ALEMANIA Ayotzinapa Berlín: el ESTADO MEXICANO se DERRUMBA EPN: Diagnóstico desde Berlín: El Estado mexicano pierde el control
Diagnóstico desde Berlín: El Estado mexicano pierde el control
Proceso Yetlaneci Alcaraz
En Alemania las tensiones entre la oposición y el gobierno, a propósito de la próxima firma de un acuerdo de cooperación en seguridad con la administración mexicana, crecen y entorpecen las negociaciones, que Angela Merkel se empeña en llevar adelante. Los opositores arguyen el clima de inseguridad e impunidad en territorio mexicano y enarbolan como ejemplo palmario el caso Ayotzinapa. Pero Berlín no ignora esto: Un duro diagnóstico oficial advierte que en México “priva una amplia impunidad” y “los cárteles (…) han anulado el monopolio de poder del Estado”.
BERLÍN.- El acuerdo de cooperación en materia de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania está en una fase de renegociación en la cual los temas de derechos humanos y protección de datos personales han adquirido valor estratégico.
Lo anterior resulta de la enorme resonancia internacional del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos –tema que la prensa alemana no ha dejado de reportar desde septiembre pasado–, así como por la fuerte presión de las ONG, los europarlamentarios y diputados alemanes, quienes han pedido al gobierno de Angela Merkel que suspenda el acuerdo ante el temor de que la cooperación bilateral repercuta negativamente sobre los derechos humanos en México.
De hecho el gobierno alemán sabe que el Estado mexicano enfrenta una crisis en la materia y ha sido incapaz de brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos, según un documento oficial –obtenido por Proceso– que hace un duro diagnóstico sobre la situación en México tras los acontecimientos de Iguala.
De acuerdo con fuentes consultadas por este semanario, los temas de derechos humanos y protección de datos personales fueron integrados recientemente al proyecto de acuerdo, cuyo objetivo principal –en palabras del gobierno alemán– es “mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo” (Proceso 1884).
Argumenta que precisamente acontecimientos como el de Guerrero refuerzan el objetivo y razón de ser del convenio: un apoyo a la administración federal mexicana en su lucha contra el crimen organizado.
Presión
Los acontecimientos de Iguala y las presiones internas en Alemania retrasaron el acuerdo –planeado para firmarse a finales de este año– y forzaron la inclusión en la discusión de temas vitales, como los derechos humanos y la protección de datos personales.
La presión ha sido fuerte: Los pasados 15 de octubre, 5 de noviembre y el miércoles 3 los partidos de oposición llevaron al Parlamento alemán el tema de Ayotzinapa y el acuerdo de seguridad.
Diputados del Partido Verde Alemán y de La Izquierda interpelaron a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes reprocharon su postura y expresaron su desacuerdo con dicho convenio.
“Con regularidad enviamos delegaciones a México. Desde hace años nos encontramos en todos los niveles con una impunidad de casi 100% en el castigo de los crímenes. Hace cinco años ese porcentaje era de 98% de impunidad, hoy es el mismo, independientemente del gobierno que está en el poder. Entonces el gobierno no puede afirmar que no tiene responsabilidad mientras crímenes monstruosos no están siendo castigados, sin importar el nivel en el que ocurren”, espetó el 5 de noviembre la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda en referencia a los acontecimientos de Iguala. Y lo hizo ante el ministro del Exterior, Michael Roth. En el mismo sentido se desarrollaron las otras dos discusiones.
Más aún, el Partido Verde y La Izquierda presentarán en la sesión parlamentaria del próximo miércoles 17 tres mociones relativas al caso.
Una de ellas estará enfocada a modificar el marco legal, a fin de evitar la discrecionalidad en las negociaciones y la firma de este tipo de acuerdos, tal como, afirman los diputados opositores, ocurre con México
Por su parte la sección alemana de Amnistía Internacional pidió que el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto sea revisado con cautela, pues sus propios informes señalan que en México las fuerzas del orden en todos los niveles practican la tortura como método para obtener confesiones.
En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) exigió la cancelación del acuerdo al tiempo que recolecta firmas entre ciudadanos alemanes y mexicanos en apoyo a una solicitud que será entregada en enero de 2015 al gobierno y al parlamento alemanes.
Hasta el cierre de esta edición la petición sumaba 6 mil 480 firmas de las 7 mil 500 que se establecieron como primera meta. La CADHM es una red que aglutina a 15 de las ONG más importantes del país y es reconocida como interlocutor ante el gobierno, además de realizar trabajo de cabildeo en los parlamentos alemán y europeo.
Diagnóstico
De hecho el gobierno alemán tiene un diagnóstico propio sobre la situación en México que, a pesar de ser demoledor, parece reforzar su visión e intención de firmar el acuerdo.
Dicho diagnóstico está plasmado en un documento fechado el pasado 25 de noviembre. Lo elaboró el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y su destinatario fue la comisión en el Parlamento que se ocupa de estos temas. El documento de seis cuartillas abunda en el asunto de la impunidad y en la falta de capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad.
“En el país priva una amplia impunidad, sólo 2% de todos los delitos concluyen en una condena. La violencia omnipresente, causada sobre todo por la delincuencia organizada y la lucha contra ésta, representa uno de los problemas más urgentes en la situación de los derechos humanos en el país. Los cárteles de la droga luchan con armas altamente modernas y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han anulado el monopolio de poder del Estado mexicano”, señala el documento, del cual Proceso tiene copia.
Además reconoce que a nivel estatal y municipal la policía es fácilmente corruptible y en muchos casos, como en Iguala, está incluso coludida con los criminales; califica de preocupante la situación de hacinamiento en cerca de 25% de las cárceles mexicanas y cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que 60% de los centros penitenciarios del país están controlados por los cárteles.
También hace referencia al tema de la tortura cometida por miembros del Ejército y de las policías estatales y federal, así como las frecuentes críticas que éstos reciben por arrestos y registros domiciliarios arbitrarios, así como por violaciones a los derechos humanos.
Y en ese rubro, sobre la impunidad y la falta de reacción del Estado, su conclusión es clara: “Existen dudas sobre si las autoridades mexicanas están en situación de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad. La creación de autodefensas debe ser observada como una reacción a la carente presencia estatal y al crimen organizado, que asimismo actúa fuera de los estándares legales y sin el control estatal”.
El documento también se refiere al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos. Señala que desde finales de 2012 opera el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoce que sus capacidades operativas son limitadas porque “faltan recursos materiales y humanos, así como el apoyo político necesario”.
De igual forma destaca el grave problema del tráfico de seres humanos y su explotación como uno de los principales ejes dentro de la economía del crimen organizado y la falta de capacidad de respuesta del Estado para enfrentarlo.
“De los 150 mil migrantes que cruzan cada año el país, más de 20 mil son secuestrados por las bandas criminales; en parte con el apoyo de funcionarios de la autoridad migratoria o de la policía. (…) En su intento por contener el tráfico humano el gobierno mexicano queda rebasado. La ley que protege el tráfico de personas carece de una efectiva ejecución. Y a pesar de ciertos éxitos, éste representa para México un problema masivo y un negocio lucrativo.”
En su parte final, y pese al desastroso escenario que muestra, el gobierno federal alemán asegura que las intenciones de firmar el convenio con México son firmes, e incluso adelanta que éste se encuentra en un estado muy avanzado.
Y aporta más detalles: “El texto del convenio sienta las reglas, el marco de las condiciones y los límites del trabajo conjunto. Con el convenio no se crean bases legales nuevas ni vinculantes. El trabajo conjunto está regido por la ley interior (del Estado alemán) y con él ninguna de las autoridades participantes –por el lado mexicano la PGR y por el alemán el Ministerio del Interior– reciben mayores poderes o facultades de las que establece y limita la ley existente.
“En el ámbito de la capacitación y apoyo en equipamiento pueden ofrecerse cursos, según las necesidades existentes, que tienen como finalidad mejorar la profesionalización de las autoridades policiales mexicanas”, puntualiza.
Ejes
El miércoles 3 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Maria Böhmer, aseguró en el Parlamento alemán que los derechos humanos y la protección de datos serán temas observados y cuidados en el trabajo conjunto que se planea con México.
“En el acuerdo de seguridad tenemos que considerar los argumentos aducidos y la situación que reina allá. De parte del gobierno alemán es algo que estamos tomando muy en serio y vamos a conducir la negociación con gran responsabilidad y especial cuidado en lo referente a los derechos humanos”, aseguró en el pleno.
Sobre la protección de datos alegó: “Lo determinante es que las informaciones y datos no caigan en manos equivocadas. Y eso es para nosotros un punto central. En ello no hay dudas”.
La funcionaria alemana confirmó asimismo el trabajo de colaboración que en materia forense iniciarán los dos países y el cual es independiente y no forma parte del convenio. “Ofrecimos a México una colaboración en el campo de la formación forense e identificación (de restos), porque en este momento requiere apoyo urgente. El gobierno mexicano aceptó el ofrecimiento y en las próximas semanas definiremos la forma en que se realizará este trabajo conjunto”, detalló.
Pero las palabras e intenciones del gobierno alemán no convencen a todos. El diputado verde Hans-Christian Ströbele, quien por cierto presentará una de las mociones la próxima semana en el Parlamento, es más que escéptico.
“Alemania no puede ser cómplice del crimen organizado, infiltrado aparentemente en las fuerzas de seguridad, mediante la firma de este convenio con México. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto sobre sus 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho y mediante los cuales quiere reformar de pronto a la policía, no convencen. Ante tales anuncios se tiene que esperar primero su puesta en marcha y posterior éxito”, dice Ströbele a Proceso.
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kikka-roja.blogspot.com
Diagnóstico desde Berlín: El Estado mexicano pierde el control
Proceso Yetlaneci Alcaraz
BERLÍN.- El acuerdo de cooperación en materia de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de México y Alemania está en una fase de renegociación en la cual los temas de derechos humanos y protección de datos personales han adquirido valor estratégico.
Lo anterior resulta de la enorme resonancia internacional del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos –tema que la prensa alemana no ha dejado de reportar desde septiembre pasado–, así como por la fuerte presión de las ONG, los europarlamentarios y diputados alemanes, quienes han pedido al gobierno de Angela Merkel que suspenda el acuerdo ante el temor de que la cooperación bilateral repercuta negativamente sobre los derechos humanos en México.
De hecho el gobierno alemán sabe que el Estado mexicano enfrenta una crisis en la materia y ha sido incapaz de brindar justicia y seguridad a sus ciudadanos, según un documento oficial –obtenido por Proceso– que hace un duro diagnóstico sobre la situación en México tras los acontecimientos de Iguala.
De acuerdo con fuentes consultadas por este semanario, los temas de derechos humanos y protección de datos personales fueron integrados recientemente al proyecto de acuerdo, cuyo objetivo principal –en palabras del gobierno alemán– es “mejorar el trabajo conjunto entre los dos países en la lucha, prevención y solución de delitos serios del crimen organizado, especialmente en las áreas de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y terrorismo” (Proceso 1884).
En realidad Merkel no sólo se resiste a suspender la negociación del acuerdo, sino que respalda abiertamente al gobierno de Enrique Peña Nieto e insiste en que la crisis de corrupción y violación de derechos humanos en México –cuyo ejemplo más grave es Ayotzinapa– se observa sólo en escalas estatales y municipales, y no a nivel federal.
Argumenta que precisamente acontecimientos como el de Guerrero refuerzan el objetivo y razón de ser del convenio: un apoyo a la administración federal mexicana en su lucha contra el crimen organizado.
Presión
Los acontecimientos de Iguala y las presiones internas en Alemania retrasaron el acuerdo –planeado para firmarse a finales de este año– y forzaron la inclusión en la discusión de temas vitales, como los derechos humanos y la protección de datos personales.
La presión ha sido fuerte: Los pasados 15 de octubre, 5 de noviembre y el miércoles 3 los partidos de oposición llevaron al Parlamento alemán el tema de Ayotzinapa y el acuerdo de seguridad.
Diputados del Partido Verde Alemán y de La Izquierda interpelaron a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes reprocharon su postura y expresaron su desacuerdo con dicho convenio.
“Con regularidad enviamos delegaciones a México. Desde hace años nos encontramos en todos los niveles con una impunidad de casi 100% en el castigo de los crímenes. Hace cinco años ese porcentaje era de 98% de impunidad, hoy es el mismo, independientemente del gobierno que está en el poder. Entonces el gobierno no puede afirmar que no tiene responsabilidad mientras crímenes monstruosos no están siendo castigados, sin importar el nivel en el que ocurren”, espetó el 5 de noviembre la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda en referencia a los acontecimientos de Iguala. Y lo hizo ante el ministro del Exterior, Michael Roth. En el mismo sentido se desarrollaron las otras dos discusiones.
Más aún, el Partido Verde y La Izquierda presentarán en la sesión parlamentaria del próximo miércoles 17 tres mociones relativas al caso.
Una de ellas estará enfocada a modificar el marco legal, a fin de evitar la discrecionalidad en las negociaciones y la firma de este tipo de acuerdos, tal como, afirman los diputados opositores, ocurre con México
Por su parte la sección alemana de Amnistía Internacional pidió que el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto sea revisado con cautela, pues sus propios informes señalan que en México las fuerzas del orden en todos los niveles practican la tortura como método para obtener confesiones.
En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) exigió la cancelación del acuerdo al tiempo que recolecta firmas entre ciudadanos alemanes y mexicanos en apoyo a una solicitud que será entregada en enero de 2015 al gobierno y al parlamento alemanes.
Hasta el cierre de esta edición la petición sumaba 6 mil 480 firmas de las 7 mil 500 que se establecieron como primera meta. La CADHM es una red que aglutina a 15 de las ONG más importantes del país y es reconocida como interlocutor ante el gobierno, además de realizar trabajo de cabildeo en los parlamentos alemán y europeo.
Diagnóstico
De hecho el gobierno alemán tiene un diagnóstico propio sobre la situación en México que, a pesar de ser demoledor, parece reforzar su visión e intención de firmar el acuerdo.
Dicho diagnóstico está plasmado en un documento fechado el pasado 25 de noviembre. Lo elaboró el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y su destinatario fue la comisión en el Parlamento que se ocupa de estos temas. El documento de seis cuartillas abunda en el asunto de la impunidad y en la falta de capacidad del Estado mexicano de brindar seguridad.
“En el país priva una amplia impunidad, sólo 2% de todos los delitos concluyen en una condena. La violencia omnipresente, causada sobre todo por la delincuencia organizada y la lucha contra ésta, representa uno de los problemas más urgentes en la situación de los derechos humanos en el país. Los cárteles de la droga luchan con armas altamente modernas y en algunas regiones fronterizas con Estados Unidos han anulado el monopolio de poder del Estado mexicano”, señala el documento, del cual Proceso tiene copia.
Además reconoce que a nivel estatal y municipal la policía es fácilmente corruptible y en muchos casos, como en Iguala, está incluso coludida con los criminales; califica de preocupante la situación de hacinamiento en cerca de 25% de las cárceles mexicanas y cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que 60% de los centros penitenciarios del país están controlados por los cárteles.
También hace referencia al tema de la tortura cometida por miembros del Ejército y de las policías estatales y federal, así como las frecuentes críticas que éstos reciben por arrestos y registros domiciliarios arbitrarios, así como por violaciones a los derechos humanos.
Y en ese rubro, sobre la impunidad y la falta de reacción del Estado, su conclusión es clara: “Existen dudas sobre si las autoridades mexicanas están en situación de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad. La creación de autodefensas debe ser observada como una reacción a la carente presencia estatal y al crimen organizado, que asimismo actúa fuera de los estándares legales y sin el control estatal”.
El documento también se refiere al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos. Señala que desde finales de 2012 opera el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo reconoce que sus capacidades operativas son limitadas porque “faltan recursos materiales y humanos, así como el apoyo político necesario”.
De igual forma destaca el grave problema del tráfico de seres humanos y su explotación como uno de los principales ejes dentro de la economía del crimen organizado y la falta de capacidad de respuesta del Estado para enfrentarlo.
“De los 150 mil migrantes que cruzan cada año el país, más de 20 mil son secuestrados por las bandas criminales; en parte con el apoyo de funcionarios de la autoridad migratoria o de la policía. (…) En su intento por contener el tráfico humano el gobierno mexicano queda rebasado. La ley que protege el tráfico de personas carece de una efectiva ejecución. Y a pesar de ciertos éxitos, éste representa para México un problema masivo y un negocio lucrativo.”
En su parte final, y pese al desastroso escenario que muestra, el gobierno federal alemán asegura que las intenciones de firmar el convenio con México son firmes, e incluso adelanta que éste se encuentra en un estado muy avanzado.
Y aporta más detalles: “El texto del convenio sienta las reglas, el marco de las condiciones y los límites del trabajo conjunto. Con el convenio no se crean bases legales nuevas ni vinculantes. El trabajo conjunto está regido por la ley interior (del Estado alemán) y con él ninguna de las autoridades participantes –por el lado mexicano la PGR y por el alemán el Ministerio del Interior– reciben mayores poderes o facultades de las que establece y limita la ley existente.
“En el ámbito de la capacitación y apoyo en equipamiento pueden ofrecerse cursos, según las necesidades existentes, que tienen como finalidad mejorar la profesionalización de las autoridades policiales mexicanas”, puntualiza.
Ejes
El miércoles 3 la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Maria Böhmer, aseguró en el Parlamento alemán que los derechos humanos y la protección de datos serán temas observados y cuidados en el trabajo conjunto que se planea con México.
“En el acuerdo de seguridad tenemos que considerar los argumentos aducidos y la situación que reina allá. De parte del gobierno alemán es algo que estamos tomando muy en serio y vamos a conducir la negociación con gran responsabilidad y especial cuidado en lo referente a los derechos humanos”, aseguró en el pleno.
Sobre la protección de datos alegó: “Lo determinante es que las informaciones y datos no caigan en manos equivocadas. Y eso es para nosotros un punto central. En ello no hay dudas”.
La funcionaria alemana confirmó asimismo el trabajo de colaboración que en materia forense iniciarán los dos países y el cual es independiente y no forma parte del convenio. “Ofrecimos a México una colaboración en el campo de la formación forense e identificación (de restos), porque en este momento requiere apoyo urgente. El gobierno mexicano aceptó el ofrecimiento y en las próximas semanas definiremos la forma en que se realizará este trabajo conjunto”, detalló.
Pero las palabras e intenciones del gobierno alemán no convencen a todos. El diputado verde Hans-Christian Ströbele, quien por cierto presentará una de las mociones la próxima semana en el Parlamento, es más que escéptico.
“Alemania no puede ser cómplice del crimen organizado, infiltrado aparentemente en las fuerzas de seguridad, mediante la firma de este convenio con México. El repentino anuncio del presidente Peña Nieto sobre sus 10 puntos para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho y mediante los cuales quiere reformar de pronto a la policía, no convencen. Ante tales anuncios se tiene que esperar primero su puesta en marcha y posterior éxito”, dice Ströbele a Proceso.
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