Miguel Angel Granados Chapa : El PRI en Veracruz

Veracruz rojo

Plaza Pública

En tres años, el PRI recuperó terreno en Veracruz en tales proporciones que puede afirmarse que ese estado se ha teñido de rojo. No sólo porque en el proceso electoral se derramó sangre (pues la violencia antes y durante la jornada electoral del domingo pasado cobró víctimas), sino porque el color escogido por los restauradores priistas (inicialmente en el Estado de México) para sustituir al desgastado emblema tricolor fue el marco para las victorias priistas en la elección legislativa y municipal. Claro que falta aún la instancia judicial, de que podrían derivarse ajustes, pero no se eliminará y ni siquiera se atemperará la contundencia del triunfo del partido que en Veracruz actúa –y podrá hacerlo en mayor medida cuando sus candidatos ganadores tomen posesión— como en los tiempos en que lo dominaba todo.

En 2004, Fidel Herrera Beltrán ganó apuradamente la elección, con menos de cuarenta mil votos de diferencia, menos de dos por ciento en términos porcentuales. Su apretada victoria contrastó con el infortunio de buena parte de los candidatos de su partido. De las 212 alcaldías, el PRI ganó apenas un tercio, 71 y obtuvo 13 curules, insuficientes para mantener el control de la legislatura (aunque no tardó el gobernador en remediar esa deficiencia cooptando opositores). En cambio, el partido Acción Nacional ganó 14 diputaciones y progresó a pasos agigantados en la conquista de gobiernos municipales al ganar 88 ayuntamientos. La coalición de Convergencia, el PRD y el PT quedó en tercer lugar en todas las elecciones. Sus resultados fueron ambiguos, pues si bien alcanzó únicamente tres triunfos legislativos, retuvo o avanzó en el Gobierno de 43 municipios.

Estas fuerzas opositoras al PRI fueron abatidas el domingo pasado. Las cifras del Instituto Electoral veracruzano no dejan lugar a dudas (aunque los totales pueden no ser significativos en comicios en que importa la división distrital y municipal). En la elección de diputados el PRI arrasó, pues quedó primero en 28 de las 30 diputaciones, con un total de 1 millón 236 mil votos, casi medio millón por encima del PAN y setecientos mil votos arriba del PRD-Convergencia. El PRI obtendrá en el reparto de curules por representación proporcional dos asientos más, es decir acumulará 30 de los 50 votos posibles. Acción Nacional compensará sus solitarios dos triunfos de mayoría con 13 de representación proporcional. Completarán el cuadro legislativo cuatro perredistas, dos miembros de Convergencia y uno del partido local Revolucionario veracruzano.

En el terreno municipal fue semejante el desastre panista. Aunque ganó Boca del Río, un enclave que importaba centralmente al PAN porque su candidato es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, que administra el ISSSTE en nombre y representación de Elba Ester Gordillo, perdió el puerto de Veracruz que había ganado en las cuatro elecciones recientes. En total, se quedó con sólo 31 municipios, ¡cincuenta y siete menos! que los ganados hace tres años. La pérdida perredista (con sus aliados) fue abrumadora aunque menos contundente en cifras relativas, ya que al pasar de 43 a 21 sólo perdió la mitad.

Varios factores explican la restauración priista. Por un lado, como ocurrió en Yucatán (donde el tricolor o rojo, recuperó la gubernatura) el desgaste de los gobiernos municipales panistas se acentuó, o por lo menos quedó claro que no constituían realmente una alternativa sino que eran considerablemente similares a los del PRI.

Por otra parte, el gobernador Herrera y el vasto aparato a sus órdenes desplegaron un activismo a la antigua usanza, que condujo a la Oposición a caracterizar el proceso comicial como una “elección de Estado”. Formado y fogueado en el uso de recursos públicos para impulsar a sus candidatos, Herrera no reconoció límites en su clientelismo. Al reparto de las cosas habituales (despensas, materiales para construcción) añadió ahora la distribución de útiles escolares con la enseña de la campaña priista: Fidelidad por Veracruz, el Diccionario Fiel, que denotan el culto a la personalidad, otra de las notas de la cultura política del Ejecutivo. La falta de escrúpulos del aparato llegó al extremo de aprovechar la entrega de ayuda a damnificados del huracán “Dean” para hacer propaganda.

Dado que en elecciones de alcaldes la diferencia entre ganar o perder está señalada en municipios pequeños, escasamente poblados, por un puñado de votos, las alianzas concertadas por Herrera fueron eficaces. Relacionado de antiguo con Elba Esther Gordillo (que fue, todavía priista, factor relevante en su campaña para ser gobernador) el Ejecutivo local mantuvo, ahora él, su fidelidad a la profesora, que hoy encabeza un partido formalmente rival asociado con frecuencia con el PAN, firme antagonista electoral del partido de Herrera. Con el Panal se alió el PRI en 196 municipios. Herrera llevó a su coalición también a Alternativa, que por ese equívoco camino puede ufanarse de haber ganado sus primeros dos ayuntamientos, en los minúsculos municipios de Atzacan y Coetazala, en el segundo de los cuales se abrieron sólo tres casillas.

Digamos al margen de la elección veracruzana que el aparente buen negocio que hizo el presidente de Alternativa Alberto Begné al pactar ese vínculo con Herrera (que le significará financiamiento como si hubiera ganado tres por ciento de los votos) podrá resultarle contraproducente en términos personales. No será remoto que lo venza Patricia Mercado en la lucha por controlar el partido.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa

Ugalde chantajista

Plaza Pública

Habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño.

La posibilidad de que se plantee la renovación total o parcial del Consejo General del IFE como parte de la inminente reforma electoral sacó de sus quicios al consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Emprendió una intensa campaña mediática en que hizo equivaler su presencia en la presidencia del órgano electoral a la autonomía del propio instituto. E incurrió en el chantaje, en dos vías: predijo que sustituirlo a él y/o a sus compañeros significaría reconocer que hubo fraude electoral el año pasado, para esconder que el consejo carece de la confianza partidaria no sólo por factores como ese; y aun demandó el auxilio del presidente Felipe Calderón, en obvio canje de favores, para impedir su remoción.

Ajeno a la materia electoral -ése era uno de los flancos débiles de su designación- Ugalde ignora que dos reformas electorales anteriores implicaron el desplazamiento de miembros del consejo general del IFE. En su provecho, y el de quienes suponen revanchismo en los partidos, conviene recordar esos dos antecedentes. Cuando se creó el Instituto Federal Electoral, en 1990, para atenuar la presencia formal del gobierno y de los partidos, se introdujo en el seno del nuevo órgano una presencia presumiblemente ajena a uno y a otros, los consejeros magistrados. Propuestos por el Presidente de la República y elegidos por la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de aquel año, debían permanecer en su cargo siete años. Pero antes de cumplir cuatro fueron reemplazados por la reforma al artículo 41 publicada el 19 de abril de 1994, porque fue creada la nueva figura de consejeros ciudadanos. De esa manera, por ministerio de ley, sin causa atribuible a ninguno de ellos, cesó anticipadamente la función de las consejeras Sonia Alcántara Magos y Olga Hernández Espíndola y los consejeros Manuel Barquín, Luis Espinosa Gorozpe, Germán Pérez Fernández del Castillo y Luis Carballo Balvanera (que había reemplazado a Luis Tirado Ledesma). Ninguno de dichos integrantes del consejo general, conocedores del derecho, objetó su remoción.

Fueron sustituidos, en mayo de 1994, por los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. Elegidos para sólo ocuparse del proceso electoral cuya jornada de emisión y recepción del voto tuvo lugar no el primer domingo de julio sino excepcionalmente el tercer domingo de agosto, la Cámara de Diputados les extendió un nuevo nombramiento en diciembre siguiente, duradero por siete años. Una segunda reforma electoral, sin embargo, tronchó ese periodo antes de que se cumpliera el segundo año de su vigencia. Los consejeros ciudadanos dejaron de serlo mediante la prohibición a ser reelegidos, establecida en el artículo tercero transitorio de la reforma publicada el 22 de agosto de 1996. Ni por asomo hubiera ocurrido a los consejeros cuya función concluía de esa manera objetarla jurídicamente y menos aún atribuirla a una venganza de los partidos. Por lo contrario, en la sesión de consejo general del 10 de octubre de ese año representantes de los partidos con mayor número de votos y presencia parlamentaria aplaudieron su desempeño en términos inequívocos: Enrique Ibarra, representante del PRI, dijo: “Sin ambages, quiero externar mi más pleno reconocimiento, de parte del Partido Revolucionario Institucional, a la función y el desempeño, y reconocer lo positivo del rol de los seis señores consejeros ciudadanos”. El entonces senador panista Juan de Dios Castro Lozano los consideró “personas que por su preparación, pero sobre todo por su acendrado patriotismo, por encima de todo vieron por el bien del país”. Y el entonces diputado Leonel Godoy, del PRD vio en ellos a “seis destacados mexicanos, seis patriotas que cumplieron cabalmente su función”.

No obstante esos juicios, se determinó que los consejeros no integraran el nuevo consejo electoral. Ellos mismos, antes de ser objeto de esa suerte de “despido constitucional”, que por supuesto ninguno impugnó jurídicamente, habían razonado y expresado en público su convicción de que nueva legislación requería un nuevo órgano electoral por lo que manifestaron su decisión de dejar sus cargos en cuanto quedara aprobada la reforma. Ugalde se equivoca, pues, al suponer que se trata de un asunto personal. Sin embargo, habría motivos para su remoción aun si los partidos se colocaran en esa posición, de examinar el origen de su nombramiento y su desempeño. La circunstancia interna del PRI mudó al punto de que la promotora de la designación de Ugalde es manifiesta adversaria del partido en cuyo nombre impulsó la integración del consejo general. Si la selección de los consejeros correspondió a intereses que ahora son ajenos y opuestos a los del PRI, malamente se puede pedir a ese partido que sostenga al consejo formado en octubre del 2003, especialmente en la coyuntura de una reforma electoral. El desempeño del consejo el año pasado quedó por debajo de las exigencias de la delicada situación en cuyo centro se hallaba. La insolencia deliberada de Ugalde de anticiparse dos meses a la declaratoria de presidente electo, al proclamar ganador a Calderón, en una sesión en que ni siquiera tenía uso de la palabra, enfermó irremediablemente esa porción del proceso. Pero no es por ello que debe renunciar, si su escasa sensibilidad se lo dictara, o ser removido, sino porque nuevas leyes requieren nuevos aplicadores.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa

Jóvenes panistas

Plaza Pública

Todavía era secretario general del PAN Manuel Espino cuando en julio de 2004 impulsó la elección de Juan Carlos Mondragón como secretario de Acción Juvenil. Ya presidente del partido, a través de Mondragón, Espino buscó prolongar su influencia en el sector de los jóvenes y ambos favorecieron la candidatura de Héctor Rivera. Pero en la Oficina de la Presidencia, la de Juan Camilo Mouriño se había tomado otra decisión, la de hacer elegir a Juan Carlos Martínez Terrazas, nacido en Chihuahua, pero con militancia en Cuernavaca. Con el apoyo de ex dirigentes juveniles con notorio relieve actual, como César Nava y Rogelio Carbajal, Martínez Terrazas fue efectivamente elegido, en la octava asamblea nacional juvenil efectuada en Tlaxcala el 7 de julio. Pero, impugnada esa victoria, el lunes pasado el comité nacional anuló el proceso de elección, por “irregularidades que lo alejan de la práctica democrática, principios y valores que defiende y representan al Partido Acción Nacional”. Espino pudo evitar de ese modo que se consagrara la recuperación del liderazgo juvenil por la corriente que ha estado cercana, desde que todavía no era aspirante presidencial, a Felipe Calderón. La principal acusación contra Martínez Terrazas era que se presentó y dio muestras fehacientes de su dicho, como el candidato de Calderón. Un operador electoral muy cercano al ahora presidente, el chihuahuense Jorge Manzanera (a quien Calderón envió en mayo a trabajar el proceso yucateco, causando el enojo de Espino, porque acaso su tarea fue evitar que ganara el candidato panista Xavier Abreu) manejó su candidatura. Tan ostensible era, en vísperas electorales, ese apoyo desde Los Pinos, que una tercera candidata, Claudia Caballero, prefirió a última hora retirarse de la contienda, denunciando precisamente la injerencia de la Oficina de la Presidencia. No era una aspirante indefensa: es diputada federal, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional y es integrante del comité estatal de Nuevo León. Trabajó en el sexenio pasado en la secretaría de Desarrollo Social, cuya titular era Josefina Vázquez Mota.

Para impulsar al candidato oficial se habría hecho correr mucho dinero, con el que se sobornó a delegados con viajes todo pagado y se habría hecho presión sobre funcionarios federales y estatales a los que se amagó con el despido si no apoyaban a Martínez Terrazas. Se habría puesto a su servicio, igualmente, un retén de la Policía Federal, para evitar que delegaciones donde no contaba con mayoría, llegaran a la asamblea, donde ganó con el 58. 97 por ciento de los 2,692 votos posibles, contra 41.13 por ciento de Rivera.

Mal profeta, el secretario general del PAN José Espina von Roehrich –él mismo antiguo dirigente juvenil, por renuncia del que en esa oportunidad fue elegido— dijo a Martínez Terrazas, al concluir la asamblea, que su triunfo “producto de esta votación, no se cuestiona”. Sí fue cuestionado, sin embargo y anulado. Contra esa decisión, a la que se opusieron los ex jefes juveniles Nava y Carbajal, el frustrado dirigente irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podría darse el caso, como ha ocurrido con dirigentes estatales, que la justicia electoral se sobreponga a decisiones de los órganos internos del PAN. Salvo dos líderes juveniles muy dueños de sí (Manuel Rodríguez Lapuente y Hugo Gutiérrez Vega) que terminaron fuera del partido, la relación de los jefes nacionales con quienes encabezan a los jóvenes ha sido tersa, especialmente cuando eran designados por el comité nacional y no elegidos lo que ocurre sólo a partir de 1984.

El primer responsable juvenil, Jesús Hernández Díaz, fue nombrado por Manuel Gómez Morín sólo en 1946, siete años después de fundado el partido, no obstante la gran afluencia de jóvenes a esa organización. Apodado El chino, pintor meritorio, Hernández Díaz había sido presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la mayoría los cuales ingresó al partido fundado por el Maestro. Durante largo tiempo, sobre todo después de que se marcharon Rodríguez Lapuente y Gutiérrez Vega (fogosos y eficaces oradores en la campaña presidencial de Luis H. Álvarez, en 1958), el comité nacional no consideró necesario lidiar con jóvenes formalmente agrupados en sus filas. Fue sólo hasta 1978 cuando el presidente Abel Vicencio Tovar encargó la organización del sector a Carlos Castillo Peraza, cuyo trabajo condujo a una primera asamblea nacional, efectuada en Morelia, en que fue elegido Guillermo Castillo, que renunció por razones personales. Tras ese comienzo frustrado, Luis H. Álvarez encargó en 1987 a Felipe Calderón una nueva reorganización del sector y entonces se creó la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. En 1989, la segunda asamblea eligió a Saúl Ruiz Arriaga, que a medio camino prefirió ser diputado local en Chihuahua (por lo cual quedó en su lugar Espino von Roehrich). La situación se regularizó a partir de 1992, cuando fue elegido Cristian Castaños y desde entonces, cada tres años fueron elegidos los sucesores: César Nava, a quien se augura la presidencia de su partido desde marzo del año próximo; el diputado Carbajal, Alberto Torres Torres y Mondragón Quintana.

Mouriño da la cara en los conflictos internos para no comprometer directamente a Calderón, pero todo el mundo sabe de qué trata. Por eso es válido hablar de enfrentamiento entre espinistas y calderonistas. En este lance juvenil esas corrientes están ahora empatadas.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa

¿Terrorismo o ineptitudes?

Plaza Pública

La noche del viernes 22 de junio un rayo cayó sobre el tanque TV 112 en la refinería de Pemex en Cadereyta, y el incendio causado por ese “problema meteorológico fuera de control” según explicó la empresa en un comunicado oficial, se propagó al tanque vecino, TV 111, ambos llenos de gasolina lista para su distribución.

Una semana después, a la una de la mañana del 5 de julio, casi simultáneamente se produjeron en dos ductos cuatro siniestros, en sendos municipios del estado de Guanajuato, en dos de los cuales fue preciso desplazar a miles de pobladores. Se presumió que al “ordeñar” un ducto de gasolina se provocó una pérdida de presión que causó un incendio. Pero no se precisó que había ocurrido con que el que conducía gas, cuyo suministro fue debido interrumpir. Anteayer nueve de julio, también a la una de la mañana, se detectó otra “pérdida de presión inusual” en un gasoducto, a la altura del municipio de Corregidora, Querétaro, ocasionada por una explosión e incendio que afectó tres ductos.

Apenas horas después de este último suceso el Ejército Popular Revolucionario, un grupo guerrillero que de tanto en tanto, desde hace once años, realiza acciones militares, se atribuyó haber causado esos siniestros que, sin duda tienen características comunes: se atribuyó a una sola causa efectos múltiples, ocurrieron en la noche o la madrugada y no produjeron daños personales. El EPR llamó “acciones quirúrgicas de hostigamiento” a la colocación de “8 cargas explosivas en los ductos de Pemex”, pero no explica cómo actuó en el caso de Cadereyta, si bien con sarcasmo niega que un rayo hubiera causado el incendio de dos tanques en aquella refinería.

Informó el EPR que “ha sido puesta en marcha una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y este gobierno ilegítimo”, y que tales “acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca”.

El dos de junio el EPR había demandado ya la presentación de esas dos personas, detenidas de manera fortuita por la Policía Estatal. El seis de junio la Liga mexicana por la defensa de los derechos humanos presentó a la Organización mundial contra la tortura una denuncia sobre esa desaparición, e identificó a los presuntamente detenidos como “militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, brazo político del Ejército Popular Revolucionario”. Muy tardíamente, un mes después, el procurador oaxaqueño Evencio Nicolás Martínez Ramírez, negó que miembros de la Policía ministerial hubieran detenido a esas personas, que no se encuentran por lo tanto en los separos de esa corporación. Negó también que se hayan solicitado órdenes de aprehensión o de presentación contra ellos.

Nadine Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya, ha explicado que su padre, comerciante, atiende una tienda de abarrotes en la Ciudad de México y periódicamente viaja a Oaxaca, de donde es oriundo, a visitar a su madre. Salió de su domicilio el 23 de mayo, pero no llegó a su destino. Su familia no supo nada de él hasta que el 4 de junio su hija se enteró que había desaparecido y de que el PDPR “lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mí, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que ese grupo lo reivindicaba... lo cual nos llenó de miedo”.

Fundado el primero de mayo de 1996, pero aparecido en público el 28 de junio siguiente, el EPR surgió de la fusión de dos grupos guerrilleros actuantes en los años setenta en Oaxaca y Guerrero: el Partido Revolucionario Obrero Campesino-Unión del pueblo (Procup) y el Partido de los Pobres, organizado un cuarto de siglo atrás por Lucio Cabañas. Ha practicado diversas acciones armadas en varios estados, además de los dos de su origen: Puebla, México, Chiapas, Tabasco y Michoacán, pero nunca se había manifestado donde ahora dice que actuó: Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Su comunicado contiene elementos que dan verosimilitud a su reivindicación y otros que se la restan. Ciertamente hay una denuncia pública, no formalizada ante el Ministerio Público, de la desaparición de dos personas, cuya libertad o presentación se busca a través de estos medios violentos.

También es objetivo el hecho de que ocurrieron afectaciones a bienes de Petróleos mexicanos, de índole semejante y rasgos comunes (nocturnidad, efectos múltiples) en el breve lapso de dos semanas o poco más. Pero su información sobre los hechos en Guanajuato y Querétaro no difiere de la publicada en cada caso y es notorio que omita puntualizar su actuación en Cadereyta.

De cualquier modo, el EPR ha colocado a la PGR en un predicamento. Si en efecto cometió los atentados y la indagación ministerial no se había percatado de ellos, la Procuraduría habría mostrado una temible ineptitud pues por su negligencia no estaría en situación de proteger los intereses generales y los de Pemex. Si estaba al tanto de la causa verdadera y prefirió ocultarla, tendrá que explicar por qué lo hizo, pues la prevención de nuevos episodios como los ocurridos sólo es posible si se conoce que un peligro se cierne sobre la sociedad. En cualquiera de las dos situaciones, y aun si se niega veracidad al EPR, más valdrá encender las luces de alerta y reforzar los mecanismos de seguridad.

Kikka Roja

Ackerman, Meyer, Crespo, Granados Chapa : Casa Lamm : Audios

Conferecia: La Lucha por la Presidencia, en Casa Lamm, jueves, 5 de julio, a las 19:00 horas
John Ackerman, Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo, Miguel Ángel Granados Chapa

http://www.divshare.com/download/1198069-242


http://www.divshare.com/download/1198070-4c2


http://www.divshare.com/download/1200429-454


http://www.divshare.com/download/1198072-bcc



Organizadores : José Agustín Ortíz Pinchetti

• Hay pruebas del fraude y son datos y cifras oficiales, el mismo gobierno las aportó.
• Violaron nuestros derechos ciudadanos.
• No nos gusta el sistema de partidos políticos pero No tenemos Más remedio que seguir votando porque es nuestra única arma.
• La movilización organizada es otra arma contra los poderes fácticos y la tenemos que ejercer

Aún no hay certeza sobre quien ganó la elección del 2 de julio, coinciden analistas
2007-07-05

En coincidencia, Lorenzo Meyer lamentó la falta de “voluntad política de quien tiene el mando del aparato institucional” para brindar certeza sobre los resultados de aquellos comicios. México, DF., (La Jornada).- Analistas políticos coincidieron a prácticamente un año de las comicios del 2 de julio, que no hay certeza sobre quien ganó las elecciones presidenciales, si Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón. Enaltecieron, ante ello, las movilizaciones ciudadanas que después del triunfo otorgado por las autoridades electorales al panista, se han venido dando, en protesta por el fallo.

John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al abrir el foro “La lucha por la presidencia. Busquemos la verdad”, organizado por el “gobierno legítimo de México”, en Casa Lamm, sostuvo que “no hay certeza en la elección, no sabemos quien ganó” por la negativa oficial al acceso de las boletas electorales. Así que sostuvo, ante decenas de personas que abarrotaron el lugar, “tenemos una democracia endeble, en cierto grado de descomposición” que hace necesario “un cambio fundamental en la relación de gobernantes y ciudadanos”.

En coincidencia, Lorenzo Meyer lamentó la falta de “voluntad política de quien tiene el mando del aparato institucional” para brindar certeza sobre los resultados de aquellos comicios. Después del 2 de julio de 2006, sostuvo, “hay un ambiente en parte del electorado de frustración, de enojo, como que se ha cerrado una puerta que teníamos derecho a tenerla abierta”. Lamentó que a estas alturas se mantenga dividida a la sociedad mexicana, “como en el siglo XIX, entre conservadores y liberales”. Coincidió con Ackerman en que “nos dejaron en una situación vergonzosa”, porque “no podemos decir si (Calderón) ganó o no”. Parece que en México, sostuvo, “hay una cierta vuelta a la atmósfera de la guerra fría, con ese espíritu de ver al otro como enemigo interno y hay que acabarlo”.

A su vez, José Antonio Crespo lamentó que no hubiera “voluntad de los órganos electorales para llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias”, al no permitir el conteo de cada una de las actas con inconsistencias, pese al estrecho resultado (0.6 por ciento) de supuesto triunfo del panista. En el Instituto Federal Electoral sabían, afirmó, que si lo permitían afectaban la certeza de los comicios, mientras al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “le dio miedo recontar los votos y que se tuviera que anular la elección” presidencial.

Miguel Angel Granados Chapa, en tanto, pidió “no resignarnos a admitir esa imposición (la de Felipe), en el sentido de desmovilizarse”, y conminó a conducirse con “sagacidad, en organización y participación ciudadana”. Desmontemos, afirmó, “los mecanismo de imposición, de falsía, de traición”.

Finalmente, Florence Toussaint pidió no perder de vista a los grandes medios de comunicación y lamentó que después del fallo en favor de Calderón muchos intelectuales y algunos “simples ciudadanos”, señalaran que hubo inequidad, inexactitud e irregularidades pero fraude no, cuando de acuerdo con el diccionario, esta palabra significa cualquier actividad ilegal que induce a engaño con el fin de procurarse beneficio.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

El extraño caso de Zhenli Ye Gon

Plaza Pública

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el Gobierno se le involucra en “lavado” de millonarias sumas de dinero en dólares y un secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinadas a la campaña de Felipe Calderón. El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada “a buscar un arreglo que beneficie a su cliente”. El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado “había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional”. Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran ciento cincuenta mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.

En la siguiente semana el abogado del prófugo de la justicia presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un “deal” entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la Procuraduría mexicana que la calificó de “inescrupulosa” destinada “inútilmente a chantajear al Gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles”. Carente de lógica, el relato de Zhelin Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN “es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula”, la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso.

Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del Gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese Gobierno “que nada tiene que ocultar ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso”. Igual apresuramiento y error cometió el secretario Del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista –apenas la semana pasada se afilió al partido— pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante “acusaciones...falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas”. Tanto él personalmente, como el Gobierno según dijo la PGR, se reservaron “el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas”.

Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon y que estaba embargada en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por “Javier Alarcón” para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero. Rogelio de la Garza –abogado en México de Zhenli Y Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes— apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ning Ye a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP.

Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer no por su boca sino por el Gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) supone que están en la Reserva federal norteamericana, lo que de ser cierto es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhelin Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Infamia laboral hidalguense

Plaza Pública

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene 46 años de edad. Exactamente la mitad de ese lapso la sirvió en la cátedra y la investigación el doctor Pablo Vargas González. Despedido por capos universitarios –no puedo llamarlas autoridades porque en ningún sentido lo son—, ahora la justicia laboral ha determinado que el trabajo de este académico, único miembro de la UAEH que pertenece al nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vale poco más de mil pesos por año. Vargas González se preparó concienzudamente para las tareas universitarias, en su alma mater hidalguense y en otras instituciones, hasta alcanzar el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara –a lo que añadió todavía un post doctorado—. Ha escrito y participado en más de veinte libros y ha publicado más de sesenta artículos arbitrados, la mayor parte de ellos sobre la estructura política de Hidalgo y sus procesos electorales.

Era coordinador del área de ciencia política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la universidad hidalguense, cargo del cual fue destituido sin explicación y desde luego sin causa legítima, pues cumplía escrupulosamente y aun en exceso sus deberes profesionales. Por ello permaneció como coordinador del cuerpo académico de ciencia política y administración pública del propio instituto hasta el 3 de enero de 2006, cuando se le echó de manera intempestiva y violenta no sólo de su oficina sino de la Universidad, que de ese modo lo despidió sin que se hicieran constar las razones. Y es que no podían expresarse los motivos porque no los hay, desde la perspectiva académica. Y los reales, que surgen de la represión ideológica, pues castigan la militancia política del doctor Vargas en la izquierda, no pueden ser puestos por escrito porque avergonzarían a quienes pretendieran justificar el despido con esos móviles, por mayor inverecundia que prive en la universidad de Hidalgo. Verbalmente, eso sí, se hizo saber a Vargas que no cabía en el proyecto político del director del ICSH, Adolfo Pontigo y que su presencia no convenía porque era comunista. Lo acusaron también de hacer “proselitismo político”, ¡en la universidad hidalguense, enclave priista si los hay, donde se obliga a los estudiantes a acudir a actos de campaña de los candidatos tricolores!

Sorprendido por el artero ataque, pero no perplejo y mucho menos pasmado, Vargas González creyó posible resolver el conflicto iniciado con su despido dentro de los cauces universitarios. Cuando se convenció que no sería así, acudió en queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Desde el comienzo de esta fase de su lucha percibió la condición cenagosa del terreno en que se movía: el abogado al que la Universidad contrató para enfrentarlo en el litigio laboral, José López Daniel, es el asesor jurídico personal de Gerardo Sosa, todavía poder verdadero y único en esa institución. El presidente de la junta laboral, Andrés Navarrete, es profesor del Instituto del que despidieron a Vargas o sea que su criterio estaba claramente sesgado a favor de su propio empleador. Los abogados de la universidad (Francisco Fonseca y Fidel Hernández sustituyeron a López Daniel cuando Sosa le encargó otros asuntos) argumentaron que no hubo despido alguno y que, al contrario, Vargas había renunciado voluntaria y expresamente. Exhibieron un papel presuntamente firmado por el catedrático despedido, donde éste habría dicho estar “cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas”. La expresión es contraria a las convicciones de Vargas y sólo fue posible atribuírsela por tratarse de una falsificación. El afectado adujo un peritaje grafoscópico que mostró que no era su firma la que calzaba aquel papel. Y sin embargo, la Junta lo tuvo por bueno y en él basó su laudo, que consistió en decir que el empleador había probado su dicho, no así el profesor. Así se manifestó la junta, con notorio cinismo, después de haber rechazado 24 de las 43 pruebas ofrecidas por el ofendido.

La desvergüenza de la junta fue más allá. “Condenó” a la Universidad, como única prestación debida, a pagar el importe de la prima vacacional: 29 mil 251 pesos, apenas más de mil pesos por cada uno de sus 23 años de trabajo, ejercidos con creciente calidad por su ininterrumpida preparación. Los abogados de la Universidad habían llegado a plantear un arreglo, en la etapa de conciliación, en el que incluían una oferta de hasta setecientos mil pesos como indemnización. Vargas no los aceptó porque ha insistido en ser reinstalado en su plaza, no sólo por vocación académica sino como prueba de que fue despedido arbitrariamente. Navarrete, el presidente de la Junta donde representa al Gobierno Estatal se ufana de haber votado a favor de Vargas. No lo hizo, cuando más votó en contra de la ridícula e infame indemnización, cuando lo que debió hacer es excusarse por su condición de juez y parte (empleado que es, como hemos dicho, del empleador). Pudo votar como lo hizo porque estaba garantizada la mayoría de dos votos favorables a la Universidad, el de su propio representante y el del sindicato académico de la misma institución, organismo gremial adosado a Sosa, sujeto a las órdenes de la patronal, que traicionó a Vargas, no obstante que es miembro de esa agrupación,

“Obra maestra de la infamia” llama el propio Vargas a ese laudo. Tiene plena razón.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Candidatura de Hank Rohn

Plaza Pública

Solicitado el 21 de mayo, el 28 siguiente le fue otorgado registro como candidato a gobernador de Baja California a Jorge Hank Rohn, para que participe en los comicios del 5 de agosto próximo, postulado por la Alianza para que vivas mejor, integrada por el PRI, el partido Verde y un partido local. Acción Nacional impugnó el registro, a cargo del Instituto Estatal Electoral, porque a su juicio el aspirante está en el caso del Artículo 42 de la Constitución local, reformado en 2002. Mañana resolverá el Tribunal correspondiente esa cuestión. Si ese órgano judicial es congruente, debería cancelar la inscripción del aspirante priista, ya que apenas el viernes pasado determinó que esa norma, cuestionada a su vez por el tricolor porque no se cumplieron formalidades en el procedimiento de reforma constitucional, está vigente.

Dicho Artículo 42 ha sido conocido, con ese afán sintetizador (rayando a veces en la simplonería) de los medios de información, como “Ley antichapulín”. No es, ciertamente, una Ley estrictamente sino sólo un artículo constitucional, donde se establecen requisitos de elegibilidad, destinados a evitar -por eso el sobrenombre zoológico- que los políticos salten de un cargo a otro

Dice el texto completo:

“No podrán ser electos gobernador del Estado el secretario general de Gobierno, los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el procurador general de Justicia y los secretarios y directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes de la elección.

Los militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policiacos no podrán ser electos gobernador del Estado, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa días antes de la elección. Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, diputados locales, presidentes municipales, síndicos procuradores y regidores de los ayuntamientos, durante el periodo para que el que fueron electos, aun cuando se separen de sus cargos, con excepción de los suplentes, siempre y cuando estos no estuvieren ejerciendo el cargo”. El tercer párrafo padece una redacción defectuosa, no obstante lo cual puede inferirse que, a diferencia de los casos enumerados en los párrafos anteriores, en el de los legisladores y funcionarios municipales la prohibición de ser postulados rige en todo tiempo “aun cuando se separen de sus cargos”, es decir que se espera de ellos que cumplan el periodo para el que fueron elegidos y no lo dejen a medias en pos de otra responsabilidad.

Ante la posibilidad de ser afectado por esa norma, Hank mismo pidió al consejo del Instituto Estatal Electoral, a través del PRI y en fecha tan remota como julio del año pasado, una interpretación que lo pusiera a salvo de esa prohibición, pues desde entonces era claro su propósito de ser candidato al Gobierno Estatal. Por cuatro votos contra tres consiguió la interpretación deseada, extrañamente a juicio mío y, lo que más importa, del PAN. No obstante el contenido de los párrafos precedentes, con los que el tercero está indisolublemente ligado, dijo el órgano electoral que dicho párrafo “no establece en forma expresa o tácita ninguna prohibición o impedimento para ser electo gobernador....para aquellos funcionarios que se señalan en ese párrafo, durante el periodo para el cual fueron electos y por mismo, como ninguno de esos funcionarios se encuentran (sic, por encuentra) limitados o privados de sus derechos electorales, éstos podrán ejercitarlos (sic, por ejercerlos) con todas las consecuencias correspondientes...”.

Acción Nacional acudió primero al Tribunal estatal local y después al federal en busca de que esa interpretación fuera anulada, pero el órgano de la justicia federal desechó su recurso por circunstancias formales sin entrar en el fondo del asunto. Ahora que el registro se ha concretado, el PAN lo impugnó de nuevo. Eso es lo que resolverá mañana el órgano local. Aunque conforme a la interpretación sistemática lo que establece el párrafo tercero del 42, en sentido contrario a lo dicho por el Instituto electoral, es exactamente una prohibición tajante de ser candidato, aun si se tiene licencia de un cargo de elección, será difícil cancelar el registro de Hank. Quedará, pues con la posibilidad, como lo hizo con el municipio de Tijuana, de recuperar para el PRI el Gobierno Estatal, perdido desde 1989.

Sería un grave infortunio para aquella entidad una victoria de Hank. Su Gobierno estaría regido por la violencia oficial impune, como también lo estaría la practicada por particulares que le fueran cercanos. Un caso gravísimo, que anticipa esa eventualidad, fue narrado por la editora de Zeta Adela Navarro (que junto con René Blancoernelas tomó la estafeta del extinto Jesús Blancornelas) a Julio Scherer García, que lo recoge en su libro La terca memoria, a punto de entrar en circulación. Alberto Hank, hijo del alcalde tijuanense, riñó en un antro con Pablo Francisco Duarte. Como el primero llevara la peor parte, sus guardaespaldas golpearon inmisericordemente al otro rijoso. Sus padres comprendieron que no bastaba con eso para mitigar la ira de la familia Hank y exiliaron al muchacho a Estados Unidos. Pasados unos meses, volvió a Tijuana el 29 de agosto del año pasado. Apareció muerto al día siguiente, “el cuerpo abandonado cerca de la clínica número uno del Seguro Social. Fue golpeado con puños, pies, bats y rematado con tiro de gracia”. No hubo investigación alguna.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Amigos de Fox

Plaza Pública

Sigue habiendo Amigos de Fox. Ya no se agrupan en la asociación civil de ese nombre, que aportó un cuantioso financiamiento paralelo, irregular, por más de doscientos millones de pesos a la campaña panista del 2000, lo que le valió al PAN el triunfo en la elección presidencial, pero también, años más tarde, una voluminosa multa. Los actuales amigos de Fox integran la asamblea de asociados del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox. Entre ellos se cuentan el segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, los propietarios del duopolio de la televisión Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego (así como sus segundos Bernardo Gómez y Jorge Mendoza). Igualmente, Federico Sada González, del grupo Vitro (cuya hija Liliana se casó hace algunos meses ataviada con un traje cuyo diseñador los factura en cifras que van de cincuenta mil a setenta y cinco mil dólares); Olegario Vázquez Raña, quien entró en la radiodifusión con el Grupo Imagen al influjo de la señora Marta Sahagún (que es una de las dos apoderadas legales de la asociación); Lorenzo Zambrano, de Cemex; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa; Carlos Bremer, de Value; Roberto Hernández, que no obstante haber vendido sus acciones es presidente del consejo de Banamex; Eduardo Henkel, quien ganó dinero ofreciendo diversos servicios a Los Pinos en el sexenio pasado, etcétera.

Aquellos Amigos de Fox, los del impulso original, fueron exonerados por la Procuraduría General de la República, cuya fiscalía especializada en delitos electorales, que sirvió para muy poco excepto en este caso, encubrió a los financiadores del ahora conferencista internacional. El expediente ministerial que no condujo a nada acaso contenga revelaciones importantes. Eso lo sabremos cuando concluya el estudio que al respecto emprenda el activista Ignacio Suárez Huape, quien obtuvo del Instituto Federal de Acceso a la Información la posibilidad de examinar ese expediente y acaso obtenga de la inacción ministerial informaciones relevantes. El mismísimo presidente y director de aquellos Amigos de Fox, José Antonio Fernández Ortiz acaba de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública por manejo indebido de recursos públicos. La doctora Assa Cristina Laurel, miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, presentó el 21 de mayo una denuncia de hechos que seguramente se unió a otras evidencias, ya que diez días más tarde concluyó el proceso administrativo contra Fernández Ortiz, quien fue inhabilitado para servir en el gobierno federal durante diez años, y multado por cerca de quinientos mil pesos. No se dio vista, sin embargo, al ministerio público no obstante la posibilidad de que junto a las infracciones administrativas se cometiera un delito. Fernández Ortiz se encargó de Procampo en la Secretaría de Agricultura (cuyo titular Javier Usabiaga es socio también del Centro Fox) y luego pasó a ser titular de la Comisión Nacional de Protección en Salud, responsable del Seguro Popular. Allí incurrió Fernández Ortiz en la conducta por la que ha sido sancionado.

Como si se tratara de "impresión de documentos oficiales" inició la licitación, el 10 de noviembre del 2005, de "servicios para el programa de implementación para el uso de tarjetas inteligentes" es decir "servicios de la infraestructura para la operación, emisión y distribución de 3'700,000 credenciales y soporte para la operación". La fecha límite para adquirir las bases de la licitación fue el 16 de noviembre, menos de una semana después de emitida la convocatoria, y ese mismo 16 se efectuó la junta de aclaraciones, y apenas cinco días más tarde, el 21 de noviembre se abrieron las propuestas. El contrato correspondiente, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2006, se adjudicó a la empresa Image Tecbnology, SA de CV con la participación conjunta de Esiglo SA de CV. El importe de la operación fue de trescientos millones de pesos, pero el 14 de diciembre pasado se ajustó para aumentarlo a 368 millones 460 mil dólares, no obstante que las credenciales no incluyeron la foto y huellas dactilares de los beneficiarios, como se había convenido. Tan inútil resultó la credencialización que el 16 de noviembre del año pasado se sustituyó esa tarjeta, llamada Tu Salud por la Tarjeta Universal de Salud, individual y no familiar como aquella. Por añadidura, "los servicios de expediente electrónico, receta electrónica, registro de consulta y surtimiento de medicamentos tampoco operan" (Reforma, 5 de junio). Fernández Ortiz fue también sancionado porque, junto con Rocío Herrera Herrera, a la sazón directora general adjunta de la comisión, viajó a Hong Kong, Singapur y Tokio, del 31 de enero al 9 de febrero del 2006, con una erogación de 227 mil pesos.

El viaje fue presentado como una visita a la planta Gemplus industrial, donde se elaboraban las credenciales que a la postre resultaron fallidas. En realidad el viaje de Fernández Ortiz no concluyó el 9 de febrero, pues lo prolongó del 10 al 12 de febrero en Hawai, sin justificación alguna y costo adicional de 26 mil pesos. Fernández Ortiz, actuario por la Universidad Anáhuac, se vinculó en León con Fox, a través de la Asociación de industriales de Guanajuato, para la cual manejó los fideicomisos Mi Tienda y Mi Futuro. En el gobierno estatal de Fox dirigió el Centro de Información, Geografía y Estadística, y además se encargó de dos fideicomisos, una de becas y otro para enriquecer con vitaminas la harina de maíz. En 1999 fue coordinador de Amigos de Fox.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Los Sosa presos

Plaza Pública

Hace ya seis meses que los hermanos Érick, Flavio y Horacio Sosa permanecen presos en penales de alta seguridad, los de Almoloya de Juárez en el Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, no obstante que se les procesa por delitos presuntamente cometidos en el estado de Oaxaca, de donde son oriundos y a pesar de que sus juicios están radicados en juzgados oaxaqueños.

Érick Sosa Villanueva fue detenido el 28 de noviembre pasado. Tres días antes se habían cometido tropelías contra edificios públicos en la capital oaxaqueña, probablemente perpetrados por provocadores al servicio del Gobierno de Ulises Ruiz para culpar de ellas a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ajeno a los actos de sus hermanos Flavio y Horacio, Érick corrió la suerte de muchas personas a las que se detuvo sin siquiera formar parte de las movilizaciones contrarias al gobernador. Fortalecido éste con la llegada de la Policía Federal Preventiva el 29 de octubre, Ruiz debía aprovechar el último mes de la Administración de Fox, con la que había llegado a un entendimiento, para poner punto final a la rebelión civil que desde junio anterior demandaba su renuncia. Por eso acudió a la provocación y a las redadas en que decenas de ciudadanos fueron detenidos por el simple hecho de toparse con la Policía, o por apellidarse Sosa Villanueva. Muchos de los aprehendidos sin órdenes judiciales fueron remitidos a un penal de mediana seguridad en Nayarit.

En cambio, a Érick se le trasladó a Matamoros, calificado por el Gobierno como delincuente de alta peligrosidad. Había ordenado su captura un juez de Ocotlán de Morelos, por los delitos de secuestro, lesiones y robo con violencia en perjuicio de ¡dos agentes de la Policía Ministerial!

En los días siguientes se percibió que Ruiz había refrendado su trato con el Gobierno Federal, en trance de relevo. La presencia de los legisladores priistas para asegurar el quórum y el rito de asunción del sucesor de Vicente Fox era parte del arreglo que, por lo que concernía a Oaxaca, incluía sostener a Ruiz a todo costo, pese a la prolongada protesta popular, que la intervención federal había conseguido delibilitar. La directiva de la APPO, que había mantenido un errático trato con el secretario de Gobernación Carlos Abascal y su equipo, se aprestó a continuar la tentativa de diálogo con el nuevo huésped principal de Bucareli, Francisco Ramírez Acuña.

En parte con ese propósito y también para eludir el riesgo de su detención (que se percibía inminente, tras la de su hermano Érick) Flavio y Horacio Villavicencio se trasladaron al Distrito Federal. Dado el carácter de dirigencia colectiva de la APPO, Flavio no era “el líder” de sus movilizaciones, pero se le había identificado como tal debido a la frecuencia con que él expresaba públicamente las posiciones de la Asamblea. Al mismo tiempo, como estrategia on gubernamental se procuraba presentarlo como el dirigente principal a fin de desprestigiar al movimiento, dada la sinuosa trayectoria política de Flavio Sosa.

En vez de tener contacto con la nueva autoridad política federal, los delegados de la APPO lo tuvieron con las policías federales (AFI y PFP), un grupo de cuyos agentes los aprehendió el cuatro de diciembre en la Ciudad de México. Junto a los hermanos Sosa fueron detenidos Marcelino Coache e Ignacio García Maldonado. Con la misma solícita atención con que remitió a Matamoros a Érick, el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (largo y complicado nombre de la dirección de penitenciarías de la Secretaría de Seguridad Pública) recibió en Almoloya (La Palma, luego Altiplano) a Flavio, en quien se concentró la intención de castigar políticamente la insurgencia civil oaxaqueña.

Se han abierto en su contra seis procesos penales, que se ventilan en juzgados de Etla, Ocotlán y Tecolutla. Se le ha imputado la comisión de trece delitos, presumiblemente cometidos durante la movilización civil de cuya dirección ha formado parte. Con suerte diversa, Sosa ha demandado amparo contra los autos de formal prisión. Anteayer, al cumplirse un semestre de su detención le fueron negados amparos en dos de sus causas penales. En cambio le ha sido otorgada la protección de la justicia federal respecto de otros dos procesos. La primera resolución favorable se emitió el 31 de marzo y exoneró a Flavio Sosa del delito de robo de una pipa y una excavadora que le fue imputado por autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El segundo falló lo benefició apenas el 18 de mayo pasado. Una jueza federal no encontró indicios de sus responsabilidad en la toma de la televisora estatal (lo que habría constituido despojo agravado) y el juez penal que ordenó su detención no acreditó su competencia para ocuparse del caso.

La aberrante práctica de juicios a distancia contra los Sosa, pues sus juzgadores están en Oaxaca y ellos presos a cientos de kilómetros, genera daño procesal a los agraviados, a los que no se responde su exigencia de ser trasladados. Su permanencia misma en establecimientos penitenciarios de la Federación es una grave irregularidad, pues las cárceles federales sólo deben recibir procesados del fuero común en circunstancias excepcionales y tras practicarles estudios que muestren que se trata efectivamente de reos que requieran ser recluidos en penales de alta seguridad.

Ninguno de esos requisitos se cumplió en estos casos. Por lo menos debe exigirse que los Sosa vuelvan a Oaxaca.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Muerte en el retén

Plaza Pública

Hasta el mediodía del lunes cuatro, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes primero de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de 5 años. Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes abrió fuego" (Noroeste.com, 2 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona Militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños.

Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo, porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el hospital general (de Badiraguato) se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 2 de junio). Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban: Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes; ... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, cuatro de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta), manifestó". (Noroeste.com, 2 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados". Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez de quince años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com, 4 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El dos de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

A pesar de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, no se ha producido ninguna detención. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Badiraguato, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Tampoco se responsabilizó a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Destrucción de boletas y algo más

Plaza Pública

En su sesión de hoy, el consejo general del IFE acaso tome un acuerdo que completará el pernicioso papel que desempeñó en el proceso electoral del año pasado, sobre todo a partir del dos de julio. Contraviniendo su propia decisión, se apresta a fijar fecha para la destrucción de las boletas electorales que, estando indisponibles para los ciudadanos, estarán disponibles para las piras, los hornos, las trituradoras o las máquinas de reciclaje.

Es clara la norma legal que ordena esa operación final para esa porción de la papelería electoral. Se incluyó en el código ese precepto para santificar la bárbara operación política que eliminó la evidencia del fraude que tal vez fue cometido en 1988 y del que sólo podemos hablar en esos términos precisamente porque se hizo desaparecer uno de los dos extremos con que es posible alcanzar certidumbre electoral, las papeletas mismas de la votación, sin las cuales el valor de las actas en que presumiblemente se recoge el resultado de urnas se reduce al mínimo. Pero esa norma, como todas, fue concebida para la normalidad y por lo tanto no es aplicable en la situación política mexicana surgida el dos de julio y agravada en agosto y septiembre pasados, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ilegalmente los juicios de inconformidad (el trámite de algunos de los cuales requirió la apertura de paquetes electorales) y cuando calificó la elección.

Admitiendo esa anormalidad, que se expresaba en peticiones ciudadanas para tener acceso a esa parte de la documentación electoral, el consejo general del IFE acordó el 15 de diciembre pasado aplazar la destrucción de los paquetes que contienen las boletas hasta que causen estado los procedimientos legales surgidos de las solicitudes de acceso. Y a pesar de que esos procedimientos están todavía en curso, asaltó la prisa al menos a algunos consejeros, que a última hora incluyeron en el orden del día de la sesión de hoy la fijación de la fecha para acabar con los paquetes.

Por un lado el semanario Proceso, representado para estos efectos por el reportero Daniel Lizárraga y por parte la reportera Delia Angélica Ortiz, que en aquel momento trabajaba para Hoy por hoy, de XEW, solicitaron acceso a la paquetería electoral. La periodista se interesaba sobre todo en el examen de los votos por las candidaturas no registradas, mientras que el semanario buscaba un recuento total, no el voto por voto demandado por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, puesto que no podía generar efectos legales como los que se propusieron los votantes que se sintieron defraudados. Ya que el Tribunal Electoral había abdicado de su cometido constitucional de generar certidumbre sobre el proceso comicial, Proceso supuso posible que grupos de ciudadanos, sin más propósito que la transparencia, examinaran el contenido de los paquetes y lo cotejaran con las actas.

Sí, se dijo entonces que esa operación había sido realizada ya por los ciudadanos responsables de la mesa de elecciones y que se les ofendía al expresar la pertinencia de un ejercicio análogo al que ejecutaron el dos de julio. Pero no se trataba de descubrir errores e imputar fallas, sino de propiciar claridad donde hubo confusión y transparencia donde privó la opacidad.

Una y otra vez el IFE rehusó el acceso solicitado y los peticionarios acudieron a la justicia electoral. El 25 de abril pasado el Tribunal emitió una resolución en apariencia ambigua, pero con el mismo claro sentido restrictivo que las resoluciones del otro órgano electoral. Le asestó un severo tirón de orejas pero no por lo que dijo sino por el cómo lo dijo.

En una contundente lección el Tribunal enseñó al IFE cómo expresar su negativa, pero avaló esa respuesta. Generó al efecto, como ha expresado John M. Ackerman, una nueva categoría en el ámbito del derecho a la información. La Ley de transparencia sólo reconoce tres clases de información: la confidencial, la reservada y la pública. Los magistrados del órgano superior de justicia electoral añadieron la información indisponible.

Incurrieron, al hacerlo, en el error lógico llamado petición de principio, en una tautología. Declararon, como condición del material requerido su indisponibilidad, circunstancia que era la que se pedía modificar. Crearon un círculo vicioso; los paquetes son indisponibles porque son indisponibles, en vez de genera para ese material la nueva condición jurídica de su disponibilidad. Consumada su intervención el 16 de mayo, se interpretó que el IFE había recibido la señal de ir adelante en el cumplimiento de su facultad legal de destruir las boletas. No es así, porque el órgano electoral se impuso una atadura, la de aguardar a que los procedimientos de impugnación concluyan. Hay por lo menos dos en curso. Por un lado la reportera Ortiz Trujillo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está en espera de que se dicten medidas cautelares, que precisamente impidan la destrucción antes de que su solicitud sea satisfecha.

Por otro lado la Suprema Corte revisa si fue lícita la intervención de un juzgado administrativo de amparo que dictó sentencia adversa a Proceso.

Abordar hoy el tema, en esas condiciones procesales y más todavía resolverlo y fijar fecha para eliminar la paquetería cuanto antes y no en vísperas de dos de julio validará la idea de que el consejo general del IFE protagoniza el más grave retroceso en la historia de los comicios en nuestro país.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Pantalla canalla

Plaza Pública

Javier Corral está en la mira de las televisoras, que llevan su imagen deformada a la porción canalla de su pantalla. Al duopolio irrita sobremanera el activismo de muchos años, acentuado en los meses, semanas y días recientes, que despliega el ex diputado local, federal y senador chihuahuense en torno a los medios de comunicación. Su papel en la impugnación legislativa primero y judicial ahora, a la reforma a las Leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, que de modo sintético se ha llamado Ley Televisa le ha merecido una nueva demostración de dolo contenido o desembozado pero dolo al fin, con que las televisoras atacan a quien a su juicio pretende lastimar sus intereses.

Desde la semana antepasada, cuando la Corte inició la etapa preparatoria del debate sobre la acción de inconstitucionalidad que busca invalidar aquella reforma, TV Azteca ha dedicado buena parte de sus noticiarios a intentar el desprestigio de Corral y otros promoventes de aquel recurso judicial. En particular se persigue cuestionar su solvencia política al presentarlo, fuera de contexto, como partidario de autonomizar la Cofetel, siendo que en la acción de inconstitucionalidad sostiene lo contrario. Corral buscó dar respuesta a los señalamientos, pero se le negó acceso al micrófono con estas expresiones: “No señor Corral, lo que usted quiere es su programa de media hora, cuando el respetable sólo quiere que nos diga si firmó o no la iniciativa que pedía la autonomía de la Cofetel”.

Ignoro si el ex senador demandó el derecho de réplica verbalmente o se atuvo al absurdo y estéril procedimiento incluido desde el diez de octubre de 2002 –y sólo entonces— en el reglamento de la Ley federal de radio y televisión, que supuestamente permite a toda persona refutar un material “que no cite la fuente de la cual extrajo la información” y el afectado considere que “los hechos que lo aluden son falsos o injuriosos”. El reglamento obliga a solicitar la réplica por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la difusión que la provoca y no señala término para la aceptación o rechazo de la solicitud, que se deja al libre arbitrio del concesionario. Eso sí, dice muy oronda la norma reglamentaria, como si pudiera ocurrir de otro modo, ante la negativa “el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”. Si alguien tomara en serio esta cláusula, podrá esperar que alguna vez, dentro de varios años, se aclare una información que en su momento produjo efectos de ese modo irreparables.

En la emulación ofensiva que empareja a una televisora con la otra, para ver cuál es peor en la defensa de sus negocios, Televisa difundió el jueves pasado un comunicado en apariencia puramente noticioso, pero que es la porción mediática de una ruin maniobra para presentar a Corral como deudor insolvente y si la suerte ayuda, hasta a despojarlo de su patrimonio. Se leyó un comunicado de Televisa de occidente que da cuenta de una sentencia, todavía no notificada al afectado, del un juez civil de Chihuahua que condena al ex legislador al pago de publicidad contratada y no sufragada, como si Corral fuera un timador vulgar a quien ni siquiera amables diligencias extrajudiciales fuerzan a cumplir sus compromisos. Como senador de la República, presidente de la Comisión de comunicaciones y transportes, Corral impulsó durante un año entero –de diciembre de 2002 a noviembre siguiente, cuando pidió licencia— un proyecto de Ley de medios que sin perjuicio de intereses legítimos abriera la comunicación colectiva a la diversidad de actores que conviven en una sociedad plural.

Con ello se había ganado ya la animosidad de las televisoras a las que, sin embargo, debió acudir como cliente durante su esfuerzo por ser gobernador de Chihuahua en el proceso de 2004. Nunca figuró como contratante de tiempos para su propaganda en el canal local de Televisa, porque esa función corresponde al Partido Acción nacional, al que Corral pertenece y de cuyo consejo nacional espera ser miembro si lo elige la asamblea nacional dentro de un mes. Cuando el PRI recuperó la gubernatura chihuahuense, Corral no retornó a la presidencia de la Comisión —ejercida ya por su compañero Héctor Osuna, cuya acción en pro de la Ley Televisa sería premiada con la presidencia de la Cofetel— pero recobró el ánimo reformador, lo que implicó el refrendo de los reconcomios de las televisoras.

Televisa no limitó su rencor a la pantalla. Inició contra Corral un juicio civil como deudor moroso. Basó su acción y halló un juez a modo, en un papel sin valor jurídico, un memorándum de campaña en que Corral aceptaba la pauta de mensajes que la televisora emitiría por cuenta de su comité de campaña. Desde que se le notificó la demanda –en el aeropuerto chihuahuense, para generar escándalo— el comité estatal panista aclaró que la deuda era del partido, y sólo requería para solventarla las facturas correspondientes. Pero en este caso a Televisa no le interesa cobrar sino hacer pagar a Corral su posición legislativa prolongada hasta ahora, en materia de medios. Después de año y medio de juicio, Televisa consiguió que la sentencia fuera dictada el día en que comenzó en la Corte el debate propiamente dicho sobre su Ley. Con esos elementos el público del consorcio puede formarse una idea de la clase de malandrín que busca reformar la reforma, un individuo no sólo contrario a las libertades de expresión y de empresa sino una persona que no es de fiar.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Calderón en Yucatán

Plaza Pública

Algo sabemos de fijo, de la boca misma del caballo, como se dice: hubo operadores de Los Pinos en la jornada electoral yucateca del domingo pasado. Que el Gobierno Federal se entrometiera en las elecciones era tenido por muchos como normal en el autoritarismo priista. Hoy nos enteramos que como resabio de esa época la casa presidencial tuvo enviados a la península, no como dice la Secretaría de Gobernación creyéndonos candorosos o algo peor, a asegurar que “las actividades de las dependencias del Ejecutivo se circunscribieran a la vigilancia de los programas del Gobierno Federal en Yucatán, velando puntualmente por su adecuado destino, de modo que ningún partido o candidato obtuviera beneficio alguno”. No, el líder nacional panista Manuel Espino se refirió a otra cosa, cuando el martes informó a la prensa, con toda intención de generar atención pública sobre su dicho, que telefónicamente había reprochado a Juan Camilo Mouriño el que se “manden desde Los Pinos operadores que no se coordinen con la dirigencia del partido”. Tal vez al dirigente del PAN le hubiera parecido menos lesiva la presencia de tales enviados de haber sido en su provecho, en su misma línea de acción, como no le pareció impropia la permanente, abierta y reconocida injerencia de Fox en el proceso electoral del año pasado. Por lo que se ve, la intromisión de funcionarios del Estado en elecciones molesta a Espino sólo cuando no corresponde a su interés, no porque la considere violatoria de la neutralidad estatal.

Espino habló con Mouriño porque sabe que con él debe entenderse, dada la creciente presencia del jefe de la oficina de la Presidencia en la esfera de acción del Ejecutivo, no sólo por el género de funciones establecidas en el decreto que recreó esa oficina (vigente en los días en que José Córdoba la ocupaba, a la vera de Carlos Salinas) sino por que la operación política cotidiana del presidente le ha sido confiada también. Mouriño, según sabe Espino, concibió o puso en práctica la captura del consejo nacional por la corriente opuesta al líder nacional mismo, que ha generado incidentes durante la elección de los integrantes de ese órgano. Enrique Navarro, miembro del comité nacional encabezado por Espino denunció a fines de marzo la injerencia gubernamental en ese proceso, algo que finalmente se decidió discutir en privado, pero cuya evidencia había quedado expresada.

Mouriño habría sido también quien el sábado pasado organizó la ausencia de los consejeros afines al presidente de la República para que se abstuvieran de acudir a la sesión de Consejo donde se discutirían reformas estatutarias en que Espino tiene interés, porque favorecen a su corriente. Si suponemos que las acciones de Mouriño son las del presidente y que hubo operadores de la casa presidencial en Yucatán, es posible conjeturar –a reserva de saberlo con precisión más adelante— quiénes fueron y cuál era su encomienda. Uno, al parecer, es el eficaz Jorge Manzanera, que acaba de ser elegido consejero en Chihuahua y que llegó a Mérida en los días inmediatamente anteriores a la elección. Su misión, que desagradó a Espino, pudo consistir en fortalecer en el tramo final las acciones que hicieran ganar a Xavier Abreu Sierra, para suplir la inercia de la dirección nacional, que no era activa en tal propósito o al contrario, en preparar el ánimo y las acciones del candidato para la derrota.

Espino apoyaba la aspiración de Ana Rosa Payán en pos de la candidatura al Gobierno Estatal, resuelta en diciembre pasado a favor de Abreu Sierra, lo que significó un revés para el dirigente nacional panista, pues el elegido se había manifestado a favor de Calderón en la contienda interna y coordinó la campaña del candidato presidencial en el proceso constitucional. Es presumible que el estrecho vínculo de Espino y Payán hubiera permitido al líder disuadir a la aspirante derrotada de su conducta posterior: la denuncia del proceso interno, su renuncia al partido y su búsqueda de abrigo en partidos ajenos. No se conoce intento público alguno en tal dirección. Siendo obvio el intento de Payán no de ganar la gubernatura sino de evitar que se hiciera con ella su antagonista interno y siendo obvio también que Espino mostró al menos escaso entusiasmo por hacer que triunfara Abreu Sierra, la misión de los operadores de Los Pinos consistiría en contrarrestar esa abulia o al menos testificar que esa negligencia y el activismo de Payán contribuyeron a la debacle del domingo pasado.

Pudo ser también que la operación confiada a los enviados de Los Pinos fuera avenirse al resultado lo más pronto posible. De modo expreso, el PRI demandó de Calderón “sacar las manos de Yucatán” o de lo contrario quedaría en riesgo la virtual alianza que permitió al panista tomar posesión y desarrollar sus tareas cotidianas (no digo gobernar, que es mucho decir). De ese acuerdo no faltó quien extrajera la conclusión de que Yucatán sería entregado en prenda de buena voluntad a los priistas. En esos términos estrictos, de seguro la versión es falsa. Pero aceptar el resultado con premura y casi con fruición podría indicar algún acuerdo en tal sentido. Antes de que se consolidaran las cifras preliminares Calderón felicitó a Ivonne Ortega Pacheco y Abreu Sierra anunció que no acudiría a las instancias judiciales, como si se recurriera a ellas sólo para dilucidar triunfos y no también para garantizar a los ciudadanos que su voto contó. ¿O es que fue impecable la jornada del domingo?

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

18 años del PRD

Plaza Pública

El Partido de la Revolución Democrática cumplió el sábado 18 años, momento que en las personas marca la mayoría de edad, en medio de paradojas y contradicciones y surcado por conflictos internos y con el exterior. Nunca antes de 2006 alcanzó tan alta votación ni sus bancadas en el Senado y en la Cámara fueron tan numerosas (es la segunda fuerza en san Lázaro), pero es débil hasta la esterilidad ante la combinación de los grupos del PAN y el PRI y debido a la estrategia con que acordó responder a las maquinaciones que, en su opinión, los privaron del triunfo en la elección presidencial. Fundado el cinco de mayo de 1989, bajo la conducción de Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD celebró este aniversario en ausencia de su promotor principal. Andrés Manuel López Obrador tampoco estuvo presente en el festejo, porque realiza sus propias tareas al margen del partido, pero envió un mensaje videograbado que fue bien recibido, aun por quienes se duelen del peso, que juzgan excesivo, de su influencia personal en la vida partidaria. En el fondo no se les oculta que la copiosa votación de 2006 se debió al empuje de su candidato presidencial, como se comprobará en los comicios intermedios de 2009. Aunque es temprano para saberlo y de aquí a entonces pueden surgir factores que ahora no están presentes, si se preguntara hoy a los votantes que sufragaron por el PRD el año pasado si volverían a hacerlo, una buena porción anunciaría que no.

Ése es un dato de los muchos que marcan la urgencia de una reforma a fondo y aun de una refundación de ese partido, que gobierna en cinco entidades (incluido el Distrito Federal) y tiene apreciable fuerza parlamentaria, pero no alcanza a superar las divisiones en su seno, agravadas precisamente por la disposición de recursos pecuniarios que son para muchos más apetecibles que la lucha política por sí misma. Las fuerzas internas se han reacomodado en fechas recientes, aunque aun son reconocibles las tendencias políticas que acudieron a la fundación del partido. El sábado se premió por su perseverancia a personajes que representan a esas tendencias originales: Ifigenia Martínez era priista y fue una de las integrantes de la Corriente democrática que en torno de Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo abandonó el partido oficial. Gerardo Unzueta fue militante comunista desde los tiempos de persecución y cárcel y participó en las formaciones partidarias que antecedieron al PRD, que recibió registro y bienes precisamente del antiguo Partido Comunista de México. También fue galardonada la fracción perredista en la Asamblea Legislativa, por su papel en la reciente reforma que despenalizó el aborto. Quizá el premio se debió a que por un momento ese grupo parlamentario depuso sus querellas internas, tan intensas que a veces parecieran enfrentar a miembros de partidos históricamente antagónicos. La composición de esa bancada y su relación con el Gobierno capitalino ilustran muy bien una de las principales fuentes de tensión en el partido.

Con el apoyo de López Obrador, Marcelo Ebrard fue candidato a la gubernatura del DF en disputa con Jesús Ortega, líder de la corriente Nueva Izquierda, por sí misma la más poderosa del partido hasta que las demás se unen para encararla. La derrota de Ortega en esa contienda significó su ausencia en el Gobierno de Ebrard, que sin embargo se compensa con el peso de sus diputados locales. En no pocos temas hasta ahora y la tendencia puede acentuarse en el futuro, parecería que hay en la Ciudad de México un Gobierno dividido, en que el Ejecutivo y el control del Legislativo pertenecen a partidos distintos. Esa división entre Nueva izquierda y el resto del partido salta por doquier. En la reunión de Consejo Nacional que precedió al festejo de aniversario el caso de Oaxaca se suscitó una casi riña (que no son exóticas en los debates perredistas) porque en aquella entidad afloró otro de los vicios perredistas, la corrupción. El mando local de ese partido ha permanecido cerca o se ha aproximado aun más al gobernador Ulises Ruiz y estuvo a punto de consumar en su favor una faena frustrada en el último minuto. La dirección local del partido registró planillas para la próxima elección local, a ocurrir en agosto, dejando fuera a Convergencia, que en ese estado es la fuerza principal del Frente Amplio Progresista, organizado por López Obrador tras el desenlace del año pasado.

Por separado, PRD y Convergencia no pueden vencer al PRI, pero sí pueden hacerlo unidos, como probablemente ocurrió en la elección de 2004. El comité nacional registró a su vez la planilla con la alianza eficaz y recibió el apoyo del Tribunal Federal Electoral. El despecho de los perredistas ulisistas, que no lo son sólo por la fuerza de los ideales, se expresó en la víspera del festejo. Tensiones de ese género surgirán y se acentuarán de aquí a agosto, cuando se efectúe el X Congreso del partido y cuando se trace el itinerario para la elección de nuevo presidente, que sustituya a Leonel Cota, que lo encabeza gracias a la influencia de López Obrador. También Alejandro Encinas, que se dibuja en el horizonte como el líder que conviene a ese partido, tendrá el apoyo de su ex jefe en el Gobierno de la Ciudad.

Pero, a diferencia de Cota, Encinas tiene una larga experiencia política en la izquierda, desde sus días comunistas y ha sabido recorrer con donaire el tránsito a la modernidad y la transformación de los militantes en gobernantes, en una rara y sabia combinación de convicciones y eficacia.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Los Papas contra leyes mexicanas

Plaza Pública

Decidida su oposición a las nuevas normas sobre aborto que hoy serán abordadas en la Asamblea legislativa del DF, los obispos mexicanos trajeron en su auxilio al Papa. El viernes pasado, cuando concluía su 83 asamblea, recibieron de Benedicto XVI, por conducto del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, un mensaje de aliento contra la despenalización aludida y de esperanza de que los propios legisladores se abstengan de aprobarla. Dice la carta que el Sumo Pontífice “se une a la Iglesia de México y a tantas personas de buena voluntad preocupadas ante un proyecto de Ley, en el Distrito Federal, que amenaza la vida del niño por nacer. “En este tiempo pascual, estamos celebrando el triunfo de la vida sobre la muerte. Este gran don nos impulsa a proteger y defender con firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano desde el primer instante de su concepción, frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte”. El mensaje pontificio trajo a los memoriosos el recuerdo de al menos tres intervenciones papales en torno a legislación mexicana. A las primeras leyes de reforma, y a la Constitución de 1857, aun antes de su promulgación, se opuso el Papa Pio IX (hoy beatificado). La de 1917 mereció la descalificación del Episcopado mexicano, al que apoyó el Papa Benedicto XV. Y poco después, cuando se emitió la reglamentación al Artículo 130, conocida como Ley calles, el Papa Pío XI condenó acerbamente esa actitud del Estado mexicano.

Tras el triunfo de la revolución de Ayutla de 1854, los liberales supieron llegado el momento de reiniciar la reforma contra los fueros (los poderes fácticos, diríamos hoy) que dos décadas atrás había sido frustrada por asonadas militares. En 1856 se expidieron, una tras otra, normas que suprimieron la coacción civil ante el incumplimiento de votos religiosos; desamortizaron los bienes raíces que la Iglesia mantenía sin uso, y eliminaron los fueros eclesiástico y militar, para que los tribunales practicaran una justicia pareja para todos. Al mismo tiempo, se reunió en ese año el Congreso constituyente que el 5 de febrero siguiente emitiría la Constitución modernizadora que imaginaban los vencedores de la última dictadura de Santa Anna. Antes de que se llegara a ese extremo, el Papa Pío IX, a instancias del episcopado se manifestó contra las nuevas leyes y la inminente Carta Magna: “Levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar írritos y sin ningún valor los mencionados decretos”. Era comprensible que el Papa asumiera una actitud de esa índole, que llegaba al extremo de declarar nulos (eso quiere decir írritos) textos legales expedidos por autoridades con poderes, aunque éstos hubieran surgido de una revolución. Su postura antiliberal era ejercida desde el comienzo de su Pontificado en 1846, y se condensaría en 1864 (al tiempo en que bendecía la aventura imperial de Maximiliano) con la encíclica Quanta Cura, que incluía el Syllabus errorum, un catálogo de infracciones a los presuntos derechos de la Iglesia en que incurrían, en Europa y en América, gobiernos de países antaño sometidos al dominio eclesiástico.

Sesenta años después, al ser promulgada la Constitución de 1917, los obispos mexicanos (como antes habían hecho sus predecesores con la de 57) la condenaron y excluyeron de la comunión a quienes la aceptaran mediante juramento. El 15 de junio de 1917, el Papa Benedicto XV respondió al Episcopado mexicano, que le pidió su parecer sobre tal posición. El Pontífice romano opinó que era “una cosa muy conforme al oficio pastoral y dignísima de Nuestra alabanza”. Con semejante aprobación, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, cargó de nuevo contra la Carta de Querétaro, contra su “tendencia destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones”. El 4 de febrero de 1926, el Arzobispo de México, José Mora y del Río, dijo que “la protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917, en los artículos que se oponen a la libertad y el dogma religioso, se mantiene firme”. En junio siguiente fue promulgada la Ley reglamentaria del Artículo 130, y las reformas respectivas en el Código Penal, para punir las infracciones a aquella, todo lo cual se llamó Ley Calles. Instados a manifestarse conforme a la Ley, los obispos demandaron del Congreso, el siete de septiembre la reforma constitucional, petición que, en círculo vicioso, fue denegada por diputados y senadores, alegando que los prelados carecían de la facultad ciudadana de pedir lo que demandaban.

Así, el 18 de noviembre el Papa emitió la encíclica Iniquis Aflictisque sobre la persecución a la Iglesia. La carta pontificia contenía un diagnóstico severísimo de la situación:

“Es cierto que en los primeros tiempos de la Iglesia y en tiempos posteriores se ha tratado atrozmente a los cristianos, pero quizá no ha acaecido en lugar ni tiempo alguno que un pequeño número de hombres, conculcando y violando los derechos de Dios y de la Iglesia, sin ningún miramiento a las glorias pasadas, sin ningún sentimiento de piedad para con sus conciudadanos encadenaran totalmente la libertad de la mayoría en tan premeditadas astucias enmascaradas con apariencia de leyes”. Eso que llaman “la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” fue obra de quienes “poseídos de un furor ciego” quisieron “dañar de todas las maneras posibles a la Iglesia”.

Kikka Roja