La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que está conmoviendo a amplios sectores del país, se está llevando a cabo en un escenario de intensificación de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.
1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.
2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.
3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.
4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.
5. El llamado paquete estratégico de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.
7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?
8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.
9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.
10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.
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2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.
3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.
4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.
5. El llamado paquete estratégico de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.
7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?
8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.
9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.
10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.
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