la jornada
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria de licitación para dos entramados de fibra óptica pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales podrán ser utilizados por particulares durante un periodo inicial de 20 años, con la posibilidad de renovarse por 10 más, para prestar servicios de telecomunicaciones.
El anuncio de la licitación reviste aspectos por demás cuestionables, tanto en la forma como en el fondo. Por principio de cuentas, no pueden pasarse por alto los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas y el entorno político, social y académico que apoya su causa, de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) obedeció a un designio por privatizar los más de mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica operados por esa entidad distribuidora de energía –los cuales, por cierto, pasaron a manos de la propia CFE– y para favorecer con ello intereses corporativos cercanos al poder político. Es significativo, al respecto, el caso de la empresa WL Comunicaciones, propiedad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens –secretarios de Energía durante el sexenio de Vicente Fox–, la cual posee, desde hace varios años, una concesión para operar y comercializar servicios de fibra óptica a través de la red de LFC, sin que hasta ahora se haya informado a la opinión pública del arreglo que hizo posible tal concesión.
Con esas consideraciones en mente, resulta inaceptable que las autoridades federales se empeñen en sostener que la extinción de ese organismo público descentralizado obedeció exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan sistemáticamente informar sobre las implicaciones de dicha decisión sobre un bien público que, según puede verse, representa una jugosa oportunidad de negocio para particulares nacionales y extranjeros. Lo menos que puede reclamarse es que el gobierno federal informe si la red de fibra óptica de la zona centro del país será sometida también –ya sea toda o en parte– al citado proceso de licitación.
Tal actitud, por lo demás, arroja una perspectiva amarga para la credibilidad del Partido Acción Nacional, un instituto político que en sus tiempos en la oposición enarboló la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas, y cuyos gobiernos, sin embargo, han abrazado las actitudes opuestas: otro botón de muestra es el manejo turbio y patrimonialista realizado por las administraciones del blanquiazul sobre el Instituto Mexicano de la Juventud, el cual se ha convertido en coto personal de la dirigencia panista en la capital del país, como informó este diario en su edición del pasado lunes.
Más allá de lo anterior, el anuncio comentado pone en relieve una lamentable falta del sentido nacional del grupo en el poder, el cual se ha dado a la tarea de promover la cesión de parcelas de soberanía a la propiedad privada local o extranjera, sin reparar en las consecuencias que ello puede tener. En el caso de las telecomunicaciones, el empeño por colocar parte de la infraestructura estratégica de ese sector bajo el dominio de particulares implicará poner a disposición del mejor postor un elemento fundamental de control territorial y de seguridad nacional.
La administración calderonista, deficitaria de legitimidad desde su origen, ahora cuestionada en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental, tendría que actuar de manera transparente y pulcra ante la población. Para ello, es necesario que ante todo asuma los propósitos y las consecuencias de sus acciones, los someta a la opinión y el debate públicos y cese, cuanto antes, en sus afanes antinacionales y privatizadores.
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El anuncio de la licitación reviste aspectos por demás cuestionables, tanto en la forma como en el fondo. Por principio de cuentas, no pueden pasarse por alto los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas y el entorno político, social y académico que apoya su causa, de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) obedeció a un designio por privatizar los más de mil 100 kilómetros de redes de fibra óptica operados por esa entidad distribuidora de energía –los cuales, por cierto, pasaron a manos de la propia CFE– y para favorecer con ello intereses corporativos cercanos al poder político. Es significativo, al respecto, el caso de la empresa WL Comunicaciones, propiedad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens –secretarios de Energía durante el sexenio de Vicente Fox–, la cual posee, desde hace varios años, una concesión para operar y comercializar servicios de fibra óptica a través de la red de LFC, sin que hasta ahora se haya informado a la opinión pública del arreglo que hizo posible tal concesión.
Con esas consideraciones en mente, resulta inaceptable que las autoridades federales se empeñen en sostener que la extinción de ese organismo público descentralizado obedeció exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan sistemáticamente informar sobre las implicaciones de dicha decisión sobre un bien público que, según puede verse, representa una jugosa oportunidad de negocio para particulares nacionales y extranjeros. Lo menos que puede reclamarse es que el gobierno federal informe si la red de fibra óptica de la zona centro del país será sometida también –ya sea toda o en parte– al citado proceso de licitación.
Tal actitud, por lo demás, arroja una perspectiva amarga para la credibilidad del Partido Acción Nacional, un instituto político que en sus tiempos en la oposición enarboló la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas, y cuyos gobiernos, sin embargo, han abrazado las actitudes opuestas: otro botón de muestra es el manejo turbio y patrimonialista realizado por las administraciones del blanquiazul sobre el Instituto Mexicano de la Juventud, el cual se ha convertido en coto personal de la dirigencia panista en la capital del país, como informó este diario en su edición del pasado lunes.
Más allá de lo anterior, el anuncio comentado pone en relieve una lamentable falta del sentido nacional del grupo en el poder, el cual se ha dado a la tarea de promover la cesión de parcelas de soberanía a la propiedad privada local o extranjera, sin reparar en las consecuencias que ello puede tener. En el caso de las telecomunicaciones, el empeño por colocar parte de la infraestructura estratégica de ese sector bajo el dominio de particulares implicará poner a disposición del mejor postor un elemento fundamental de control territorial y de seguridad nacional.
La administración calderonista, deficitaria de legitimidad desde su origen, ahora cuestionada en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental, tendría que actuar de manera transparente y pulcra ante la población. Para ello, es necesario que ante todo asuma los propósitos y las consecuencias de sus acciones, los someta a la opinión y el debate públicos y cese, cuanto antes, en sus afanes antinacionales y privatizadores.
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