Purificación Carpinteyro
4 Jun. 09
Si fuese novela, los capítulos que anteceden harían tan sólo un recuento de los eventos que consolidaron a los más poderosos monopolios del país, todos concentrados en el sector de las comunicaciones. Narrarían el fracaso de los gobiernos, desde Salinas hasta Fox, de anteponer el bienestar privado al público, en los mercados de telefonía, internet, televisión y radio.
Del cuarto capítulo sexenal vamos a más de la mitad con poco que presumir. Entre la confusión generada por la declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Televisa", y la falta de actividad legislativa para subsanar los vacíos que de ella resultaron, el Ejecutivo también optó por la inacción. Así ha evitado abrir un nuevo frente con el potencial de alterar la dinámica de poder de gobernantes, candidatos y partidos políticos.
Es de todos sabido que cualquier acción en este sector conlleva el riesgo de modificar el statu quo, polarizado por las posiciones de dos grandes bloques de poder: el de Telmex/Telcel, y el de Grupo Televisa, con sus coaligadas Cablemás, TVI y su reciente alianza con Megacable.
Hasta hace poco estos grupos eran aliados, con participación accionaria cruzada y una cercana relación entre sus principales accionistas. La fiesta terminó cuando el avance de la tecnología provocó la fusión de los mercados de telecomunicaciones y de televisión de paga. Se creó un nuevo mercado: el de la convergencia digital, en el que los grupos que antes fueron socios, se ven forzados a competir entre sí. Y aunque en un principio la alianza tuvo el efecto de retrasar la adopción de las nuevas tecnologías, esta resistencia no tardó en desaparecer.
Grupo Televisa lleva tres años intentando capturar la base de clientela de Telmex con su oferta de telefonía, internet y televisión por cable, el llamado "triple-play". Por su parte, Telmex, sin dejar de buscar una salida negociada con el gobierno, optó por aliarse con MVS para competir a través del empaquetamiento de sus servicios con televisión vía satélite, aunque sea en la factura.
Es claro para cualquiera que la fractura entre los grandes consorcios pone contra la pared a los poderes del Estado, que pretenden evitar quedar mal con dios o con el diablo, especialmente en época de elecciones.
Pero esto no es todo en las ya revueltas aguas del sector, otros grupos están aprovechando el avance tecnológico para no quedar fuera de la jugada. Tal es el caso del reciente lanzamiento de Hi-TV por TV Azteca, que con la compra de un convertidor que hace las veces de antena permite al usuario ver varios canales de televisión donde hasta ahora sólo veía uno. Lo interesante de este caso es que, con esta oferta, una de las dos cadenas de televisión nacional reconoce que es posible acelerar la digitalización de la televisión programada en México hasta el 2021.
La digitalización permite que en el espacio en el que antes se transmitía un canal de televisión ahora se capten varios ¿Cuál sería entonces la razón del Estado para no otorgar concesiones para nuevos canales de televisión nacional abierta?
La tecnología avanza con la fuerza de un tsunami barriendo con estructuras que se pensaron inmutables. Pero en nuestro país la incógnita a resolver va en el sentido de cómo generar las condiciones políticas para que los poderes formales del Estado hagan lo necesario para revolucionar al sector, poniendo de lado el temor de trastocar los intereses de los poderosos grupos que hoy lo controlan.
El cuarto capítulo de esta novela aún no termina. Aunque se perciben acciones dignas de reconocimiento, éstas no trastocan el poderío de los grupos dominantes, como lo son el anuncio de la licitación de apenas dos de los 36 hilos de fibra óptica que en la mayoría del país tiene la CFE, y de las frecuencias necesarias para operadores móviles.
Tal vez después de las elecciones intermedias del 5 de julio veamos una verdadera acción del Ejecutivo. Es posible que hasta el Legislativo se atreva a legislar y que el Poder Judicial no se preste a las triquiñuelas jurídicas que mantienen al sector en una parálisis total. Esperemos que a todos los una el interés nacional y que para el 2010 festejemos el bicentenario con una verdadera revolución mexicana de las comunicaciones.
Del cuarto capítulo sexenal vamos a más de la mitad con poco que presumir. Entre la confusión generada por la declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Televisa", y la falta de actividad legislativa para subsanar los vacíos que de ella resultaron, el Ejecutivo también optó por la inacción. Así ha evitado abrir un nuevo frente con el potencial de alterar la dinámica de poder de gobernantes, candidatos y partidos políticos.
Es de todos sabido que cualquier acción en este sector conlleva el riesgo de modificar el statu quo, polarizado por las posiciones de dos grandes bloques de poder: el de Telmex/Telcel, y el de Grupo Televisa, con sus coaligadas Cablemás, TVI y su reciente alianza con Megacable.
Hasta hace poco estos grupos eran aliados, con participación accionaria cruzada y una cercana relación entre sus principales accionistas. La fiesta terminó cuando el avance de la tecnología provocó la fusión de los mercados de telecomunicaciones y de televisión de paga. Se creó un nuevo mercado: el de la convergencia digital, en el que los grupos que antes fueron socios, se ven forzados a competir entre sí. Y aunque en un principio la alianza tuvo el efecto de retrasar la adopción de las nuevas tecnologías, esta resistencia no tardó en desaparecer.
Grupo Televisa lleva tres años intentando capturar la base de clientela de Telmex con su oferta de telefonía, internet y televisión por cable, el llamado "triple-play". Por su parte, Telmex, sin dejar de buscar una salida negociada con el gobierno, optó por aliarse con MVS para competir a través del empaquetamiento de sus servicios con televisión vía satélite, aunque sea en la factura.
Es claro para cualquiera que la fractura entre los grandes consorcios pone contra la pared a los poderes del Estado, que pretenden evitar quedar mal con dios o con el diablo, especialmente en época de elecciones.
Pero esto no es todo en las ya revueltas aguas del sector, otros grupos están aprovechando el avance tecnológico para no quedar fuera de la jugada. Tal es el caso del reciente lanzamiento de Hi-TV por TV Azteca, que con la compra de un convertidor que hace las veces de antena permite al usuario ver varios canales de televisión donde hasta ahora sólo veía uno. Lo interesante de este caso es que, con esta oferta, una de las dos cadenas de televisión nacional reconoce que es posible acelerar la digitalización de la televisión programada en México hasta el 2021.
La digitalización permite que en el espacio en el que antes se transmitía un canal de televisión ahora se capten varios ¿Cuál sería entonces la razón del Estado para no otorgar concesiones para nuevos canales de televisión nacional abierta?
La tecnología avanza con la fuerza de un tsunami barriendo con estructuras que se pensaron inmutables. Pero en nuestro país la incógnita a resolver va en el sentido de cómo generar las condiciones políticas para que los poderes formales del Estado hagan lo necesario para revolucionar al sector, poniendo de lado el temor de trastocar los intereses de los poderosos grupos que hoy lo controlan.
El cuarto capítulo de esta novela aún no termina. Aunque se perciben acciones dignas de reconocimiento, éstas no trastocan el poderío de los grupos dominantes, como lo son el anuncio de la licitación de apenas dos de los 36 hilos de fibra óptica que en la mayoría del país tiene la CFE, y de las frecuencias necesarias para operadores móviles.
Tal vez después de las elecciones intermedias del 5 de julio veamos una verdadera acción del Ejecutivo. Es posible que hasta el Legislativo se atreva a legislar y que el Poder Judicial no se preste a las triquiñuelas jurídicas que mantienen al sector en una parálisis total. Esperemos que a todos los una el interés nacional y que para el 2010 festejemos el bicentenario con una verdadera revolución mexicana de las comunicaciones.
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