Al presentar ayer los resultados de un estudio sobre telecomunicaciones elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, dio a conocer un decálogo de medidas con las que el gobierno federal pretende impulsar una competencia más equitativa en el sector. Entre las acciones destacan abrir al ciento por ciento la inversión extranjera en telecomunicaciones; la entrega, previo pago de contraprestaciones, de más de 6 mil inmuebles del gobierno federal para instalar equipo, como torres y antenas, a efecto de reducir barreras para la entrada de nuevos operadores, y la colocación en el mercado de un nuevo par de hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Resulta difícil no estar de acuerdo con el planteamiento formulado por el funcionario federal de que el país necesita de un sector de telecomunicaciones más competitivo, convergente y dinámico, y es innegable que el gobierno debe adoptar las acciones necesarias para lograr ese propósito, deseable tanto por las ventajas que la competencia abierta conlleva para usuarios y clientes de servicios en general, pero también por la evidente necesidad de erradicar monopolios, duopolios y dominancias en este ramo que constituyen un lastre y un obstáculo para el desarrollo de la democracia en el país.
Desde esta perspectiva, la orientación anunciada resulta saludable, por cuanto podría dar pie a la diversificación de señales televisivas y radiales, así como permitir el desarrollo de nuevas opciones para los usuarios de telefonía y conexión a Internet.
Sin embargo, el conjunto de medidas anunciadas por el titular de la SCT parte de una tergiversación que asocia injustificadamente competencia con apertura al ciento por ciento a la inversión extranjera y representa, de esa forma, una contradicción falaz entre competitividad y soberanía.
Para colmo, la apertura agravará los términos inequitativos en los que se ha venido realizando la inserción del país en la economía global, pues si bien con ella se logrará que operen en territorio nacional sistemas de propiedad al ciento por ciento de corporaciones extranjeras, los mercados estadunidense y europeos seguirán cerrados a los consorcios mexicanos del ramo.
A nadie es ajeno que nuestro país padece una de las concentraciones más altas de mercados de telecomunicaciones en el mundo, pero ello no se debe a la vigencia del principio legal que demanda un mínimo de 51 por ciento de inversión nacional en el sector, sino al doble discurso con que se conducen los consorcios privados que lo controlan en nuestro país –que demandan mayor competencia, pero se resisten a que la haya en sus respectivos ámbitos de dominio– y a la tibieza, la parcialidad y el desaseo con que las autoridades han manejado el otorgamiento de bandas del espectro de radiofrecuencias, un bien público que debe considerarse extensión del territorio nacional.
En la circunstancia actual, y con las restricciones vigentes en materia de inversión extranjera, sería posible generar mayor competencia en telecomunicaciones simplemente permitiendo que más actores nacionales se sumen al sector. Para ello se requiere abrir las distintas modalidades tecnológicas a nuevos participantes, no sólo a integrantes de la iniciativa privada, sino también a la sociedad civil, instituciones públicas, universidades y centros de investigación, y a otros actores que son sistemáticamente bloqueados y excluidos, como ha sido el caso del Gobierno del Distrito Federal, al que se ha obstaculizado, con argucias legales, la operación de un canal de televisión propio, o de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo canal Tv UNAM no ha podido disponer, hasta la fecha, de señal abierta.
En suma, la superación de los rezagos actuales en esta materia requiere de una autoridad que actúe sin discrecionalidad ni favoritismos, con altura de miras y visión de Estado.
A la luz de lo referido, queda la duda sobre si el propósito real del gobierno federal al anunciar una apertura generalizada e indiscriminada de las telecomunicaciones es fomentar la competencia en ese rubro o plegarse a las presiones de la OCDE y poner el mercado nacional del sector a la plena disposición de las corporaciones extranjeras.
.jornada.unam.mx
Resulta difícil no estar de acuerdo con el planteamiento formulado por el funcionario federal de que el país necesita de un sector de telecomunicaciones más competitivo, convergente y dinámico, y es innegable que el gobierno debe adoptar las acciones necesarias para lograr ese propósito, deseable tanto por las ventajas que la competencia abierta conlleva para usuarios y clientes de servicios en general, pero también por la evidente necesidad de erradicar monopolios, duopolios y dominancias en este ramo que constituyen un lastre y un obstáculo para el desarrollo de la democracia en el país.
Desde esta perspectiva, la orientación anunciada resulta saludable, por cuanto podría dar pie a la diversificación de señales televisivas y radiales, así como permitir el desarrollo de nuevas opciones para los usuarios de telefonía y conexión a Internet.
Sin embargo, el conjunto de medidas anunciadas por el titular de la SCT parte de una tergiversación que asocia injustificadamente competencia con apertura al ciento por ciento a la inversión extranjera y representa, de esa forma, una contradicción falaz entre competitividad y soberanía.
Para colmo, la apertura agravará los términos inequitativos en los que se ha venido realizando la inserción del país en la economía global, pues si bien con ella se logrará que operen en territorio nacional sistemas de propiedad al ciento por ciento de corporaciones extranjeras, los mercados estadunidense y europeos seguirán cerrados a los consorcios mexicanos del ramo.
A nadie es ajeno que nuestro país padece una de las concentraciones más altas de mercados de telecomunicaciones en el mundo, pero ello no se debe a la vigencia del principio legal que demanda un mínimo de 51 por ciento de inversión nacional en el sector, sino al doble discurso con que se conducen los consorcios privados que lo controlan en nuestro país –que demandan mayor competencia, pero se resisten a que la haya en sus respectivos ámbitos de dominio– y a la tibieza, la parcialidad y el desaseo con que las autoridades han manejado el otorgamiento de bandas del espectro de radiofrecuencias, un bien público que debe considerarse extensión del territorio nacional.
En la circunstancia actual, y con las restricciones vigentes en materia de inversión extranjera, sería posible generar mayor competencia en telecomunicaciones simplemente permitiendo que más actores nacionales se sumen al sector. Para ello se requiere abrir las distintas modalidades tecnológicas a nuevos participantes, no sólo a integrantes de la iniciativa privada, sino también a la sociedad civil, instituciones públicas, universidades y centros de investigación, y a otros actores que son sistemáticamente bloqueados y excluidos, como ha sido el caso del Gobierno del Distrito Federal, al que se ha obstaculizado, con argucias legales, la operación de un canal de televisión propio, o de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo canal Tv UNAM no ha podido disponer, hasta la fecha, de señal abierta.
En suma, la superación de los rezagos actuales en esta materia requiere de una autoridad que actúe sin discrecionalidad ni favoritismos, con altura de miras y visión de Estado.
A la luz de lo referido, queda la duda sobre si el propósito real del gobierno federal al anunciar una apertura generalizada e indiscriminada de las telecomunicaciones es fomentar la competencia en ese rubro o plegarse a las presiones de la OCDE y poner el mercado nacional del sector a la plena disposición de las corporaciones extranjeras.
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