Acentos
Pablo Gómez
2009-05-29•Acentos
Cuando la autoridad encargada de perseguir a los presuntos delincuentes viola la norma se convierte en delincuente, de tal manera que todo se reduce a la confrontación entre personas y poderes que operan fuera de la ley. Es la negación del Estado de derecho. Esto es lo que recién ocurrió en Michoacán.
Pocos se atreven a decirlo porque no desean que se les acuse de proteger a los narcos y a sus agentes a sueldo, pero tal actitud es errónea porque alimenta el Estado de policía, el cual es contrario al Estado de las libertades.
Dice la Constitución (artículo 16) en un texto de reciente factura que sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de evasión, “siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia”, el Ministerio Público podrá “bajo su responsabilidad” ordenar la detención de una persona. Una averiguación que según la PGR lleva seis meses no puede conducir a un acto urgente. No había el menor peligro de evasión ya que los servidores públicos desconocían todo, como tampoco era difícil tener acceso a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión como la Constitución manda.
Pero en Michoacán no hubo órdenes de aprehensión y sigue sin haberlas, sino órdenes de presentación que sólo se ejecutan por la fuerza cuando la persona no se presenta ante el Ministerio Público después de dos citatorios, los cuales no fueron enviados a nadie.
Si se trató de detenciones, éstas se realizaron en contra de la Constitución. Si se trató de órdenes de presentación, éstas se realizaron en contra de la ley.
En cuanto al cateo y aprehensión en el Palacio de Gobierno, ésa también fue inconstitucional debido a que sólo un juez lo puede ordenar, según el renovado pero ya maltrecho artículo 16 de la Carta Magna.
La PGR ha mantenido presos a los “presentados” durante tres días, lo cual está prohibido. El Ministerio Público sólo puede retener a un indiciado (aprehendido en flagrancia o con orden, lo que no fue el caso) durante 48 horas y el doble de tiempo cuando se trate de delincuencia organizada, pero los presentados no fueron informados (tampoco la opinión pública) de los delitos de los que se les acusa, justamente porque no fueron legalmente detenidos, no son indiciados. ¡La PGR dictó la retención 48 horas después de haberlos retenido!
Tampoco estamos bajo la figura de arraigo, pues ésta sólo la puede autorizar un juez, lo que al parecer ocurrirá pero después de que la PGR haya aplastado la Constitución.
La prensa ha dado por culpables a los presentados, detenidos y retenidos –secuestrados, mejor dicho—y tal vez lo sean, pero también son personas que viven bajo la protección de garantías constitucionales y sus derechos deben ser respetados, así sean los peores delincuentes del país.
En el “operativo” Michoacán, Calderón movilizó a la PFP, a la AFI y al Ejército. Nadie puso resistencia, así los del PAN como los priistas y los perredistas, no se produjo el menor incidente. ¿Para qué llevar a las tropas y movilizar a centenares de efectivos?
No puedo sumarme a ese jurado popular (los medios de comunicación) que ya dictó su veredicto condenatorio pero perdonó al gobierno que violó la Constitución. Así surge el Estado de policía y se entierra el Estado de derecho.
pgomez@milenio.comPocos se atreven a decirlo porque no desean que se les acuse de proteger a los narcos y a sus agentes a sueldo, pero tal actitud es errónea porque alimenta el Estado de policía, el cual es contrario al Estado de las libertades.
Dice la Constitución (artículo 16) en un texto de reciente factura que sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de evasión, “siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia”, el Ministerio Público podrá “bajo su responsabilidad” ordenar la detención de una persona. Una averiguación que según la PGR lleva seis meses no puede conducir a un acto urgente. No había el menor peligro de evasión ya que los servidores públicos desconocían todo, como tampoco era difícil tener acceso a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión como la Constitución manda.
Pero en Michoacán no hubo órdenes de aprehensión y sigue sin haberlas, sino órdenes de presentación que sólo se ejecutan por la fuerza cuando la persona no se presenta ante el Ministerio Público después de dos citatorios, los cuales no fueron enviados a nadie.
Si se trató de detenciones, éstas se realizaron en contra de la Constitución. Si se trató de órdenes de presentación, éstas se realizaron en contra de la ley.
En cuanto al cateo y aprehensión en el Palacio de Gobierno, ésa también fue inconstitucional debido a que sólo un juez lo puede ordenar, según el renovado pero ya maltrecho artículo 16 de la Carta Magna.
La PGR ha mantenido presos a los “presentados” durante tres días, lo cual está prohibido. El Ministerio Público sólo puede retener a un indiciado (aprehendido en flagrancia o con orden, lo que no fue el caso) durante 48 horas y el doble de tiempo cuando se trate de delincuencia organizada, pero los presentados no fueron informados (tampoco la opinión pública) de los delitos de los que se les acusa, justamente porque no fueron legalmente detenidos, no son indiciados. ¡La PGR dictó la retención 48 horas después de haberlos retenido!
Tampoco estamos bajo la figura de arraigo, pues ésta sólo la puede autorizar un juez, lo que al parecer ocurrirá pero después de que la PGR haya aplastado la Constitución.
La prensa ha dado por culpables a los presentados, detenidos y retenidos –secuestrados, mejor dicho—y tal vez lo sean, pero también son personas que viven bajo la protección de garantías constitucionales y sus derechos deben ser respetados, así sean los peores delincuentes del país.
En el “operativo” Michoacán, Calderón movilizó a la PFP, a la AFI y al Ejército. Nadie puso resistencia, así los del PAN como los priistas y los perredistas, no se produjo el menor incidente. ¿Para qué llevar a las tropas y movilizar a centenares de efectivos?
No puedo sumarme a ese jurado popular (los medios de comunicación) que ya dictó su veredicto condenatorio pero perdonó al gobierno que violó la Constitución. Así surge el Estado de policía y se entierra el Estado de derecho.
kikka-roja.blogspot.com/
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