EL PRIAN EN GUERRA POR LA USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA,
Foto: Benjamin Flores
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- El coordinador del PAN en el Senado, José González Morfín, negó que la alerta migratoria expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los últimos tres gobernadores de Tamaulipas sea parte de una “guerra sucia” instrumentada en contra del PRI ante el proceso electoral, tras asegurar que “lo que el país demanda es que no haya impunidad para nadie”.
Reunido con los senadores de su partido en esta ciudad para definir la agenda legislativa del último tramo del Senado, González Morfín también dijo que se esperan explicaciones de parte del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre el decomiso de 25 millones efectuado por la PGR en un avión del gobierno del estado.
La dependencia detuvo a dos colaboradores de Duarte que viajaban con el dinero, y no pudieron acreditar su origen y destino, aunque el gobierno de Javier Duarte ha asegurado que la legalidad de los 25 millones de pesos está “plenamente acreditada”.
Entrevistado sobre ambos temas en la conferencia de prensa que ofreció esta tarde, González Morfín aclaró que apenas se iba enterando de ambas situaciones, pero se dijo convencido de que la justicia “debe ser para todos, sin ninguna excepción y ninguna cortapisa”. Aunque dijo que el tema no se abordó durante su encuentro matutino con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el senador panista aseguró que “en el ambiente” de las autoridades encargadas de impartir justicia no está el tema electoral. “Me parece que de lo que se trata es de que no haya impunidad, independientemente de quién sea el afectado”, señaló.
Con respecto al monto en efectivo encontrado en el avión oficial del gobierno veracruzano, pidió a Javier Duarte que se dé “una explicación creíble”. “Me parece que no es posible que se vaya a venir ahora a decir que era porque iban a pagar en efectivo en una feria o en un palenque; yo creo que eso no pueden hacerlo las autoridades de un país. Me parece que ni en un gobierno de opereta…”, ironizó.
“Francamente no me explicó cómo pueden encontrar o buscar ese tipo de explicaciones”, agregó el líder del PAN en el Senado.
En todo caso, insistió, la pelota está en la cancha del gobierno de Veracruz, que debe aclarar, “porque todos debemos saber”, por qué estaban esos 25 millones de pesos en efectivo en un avión y qué era lo que se pretendía o lo que se está haciendo con ese dinero”. Por ello, rechazó que estas revelaciones formen parte de una “guerra sucia” del gobierno federal hacia el PRI. “Son dos cosas distintas, los 25 millones ahí estaban, no ha habido siquiera explicaciones ni desmentidos del gobierno de Veracruz…”. Por el contrario, González Morfín aseguró que los mexicanos son quienes están demandando que haya castigo a los culpables, “sean quienes sean y de donde sean”.
Niega PAN “guerra sucia” contra el PRI por alerta contra tres exgobernadores
VERÓNICA ESPINOSA
30 DE ENERO DE 2012 ·
DESTACADO
CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2012).- La alerta de la Procuraduría General de la República (PGR) contra tres ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trajo una reacción similar a las que han tenido lugar en este tipo de casos: señalamientos por “guerra sucia”.
Manuel Cavazos Lerma, uno de los gobernadores afectados junto a Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, aseguró que ya trabaja su equipo jurídico y el del PRI para contrademandar al Gobierno federal, ya que dijo que sólo son especulaciones y no hay elementos para ubicarlo como culpable de alguna situación. “El que nada debe nada teme, por eso estoy aquí”. Así, acusó a la Federación de usar elementos jurídicos para empañar su imagen y la del partido tricolor: “Es sospechoso y sistemático que en pleno proceso se haga esta situación”.
Señaló que esto podría ser parte de una “guerra sucia” en contra del PRI, ante el avance que ha tenido su partido.
“Hay elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios priistas. No es la primera vez que se usa el aparato de la procuración de la justicia con propósitos de proselitismo”.
El diputado local del PAN, Leonel Cantú Robles, calificó la acción del Gobierno federal como tardía y equivocada por estar en puerta un proceso electoral.
Señaló que en el caso de Eugenio Hernández Flores, las demandas de investigación son varias, entre estas, dijo, por el estado lamentable como dejó a Tamaulipas, en completo desorden financiero.
“A esto se le suman las manifestaciones públicas de enriquecimiento inexplicable de varios de sus colaboradores, y también por la relación que algunos de ellos tenían con algunas organizaciones delictivas, que ha sido público y denunciado”.
Ayer, Tomás Yarrington Ruvalcaba escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eugenio Hernández se dijo sorprendido por la alerta, ya que nunca ha sido llamado a declarar.
Hasta el cierre de la edición, la PGR no dio razón de tal alerta.
Para colmo, autoridades de los Aeropuertos de Reynosa y Ciudad Victoria aseguraron no tener notificación sobre la alerta migratoria.
Contrario a lo expresado por Cavazos, José González Morfín, líder de los senadores del PAN, rechazó que la revelación de los casos de supuestas conductas ilícitas de funcionarios de Tamaulipas sea producto de una “guerra sucia”.
Los casos
“Cacería” de ex funcionarios
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010 por operaciones de narcotráfico.
En 2009 tuvo lugar el “Michoacanazo”, operativo mediante el cual fueron detenidos 35 funcionarios, incluídos alcaldes, por presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres.
El 7 de junio de 2011, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido por peculado. Después se agregó el de homicidio por la muerte de al menos 30 menores, presuntamente provocada porque el Gobierno estatal no dio los recursos al hospital que los requería.
Informador
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SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- El coordinador del PAN en el Senado, José González Morfín, negó que la alerta migratoria expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los últimos tres gobernadores de Tamaulipas sea parte de una “guerra sucia” instrumentada en contra del PRI ante el proceso electoral, tras asegurar que “lo que el país demanda es que no haya impunidad para nadie”.
Reunido con los senadores de su partido en esta ciudad para definir la agenda legislativa del último tramo del Senado, González Morfín también dijo que se esperan explicaciones de parte del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre el decomiso de 25 millones efectuado por la PGR en un avión del gobierno del estado.
La dependencia detuvo a dos colaboradores de Duarte que viajaban con el dinero, y no pudieron acreditar su origen y destino, aunque el gobierno de Javier Duarte ha asegurado que la legalidad de los 25 millones de pesos está “plenamente acreditada”.
Entrevistado sobre ambos temas en la conferencia de prensa que ofreció esta tarde, González Morfín aclaró que apenas se iba enterando de ambas situaciones, pero se dijo convencido de que la justicia “debe ser para todos, sin ninguna excepción y ninguna cortapisa”. Aunque dijo que el tema no se abordó durante su encuentro matutino con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el senador panista aseguró que “en el ambiente” de las autoridades encargadas de impartir justicia no está el tema electoral. “Me parece que de lo que se trata es de que no haya impunidad, independientemente de quién sea el afectado”, señaló.
Con respecto al monto en efectivo encontrado en el avión oficial del gobierno veracruzano, pidió a Javier Duarte que se dé “una explicación creíble”. “Me parece que no es posible que se vaya a venir ahora a decir que era porque iban a pagar en efectivo en una feria o en un palenque; yo creo que eso no pueden hacerlo las autoridades de un país. Me parece que ni en un gobierno de opereta…”, ironizó.
“Francamente no me explicó cómo pueden encontrar o buscar ese tipo de explicaciones”, agregó el líder del PAN en el Senado.
En todo caso, insistió, la pelota está en la cancha del gobierno de Veracruz, que debe aclarar, “porque todos debemos saber”, por qué estaban esos 25 millones de pesos en efectivo en un avión y qué era lo que se pretendía o lo que se está haciendo con ese dinero”. Por ello, rechazó que estas revelaciones formen parte de una “guerra sucia” del gobierno federal hacia el PRI. “Son dos cosas distintas, los 25 millones ahí estaban, no ha habido siquiera explicaciones ni desmentidos del gobierno de Veracruz…”. Por el contrario, González Morfín aseguró que los mexicanos son quienes están demandando que haya castigo a los culpables, “sean quienes sean y de donde sean”.
Niega PAN “guerra sucia” contra el PRI por alerta contra tres exgobernadores
VERÓNICA ESPINOSA
30 DE ENERO DE 2012 ·
DESTACADO
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- Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández desconocen los motivos de la Fiscalía. El primero prepara contrademanda contra el Gobierno federal
CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2012).- La alerta de la Procuraduría General de la República (PGR) contra tres ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trajo una reacción similar a las que han tenido lugar en este tipo de casos: señalamientos por “guerra sucia”.
Manuel Cavazos Lerma, uno de los gobernadores afectados junto a Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, aseguró que ya trabaja su equipo jurídico y el del PRI para contrademandar al Gobierno federal, ya que dijo que sólo son especulaciones y no hay elementos para ubicarlo como culpable de alguna situación. “El que nada debe nada teme, por eso estoy aquí”. Así, acusó a la Federación de usar elementos jurídicos para empañar su imagen y la del partido tricolor: “Es sospechoso y sistemático que en pleno proceso se haga esta situación”.
Señaló que esto podría ser parte de una “guerra sucia” en contra del PRI, ante el avance que ha tenido su partido.
“Hay elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios priistas. No es la primera vez que se usa el aparato de la procuración de la justicia con propósitos de proselitismo”.
El diputado local del PAN, Leonel Cantú Robles, calificó la acción del Gobierno federal como tardía y equivocada por estar en puerta un proceso electoral.
Señaló que en el caso de Eugenio Hernández Flores, las demandas de investigación son varias, entre estas, dijo, por el estado lamentable como dejó a Tamaulipas, en completo desorden financiero.
“A esto se le suman las manifestaciones públicas de enriquecimiento inexplicable de varios de sus colaboradores, y también por la relación que algunos de ellos tenían con algunas organizaciones delictivas, que ha sido público y denunciado”.
Ayer, Tomás Yarrington Ruvalcaba escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eugenio Hernández se dijo sorprendido por la alerta, ya que nunca ha sido llamado a declarar.
Hasta el cierre de la edición, la PGR no dio razón de tal alerta.
Para colmo, autoridades de los Aeropuertos de Reynosa y Ciudad Victoria aseguraron no tener notificación sobre la alerta migratoria.
Contrario a lo expresado por Cavazos, José González Morfín, líder de los senadores del PAN, rechazó que la revelación de los casos de supuestas conductas ilícitas de funcionarios de Tamaulipas sea producto de una “guerra sucia”.
Los casos
“Cacería” de ex funcionarios
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010 por operaciones de narcotráfico.
En 2009 tuvo lugar el “Michoacanazo”, operativo mediante el cual fueron detenidos 35 funcionarios, incluídos alcaldes, por presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres.
El 7 de junio de 2011, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido por peculado. Después se agregó el de homicidio por la muerte de al menos 30 menores, presuntamente provocada porque el Gobierno estatal no dio los recursos al hospital que los requería.
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