocolo a recibir el tercer Informe de Calderón. Enviado por el Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ya esperaba a los legisladores. Hasta ahí se coló Fernández Noroña, quien agitó los brazos y gesticuló ante el funcionario, aun cuando sus dichos no fueron escuchados porque la Secretaría General y la Dirección de Comunicación Social ordenaron cortar el sonido de la transmisión por circuito cerrado a la sala de prensa.
Según el petista, mientras manoteaba Gómez Mont le dijo que lo escuchaba respetuosamente y no estaba de acuerdo con su demanda de pedir a Calderón renunciar a la Presidencia.
Ramírez Acuña y Carlos Navarrete, este último presidente de la mesa del Senado, fueron testigos de piedra y tras recibir el Informe salieron en dirección del pleno camaral para reiniciar la sesión, dar cuenta de la entrega del documento y abrir la ronda para que cada grupo parlamentario presentara su posicionamiento político en torno a la administración de Felipe Calderón y la agenda legislativa de cada partido.
Por la noche, los coordinadores parlamentarios de los siete partidos que integran la Cámara se instalaron formalmente en la Junta de Coordinación Política, que será encabeza por el priísta Francisco Rojas Gutiérrez, y hoy por la tarde se integrará la Conferencia para los Trabajos Legislativos, donde converge la Junta y la mesa directiva.
kikka-roja.blogspot.com/
Por principio de cuentas, llama la atención que, en la presentación de dicho documento, el titular del Ejecutivo federal se felicite por mitigar los efectos de la crisis económica –la cual, aseguró, ha tocado fondo–, sostenga que se actuó de manera rápida y oportuna ante los descalabros financieros mundiales y sus correspondientes afectaciones a nuestra nación, y augure que en meses próximos habremos de retomar la senda del crecimiento.
Tales aseveraciones no sólo chocan con la percepción de cientos de miles de personas en todo el territorio nacional –para quienes la presente crisis dista mucho de haber concluido– y con la opinión de diversos analistas que sostienen que la recuperación se ve lejana, sino que además reflejan claras inconsistencias con los dichos recientes de funcionarios de su propio gabinete: hace unas semanas, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, señaló que el país enfrentará un faltante de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas –calificado por él mismo de “shock financiero”–; anteayer, el mismo funcionario confirmó ante senadores de Acción Nacional que, a efecto de subsanar esas pérdidas, el gobierno federal propondrá un incremento a las tarifas de electricidad, gas, gasolina y otros servicios públicos para el año entrante.
Los elementos de juicio disponibles sugieren, pues, que a diferencia de lo que afirma Calderón, los efectos de la recesión en las finanzas públicas y en los bolsillos de las familias continuarán manifestándose durante buena parte de 2010. Al no reconocerlo expresamente, el gobierno federal reafirma la actitud indolente exhibida desde principios del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo aseguró emocionarse ante las primeras expresiones de la actual crisis económica, y cuando Carstens calificó de catarrito la problemática en ciernes: entonces, el gobierno se empeñó en negar los signos de una crisis que amenazaba con contagiar profundamente la economía mexicana; posteriormente se dedicó a minimizar sus efectos y hoy porfía en su intento por darla por superada, pese a que la realidad muestra lo contrario.
Otro elemento criticable en el balance oficial concierne al tema de la seguridad, rubro en el que el citado documento insiste en los logros alcanzados y defiende los operativos llevados a cabo por el Ejército y la Policía Federal. Estos señalamientos pasan por alto los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por el calderonismo –la cual, después de miles de muertes, no ha logrado reducir el margen de maniobra de las organizaciones delictivas–, además de que reflejan un alarmante empecinamiento y falta de perspectivas para resolver los problemas actuales de seguridad pública, muchos de los cuales se gestan en esferas como la económica y la social y requieren, por tanto, ser atendidos desde una visión integral y sensible a sus causas originarias.
La ausencia de motivos reales para ufanarse por el estado que guarda el país es sin duda causa de decepción y preocupación para el conjunto de la población, la cual hubiera querido observar, a falta de buenas noticias, una actitud honesta y prudente de las autoridades en las cuentas rendidas ayer al Congreso. Por desgracia, Felipe Calderón se enfila a la segunda mitad de su administración sin haber articulado una política económica coherente y socialmente sensible, sin plantear estrategias de seguridad pública que resulten mínimamente convincentes y efectivas y, lo que es peor, sin dar signos de capacidad y voluntad para modificar las inercias actuales en los distintos ámbitos de su gobierno.
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- En su tercer Informe asegura que ante la emergencia económica actuó de manera oportuna
- Logró mitigar los peores efectos de la crisis, se ufana Calderón
- El problema tocó fondo; con finanzas sanas retomaremos la senda del crecimiento en 2010
- Llama al Legislativo a construir reformas que permitan ampliar la disponibilidad de recursos
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont (al centro), hizo entrega al Congreso de la Unión del tercer Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En la fotografía el funcionario aparece flanqueado por el diputado Francisco Ramírez Acuña y por el senador Carlos Navarrete RuizFoto Marco Peláez
Claudia Herrera Beltrán
En su tercer Informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón se congratula porque consiguió mitigar las consecuencias de la crisis, cuyo peor efecto ya tocó fondo, aunque al mismo tiempo llama al Legislativo a construir reformas que permitan ampliar la disponibilidad de recursos fiscales y económicos.
Cancelado el llamado día del presidente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el michoacano se defiende en el texto de su Informe de quienes acusaron tardanza de esta administración para enfrentar la crisis, al asegurar que actuó de manera rápida y oportuna en favor de la población y del sector productivo. Así, se muestra confiado en que el fin del problema económico y finanzas sanas permitirán retomar la senda del crecimiento en 2010.
En su afán de impulsar cambios fiscales, reconoce incluso las limitaciones de la reforma hacendaria aprobada en 2007, presentada en su momento como solución a los problemas financieros del país, al afirmar que prevalece la dependencia del sector público a los ingresos petroleros.
Calderón estuvo concentrado ayer en la casa presidencial en una agenda de reuniones privadas con integrantes de su gabinete y del llamado “staff Pinos”, en las que dio seguimiento a la entrega del documento por parte del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al tiempo que afinó los últimos detalles del discurso que leerá hoy a las 9 de la mañana en Palacio Nacional.
Así, el mandatario federal fija su postura en el inicio del periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura del Congreso de la Unión en este documento, que en las oficinas presidenciales se repartió a la prensa casi una hora después de haber sido entregado. Consta de dos tomos: el primero, con el contenido general de 724 páginas; el segundo, un anexo estadístico y finalmente un resumen ejecutivo, que se complementó con una nueva cápsula televisiva nocturna.
A diferencia del año pasado, el mandatario incluye un breve mensaje político al final de la presentación, donde exalta que en los primeros tres años de su administración, se avanzó en la construcción de cimientos sólidos para el país que queremos, aunque enseguida admite que hay mucho por hacer para consolidar un desarrollo sostenible para todos los mexicanos.
En el eje denominado Economía competitiva y generadora de empleos, el que ocupa más espacio en este apartado, afirma que lo peor de la crisis financiera, económica y de confianza que ha afectado a la economía global ha tocado fondo. Con ello, y la disposición del gobierno de mantener finanzas públicas ordenadas, confía en que en 2010 se observen nuevamente tasas anuales de crecimiento de las variables económicas.
Al promover las reformas que permitan aumentar la disponibilidad de recursos fiscales y financieros para el desarrollo, explica que servirán para apoyar proyectos de infraestructura pública de alta rentabilidad, fortalecer el gasto social y los programas que –enfatiza– sí son eficaces en el combate contra la pobreza, a fin de crear bases sólidas que permitan igualdad de oportunidades para todos.
Desde la perspectiva de Calderón, su gobierno actuó a tiempo frente a una crisis que –remarca– provino de Estados Unidos y se agudizó por el surgimiento del virus de la influenza A/H1N1, al aplicar medidas contracíclicas e incluso contratar líneas de crédito externas en condiciones preferenciales para respaldar la estabilidad financiera del país.
Defiende operativos de seguridad
Estado de derecho y seguridad fue el segundo tema destacado por Calderón, quien insiste en los logros alcanzados y señala: No cejaremos en el esfuerzo para mejorar la seguridad pública y el estado de derecho.
En el contexto de los crecientes cuestionamientos a la efectividad y apego a los derechos humanos por parte del Ejército, defiende los operativos de seguridad aplicados por esta institución y por la Policía Federal, ya que apoyan a las autoridades de los estados y municipios para restablecer las condiciones mínimas de seguridad.
Calderón destina menos espacio a los rubros denominados Igualdad de oportunidades, Desarrollo sustentable y Democracia efectiva y política exterior responsable. En este último perfila lo que parece esperar de la relación con el Poder Legislativo en la siguiente mitad de su gobierno.
Lo hace al recalcar que el Ejecutivo federal ha impulsado el fortalecimiento de la democracia a través de acuerdos con los poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos estatales y municipales, así como la ciudadanía y las fuerzas políticas, lo que permitió aprobar las reformas hacendaria, de pensiones, energética, de seguridad pública y justicia penal.
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- Primera escaramuza de Fernández Noroña como diputado federal
- Cuestiona el PT que Calderón no haya acudido a San Lázaro
Un acuerdo de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores sustituyó la norma constitucional que obliga al titular del Ejecutivo a entregar por escrito su Informe anual sobre el estado que guarda el país. Así, el Congreso de la Unión aceptó del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el documento en un encuentro protocolario, prácticamente privado, pues se impidió el acceso no sólo a los diputados, sino también a los medios de comunicación, y no duró más de cinco minutos.
Aprobada desde abril de 2007 la reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución, y publicada un año después, el 18 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, para establecer que el mandatario en turno sólo entregará el Informe, el Congreso no ha podido elaborar su ley reglamentaria para fijar con claridad los límites y alcances de ese mecanismo.
El panista Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, inició la sesión de apertura del primer año de la 61 Legislatura del Congreso, ordenando que la secretaría camaral diera cuenta al pleno del acuerdo de ambas mesas para normar el desarrollo de los trabajos y llenar con ello el vacío legal.
La secretaria de la mesa directiva, Georgina Trujillo Zentella, quien fue titular de Turismo en el gobierno de Roberto Madrazo Pintado en Tabasco, y recientemente lideresa del PRI en ese estado, leyó el acuerdo y al concluir el abogado Jaime Cárdenas Gracia, diputado por el PT, replicó desde su curul la ilegalidad cometida por ambas cámaras.
“Se trata de un albazo. Me parece una falta de respeto a todos los integrantes de este Congreso de la Unión. Hay dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad de este acuerdo, que directamente pretende regular un precepto de la Constitución, los artículos 69 y 93, sin que exista una ley reglamentaria”, expresó.
El ex consejero electoral planteó que la única solución sería que Calderón, como establece el artículo 69, presentara personalmente su Informe al Congreso, porque no hay que olvidar que, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo es un solo individuo, que se llama Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos rompiendo con el orden constitucional, por lo tanto, pido que se abra un periodo de discusión y de debate en torno a este acuerdo, exigió.
Ante su argumento, Ramírez Acuña se limitó a recordar que desde el domingo, la mesa directiva trabajó para llegar a un acuerdo, que terminó por concretarse ayer, 30 minutos antes de la hora en que se citó a los diputados y senadores para la sesión, a las 17 horas, y solicitó también al pleno, en votación económica, aceptar o no la propuesta de discusión presentada por Cárdenas.
Entonces, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña desde su lugar en la secretaría de la mesa, solicitó la palabra para añadirse a los argumentos constitucionales vertidos por Jaime Cárdenas. La respuesta de Ramírez Acuña fue ignorarlo.
Una vez aplicada la mayoría en contra de la posición del PT, se decretó un receso para que los presidentes de las mesas directivas acudieran al salón de protocolo a recibir el tercer Informe de Calderón. Enviado por el Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ya esperaba a los legisladores. Hasta ahí se coló Fernández Noroña, quien agitó los brazos y gesticuló ante el funcionario, aun cuando sus dichos no fueron escuchados porque la Secretaría General y la Dirección de Comunicación Social ordenaron cortar el sonido de la transmisión por circuito cerrado a la sala de prensa.
Según el petista, mientras manoteaba Gómez Mont le dijo que lo escuchaba respetuosamente y no estaba de acuerdo con su demanda de pedir a Calderón renunciar a la Presidencia.
Ramírez Acuña y Carlos Navarrete, este último presidente de la mesa del Senado, fueron testigos de piedra y tras recibir el Informe salieron en dirección del pleno camaral para reiniciar la sesión, dar cuenta de la entrega del documento y abrir la ronda para que cada grupo parlamentario presentara su posicionamiento político en torno a la administración de Felipe Calderón y la agenda legislativa de cada partido.
Por la noche, los coordinadores parlamentarios de los siete partidos que integran la Cámara se instalaron formalmente en la Junta de Coordinación Política, que será encabeza por el priísta Francisco Rojas Gutiérrez, y hoy por la tarde se integrará la Conferencia para los Trabajos Legislativos, donde converge la Junta y la mesa directiva.
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