- PRI y PRD presentarán punto de acuerdo esta semana
- Buscan diputados anular excomunión de Hidalgo
- La gestión ante Roma recaerá en la SRE y Gobernación
El próximo sábado se cumplirán 197 años de la emisión del primer edicto de excomunión impuesto por el Santo Oficio en contra de Miguel Hidalgo y Costilla, a quien la Iglesia católica acusó de los delitos de herejía y apostasía y lo sentenció como “hombre sedicioso, cismático y hereje formal” por haberse puesto “a la cabeza de una multitud de infelices” y proclamar la Independencia del Rey. En el contexto de esa fecha, diputados federales del PRD y PRI presentarán un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación gestionar ante el Vaticano el levantamiento de la sentencia contra el Padre de la Patria, José María Morelos y Pavón y José María Cos. La vigencia de los edictos, explicaron los legisladores, representa un desconocimiento de facto a México como nación y una posible omisión del orden constitucional emanado del Constituyente de Apatzingán, así como una contradicción en la Iglesia católica, que los mantiene vigentes, pero al mismo tiempo está sujeta a las leyes de un Estado independiente. La semana antepasada, en el aniversario 242 del nacimiento de Morelos, el diputado Alfonso Suárez del Real, uno de los promotores del punto de acuerdo, expresó:
“Estamos convencidos de que la solicitud debe traducirse en una respuesta positiva a la invitación que hacemos a la jerarquía católica a que revise y reflexione con objetividad en torno a las injustas acusaciones enderezadas contra los mexicanos fundadores de la patria, que lucharon por instituir un régimen de justicia e igualdad sociales, en una colonia en que la exclusión y la pobreza eran referente cotidiano de un gobierno terrenal que poco practicó la doctrina que decía defender.” El punto de acuerdo, que respaldan los perredistas Rosario Ortiz Magallón, Claudia Cruz Santiago, David Sánchez Camacho y la priísta Beatriz Pagés Rebollar, refiere que los personajes de la Independencia nunca concibieron su ideario como “contrario a los principios profesantes del cristianismo (y) aceptaron el sacrificio al que se les cometió con la condena de la muerte y el silencio”.
Cancelación de la pena
Los legisladores reiteran que al aceptar el fuero constitucional mexicano, la Iglesia católica “invalida el fundamento de los edictos de excomunión a los independentistas, tanto la excomunión de 1811 con que se condena a todos quienes apoyen y sigan la sedición de Miguel Hidalgo y Costilla, como la de 1814, por efecto de la Constitución de Apatzingán”. Si bien admiten que la jerarquía católica tiene derecho a juzgar las causas que se refieren a asuntos espirituales y la violación de las leyes eclesiásticas, como establece el derecho canónico, también se incluye en éste el título De la cesación de las penas, que otorga a los ministros la facultad de anulas las sanciones. “De no levantarse la excomunión en todos estos aspectos, se tendría a todos los católicos –incluyendo al clero y al Estado Vaticano– como herejes y dados por excomulgados por el solo hecho de reconocer a la nación mexicana como independiente, además de someterse al orden constitucional vigente.” Ese argumento se basa en el hecho de que en el edicto de excomunión de Hidalgo, emitido por la Inquisición de México, que lo mandó publicar en todas las iglesias (con la advertencia de que nadie lo rasgara o quitara), se señala lo siguiente: “Declaramos incursos en el crimen de fautoría en las sobredichas penas, a todas las personas, sin excepción, que aprueben vuestra sedición y reciban vuestras proclamas, mantengan vuestro trato y correspondencia espistolar, y os presten cualquier género de ayuda y favor, y a los que no denuncien y obliguen a denunciar a los que favorezcan vuestras ideas revolucionarias, y de cualquier modo las promuevan y propaguen, pues todas se dirigen a derrocar el Trono y el Altar”. La respuesta de la Iglesia católica a la insurgencia fue de tal magnitud que la excomunión de Hidalgo –emitida por el papa Pío VII–, que le fue leída al Padre de la Patria antes de su fusilamiento, condenó al cura de Dolores en nombre de toda la corte celestial: “Lo excomulgamos, lo anatematizamos y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Avirán…”
“Estamos convencidos de que la solicitud debe traducirse en una respuesta positiva a la invitación que hacemos a la jerarquía católica a que revise y reflexione con objetividad en torno a las injustas acusaciones enderezadas contra los mexicanos fundadores de la patria, que lucharon por instituir un régimen de justicia e igualdad sociales, en una colonia en que la exclusión y la pobreza eran referente cotidiano de un gobierno terrenal que poco practicó la doctrina que decía defender.” El punto de acuerdo, que respaldan los perredistas Rosario Ortiz Magallón, Claudia Cruz Santiago, David Sánchez Camacho y la priísta Beatriz Pagés Rebollar, refiere que los personajes de la Independencia nunca concibieron su ideario como “contrario a los principios profesantes del cristianismo (y) aceptaron el sacrificio al que se les cometió con la condena de la muerte y el silencio”.
Cancelación de la pena
Los legisladores reiteran que al aceptar el fuero constitucional mexicano, la Iglesia católica “invalida el fundamento de los edictos de excomunión a los independentistas, tanto la excomunión de 1811 con que se condena a todos quienes apoyen y sigan la sedición de Miguel Hidalgo y Costilla, como la de 1814, por efecto de la Constitución de Apatzingán”. Si bien admiten que la jerarquía católica tiene derecho a juzgar las causas que se refieren a asuntos espirituales y la violación de las leyes eclesiásticas, como establece el derecho canónico, también se incluye en éste el título De la cesación de las penas, que otorga a los ministros la facultad de anulas las sanciones. “De no levantarse la excomunión en todos estos aspectos, se tendría a todos los católicos –incluyendo al clero y al Estado Vaticano– como herejes y dados por excomulgados por el solo hecho de reconocer a la nación mexicana como independiente, además de someterse al orden constitucional vigente.” Ese argumento se basa en el hecho de que en el edicto de excomunión de Hidalgo, emitido por la Inquisición de México, que lo mandó publicar en todas las iglesias (con la advertencia de que nadie lo rasgara o quitara), se señala lo siguiente: “Declaramos incursos en el crimen de fautoría en las sobredichas penas, a todas las personas, sin excepción, que aprueben vuestra sedición y reciban vuestras proclamas, mantengan vuestro trato y correspondencia espistolar, y os presten cualquier género de ayuda y favor, y a los que no denuncien y obliguen a denunciar a los que favorezcan vuestras ideas revolucionarias, y de cualquier modo las promuevan y propaguen, pues todas se dirigen a derrocar el Trono y el Altar”. La respuesta de la Iglesia católica a la insurgencia fue de tal magnitud que la excomunión de Hidalgo –emitida por el papa Pío VII–, que le fue leída al Padre de la Patria antes de su fusilamiento, condenó al cura de Dolores en nombre de toda la corte celestial: “Lo excomulgamos, lo anatematizamos y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Avirán…”
Antes de ser ejecutado, Hidalgo escuchó que su Iglesia condenaba a todos los órganos de su cuerpo, y concluía: “Que el hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que hay en él se subleven contra él, lo maldigan y lo condenen. ¡Así sea! Amén”.
¡¡Aaay pinches curas!! la calabacearon, maldijeron en nombre dios, Que marranos tan trompudos.Manifestantes quisieron parar el vehículo de Rivera Carrera; hay lesionados, dicen
Gabriel León Zaragoza
Un grupo de inconformes con la pretensión del Vaticano y la Iglesia católica mexicana de que se adecue en materia religiosa la Constitución, se manifestó –colgando cartelones– en el frente de la Catedral metropolitana, y al término de la misa esperaron a que se retirara el cardenal Norberto Rivera para interceptarlo en su camioneta, con el fin de que los atendiera; sin embargo, el chofer del prelado les aventó la unidad y les provocó –según refirieron los manifestantes– “lesiones”, por lo que valoran presentar esta semana una denuncia contra el arzobispo.
Además, cuando concluyó la celebración litúrgica, una persona intentó increpar al mitrado, pero a unos metros de él personal de seguridad del recinto la detuvo y la retiró del lugar. El vocero de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, responsabilizó de los hechos al PRD, ya que consideró que las acciones en contra de Rivera Carrera las realizó la resistencia civil pacífica. Aseguró que aunque el cardenal se resiste a interponer algún tipo de denuncia ante las autoridades competentes, “nosotros sí le aconsejamos que lo haga, porque eso no es tolerable”. A esta agrupación además la acusó de “poner en grave riesgo” la seguridad de la feligresía, ya que cuando los manifestantes hacen acto de presencia, el personal de seguridad de la Catedral sólo mantiene abierto uno de los accesos del recinto, lo cual, agregó, podría causar algún accidente. El funcionario de la arquidiócesis insinuó que la actriz Jesusa Rodríguez está detrás de los hechos, porque “nos informaron” que “por ahí andaba”.Indicó que luego del percance, Norberto Rivera se encontraba “muy tranquilo” y que su única preocupación “es que iba su mamá (en la camioneta) y que se espantó mucho con esa agresión tan fuera de lugar”. Por los manifestantes, Julia Klug afirmó que en tanto sigan “las intervenciones en política” de Rivera Carrera y no se le finquen responsabilidades por el presunto delito de encubrimiento de pederastia de uno de sus sacerdotes, no cesarán en sus protestas en contra del clérigo. Acusó que hace dos semanas, cuando se manifestaron en el interior de la Catedral metropolitana, un integrante del personal de seguridad del inmueble (a quien identificaron ante los medios) “amenazó de muerte” a una de sus compañeras, por lo que responsabilizaron a Rivera Carrera de cualquier agresión que pudiera cometerse en su contra. Aunque algunos medios insistieron en calificar a los inconformes como perredistas, ellos objetaron y les precisaron que lo hacen a título personal y sin pertenecer o estar afiliados a partido político alguno.
Llama la arquidiócesis a legisladores a reflexionar sobre libertad religiosa
Gabriel León Zaragoza
Gabriel León Zaragoza
Buscan que se establezca el día mundial del laicismo
Gabriel León Zaragoza
Kikka Roja
Gabriel León Zaragoza
Cómo no va estar enojada la gente, siglos de mentiras y humillaciones.