John Saxe-Fernández
Cuando un ejecutivo de Exxon-Mobil ingresa a una junta en cualquier lugar del mundo, dice un conocido economista de Estados Unidos, no está solo: detrás de él está la Sexta Flota y la CIA. Más que ironía, el aserto indica algo profundo en la evolución del capitalismo en general y en las relaciones entre la superpotencia en crisis y la población de los Estados del tercer mundo en general, y de América Latina en particular, con jurisdicción sobre vastos territorios y recursos naturales. Me refiero a la simbiosis Estado-empresa y su relación con la creciente militarización, para-militarización e intervencionismo –abierto y clandestino– de la política exterior de Estados Unidos del Bravo a la Pagatonia, después de la Segunda Guerra Mundial.
Encubrir el imperialismo de operaciones realizadas desde las instituciones de Bretton Woods (FMI-Banco Mundial, etc.) se tornó más difícil porque conllevan la acción conjunta del aparato de seguridad (Pentágono, CIA, etc.) primero al amparo del anticomunismo de la doctrina de seguridad nacional y su enemigo interno. Luego del colapso de la URSS el disfraz mudó a campaña contra narcotráfico, crimen organizado y a cruzada antiterrorista –por el 11-09– con la guerra preventiva y la doctrina de las fronteras flexibles, que ya se expresó el primero de marzo de 2008 en el atropello de la soberanía ecuatoriana en Sucumbíos, perpetrado bajo el Plan Colombia por el Comando Sur (CS). En la Estrategia para 2016 del CS se alientan esfuerzos conjuntos entre actores estatales y privados, designación que incluye a empresas y ONG favorables a los intereses de Estados Unidos en un teatro de operaciones en el que destaca la participación de fuerzas especiales, es decir, instrumentos de Estado de corte paramilitar que realizan atroces operativos de terror que hacen trizas el derecho penal internacional.
La experiencia colombiana en torno a la simbiosis Estado-empresa adquiere relevancia ante la negativa de Ecuador de renovar la autorización para la base de Manta, por lo que se consideran contratos para una nueva en Colombia con más capacidad para intervenir a lo largo de casi toda América Latina. Además, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos financia e incita la extensión del brutal modus operandi del Plan Colombia hacia México y Centroamérica. Aunque la criminalidad de Estado y sus vínculos con el mercado (empresas) no es algo nuevo en la región, destacan sus expresiones recientes como la consignada en un juicio en Alabama del bufete Conrad & Scherer, en el que acusa a Drummond Company Inc –carbonífera que explota yacimientos en el norte de Colombia– de transferir millones de dólares a un grupo paramilitar definido como terrorista por Estados Unidos. Según Nadja Drost, de Global Post, se trata del Bloque Norte de las derechistas Fuerzas Colombianas de Autodefensa (FCA) contratadas para ofrecer servicios de seguridad de su línea férrea, por ataques de guerrillas izquierdistas. Según Conrad & Scherer, las FCA aterrorizaron a las comunidades a lo largo de esa vía, usada en el transporte de carbón hacia un puerto de exportación y realizaron múltiples atrocidades, incluidas masacres y ejecuciones sumarias cuyas víctimas han sido arrojadas a fosas comunes, provocando el éxodo de miles de familias de territorios de colosal valor y riqueza.
Los abogados de Conrad & Scherer dicen que este financiamiento le permitió a estos grupos paramilitares crecer exponencialmente y ejercer poder sobre las poblaciones cercanas al ferrocarril; documentan que entre 1999 y 2006 los paramilitares asesinaron a cientos de civiles para proveer de seguridad a Drummond y ofrecen testimonios de participantes directos en las reuniones entre el alto mando paramilitar y ejecutivos de alto nivel de esa empresa, para la ejecución de las matanzas y el asesinato de tres líderes sindicales ordenado por la cúpula de Drummond. Se han realizado juicios similares contra los monopolios Dole Food Company de California y la bananera Chiquita.
Encubrir el imperialismo de operaciones realizadas desde las instituciones de Bretton Woods (FMI-Banco Mundial, etc.) se tornó más difícil porque conllevan la acción conjunta del aparato de seguridad (Pentágono, CIA, etc.) primero al amparo del anticomunismo de la doctrina de seguridad nacional y su enemigo interno. Luego del colapso de la URSS el disfraz mudó a campaña contra narcotráfico, crimen organizado y a cruzada antiterrorista –por el 11-09– con la guerra preventiva y la doctrina de las fronteras flexibles, que ya se expresó el primero de marzo de 2008 en el atropello de la soberanía ecuatoriana en Sucumbíos, perpetrado bajo el Plan Colombia por el Comando Sur (CS). En la Estrategia para 2016 del CS se alientan esfuerzos conjuntos entre actores estatales y privados, designación que incluye a empresas y ONG favorables a los intereses de Estados Unidos en un teatro de operaciones en el que destaca la participación de fuerzas especiales, es decir, instrumentos de Estado de corte paramilitar que realizan atroces operativos de terror que hacen trizas el derecho penal internacional.
La experiencia colombiana en torno a la simbiosis Estado-empresa adquiere relevancia ante la negativa de Ecuador de renovar la autorización para la base de Manta, por lo que se consideran contratos para una nueva en Colombia con más capacidad para intervenir a lo largo de casi toda América Latina. Además, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos financia e incita la extensión del brutal modus operandi del Plan Colombia hacia México y Centroamérica. Aunque la criminalidad de Estado y sus vínculos con el mercado (empresas) no es algo nuevo en la región, destacan sus expresiones recientes como la consignada en un juicio en Alabama del bufete Conrad & Scherer, en el que acusa a Drummond Company Inc –carbonífera que explota yacimientos en el norte de Colombia– de transferir millones de dólares a un grupo paramilitar definido como terrorista por Estados Unidos. Según Nadja Drost, de Global Post, se trata del Bloque Norte de las derechistas Fuerzas Colombianas de Autodefensa (FCA) contratadas para ofrecer servicios de seguridad de su línea férrea, por ataques de guerrillas izquierdistas. Según Conrad & Scherer, las FCA aterrorizaron a las comunidades a lo largo de esa vía, usada en el transporte de carbón hacia un puerto de exportación y realizaron múltiples atrocidades, incluidas masacres y ejecuciones sumarias cuyas víctimas han sido arrojadas a fosas comunes, provocando el éxodo de miles de familias de territorios de colosal valor y riqueza.
Los abogados de Conrad & Scherer dicen que este financiamiento le permitió a estos grupos paramilitares crecer exponencialmente y ejercer poder sobre las poblaciones cercanas al ferrocarril; documentan que entre 1999 y 2006 los paramilitares asesinaron a cientos de civiles para proveer de seguridad a Drummond y ofrecen testimonios de participantes directos en las reuniones entre el alto mando paramilitar y ejecutivos de alto nivel de esa empresa, para la ejecución de las matanzas y el asesinato de tres líderes sindicales ordenado por la cúpula de Drummond. Se han realizado juicios similares contra los monopolios Dole Food Company de California y la bananera Chiquita.
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